Nueva Ley de Pesca: Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario

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Pablo Gonzalez Busto en opinion





La disputa sobre la nueva norma que regulará la pesca en Chile ha sido monopolizada por dos sectores económicos con intereses en la industria de la harina y aceite de pescado. A juicio del autor, el debate de cómo se asignarán las cuotas de captura está dejando fuera factores relevantes para el país. Uno de ellos: los pescadores artesanales. Mientras algunos se han sumado a las cadenas de producción industrial, la mayoría queda desprotegida ante las grandes industrias. Al final, son los únicos a los que la sobreexplotación de los recursos les trastoca su vida y herencia cultural.

Hasta ahora, la discusión de la nueva Ley de Pesca la han monopolizado dos sectores económicos con intereses en la industria de la harina y aceite de pescado. Por un lado están los “históricos”, que advierten el quiebre del Estado de Derecho si no se les perpetúan los actuales privilegios de pesca por otros 25 años. Por el otro, los “emergentes” abogan por la licitación de las cuotas, lo que a su juicio les daría una mayor participación en la extracción y se perfeccionaría el libre mercado. La disputa entre ambos se ha centrado en cuál sería el mejor mecanismo para asignar las cuotas de captura de los principales recursos naturales marítimos, un negocio cercano a los US$ 800 millones anuales.

Hay un grupo de “pescadores artesanales” que forman parte de las cadenas de producción industrial de unos y otros y varios de ellos, apoyados en algunos casos en líneas de créditos de esos mismos grupos económicos, han conformado una flota semi industrial integrada a los mismos. Como los pescadores artesanales le venden sus capturas a las plantas de reducción, tanto “históricos” como “emergentes” se benefician de los privilegios de explotación en la zona exclusiva de cinco millas que corresponde por ley a la pesca artesanal. Así, se ha concentrado el 100% de las sardinas y anchovetas en manos de la industria reductora. La relación entre este grupo de “pescadores artesanales” y empresas ha hecho que los primeros se alineen detrás de cada grupo de interés del que son parte, aunque en sus discursos hablen en nombre de los intereses de todos los pescadores artesanales del país.

Lo mismo pasa con los tripulantes de naves industriales: anticipan el caos para el sector si no se favorecen los intereses de los grupos económicos a los que pertenecen y defienden. Los medios de comunicación hacen eco de esta disputa donde aparecen técnicos del Instituto Libertad y Desarrollo, destacados juristas de la plaza, expertos internacionales, ex ministros de economía y ex subsecretarios de pesca; todos alineados con uno u otro lado, dejando afuera aspectos más profundos que la mera asignación de cuotas.

El fondo de la discusión debería tener un alcance absolutamente distinto. Especialmente porque la norma vigente –que expira en 2012– tiene un balance desastroso que arrastra al sector pesquero y cuestiona el actual rol del Estado. Sería miope que nuestra clase política insistiera en votar la perpetuación del sistema de explotación histórico de nuestros recursos naturales a manos de unos cuantos grupos económicos.

La actual Ley de Pesca reparte por anticipado una explotación industrial de parte importante de nuestros recursos naturales (sardinas, jurel y anchovetas) sólo a fabricantes de harina y aceite de pescado para alimentación animal. La ley no permite que proyectos que pretendan trabajar con ingenierías de última generación destinado a la biomedicina, biotecnología o al consumo humano, puedan abastecerse con materia prima de una calidad distinta que la destinada al alimento de cerdos. Y si una familia desea consumir un plato en base a sardinas o anchoas, no tiene otra alternativa que escogerlas de la captura destinada al consumo animal: una materia prima manejada en grandes volúmenes sin mayores cuidados de afectar sus principales atributos físico-químicos y organolépticos.

Si el Estado les entrega los recursos naturales de todos los chilenos a unos pocos para que los exploten, debe hacerse con parámetros exigentes. Pero la ley actual tampoco ha dado espacio a nuevos emprendimientos que incorporen el uso de tecnologías sustentables y respetuosas con el medioambiente, permitiendo la sobreexplotación y devastación de varios recursos pesqueros. Por eso es necesario exigir estándares de buenas prácticas ambientales y laborales para explotar y renovar los permisos de explotación. Quizás un sistema de multas y pérdida del privilegio si se es sancionado más de “x” veces.

Otro aspecto que ha quedado fuera de la discusión es que actualmente no existe una distinción entre la pesca artesanal semi industrial y la pesca artesanal de pequeña escala. Ambas capturan en las cinco millas exclusivas, pero mientras que los primeros son parte de la cadena de producción de los fabricantes de harina y aceite de pescado, los segundos abastecen otros sectores (carnada, consumo humano elaborado por plantas PYMES e innovaciones y emprendimientos de pequeña escala). La incorporación de esa distinción en la nueva ley permitiría que en el sector pesquero se respete la libre competencia dentro de un marco regulado respetando las particularidades del sector.

La actual ley apenas reconoce las características geográficas del país. Entre Puerto Montt y Punta Arenas existe uno de los 10 archipiélagos más grandes del mundo, con 5.769 islas e islotes. Es un gran ecosistema, distinto al de la costa frente al Pacífico. Pero no se tomó en consideración, lo que ha impactado en forma negativa la sustentabilidad de cerca del 40% de la extensión de Chile. Los recursos naturales pesqueros existentes allí y su bordemar necesitan de una legislación por separado, más allá de la pobre mención con la que hoy se le reconoce en su texto bajo el nombre de Aguas Interiores.

Y así como la norma no considera la geografía, tampoco protege a las culturas para las que la pesca y acuicultura de pequeña escala debieran ser parte de sus derechos históricos. El permiso de captura de recursos se entrega en forma desigual y sin tomar en cuenta que en algunas zonas representan el único medio de subsistencia. En Nueva Zelandia existe un reconocimiento para el pueblo Maorí con un 20% del total de los recursos pesqueros, aunque su población no supera el 15%. En Chile eso no ocurre. En la Patagonia, las culturas pesqueras y de bordemar chilota-huilliche (más del 70% de la población entre Puerto Montt y Punta Arenas), de tenerlo todo están siendo llevadas a porcentajes muy minoritarios, quedando casi todo en manos de los grupos económicos que se han establecido en el Archipiélago de la Patagonia. La actual discusión aún les deja en la indefensión y no les da otra alternativa que agregarse como mano de obra de los medianos y grandes emprendimientos de los grupos económicos.

La institucionalidad del Estado en el sector pesquero es absolutamente irracional, desproporcionada y tiene un historial de lo fácilmente manipulable que resulta a la hora de hacer pago de favores políticos y ser cómplices de los grupos de poder económicos. Las instituciones como la Subsecretaría de Pesca, el Instituto de Fomento Pesquero y Sernapesca son organismos enormemente desprestigiados por malas prácticas. La dotación de personal de Sernapesca está por debajo de las necesidades, tiene muy pocos funcionarios de planta, sus recursos físicos y humanos son insuficientes y desproporcionados en tareas de fiscalización, como en la Patagonia: representa la producción y exportación de más del 60% de los recursos pesqueros de Chile, pero se atiende con recursos que están lejos de ser suficientes para esa realidad.

El sector pesquero necesita una modernización equivalente a la que tuvo el agro cuando hubo que desterrar el latifundio de la tenencia de la tierra. Quizás la pesca haría bien en integrarse al Ministerio de Agricultura, el que ha tenido un éxito reconocido por todos al modernizar ese sector productivo. Así se podría replicar esa experiencia y visión en la pesca y su institucionalidad. No son comparables los miles de emprendimientos de calidad en los últimos 40 años en el sector agrícola con respecto a los del sector pesquero, cuyos logros se caracterizan por una alta concentración de la propiedad.

Todos estos factores han estado hasta ahora afuera de la discusión, pero deben ser incorporados para legislar la nueva normativa. Son las necesidades de la mayoría, de los pescadores artesanales que practican la pesca y acuicultura de pequeña escala y cuyos derechos históricos tampoco se han respetado. Son los únicos a los que la sobreexplotación de los recursos pesqueros les trastoca su vida y su herencia cultural, lo que no ocurre con los grandes inversionistas. Después de resolver estos puntos, recién podemos abrir la discusión a qué hacer con el resto, y ver cuál de los dos sectores en disputa es más amigable con esta redefinición de fondo del sector pesquero y los privilegios de captura de nuestros recursos pesqueros

Dictamen de Contraloría contra la “pesca de investigación” que encubre fines comerciales

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Por : Pablo González Bustos en Opinión
Publicado: 08.08.2011


El autor de esta columna se presenta como ejecutivo de una empresa pesquera “que fue víctima de la Pesca de Investigación más grande del mundo y en la historia de la humanidad para un territorio equivalente, en aguas interiores, en la Región de Los Lagos, desarrollada por el Instituto de Fomento Pesquero, amparada por la Subsecretaría de Pesca y a la vista del Servicio Nacional de Pesca”. En el siguiente texto se refiere a autorizaciones de “pesca de investigación” que a su juicio encubren una actividad comercial, “en abierto desacato a los dictámenes del año 2004 y de junio del 2011 de la Contraloría General de la República”.

El dictamen N° 40.152 de fecha 28 de julio de 2011 de la Contraloría General de la República, define que “la pesca de investigación no constituye, por su naturaleza, una medida de manejo u ordenamiento de la actividad pesquera”, y agrega que “ cabe recordar que el artículo 2°, N° 29, de la ley N° 18.892 -General de Pesca y Acuicultura-, define a la pesca de investigación como la actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización, sin fines comerciales, de las tareas a que se aboca cada uno de sus tipos, esto es, exploratoria, de prospección y experimental”.

A la anterior precisión agrega la advertencia “contenida en el dictamen N° 14.178, de 2004 que si la autoridad administrativa llegare a hacer uso de su facultad de autorizar actividades de pesca de investigación con una finalidad distinta a la perseguida por la ley, tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto que la sanciona, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas que podrían generarse respecto de los funcionarios y autoridades involucradas”.

El anterior dictamen debería hacer caer como efecto dominó el abuso que se estaba haciendo de la pesca de investigación, ya que define la responsabilidad de distintos actores que hasta ahora actuaban sin temor en esta acción viciada, bajo el amparo diseñado por la Subsecretaría de Pesca, quienes habían decidido que este tipo de pesca sirvieran al objetivo de actuar como una medida de manejo de la actividad pesquera para entregar autorizaciones de cuotas pesqueras en forma paralela a las establecidas en la ley de pesca y en varios casos en abierta contradicción con las mismas. A la fecha de las “pescas de investigación” suman una cifra cercana a las 1.500 en los últimos 8 años, desvirtuando absolutamente el espíritu de la ley y la labor fiscalizadora del Sernapesca, considerada fundamental para asegurar la sustentabilidad durante la pesquería de todos los recursos, pero que en este caso por corresponder a “pesca de investigación” se interpretaba que quedaban exentas de fiscalización en algunas materias sensibles para los beneficiarios.

De este modo ésta acción viciada como la califica Contraloría arrastró al desprestigio la actividad científica pesquera que todo país requiere para sostener un desarrollo serio y sustentable, ya que se produjo la paradoja que Chile se transformó en el país con mayor investigación en el mundo, pero al mismo tiempo en uno de los que enfrenta la mayor cantidad de denuncias de distintas ONG por la sobreexplotación, la falta de implementación de un enfoque ecosistémico en las políticas y administración pesquera, y la carencia del principio precautorio en la toma de decisiones, entre otros, como resultado de la falta de investigación con rigor científico.

Uno de los grandes afectados será el sistema que posibilitó privatizar la investigación pesquera y entregarla a consultoras privadas, institutos privados y universidades, que en busca de maximizar sus propios beneficios no dudaron en ser parte de esta suma de transgresiones, a los que se agregó al Instituto de Fomento Pesquero a quien se le redujo drásticamente su presupuesto y se le hizo competir como uno más.

También es un cuestionamiento a toda la institucionalidad, los procedimientos y la supuesta independencia de funcionarios de los comités técnicos a cargo de definir las cuotas que se le autorizaron a éstas pescas de investigación con fines comerciales que contrariaban la ley, en la que estarían involucrados funcionarios y autoridades del Instituto de Fomento Pesquero y la Subsecretaría de Pesca, y algunos consejeros de Los Consejos Zonales y Consejo Nacional de Pesca que decidieron hacer oídos sordos de lo anterior.

Por lo mismo es bueno traer a la memoria lo sugerido por el profesor Tarifeño, miembro del Consejo Nacional de Pesca, al respecto: “(…) El Estado debe cumplir un rol preponderante en la investigación pesquera”; para ello, propuso como nombre para el IFOP: Instituto Nacional de Pesquerías. Según el experto, de esa manera se podrá generar la información científica requerida anualmente para la toma de decisiones -como por ejemplo, las del Consejo Nacional de Pesca (CNP)- y no depender de que las universidades o institutos de investigaciones privados busquen financiamiento mediante concursos de investigación para elaborar estudios relativos a la materia: “La información prioritaria de excelencia y pertinente debe ser efectuada por el Estado. Por otra parte, la investigación requerida no sólo corresponde a las pesquerías, sino también a la acuicultura”.

Volviendo al dictamen de Contraloría, éste es claro en definir las responsabilidades: “En lo que respecta a las medidas de fiscalización que la Administración debe adoptar para velar por el cumplimiento de la normativa sobre pesca de investigación, cabe manifestar que de conformidad a lo establecido en el artículo 122, inciso primero, de la ley N° 18.892, la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones contenidas en ese texto legal -entre las cuales se encuentran aquéllas relativas a la pesca de investigación-, debe ser ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, de la Armada y Carabineros, según corresponda, a la jurisdicción de cada una de estas instituciones”. Y para mayor transparencia, agregó: “En este contexto, es menester hacer presente que para el ejercicio de esa función fiscalizadora, el Servicio Nacional de Pesca cuenta con las atribuciones que se indican en los artículos 122 y 123 de la aludida ley N° 18.892”.

Es de esperar que el Servicio Nacional de Pesca asuma que no es una institución del Estado que esté obligada a una obediencia ciega de las resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, sino que como tal tiene una función fiscalizadora que va más allá y que consiste en velar por el cumplimiento de la ley, en este caso la normativa de las pescas de investigación, y que ello la obliga a actuar de acuerdo a lo que la ley sanciona y no de la forma en que lo han entendido por años sus funcionarios, en el sentido de considerar que las resoluciones de la Subpesca están por sobre la Ley de Pesca, a pesar de tener al frente un dictamen de la Contraloría.

Las pescas de investigación se habían transformado en un acto discrecional de la autoridad y por lo mismo abusivo, del que se beneficiaban solo los que disponían de contactos empoderados por las redes de la institucionalidad que influían sobre quienes las “otorgaban”, “administraban” y “fiscalizaban”. Por los abultados volúmenes de recursos pesqueros involucrados da pie para pensar si este fue un sistema a prueba de corrupción, lo que se empezará a conocer en la medida que quienes se sentían indefensos ante la particular interpretación de la ley hagan llegar antecedentes y denuncias a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Nacional Económica, ya que hasta ahora las pescas de investigación en un alto porcentaje solo servían para el enriquecimiento protegido y al mismo tiempo privilegiado de los que se beneficiaban de ellas.

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