Senadores Muñoz y Navarro reiteraron sus críticas al acuerdo de la mesa pesquera

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A continuación reproducimos una carta enviada a PESCA al día por los senadores Pedro Muñoz y Alejandro Navarro donde vuelven a enjuiciar el acuerdo alcanzado entre industriales y artesanales en la mesa pesquera:

"Tras diez años del sistema actual de administración, los problemas de la pesca se han agudizado. Sin embargo, curiosamente, se analiza como solución profundizar el mismo régimen fracasado. Los actuales operadores defienden con dientes y muelas sus privilegios. Solicitan que se respete su primera posesión -que confunden con propiedad-, promueven cuotas transferibles e indefinidas, rechazan las licitaciones y descartan aumentar las patentes. El Estado, representado por el Gobierno, renuncia a su rol y entrega la decisión a una mesa de trabajo. Se limita a mandar las invitaciones y alistar el menú (los peces, bienes de todos los chilenos). En la cena, algunos han obtenido una abundante merienda y descansan felices, otros han sido convidados a la "mesa del pellejo". Hay quienes, en tanto, quedaron bajo el mantel.

Ahora vendrá el proyecto. Será muy interesante ver cómo los expertos del Ejecutivo y los titulares de los gremios y empresas del rubro, fervientes partidarios del libre mercado, hacen virtuosas piruetas teóricas para defender este oligopolio y sus inaceptables barreras de entrada, ya cuestionadas por el TDLC. También será muy ilustrativo conocer las razones políticas para darle carácter vinculante a una mesa sectorial. Tomaremos nota para llevar estos importantes conceptos y modos de resolver conflictos a la crisis que vive la educación. Así, quizás podamos, también, darle carácter resolutivo a la mesa que se pretende implementar con mayoría de representantes estudiantiles y del profesorado y acordar en ella la distribución entre solo algunas instituciones (sin fines de lucro) de los aportes estatales".

Quieren cambiar la Constitución para que chilenos puedan elegir sistema previsional de capitalización individual o de reparto

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Senadores Pedro Muñoz, Isabel Allende, Camilo Escalona, Ximena Rincón y Fulvio Rossi, presentaron un proyecto de reforma constitucional en esa línea.
Será la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la encargada de analizar el proyecto de reforma constitucional que busca establecer el derecho a optar entre sistemas previsionales de capitalización individual o de reparto. La iniciativa fue presentada por los senadores Isabel Allende, Camilo Escalona, Pedro Muñoz, Ximena Rincón y Fulvio Rossi, con el objeto de modificar el sistema de pensiones vigente.


Según el senador Muñoz, integrante de la citada instancia legislativa, la inestabilidad que vive la economía internacional, a sólo tres años de la crisis anterior, ha generado importantes caídas en las bolsas de todo el mundo y una enorme incertidumbre.


"El dato más relevante es que la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones, sigue declinando como lo revelan las cifras", dijo tras explicar que habitualmente las estadísticas se realizan tomando el inicio del sistema, que incluye el ciclo positivo de la salida de la debacle de los '80 o el inicio de los multifondos, el 2002, que incorpora el período de salida de la crisis asiática.


A su juicio, ello desvirtúa los datos, pues "si no se toman esos períodos la rentabilidad de las AFP ha disminuido notablemente, al tiempo que no se han cumplido los supuestos bases del sistema, como era una menor rotación laboral y una mayor densidad de cotizaciones de los trabajadores".


CAMBIO NECESARIO


Según el senador Muñoz "con la rentabilidad en torno a un 6-7% anual, una rotación laboral muy lejana al 70% proyectado y una densidad acumulada de imposiciones que apenas alcanza a 52% como porcentaje de meses de afiliación en que se registran cotizaciones; las AFP están muy lejos de entregar pensiones del 75% de las últimas remuneraciones como se prometió".


El legislador explicó que de acuerdo al Boletín de la Superintendencia, el número de pensiones pagadas en el mes de marzo de 2011 ascendió a 856.029 con un monto promedio de $175.215, de las cuales 418.678 corresponden a la modalidad de Rentas Vitalicias y 411.891 a la modalidad de Retiro Programado, con un monto promedio de $213.193 y $127.127, respectivamente.


"Este es un sistema que fracasó rotundamente. Se trata, sin duda, del próximo lucro que hay que enfrentar en la sociedad chilena, como lo han hecho diversos países que ya han terminado con la capitalización individual en los últimos años", dijo.


En tal sentido, indicó que la reforma constitucional que promueve, junto a otros legisladores, tiene por objeto otorgar a los chilenos una alternativa de solidarizar sus riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, pues se ha comprobado que el sistema de AFP sólo entrega pensiones suficientes a quienes pueden incrementar su ahorro con cotizaciones adicionales, lo que está muy lejano para la inmensa mayoría de trabajadores.

Senador Navarro: “En el norte están pescando anchovetas con huevos

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fuente el morrocotudo


Senador Navarro denuncia que entidades privadas fiscalizadoras no cumplen con la ley y anuncia viaje en los próximos días al norte del país.

Conversado directamente por teléfono con la subdirectora nacional del Servicio Nacional de Pesca, Ana María Urrutia, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alejandro Navarro, le informó sobre “una denuncia altamente confiable sobre captura masiva de anchovetas con huevos en el puerto de Iquique”. Sin embargo, la autoridad de Gobierno en una respuesta escrita omite referirse al tema.

Sumado a la nula referencia de parte del Sernap sobre el asunto, el parlamentario dice que “la denuncia de la fuente, que es muy confiable, contrasta con lo que certifican los observadores a bordo, institución – añade Navarro- que fracasó hace muchos años y que está coaptada con la industria, por lo que no son confiables”. Y no tan solo eso, el senador del MAS señala que “la fiscalización por tierra resulta prácticamente imposible, puesto que después de la descarga, los productos se van directamente a la molienda, sin dejar huella del delito”. A causa de lo anterior, es que el legislador anunció viajar en los próximos días a Arica e Iquique, con el fin de ver en terreno el asunto y “solicitar el cambio de fiscalizadores a bordo que en nada fiscalizan”, asegura Navarro.

Para el Senador, aquí debe haber un responsable: “Lo dije el año 2000 y lo reitero ahora, se está pescando y desembarcando anchovetas sin desovar. Sin embargo, las fiscalizaciones arrojan todo lo contrario a lo que las denuncias de fuentes directas señalan que sí ocurre allí”. Según el legislador socialista, “resulta indignante que con un Sernap que fiscaliza con largavista desde tierra y que tiene fiscalizadores que son pagados por la empresa privada, que monitorean de manera digital, por teléfono e Internet no esté en condiciones de proteger los recursos pesqueros”.

La empresa que, según el escrito de la subdirectora del Sernap, es la encargada de fiscalizar e informar al Servicio es la Entidad Auditora World Survey Services S.A, parte del grupo Soteco S.A., fundada en 1978 por profesionales de la empresa Corfo, Cesmec Ltda., de entonces y que actualmente tiene un directorio integrado por 5 miembros, cuyas identidades son una incógnita en su sitio web.

Todo lo contrario ocurre en Perú, pues su sistema pesquero que es completamente estatal posee un organismo técnico y científico especializado en el sector llamado Instituto del Mar del Perú, cuya misión pública es “estudiar el ambiente y la biodiversidad marina, evaluar los recursos pesqueros y proporcionar información y asesoramiento para la toma de decisiones, sobre la pesca, la acuicultura y la protección del medio marino”. Navarro señala que “Chile debe imitar esta economía responsable, que tiene una fiscalización estricta y vedas muy bien planteadas. Es más, la fecha de veda no se fija por día preestablecido, sino que cuando el pez ya tiene los huevos”.

GRUPO COPESA RECHAZA ACUERDO PESQUERO Y CUESTIONA MANTENCIÓN DE CATEGORÍA "PESCADOR ARTESANAL"

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Grupo empresarial, propiedad de la familia Sahié y que edita el Diario La Tercera, La Cuarta y la Revista Qué Pasa, editorializó que "la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala", señala editorial de La Tercera . (En la foto Alvario Sahié, dueño de COPESA).

Santiago de Chile, 03 de octubre del 2011-- (Ecoceanos News). Bajo el título "Cuestionable acuerdo en sector pesquero", el principal diario del grupo empresarial Copesa rechaza frontalmente el reciente acuerdo pesquero impulsado por el ministro de economía Pablo Longueira. Señalando que "no corresponde que, como ocurrió en este caso, la definición de una política pública quede librada al resultado de la negociación de partes involucradas", la editorial del Diario La Tercera del 1 de octubre, fija su posición frente al comunicado del ministerio de Economía que ha informado que los grandes empresarios pesqueros industriales y dirigentes del sector artesanal llegaron a un acuerdo sobre fraccionamiento de las pesquerías.


Este acuerdo, calificado por Longueira como "una histórica transferencia al sector artesanal", cuyo monto ascendería a unos US$ 30 millones de dólares en valor actual, incluye pesquerías claves tales como las de jurel, merluza austral, congrio, sardinas y anchovetas. En lo político, evitaría la licitación del 50% de las cuotas de captura, como había advertido Longueira, si no se llegaba a un acuerdo, quedando asegurados los derechos pesqueros de la grandes empresas por 20 años.


BAJA LEGITIMIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El grupo Copesa alerta al gobierno sobre la marginación de los pequeños empresarios y un inversionista extranjero, y de que "parlamentarios han expresado que no está garantizada la aprobación del proyecto de ley, estando dispuestos a escuchar las demandas de los últimos".


La editorial de La Tercera indica que "el proceso que ha desembocado en el mencionado acuerdo es cuestionable, al dejar librada la definición de la política pública y la legislación que habrá de dictarse, al resultado de la negociación de los intereses de los involucrados.


La explicación que se ha dado es que sin este acuerdo no habría sido viable ninguna iniciativa legal, pero ello no puede justificar el que se haya abandonado todo intento por establecer una regulación que persiga mejorar el funcionamiento de una industria tan relevante para el país sobre bases técnicas y económicas sólidas.Más aún, todo indica que había una determinación de la autoridad de privilegiar al sector artesanal, sin fundamento en un criterio de eficiencia, sino más bien en uno político, que obligó a los industriales a ceder una porción de su actual participación, para asegurar por dos décadas el porcentaje que negociaron".


El grupo Copesa alerta que "el mecanismo empleado tampoco garantiza una aprobación expedita del proyecto de ley en el Congreso, donde pudiera prevalecer con mayor intensidad la lógica de protección de intereses parciales. Precisamente para neutralizar con eficacia este escenario, era particularmente importante que el gobierno tuviera una propuesta debidamente fundada. Las regulaciones basadas en acuerdos entre los intereses en juego suelen gozar de baja legitimidad y una reacción previsible en el Congreso será la tendencia a limitar la duración de los derechos pesqueros, lo que periódicamente agudizará los conflictos sobre el fraccionamiento de las pesquerías, lo que está lejos de entregar un horizonte de certeza para las inversiones y la explotación racional".


ELIMINAR CATEGORÍA DE "PESCADOR ARTESANAL" PARA UN AUTÉNTICO MERCADO DE CUOTAS DE PESCA
El editorial del diario del empresario Alvaro Sahie -recién incorporado como miembro del Consejo para la Conservación de América Latina de The Nature Conservancy, junto a Ricardo Lagos-, envía una sibilina señal al gobierno de Sebastián Piñera al indicarle que "la definición de derechos sólidos, susceptibles de ser transados, es fundamental para el desarrollo sustentable del sector pesquero. En este sentido, la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala".


Frente a esto, el Centro Ecocéanos señaló que "Una vez que los 6 grandes conglomerados pesqueros industriales aseguren sus pretendidos 'derechos históricos' y tengan las seguridades jurídicas en el parlamento sobre cerca del 90% de las pesquerías chilenas, excluyan cualquier competencia por 20 años y consoliden un mercado secundario de compra, venta y arriendo de cuotas de pesca, presionarán económica y políticamente para eliminar a la pesca artesanal como sector productivo y social relevante, conviertiendo a sus integrantes y familias en obra de mano temporera y barata, al servicio de la industria pesquera y de acuicultura y del sector turismo intensivo".


"Los pescadores artesanales, las comunidades costeras y los pueblos mapuche, lafkenches y huilliches deben reflexionar sobre este sinceramiento anticipado del gran empresariado",afirmó la organización ciudadana.

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