Abate Molina inicia nuevo crucero de investigación

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Hoy viernes, el Buque Científico Abate Molina comienza un nuevo crucero de investigación, correspondiente al proyecto FIP 2008-14: "Evaluación Hidroacústica de la Merluza Común, año 2008".

Según informó el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el pasado sábado, este buque científico recaló en Valparaíso (V Región) luego de haber realizado la investigación correspondiente al proyecto FIP 2008-05: "Evaluación Hidroacústica del Recurso Jurel entre la V y X Regiones, año 2008", el cual comenzó el miércoles 11 de junio.

En la zona de estudio, se aplicó un muestreo de tipo adaptativo, donde se realizaron transectas perpendiculares y paralelas a la costa, desde la costa hasta las 200 millas y desde allí hasta las 400 millas, espaciadas cada 25 millas, a excepción de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) entre Talcahuano y Corral, donde la separación fue de 50 millas.

El crucero incluyó cinco componentes: acústica, plancton, oceanografía, pesca de media agua y muestreos biológicos de las capturas (longitud, peso, sexo, madurez, otolitos, estómago y fauna acompañante).

Jan Stengel asegura que costos energéticos y debilidad del dólar afectan al sector pesquero

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Estar ligado hace más de 30 años a la pesca industrial le permite a Jan Stengel tener una amplia visión del país y de las dificultades que atraviesa el sector. Desde su empresa, el gerente general y socio de Pesquera Bío Bío S.A. -ubicada en Talcahuano (VIII Región)- manifestó su preocupación por el alto precio de los insumos energéticos y un dólar aún débil frente al peso. En cuanto a la ausencia de jurel, se siente confiado en que el ciclo de escasez de este valioso recurso está terminado.


El past president de la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes) advirtió a El Pescador, que la facturación de la compañía disminuyó en un 15% este año y que se está pescando menos del 50% de su cuota de captura. En jurel, la firma está capturando 30% menos que el año pasado y en la materia prima destinada a congelados la cifra asciende a 50%.


"No sabemos si completamos la cuota. Va a ser difícil, pero la naturaleza es la que tiene la última palabra. Como la pesca se atrasó, puede ser que el pescado en vez de desaparecer a fines de agosto, lo haga a fines de septiembre", afirma con tranquilidad.


Uno de los factores que más inquieta a este empresario es el evidente incremento de la energía en los últimos meses. A pesar de las dificultades, Stengel se muestra confiado en que la mala racha pasará y que no se puede calificar el 2008 como un año perdido para la pesca.


A continuación reproducimos parte de la entrevista que el mencionado medio le realizó al ejecutivo pesquero.


¿Cuál es el panorama que enfrenta la pesa industrial?


La pesca tiene las complicaciones de muchos sectores económicos, como un costo energético muy alto. Esta actividad utiliza mucha energía en los barcos y en las plantas procesadoras. Un dólar muy barato en los primeros meses del año también ha tenido un impacto muy negativo, dado que somos una actividad de temporada. Por todo esto, el trabajador también está en una incertidumbre. Hoy contratar a una persona por media jornada o por horas es muy complicado, porque hay menos producción.


Pese a ello, su empresa no ha despedido trabajadores. ¿Qué consecuencias tuvo este ajuste?


Efectivamente, no hemos reducido nuestra plantilla, porque hicimos un pequeño arreglo y juntamos dos áreas en una. A pesar de las dificultades, hemos mantenido nuestra planta laboral con normalidad. Hemos pescado menos que el año pasado, pero hemos tenido pesca en forma regular más que otras compañías, lo que nos ha llevado a no contar con la necesidad de reducir personal, aunque haya menos trabajo que hacer.


¿Cuál ha sido el impacto de la escasez de jurel para Pesquera Bío Bío?


Hemos tenido pescado a mucha distancia, lo que requiere muchas horas de navegación. Lo que hay que destacar es que no hay una falta de pescado, sino que ha estado muy lejos; los barcos se demoran más en llegar de sus faenas, hasta tres veces más que antes de este Fenómeno de La Niña. Esto ha tenido un impacto negativo para la industria, porque no se han podido producir los volúmenes demandados y, en muchos casos, no ha sido posible cumplir con los compromisos de mercado, principalmente en los productos para consumo humano. Esto impactará además en la fuerza laboral, ya que en vez de empezar a producir conservas y congelados en enero, la mayoría de las empresas partieron a fines de marzo, entonces no ha sido un año fácil.


Uno de los temas que preocupan al sector por estos días es la demanda de eliminar la pesca de arrastre en Chile ¿Qué opina al respecto?


Ellos están un poco confundidos, hay hasta mala intención, pero no son todos los sectores artesanales los que piden el fin del arrastre. Este arte se utiliza desde la década de los ´40; es un arte selectivo, tanto así que los buques científicos en Chile y el mundo lo utilizan para hacer ciencia. Solo es cuestionable cuando se practica en ecosistemas vulnerables, pero en Chile no se da esta situación, salvo en las primeras 5 millas, donde la pesca de arrastre no opera porque ahí se encuentra toda la actividad bentónica. Todo lo que se ha esgrimido sobre la pesca de arrastre en Chile es una falacia.

Desembarques pesqueros chilenos bajan un 6% a junio

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El desembarque pesquero total estimado en Chile acumulado a junio del 2008 fue de 3,2 millones de t, resultando levemente inferior al promedio del quinquenio 2003-2007 y un 6% más bajo que el acumulado en el 2007. El sector extractivo explica 2,7 millones de t; mientras que para el sector acuícola se estima que se han registrado 467,2 mil t cosechadas.

El 63,5% de los desembarques del sector extractivo es explicado por los recursos pelágicos, cifra inferior a la registrada el 2007 a igual fecha, donde estos recursos representaron el 66%, según el último Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura de la Subsecretaría de Chile.

Dentro de los recursos pelágicos, destaca por su importancia la anchoveta (Engraulis ringens), sardina común (Strangomera bentincki) y jurel (Trachurus murphyi), aportando respectivamente el 37%, 31% y 29% de los desembarques acumulados a la fecha.

Estas capturas se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 1,4 millones de t (68%), seguido por las regiones I y II, donde en conjunto se alcanzó 564 mil t (27,8%); las regiones III y IV, por su parte, concentraron el 4% de los desembarques, con 84 mil t.

Sanciones contra alumna que arrojó agua a Ministra van contra recomendaciones de la ONU

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El senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Educación del Senado señaló que apoyará una apelación ante instancias internacionales para revertir la decisión que tomó el Liceo Daría Salas.

La decisión del Liceo Darío Salas de suspender la matrícula a María Música Sepúlveda, la alumna que arrojó un jarro con agua a la Ministra de Educación, Mónica Jiménez, estaría en contra de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, según manifestó el presidente de la Comisión de Educación, senador Alejandro Navarro.


A juicio del parlamentario el establecimiento educacional y el Ministerio del ramo “deben someterse a los estándares de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, por lo que anunció que apelará al Comité de Derechos del Niño de esa organización para revertir la decisión.


Si bien dijo no compartir ni avalar la agresión sufrida por la secretaria de Estado, señaló que “me parece una inconsecuencia que cuando los jóvenes sufren duros ataques en las manifestaciones no se de la importancia que se merece”.


En tal sentido, recordó que el año pasado Naciones Unidas instó al Estado a que los niños agredidos por policías en movilizaciones estudiantiles accedan a medidas de reparación integral y reinserción social.


“Todos saben y han visto las fotos de María Música golpeada por Carabineros. Más allá de las causas y consecuencias de estos hechos, debemos entender que Música es una niña, tiene sólo 14 años, por lo que se le debe aplicar la Convención de Derechos del Niño. No parece ser una amenaza al orden público el que una niña proteste. A la luz del derecho internacional en materia de DD.HH, ella no debe ser expulsada, sino como dice el informe de la ONU, ella debe acceder a medidas de reparación integral y de reintegración social”, señaló el legislador.


ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN


Según el senador Navarro, al suspenderle la matrícula a la alumna, no se están cumpliendo los estándares de protección y garantías de derechos humanos, lo que arriesga nuevamente la responsabilidad del Estado.


Recordó que el año pasado, el Comité de Derechos del Niño revisó la situación de Chile y trató el tema de “la represión contra los pingüinos, producida durante las movilizaciones estudiantiles de 2006”.


Explicó que el informe que se emitió en esa oportunidad, dejó de manifiesto la preocupación del Comité respecto a que los niños chilenos sean objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de los agentes del orden, inclusive en centros de detención.


Agregó que si bien se observó que algunos funcionarios fueron sancionados por los abusos cometidos, de igual manera se manifestó la inquietud por los informes que dan cuenta del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en manifestaciones.


“En el punto 39 del informe, insta a nuestro país a que adopte medidas efectivas para proteger a los niños contra torturas y tratos inhumanos o degradantes. Y a la vez recomienda que el Estado chileno vele por que todos los niños víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tengan acceso a medidas de reparación integrales, incluidas medidas para la recuperación física y psicológica y la reintegración social”, señaló el senador Navarro.


El parlamentario hizo un llamado al Liceo Darío Salas, a su Centro de Padres, a la Ministra de Educación, a la UNESCO Chile y al Director del Sename, para que intervengan de manera urgente en el caso de Música Sepúlveda, y velen por que se aplique el informe de Naciones Unidas en este caso.

Ejecutivo precisó ante la Comisión de Trabajo el alcance de Ley que iguala el sueldo base al salario mínimo

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Ante las consultas del titular de esa instancia, senador Andrés Allamand, el ministro del Trabajo reiteró que la iniciativa no tiene por objeto aumentar el ingreso.

Vicario Episcopal, monseñor Rodrigo Tuper.

El Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, reiteró ante la Comisión de Trabajo del Senado que la Ley que iguala el sueldo base al salario mínimo y que regulariza el pago del séptimo día en el caso de algunos trabajadores, no tiene por objeto generar un aumento de las remuneraciones.

Esto, a petición del presidente de esa instancia legislativa, senador Andrés Allamand, quien le solicitó al secretario de Estado que precisara los alcances de dicha propuesta luego que la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, señalara que la ley generaría un mayor gasto para los empleadores.
“No ha sido el objeto de esta ley introducir modificaciones en las remuneraciones de los trabajadores, por su puesto de ningún modo a la baja, tanto es así que el proyecto lo señala, pero tampoco hacia el aumento. Esta ley intentó terminar con la indecencia de que hubieran en Chile sueldos base de la envergadura que hemos señalado, $5 mil, $10 mil e incluso $1.000”, señaló el ministro Andrade.
El secretario de Estado agregó que en la iniciativa se corrigió un tema vinculado con las jornadas y con una externalidad que afectaba a un grupo de trabajadores que tienen derecho a la semana corrida o al séptimo día que podían verse disminuidos en sus remuneraciones por la ejecución del proceso de ajustes del sueldo base al sueldo mínimo.

“La impresión que tenemos es que ha habido interpretaciones equivocadas y que han ampliado esa expectativa a un núcleo importante de trabajadores que no estén en esa condición y que no son los que tienen acceso a la semana corrida. Por eso nos parece que este ha sido un debate que ha tenido más de artificial que de realidad” señaló.

DICTAMEN

En tal sentido, el ministro manifestó que para evitar interpretaciones erradas de la ley, se establece la posibilidad de que la Dirección del Trabajo pueda emitir dictámenes para establecer con más claridad la materia.

Agregó que esa es la vía y que una eventual ley interpretativa pudiera no ser necesaria.

Al respecto, el senador Allamand destacó el hecho de que el Ejecutivo reiterara ante los parlamentarios que el propósito de la ley no fue generar un aumento de remuneraciones, lo que despeja, desde el punto de vista político el problema que se generó.
Agregó que también revisaron las diversas interpretaciones respecto de la norma que está orientada a los trabajadores que están en un régimen laboral por día y que tiene derecho a semana corrida, señalando que “ha quedado absolutamente claro que bajo ninguna circunstancia ha sido el propósito del legislador generar un cambio ni una extensión de la forma de aplicación del concepto de semana corrida”.

No obstante, manifestó que dado que aún existe un problema de interpretación, habrá que clarificarlo a través de u dictamen, de una ley interpretativa o de una nueva ley. “¿Cual de estas fórmulas es la que se utilizará? es un tema que seguiremos conversando”, señaló.
Por su parte, los senadores Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz –ambos integrantes de la citada instancia legislativa- reiteraron que la ley lo único que hace es poner las cosas “en orden” y permitir que a los trabajadores se le pague lo que les corresponde y que durante mucho tiempo no se canceló.

“Hay una discusión sobre cuál es el universo de personas que tienen derecho al séptimo día. El tenor literal para mi es muy claro, pero voy a leer el estudio para tener una opinión clara, pero la idea era que efectivamente los trabajadores del comercio tuvieran derecho al pago del séptimo día, en particular el vendedor”, dijo el senador Letelier.
Agregó que “lo que más me llama la atención es que estamos hablando de un sector de la economía, del retail, que se está expandiendo en Brasil, en Colombia y en Perú y están llorando lagrimas de cocodrilo, a veces”.
DESCANSO DOMINICAL
Pero además de dedicarse al análisis de dicha ley, la Comisión de Trabajo recibió a los representantes del Episcopado y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, quienes expusieron sus opiniones sobre el proyecto que establece obligatoriedad del descanso dominical.
En la oportunidad, el Vicario Episcopal, monseñor Rodrigo Tuper, y el especialista en normas internacionales y relaciones laborales de la OIT, Guillermo Pérez, entregaron sus propuestas acerca de la iniciativa.
Según el senador Allamand, la Comisión está en la etapa de conocer las opiniones de diversos sectores y aún no se pronunciará sobre el proyecto.

Ley de Sueldo Base: gobierno anuncia nuevos dictámenes tras fuerte arremetida de CPC

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Miércoles 30 de julio de 2008,


Andrade también insistió en que problemas de interpretación se solucionarán por vía administrativa

Los alcances de la ley que igualó sueldo base con ingreso mínimo legal, y la inminente alza salarial que conlleva esta normativa, debido a que extiende el beneficio que se conoce como “derecho a la semana corrida” a todos los que trabajan con sistema de remuneración mixto, siguen generando reacciones.


Y ayer el turno fue del ministro del Hacienda, Andrés Velasco, quien fue categórico en señalar que “la ley fue diseñada para corregir ciertos abusos, no para legislar un aumento de remuneraciones para las personas que ganan más del sueldo mínimo. Cualquier ambigüedad en la interpretación puede y debe corregirse por la vía del dictamen respectivo”.


De hecho, señaló que el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, “se ha comprometido a que la Dirección del Trabajo emitirá los dictámenes adicionales necesarios para aclarar y enmendar esta situación”, en referencia al polémico artículo 45, el que de acuerdo a cifras preliminares de los gremios empresariales implica un aumento de costos entre un 10% y 15%.


Es más, explicó que si bien la Dirección ya emitió un primer oficio al respecto, “si hay dictámenes adicionales que aclaren puntos adicionales, esos dictámenes se van a emitir”.


Dicha postura -horas más tarde- fue ratificada por el propio Andrade, quien señaló que la “Dirección, en uso de prerrogativas legales, emitirá los dictámenes necesarios con el objeto de cumplir y hacer cumplir la ley, velando por adecuarse al espíritu que inspiró al legislador al dictar esta normativa” .


Movimientos gremiales


En tanto, los movimientos a nivel gremial siguieron ayer y trascendió que representantes de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunieron con asesores del ministro Andrade para ver qué opciones hay de emitir una ley interpretativa.


Esto, porque a nivel privado hay consenso sobre que los dictámenes son instrumentos sólo administrativos, por ende, no tienen ningún peso en tribunales, en caso que un trabajador, que tenga sistema de remuneración mixto -es decir sueldo base más componente variable- demande a su empleador por el no pago del beneficio de la semana corrida.


Es por eso que los gremios insistirán en una ley interpretativa, pese a la reticencia del gobierno frente a esta opción, ya que trascendió que consideran “muy riesgosa” esta vía.


Ahora bien, un elemento crucial jugará la sesión de hoy de la Comisión de Trabajo del Senado donde se analizará este tema.


Empresarios


En paralelo a las reuniones internas que se han realizado a nivel empresarial con el Ejecutivo, el presidente CPC, Alfredo Ovalle, a primera hora de ayer se refirió a las implicancias del polémico artículo 45 y advirtió sobre sus efectos. “La nueva norma legal eleva sustantivamente los costos para las empresas, afecta el empleo y puede implicar un serio deterioro en las relaciones laborales”, afirmó.


Asimismo, recordó que el proyecto de ley que surgió para igualar sueldo base con ingreso mínimo legal “avanzó conforme a sus ideas matrices, y sólo al final de este proceso, en las últimas instancias de su discusión en el Senado, el Ejecutivo introdujo una indicación que fue rápidamente aprobada, la cual extendió a los trabajadores que tienen una remuneración mixta -es decir, fija más variable- o sólo variable, el derecho a la remuneración del séptimo día, también conocida como semana corrida, siempre y cuando se cumpla con una jornada laboral ordinaria que la ley también define”. El problema, agregó, es que este punto “introdujo disposiciones absolutamente alejadas del mensaje que le dio origen y, contrariamente, a lo señalado por las autoridades respectivas, estableció -de hecho- un incremento en el costo laboral que puede ser muy significativo para miles de empresas”.


Finalmente lamentó que el dictamen emitido el lunes “en vez de presentar la solución que esperábamos, agrava el problema generado por la nueva ley sobre salarios base, al confirmar el incremento de costos, junto con establecer un período de sólo seis meses para hacer los ajustes en la remuneración”.



El polémico artículo



El artículo 45 de la Ley 20.281 es el que encendió las luces de alerta a nivel empresarial.De acuerdo a la historia de la señalada normativa, el 28 de abril pasado fue precisamente el Ejecutivo el que introdujo dicho cambio y éste se produjo a través de la siguiente incorporación: “agrégase en el inciso primero del artículo 45, a continuación delpunto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldomensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos; pero, en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a laparte variable de sus remuneraciones.”



Advierten visos de inconstitucionalidad



El experto constitucionalista Arturo Fermandois acusa visos de inconstitucionalidad en el artículo 45 de la Ley 20.281, que amplió el beneficio que se conoce como “derecho a la semana corrida” a los contratos con sistema de remuneración mixto.


Vamos por parte. En primer lugar, el jurista sostiene que hay que tener claro que “la Constitución contiene una garantía que consiste en el derecho a la libre contratación, o sea que el contrato de trabajo debe ser resultado de una voluntad libre de las personas que lo celebran”.


Segundo, afirma que “los contratos están cubiertos por la garantía del derecho de propiedad, tanto respecto del empleador, como del trabajador”.


En tercer lugar, y el aspecto más importante a la hora de explicar los alcances de la normativa señalada, Fermandois señala que “la ley puede crear todos los beneficios que estime conveniente en beneficio de los trabajadores, como por ejemplo la semana corrida u otros, pero tiene un límite, no puede afectar con estos beneficios elementos básicos de los contratos ya vigentes”. Es que, explicó, esto “pugnaría con la libertad constitucional de celebrar los contratos de trabajo, es decir, si se aprueban beneficios muy interesantes para los trabajadores, hay que respetar el derecho de las personas para decidir si celebran o no contratos en estas nuevas condiciones, pero jamás podríamos alterar contratos que ya están celebrados en el pasado en elementos esenciales de estos como son las remuneraciones. Éste es el caso de la semana corrida”.

Sofofa: ley de ingreso mínimo subirá costos de las empresas

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"En muchos casos significará mayores costos para las empresas", afirmó el secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, al referise a la ley ya aprobada a principios de mes que iguala el salario base con el ingreso mínimo.
"Nos ha sorprendido", recalcó Concha. Agregó que "en la práctica, esto puede significar reajustes de remuneraciones sencillamente por lo establecido en la ley, que no sabemos qué tan bien fue discutida al interior del parlamento".
"El objetivo principal era igualar el sueldo base con el ingreso mínimo, de manera tal que este elemento que se incorporó el de pagar la semana corrida a la proporción variable de los ingreso que rercibe el trabajador, es un asunto que está un poco distanciado del objeto por el que se tramitó esta ley", aseveró.
Concha añadió que como la iniciativa ya cuenta con el visto bueno, las empresas deberán remitirse a "aplicarla".
Fuente: diario Financiero

Chocair y su mea culpa en las negociaciones pesqueras

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Agitadas han estado las aguas en la industria pesquera chilena en las últimas semanas. Las gestiones del gobierno -representado por el embajador Cristián Maqueira-, ante 22 países para concretar una Organización Regional de Pesca (ORP), que regule las cuotas de captura de especies como el jurel y la delimitación de áreas de soberanía marítima, no han dejado satisfechos a los industriales. Así, las críticas de este sector apuntan directamente a la Cancillería y a la Subsecretaría de Pesca.


De acuerdo con el Diario Financiero, durante el Taller del Jurel, realizado por la FAO a principios de julio, las distintas delegaciones de los países negociadores de la ORP entregaron sus opiniones y proyecciones sobre los alcances del acuerdo.

Sobre la actuación de la autoridad en dicha instancia, el gremio pesquero local -representado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), entre otros-, aseguró que "no se protegieron los intereses del país" y "se ofrecieron gratuitamente los recursos marítimos a otras naciones".

El subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, admite que la postura del gobierno frente a las negociaciones "ha sido débil", pero asegura -tras reunirse con la industria hace unos días- que los sectores público y privado trabajarán en conjunto en la ORP.

¿Los industriales dicen que en el taller del jurel no se defendieron las cuotas de captura y las áreas marítimas chilenas?

Según ellos, no se defendió con mucho énfasis la posición chilena, en el sentido de que la defensa de nuestra tesis chilena, de nuestro stock no fue con fuerza, y a lo mejor, ellos tienen la razón en eso.

¿La defensa de los intereses marítimos chilenos fue débil?

Se planteó nuestra defensa, pero a lo mejor no se ha planteado con la fuerza necesaria que uno tiene que imponer en las tribunas internacionales. Y, en este sentido, creo que hay que darle más fuerza a nuestra posición en la próxima reunión de Australia.

¿Cómo debe ser esta posición?

Lo que vamos a hacer ahora es darle un énfasis con más energía. Hay que llegar a decir lo que queremos, porque además, la verdad sea dicha, el país que tiene la mayor información científica de esto es Chile.

Se criticó que el gobierno estaba abriendo los puertos a los barcos de la Unión Europea, poniendo en jaque nuestros recursos pesqueros.

Hubo conversaciones con la UE, pero porque ellos querían saber qué condiciones debían cumplir para ingresar a nuestros puertos y se les informó todos los pasos que debían seguir. Ellos preguntaron que si cumplían todas esas condiciones, podían ingresar; y eso fue todo.

¿Pero concretamente podrán ingresar a puertos chilenos?

No, no hay nada concreto. Al contrario, eso tiene que ser muy bien acotado, coordinado y acordado entre las partes.

¿Y eso puede ser con ayuda del sector privado?

Lo vamos a hacer con el sector privado y lo vamos a hacer nosotros como Subsecretaría de Pesca, porque nosotros como organismo técnico le vamos a dar la fuerza que corresponde y si eso significa reforzar equipo, a pesar que la postura de nosotros es muy clara y científicamente sustentable.

Los industriales critican también que no se les ha informado claramente de las negociaciones que han llevado a cabo, ¿Esto va a cambiar?

Obviamente. Aquí todo tiene que ser transparente entre nosotros. Aquí tiene que haber una asociación publico-privada porque estamos definiendo los intereses del país, el interés de ellos y el interés nuestro, por lo tanto tiene que ser absolutamente transparente, así lo conversé con ellos y estamos claros que así será.

Cita en Nueva York

Entre el martes y el jueves de la semana pasada siete de los 22 países que negocian en la Organización Regional del Pacífico (ORP) se reunieron en forma "secreta" en Nueva York para plantear sus distintas posiciones sobre las cuotas de captura y la soberanía marítima en el Océano Pacífico.

La reunión se sostuvo en secreto, ya que sólo incluyó a los ‘main players" de la pesca mundial, según dijo Jorge Chocair, pero detalló que en ella no se tomó ningún tipo de decisión sobre la industria.

El subsecretario anunció que se reunirán esta semana con los pesqueros locales para informarles de los temas que trataron, ya que ellos se oponían a que el gobierno asistiera.

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