Editorial: Proyecto de ley de pesca

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Noticia publicada el 04/12/2009

A continuación reproducimos una editorial publicada hoy viernes por el Diario Financiero:
"En una votación dividida, los integrantes de la comisión de Hacienda aprobaron el martes las indicaciones que introdujo el gobierno al proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, en el aspecto netamente laboral.
Dado lo anterior, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en particular por la sala del Senado, lo que ocurrirá después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de diciembre. Con posterioridad, deberá cumplir obligatoriamente con un tercer trámite en la Cámara de Diputados.
El martes los senadores aprobaron la posibilidad de hipotecar las concesiones acuícolas y establecieron en 25 años la duración de ellas con la posibilidad de ser renovadas por un período similar, entre otros temas.
En lo medular, las modificaciones establecen que si los titulares de las concesiones cometen prácticas desleales o antisindicales serán sancionados con multas más altas que en el texto original.
A su vez, se plantea que no se renovará la concesión de 25 años al titular que acumule tres sanciones judiciales ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos. Esto representa una flexibilización frente a la propuesta previa, que implicaba caducar la concesión cuando se constataran faltas.
Otros ajustes se relacionan con el hecho de que vencido el plazo de cinco años, desde la publicación de la ley, en la Región de Los Lagos sólo se otorgarán nuevas concesiones acuícolas en las áreas apropiadas para las acuiculturas vigentes. También se plantea que los espacios disponibles serán determinados por la Subsecretaría de Pesca.
Más allá de si los cambios son del todo adecuados, resulta valorable el esfuerzo realizado por los actores de gobierno y del mismo Congreso por destrabar un proyecto que los actores de la industria salmonera definen como relevante para enfrentar e iniciar la etapa de recuperación de la misma.
Si el referido proyecto recibe pronto el visto bueno de las respectivas cámaras del Parlamento, el sector no sólo habrá controlado el brote de virus ISA -que golpeó la producción de salmón- sino que contará con un marco legal definido para planificar su horizonte de negocios. También será un contexto más propicio para los bancos, actores involucrados este año en un proceso de reestructuración de deudas con las firmas del sector.
Es de esperar que este escenario de menor incertidumbre sea el punto de partida para un repunte que lleve a la industria salmonera a inaugurar una nueva y fructífera etapa de desarrollo, sobre todo por la cantidad de empleo que involucra".

Senador Muñoz: "Hay un lobby muy fuerte de las salmonicultoras"

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Noticia publicada el 04/12/2009

Una nueva polémica se ha generado en el Congreso producto de la discusión de las modificaciones a Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que regula la industria salmonicultora, luego de que el texto legal fuera aprobado este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado, oportunidad en la que se incluyó una indicación de última hora del Gobierno que flexibiliza las sanciones a las empresas del rubro por prácticas antisindicales o infracciones laborales.
En lo concreto, la indicación del Gobierno reemplazó una que fue presentada por senadores socialistas y que ya había sido aprobada en diversas instancias. En ella, se establecía que a las empresas salmonicultoras que incurrieran en tres faltas laborales seguidas, se les caducarían sus concesiones. Sin embargo, el proyecto de ley se trabó en su tramitación y el Ejecutivo decidió ingresar otra indicación flexibilizando la norma.
La lectura entre los legisladores fue diferente, pues mientras la presidenta de la Comisión de Hacienda, Evelyn Matthei, plateaba que "consideramos que nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original", otros senadores como Pedro Muñoz Aburto afirmaron que "ellos (los salmonicultores) resolvieron sus problemas económicos, los bancos les han dado crédito, entonces no sé por qué le temen tanto a estas normas laborales".
En entrevista con Terra.cl, el legislador aterriza la polémica modificación a la ley y acusa el fuerte lobby de la industria salmonicultora para que se generaran los cambios en el texto legal.
¿Qué le parece la indicación que incluyó el Ejecutivo y que finalmente reemplazó a la que usted había ingresado?
Deja en la más absoluta indefensión a los trabajadores de los centros acuícolas, porque se habla de que se caduca la concesión al titular de ella y no se habla de las empresas relacionadas.
¿De los contratistas?
Claro, podría ocurrir que un titular tuviera toda la actividad productiva y de servicios tercerizada, con lo que jamás se podría perseguir infracciones por prácticas antisindicales. Tampoco se toma en cuenta en esa indicación, los intereses fundamentales del trabajador. Uno debe preocuparse del derecho a la vida, la integridad física, psíquica y eso no está establecido como venía en la anterior indicación que había sido aprobada en la comisión de pesca.
¿A qué responde esta indicación del gobierno a estas alturas de la discusión?
Yo creo que el Ejecutivo quiere que el proyecto se apruebe. La anterior indicación había sido muy criticada por el sector salmonicultor. Decían que las cuestiones laborales con las del salmón no tienen nada que ver, pero yo creo que están absolutamente equivocados porque ahí hay muchos trabajadores y ha habido un abuso en contra de ellos, prácticas antisindicales y más de 60 muertes por no respetarse las normas de higiene y seguridad.
¿60 muertes sólo en esa industria?
Ha habido 60 muertes y la anterior indicación de tipo laboral, tiene por finalidad resguardar la vida de los trabajadores.
¿Por qué tanta resistencia entonces?
No sé por qué están tan en contra los salmoneros, si esto tiene un precedente legal. En la ley de compras públicas, se incorporó la suspensión por dos años a aquellos proveedores del Estado que fueran condenados por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, entonces hay precedente legal.
¿Con qué sensación queda luego de la aprobación de la Ley?
Quedé con una sensación amarga porque creo que la indicación que formuló al Ejecutivo es una ofensa a la inteligencia de quienes propusimos indicaciones en la comisión de Pesca, que tenían por finalidad resguardar los derechos de los trabajadores.
¿Cree que hubo lobby de las salmoneras para cambiar la indicación de la ley?
Hay un lobby muy fuerte de las salmonicultoras. Ahora, ellos resolvieron sus problemas económicos, los bancos les han dado crédito, entonces no sé por qué le temen tanto a estas normas laborales.

parlamentarios que votaron contra los derechos de los trabajadores

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Comisión de hacienda
Estos son los parlamentarios que encubren a los empresarios que realizan practicas antisindicales, en especial del mundo de la pesca, ya que con su tozudez no aprobaran ninguna ley que castigue estos actos que violan los derechos fundamentales y tratados internacionales
Para mayor informacion:
Senador
Sr. Frei Ruiz-Tagle, Eduardo





Senador
Sr. García Ruminot, José


Presidente
Sra. Matthei Fornet, Evelyn


Senador
Sr. Ominami Pascual, Carlos

Sin una gota de vergüenza nueva subvención estatal, Flexibilizan normas de caducidad de las concesiones acuícolas a fin de incentivar la reactivación

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Comisión de Hacienda aprobó, por mayoría, la indicación del Ejecutivo que establece que las concesiones no se renovarán si una empresa tiene 3 sentencias ejecutoriadas por prácticas antisindicales en 3 periodos productivos.
Con el voto en contra del senador Pedro Muñoz Aburto, quien reemplazó a su par Camilo Escalona, la Comisión de Hacienda aprobó la fórmula del Ejecutivo que resolvió el punto más polémico del nuevo marco regulatorio para la acuicultura: la caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.

De este modo, se destrabó el debate del proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Pesca en lo relativo a la acuicultura y quedó en condiciones de ser votado por la Sala del Senado.

Así lo informó la senadora Evelyn Matthei, presidenta de la instancia quien explicó que "consideramos que nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original".

Añadió que "era inaceptable que, por una resolución de un juez que además era inapelable ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema se perdiera la concesión".

Aseveró que "para nosotros este era un tema que sencillamente hacía que todo el resto de la ley fuera inútil porque con esa disposición no se hubiese reactivado ningún centro de cultivo para el salmón porque nadie hubiera recibido ni un solo crédito si es que la concesión estaba de esa manera amenazada por la resolución de un juez".

Manifestó que de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, "el titular de la concesión o el que realice actividades de acuicultura a cualquier título que cometa una práctica desleal o antisindical, será sancionado con una multa de 50 a 150 unidades tributarias mensuales, es decir, entre casi $2 millones y $5 millones".

Asimismo se dispone que "no se renovará la concesión al titular que no se encuentre al día en el pago de la mencionada multa ni al que acumule tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos".

Aclaró que "las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo, respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro en la época de ocurrencia de la infracción".

Con todo, "la Subsecretaría correspondiente podrá renovar la concesión al titular si, previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad a los hechos que configuraron la sanción mencionada".

Cabe señalar que "las multas por prácticas desleales o antisindicales aplicadas al titular de una concesión se contabilizarán respecto de sus sucesivos titulares cuando la transferencia de la misma se efectúe directa o indirectamente a una persona o empresa relacionada".



INSISTIRÁN EN CADUCIDAD

Por su parte, el senador Pedro Muñoz calificó como "vergonzosa" la indicación del Gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales, contenida en el proyecto de ley sobre acuicultura.

Recordó que la norma, incorporada en la Cámara de Diputados y que fue aprobada en la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, establecía el cese de las concesiones en caso que la empresa recibiera tres sentencias condenatorias en tres años por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Sin embargo, dicha disposición fue reemplazada en la Comisión de Hacienda por una propuesta del Ejecutivo que "en la práctica es letra muerta, porque no contempla a las empresas relacionadas y subcontratistas". Indicó que "es evidente que la titular de la concesión no tendrá trabajadores o no los dispondrá en el centro de cultivo".

Puntualizó que también "se ha hecho oídos sordos a un clamor de los trabajadores, que ya cuentan con más de 60 mártires por causa de una industria que atropella sus derechos laborales, pone en riesgo su integridad física y persigue a sus organizaciones."

EL senador Muñoz anticipó que junto a otros senadores defenderá el texto aprobado en la Comisión de Pesca en la Sala del Senado y, en caso de no tener éxito, procurarán su rechazo en la Cámara de Diputados para formar una Comisión Mixta. Y, "si todo ello no es posible buscarán recurrir al Tribunal Constitucional, alegando que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una grave limitación al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al tiempo que constituye un indudable privilegio en favor de una actividad económica".

En el mismo sentido, reiteró que junto con organizaciones ambientales y sindícales prepara una presentación de estos antecedentes al Foro y a los organismos laborales y económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y de otras entidades internacionales, "pues con estas normativas se estarían vulnerando los estándares mínimos de resguardo a los trabajadores y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura".

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