+de+abogados.jpg)
Noticia publicada el 04/12/2009
Una nueva polémica se ha generado en el Congreso producto de la discusión de las modificaciones a Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que regula la industria salmonicultora, luego de que el texto legal fuera aprobado este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado, oportunidad en la que se incluyó una indicación de última hora del Gobierno que flexibiliza las sanciones a las empresas del rubro por prácticas antisindicales o infracciones laborales.
En lo concreto, la indicación del Gobierno reemplazó una que fue presentada por senadores socialistas y que ya había sido aprobada en diversas instancias. En ella, se establecía que a las empresas salmonicultoras que incurrieran en tres faltas laborales seguidas, se les caducarían sus concesiones. Sin embargo, el proyecto de ley se trabó en su tramitación y el Ejecutivo decidió ingresar otra indicación flexibilizando la norma.
La lectura entre los legisladores fue diferente, pues mientras la presidenta de la Comisión de Hacienda, Evelyn Matthei, plateaba que "consideramos que nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original", otros senadores como Pedro Muñoz Aburto afirmaron que "ellos (los salmonicultores) resolvieron sus problemas económicos, los bancos les han dado crédito, entonces no sé por qué le temen tanto a estas normas laborales".
En entrevista con Terra.cl, el legislador aterriza la polémica modificación a la ley y acusa el fuerte lobby de la industria salmonicultora para que se generaran los cambios en el texto legal.
¿Qué le parece la indicación que incluyó el Ejecutivo y que finalmente reemplazó a la que usted había ingresado?
Deja en la más absoluta indefensión a los trabajadores de los centros acuícolas, porque se habla de que se caduca la concesión al titular de ella y no se habla de las empresas relacionadas.
¿De los contratistas?
Claro, podría ocurrir que un titular tuviera toda la actividad productiva y de servicios tercerizada, con lo que jamás se podría perseguir infracciones por prácticas antisindicales. Tampoco se toma en cuenta en esa indicación, los intereses fundamentales del trabajador. Uno debe preocuparse del derecho a la vida, la integridad física, psíquica y eso no está establecido como venía en la anterior indicación que había sido aprobada en la comisión de pesca.
¿A qué responde esta indicación del gobierno a estas alturas de la discusión?
Yo creo que el Ejecutivo quiere que el proyecto se apruebe. La anterior indicación había sido muy criticada por el sector salmonicultor. Decían que las cuestiones laborales con las del salmón no tienen nada que ver, pero yo creo que están absolutamente equivocados porque ahí hay muchos trabajadores y ha habido un abuso en contra de ellos, prácticas antisindicales y más de 60 muertes por no respetarse las normas de higiene y seguridad.
¿60 muertes sólo en esa industria?
Ha habido 60 muertes y la anterior indicación de tipo laboral, tiene por finalidad resguardar la vida de los trabajadores.
¿Por qué tanta resistencia entonces?
No sé por qué están tan en contra los salmoneros, si esto tiene un precedente legal. En la ley de compras públicas, se incorporó la suspensión por dos años a aquellos proveedores del Estado que fueran condenados por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, entonces hay precedente legal.
¿Con qué sensación queda luego de la aprobación de la Ley?
Quedé con una sensación amarga porque creo que la indicación que formuló al Ejecutivo es una ofensa a la inteligencia de quienes propusimos indicaciones en la comisión de Pesca, que tenían por finalidad resguardar los derechos de los trabajadores.
¿Cree que hubo lobby de las salmoneras para cambiar la indicación de la ley?
Hay un lobby muy fuerte de las salmonicultoras. Ahora, ellos resolvieron sus problemas económicos, los bancos les han dado crédito, entonces no sé por qué le temen tanto a estas normas laborales.
