La guerra por la redistribución del mar

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El impuesto por el fin de los peces y las nuevas licitaciones -El objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del recurso pesquero en el país. Introduciremos cambios relevantes y todos los estándares del OCDE –dijo Longueira a El Mercurio sobre el proyecto de ley que deberá enviar al Congreso el próximo lunes 5 de diciembre. Aunque en un principio se dijo que el royalty sería similar al que existe en la minería, la fórmula que se usará en el sector pesquero es otra. En vez de calcular el impuesto en relación al margen operacional de las empresas y el precio del principal recurso (en el caso de la minería, el cobre), el royalty a la pesca se calculará en base a las cuotas individuales de captura que posean las compañías Desde hace 10 años que el mar chileno y sus recursos tienen dueños. Y hoy están en guerra. La ley que en 2001 repartió entre las empresas de pesca industrial las cuotas de captura, perderá vigencia a fines de 2012. Unos pocos pidieron la redistribución a través de licitaciones; mientras que los grandes quieren mantenerse como están. Entonces partió el lobby. Porque ellos poseen las tajadas más grandes de una torta que les reporta más de US$ 1.200 millones al año, sin pagar impuestos; la misma torta que han sobreexplotado al punto de casi acabar con ella. Por eso hoy les imponen un royalty. La propuesta del ministro de Economía Pablo Longueira para calmar las aguas era simple: si los grandes industriales pesqueros querían seguir controlando el mar chileno y sus recursos, tenían que llegar a un acuerdo con los pescadores artesanales. Y en el plazo de un mes. Si no lo hacían, el gobierno llevaría a cabo el plan inicial, ese que decía que a partir de 2013 las cuotas individuales de pesca se licitarían. Una licitación que los industriales no podían permitir. Para ellos, esas cuotas, que les aseguran un pedazo de una torta que le reporta a la industria más de US$ 1.200 millones al año, son suyas por derecho. Si no aceptaban, una de las empresas, Lota Protein S.A., habría ganado la guerra. Porque fue esa empresa la que inició la disputa al pedir licitaciones. ¿Por qué Lota Protein pidió cambiar el sistema y bregó por una licitación? Para la mayoría de los protagonistas del sector hubo una sola razón: quiere más de lo que le corresponde hasta ahora. Y como emergían otros actores con la misma postura, decidieron sentarse a dialogar. Confiaron en que tenían la mayoría y al final, llegar a un acuerdo no sería tan difícil. En el grupo de trabajo participaron 30 personas elegidas por las autoridades del ministerio después de conversar con los representantes de los industriales. Dos de ellas eran miembros del Consejo Nacional de Pesca (CNP) nominados por el Presidente: el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve y Beatriz Corbo, cuya participación fue cuestionada por conflictos de intereses, ya que es hija de Canio Corbo, director de Pesquera Coloso S.A., que forma parte de la sociedad controladora de una de las empresas pesqueras más grandes del país. Había también 14 dirigentes de las dos grandes confederaciones de pescadores artesanales: siete de la Confepach y siete de la Conapach. Por el sector laboral, hubo otros siete representantes de los tripulantes, los oficiales y los trabajadores de plantas procesadoras, todos vinculados a las grandes empresas industriales. Los otros cinco fueron los líderes de las principales asociaciones gremiales industriales: Roberto Izquierdo, Rodrigo Sarquis, Francisco Mujica, Carlos Vial y Sebastián Vera. Ninguno de ellos creía que las subastas eran una opción. Además de unos pocos pescadores artesanales, Alfredo Irarrázabal, presidente de Pymepes, fue el único de los miembros de la mesa que apoyaba abiertamente la licitación de las cuotas. Por eso fue fácil llegar a un consenso. Cuando a fines de septiembre por fin se selló el documento con las 27 firmas, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y el ministro dijo que el momento era “histórico”, que nunca antes los pescadores industriales con los artesanales se habían puesto de acuerdo. Parecía que las grandes empresas pesqueras habían ganado la guerra por la redistribución del mar. Ahora, dos meses después, dicen que el ex senador Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, “perdieron toda credibilidad”. -Las más altas autoridades de gobierno cambiaron de posición y las bases del diálogo de mala manera. Fuimos presionados para llegar a un arreglo en el cual hicimos concesiones dolorosísimas, y ahora se vuelve todo a fojas cero, pero ya con estas concesiones otorgadas. Entonces, estamos en el peor de los mundos –dijo a La Segunda Roberto Izquierdo, el presidente de Asipes, una de las asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes y poderosas del país. Longueira fue el primero en romper el acuerdo y lo hizo a fines de octubre por orden directa del Presidente Sebastián Piñera. El ministro no sólo anunció que el proyecto de ley que debe enviar en las próximas semanas al Congreso incluirá las licitaciones, sino que además, se establecerá un royalty a la pesca que le reportaría al Estado unos US$ 30 millones anuales, prácticamente lo mismo que ya percibe el fisco por las patentes de los barcos (ver recuadro). Precisamente para evitar eso, la industria había cedido en la mesa de trabajo parte de las cuotas que tenían en su poder desde 2001 a los 81.157 pescadores artesanales que figuran registrados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Lo que más les dolió a los industriales fue doblarles su ración de jurel, el principal recurso pesquero del país. Así, los pescadores artesanales quedaron con el derecho a pescar el 10% del jurel que se extrae en Chile. Ese fue el precio de evitar la licitación de las cuotas. Aunque en rigor no fue tan alto, porque al final, gran parte de esos pescados igual irá a parar a sus plantas procesadoras. “PALOS BLANCOS” Minutos antes de que el Achernar llegue a Talcahuano y se inicie la descarga de la pesca de su último viaje, ya se han instalado a esperarlo en el puerto dos perros, casi una veintena de gaviotas, cuatro lobos marinos y un enorme camión que apenas traspase la carga desde el barco a su container refrigerado, partirá con aproximadamente 10 toneladas de jurel fresco rumbo a Perú. La nave tiene 17,6 metros de largo, 6,6 de ancho y una capacidad de bodega de 88 toneladas. Por eso, porque es pequeña, aún puede calar en Talcahuano. El azote del tsunami de febrero de 2010 sobre el puerto lo dejó inutilizable para el desembarque de barcos pesqueros industriales. Las instalaciones de SouthPacific Korp S.A. y Pesquera San José S.A., las dos grandes empresas pesqueras que utilizaban ese mismo puerto, quedaron completamente destruidas. De su infraestructura, sólo quedaron ruinas. Desde entonces que al puerto de Talcahuano sólo llegan naves de pesca artesanal. La mayoría de las pesqueras industriales de la zona centro sur ahora se reparten entre los puertos de San Vicente, Coronel y Lota. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo del principal fondeadero de la VIII Región. Esteban Salinas llegó temprano ese martes 2 de agosto al puerto de Talcahuano y señaló los barcos que estaban calados en la bahía. Los había de varios tamaños, aunque los más grandes eran como el Achernar. De acuerdo a las exigencias del Sernapesca, para que una embarcación sea considerada como artesanal no puede exceder los 18 metros de eslora ni las 50 toneladas de registro grueso (TRG). Además, debe ser propiedad de un armador artesanal y estar en el RPA, que a diciembre de 2010 contaba con 15.889 naves autorizadas para pescar en el país. -Pero muchas de ellas son palos blancos. Las grandes empresas les dan créditos a los pescadores artesanales para comprar sus barcos. Así se adueñan también de las cuotas de pesca artesanal. Por ejemplo, ese de allá es de San José. El de al lado es de Pesquera Landes. Y esos dos son de El Golfo y Camanchaca. Casi todas las empresas grandes tienen barcos artesanales. Al final, son los dueños de todo –contaba Salinas mientras señalaba los barcos en el puerto. Aunque pasó casi 50 años dedicado a la pesca artesanal, Salinas cambió hace poco de actividad. Ahora pasa los días paseando a turistas por la bahía en su pequeño bote y sólo a veces sale a pescar. Dice que le va mejor: que el jurel prácticamente ya ni existe en las aguas chilenas, que la pesca de arrastre (prohibida por ley a los pescadores artesanales) para capturar merluza ha sido excesiva y que la cuota artesanal de sardinas para este año ya está casi agotada. Que prácticamente, lo único que queda para pescar es jibia. Según él, la razón es que “a todos los peces les han dado como huasca”. El Achernar no escapa a esa relación directa entre pescadores artesanales e industriales. Según el RPA, el barco está registrado con el número 30.822 a nombre de Pedro Ortiz Mickelsen, gerente general de la Sociedad Pesquera Orión Ltda., que en su sitio web lo incluye como una de las tres naves que componen su flota artesanal. Pero una publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 2009 da cuenta de que la nave fue entregada en prenda a Pesquera San José S.A. para garantizarle “el cumplimiento de todas y cualesquiera de la obligaciones que Pedro Andrés Ortiz Mickelsen y la Sociedad Pesquera Orión Ltda., tengan en la actualidad o en el futuro a favor de Pesquera San José S.A., en moneda nacional o extranjera, derivada de toda clase de actos y contratos”. Entre esas obligaciones, de acuerdo a lo que dijo Ortiz en una entrevista al portal Aqua.cl en 2007, está la entrega de la producción de toda su flota para producir harina y aceite de pescado. Desde 2005, Pesquera San José S.A. ha recibido en prenda al menos unas 20 embarcaciones artesanales. Con ese tipo de convenios la empresa no sólo controla la cuota individual que se le asignó en 2001 cuando se promulgó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), sino que suma lo que obtiene de empresas y pescadores artesanales que pescan en un área que las compañías industriales tienen vetada: las primeras cinco millas desde la costa. Pero Pesquera San José S.A. no es la única que ha dado créditos a pescadores artesanales para aumentar su cuota de captura. Según los registros del Diario Oficial, y sólo por mencionar algunas empresas, en el mismo lapso, la pesquera de capital noruego Lota Protein S.A. ha aceptado en prenda 25 embarcaciones artesanales; SouthPacific Korp S.A. obtuvo la posesión de 12; Corpesca S.A. cuenta con 11 a su favor; y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. registra 36 botes que le han sido entregados como garantía. En algunos de los extractos publicados se indica expresamente que toda la captura obtenida en esas naves debe ser entregada a las compañías acreedoras. En todo caso, la pesca que las grandes empresas han obtenido a través de estos contratos con los pescadores artesanales representa sólo una pequeña parte de los recursos pesqueros que se explotan en el país. Todo lo demás ya estaba en su poder hace varios años. EL GRAN NEGOCIO Hasta principios del año pasado todo indicaba que el sistema seguiría más o menos igual. Como el 31 de diciembre de 2012 la ley de LMCA quedará sin vigencia, se acabarán las condiciones que regulan la actividad pesquera. Los pescadores artesanales perderán sus cuotas y la exclusividad en las primeras cinco millas y los armadores industriales quedarán sin las cuotas individuales que se les asignó en 2001, cuando se promulgó la norma. El gobierno debe armar un proyecto de ley que la reemplace y evite el caos. Y parecía que sería fácil: la única pelea que se esperaba era la que darían los artesanales: que exigirían una mayor porción de las cuotas. Pero incluso así, el control del mar y sus recursos se mantendrían prácticamente igual a como están hasta ahora. Y para la mayoría de las grandes empresas, eso era más que suficiente. Desde que se promulgó en 2001 la ley de LMCA, el mar chileno tiene dueños. A mediados de los ’90, la crisis del jurel, el principal y más codiciado recurso marino en el Pacífico Sur, obligó a las autoridades a cambiar el régimen y establecer un sistema de cuotas globales anuales para regular su extracción. Para administrarlo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) le asignó a las distintas empresas industriales –los armadores– un porcentaje de esa cuota de acuerdo a sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las compañías que más habían pescado durante los últimos años y las que tenían mayor capacidad de bodega, se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global, y en consecuencia, las mayores tajadas de una torta millonaria. En 2010, la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de US$ 1.263 millones (unos $644.609.940.000) sólo en exportaciones. Como las cuotas individuales de pesca le aseguran a cada armador industrial el porcentaje que puede pescar de la cuota global cada año, una mayor cuota individual significa una mayor participación en un mercado cerrado y cada vez más concentrado, donde los recursos más importantes son los peces pelágicos: el jurel, la anchoveta y la sardina común. Aunque de eso, casi nada va a parar a la mesa de los chilenos. El principal producto pesquero del país es la harina de pescado. De todo lo que se pesca en Chile, más del 70% corresponde a capturas pelágicas y, de acuerdo a los registros del Sernapesca, se destina a la reducción más del 73% de los desembarques de jurel y alrededor del 99% de anchoveta y sardina, lo que ha mantenido a Chile desde hace 30 años como el segundo mayor productor mundial de harina de pescado. Y aunque las capturas han disminuido en la última década a niveles críticos por la sobreexplotación, la escasez ha hecho que el precio internacional de ese producto se dispare. Su valor promedió el año pasado los US$ 1.600 por tonelada, lo que implicó que el 42,35% de la facturación por exportaciones pesqueras viniera de la harina. Para julio de este año, la Subpesca informaba que las exportaciones a los 24 países que reciben harina de pescado chilena ya superaban los US$ 244.556.048 (alrededor de $113.215 millones). Las cifras del mercado son lo bastante jugosas como para que algunos actores del sector pesquero sientan ganas de ingresar o de aumentar su participación. Sobretodo considerando que con la normativa vigente, las empresas no pagan un impuesto por la explotación de los recursos, sino que sólo las patentes de los barcos, lo que le significa al Estado un ingreso anual que promedia los US$ 30 millones, menos de un 2,5% de lo que perciben las empresas. Pero con la ley de LMCA eso es prácticamente imposible: todo el mar chileno y los derechos de explotación de sus recursos están repartidos en unos pocos gigantes pesqueros. Como de todas formas se tenía que discutir la preparación de una nueva ley, el momento era el preciso. Así fue que en marzo de 2010 vino el primer golpe: la guerra por la redistribución de las cuotas individuales había comenzado. LA BATALLA DE LOTA Lota Protein S.A. es una empresa pesquera industrial de capital noruego que opera desde 1991 en la bahía de Lota, posee el 1,5% de la pesca industrial de jurel en Chile y quiere más. Para lograrlo, en marzo de 2010 ingresó una consulta al Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) acusando a la Subpesca de haber actuado de forma ilegal al omitir la licitación de cuotas contemplada en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), un punto que se incluyó en la norma de 1991 con el apoyo del entonces senador Sebastián Piñera. El artículo que impulsó el actual Presidente desde su asiento en el Senado hace 20 años, establece la posibilidad de que se licite “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. El máximo subastable es el 50% de la cuota global, pero sólo si se trata de excedentes. Como jamás los ha habido, la Subpesca nunca lo ha puesto en práctica. Para Lota Protein S.A., eso es un atentado a la libre competencia, ya que mantiene el acceso cerrado a nuevos actores en una industria donde todas las cuotas se encuentran asignadas y existe un alto nivel de concentración de los recursos en unos pocos competidores. Por eso acudió al TDLC: para que se liciten las cuotas individuales, se modifique su sistema de transferencia y se derogue la institucionalidad completa del sector en una nueva legislación. -Ellos fueron al TDLC a alegar que las asignaciones habían sido mal hechas y que no había posibilidad de entrar al sector. Pero las cuotas son transferibles y ha habido muchas transacciones de cuotas. Si Lota Protein no ha comprado, es porque no ha querido –asegura Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes. Días después, la Subpesca le envió su descargo al tribunal antimonopolios. Allí, el subsecretario Pablo Galilea argumentó que la subsecretaría “no se encuentra en la obligación legal de aplicar la medida prevista en el artículo 27 de la LGPA, y por tanto, todas sus consecuencias que de ella derivaba la consultante no se vuelven inevitables, máxime si se considera que tales consecuencias son jurídicamente imposibles”. Por su parte, Asipes hizo entrega de dos oficios, uno firmado por la abogada Olga Feliú (actual presidenta del Colegio de Abogados) y otro con la rúbrica del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El primero concluyó que una norma que obligara a la autoridad a licitar los derechos de pesca infringiría el principio de confianza y afectaría “los derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas lícitas garantizados por la Constitución”. En el segundo, Correa Sutil sostenía que al terminar la ley de cuotas, la regulación de la actividad debía hacerse por medio de una ley de quórum calificado. En junio del año pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta por ser improcedente y citó a todos los que aportaron antecedentes a una audiencia pública el 12 de agosto de 2010. Ese día llegaron representantes de Lota Protein S.A., la Subpesca, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Todo lo que dijeron fue considerado en el fallo que emitió el TDLC en abril de este año, donde se desestimó la subasta de las cuotas como necesarias para la libre competencia –aunque no la descartó–, se recomendó mantener y perfeccionar el sistema de cuotas individuales y se propuso mejoras en su sistema de transferibilidad. Parecía ser un triunfo de las grandes empresas asociadas en las dos principales asociaciones gremiales de industriales pesqueros, Sonapesca y Asipes, que pretendían mantener todo como estaba. Pero lo que vino fue una ampliación del campo de batalla hacia los medios de comunicación, donde Lota Protein S.A. se ha enfrentado con el resto de la industria a través de decenas de editoriales y columnas de opinión firmadas por gerentes, académicos y ex autoridades de gobierno que han escrito para ambos bandos explicando tanto las virtudes y defectos de una posible licitación de las cuotas de pesca, como la maldad o la bondad de los que respaldan una u otra posición. Se ha dicho que la licitación favorecerá la concentración del mercado, la entrada de gigantes extranjeros con sus enormes barcos factoría y la reducción de las cerca de 12.500 plazas de trabajo que genera la industria. Los que la defienden, dicen que precisamente lo hacen porque el mercado ya está altamente concentrado, que eso mismo ha hecho que el desempleo en el sector aumente y que los extranjeros que buscan jurel no van a participar en licitaciones en Chile porque pueden capturarlo gratis en aguas internacionales. Se han dicho verdades y mentiras por ambos lados y en cada bando han sumado adeptos políticos, académicos y entre los pescadores artesanales que dependen de la industria, ya que le venden la mayoría de sus capturas. Al final, la industria pesquera se dividió entre los que quieren defender lo que ya tienen y consideran un “derecho histórico” y los que ven en la licitación de las cuotas individuales una forma de obtener mayor participación de una torta de la que sólo quedan migas. Por eso cuando el gobierno ingresó al campo de batalla asumiendo una posición, no hizo otra cosa que agitar más las aguas. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE FONTAINE Al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, le quedaba sólo un par de meses en el cargo, aunque no lo sabía. Era abril de 2011 cuando les informó a los representantes del sector pesquero que el gobierno ya tenía una fórmula pensada para el proyecto de ley que reemplazará a la ley de LMCA cuando caduque el último día del próximo año. Apenas lo dijo, las grandes empresas pesqueras lo amenazaron con tomar acciones legales. Punto para los de Lota: la administración de Piñera iba por la licitación. La propuesta inicial que planteó el Ejecutivo a través de Fontaine, hablaba de la posibilidad de subastar hasta el 50% de las cuotas individuales de pesca. Eso implicaba que las grandes empresas perderían la mitad de los derechos de captura que se les asignaron en 2001. La idea era hacerlo por etapas: durante los primeros seis años se licitaría un 10% bianual y el 20% restante se adjudicaría con condicionantes. -Estas pueden ser la concentración de algunas pesquerías, indicadores de concentración que nos lleven a licitar o excedentes productivos. Es decir, si se aumenta más del 50% de la cuota original, el excedente se licita –dijo el subsecretario Galilea a La Tercera. La intención del gobierno era que la nueva norma, que debe entrar en vigencia desde el primero de enero de 2013, tuviera una vigencia de al menos 25 años, si es que no terminaba siendo indefinida. Pero los cambios también contemplaban modificar la institucionalidad pesquera. En ese sentido, lo que pretendía el gobierno era reformar el CNP, quitándole atribuciones y así convertirlo en un organismo consultivo y no resolutivo, como lo ha sido hasta ahora. La modificación consistía principalmente en cambiar su composición: si ahora, de los 30 participantes, 17 pertenecen a los grupos interesados (gremios industriales, artesanales y trabajadores pesqueros), el proyecto pretendía que el Consejo esté conformado por científicos y académicos. Así, el organismo funcionaría como apoyo a la Subpesca en materias de investigación. -Pese a que ésta es la voluntad del gobierno, la autoridad se abre a la opción de cambiar su postura –agregó Galilea. Eso fue lo que pasó. LA MESA DE LONGUEIRA Fontaine desapareció del mapa cuando el 18 de julio Piñera realizó su segundo cambio de gabinete. Además de enroques entre ministerios, el Presidente sacó a dos senadores del Congreso para sentarlos frente a la cabeza de alguna cartera. Uno fue Andrés Chadwick, que pasó a ser vocero del gobierno. El otro fue Pablo Longueira, que como nuevo ministro de Economía se encargaría de llevar adelante la nueva regulación pesquera. -Creo que el nuevo ministro se va a tomar su tiempo y estudiará el punto. No creo que lo resuelva en una semana. Él va a tener una mirada política –decía Luis Felipe Moncada una semana después del cambio de gabinete. Las palabras de Moncada fueron como una premonición. Después de reunirse con algunos representantes de los distintos sectores, Longueira decidió juntarlos en una mesa de trabajo que partió el 8 de agosto con una condición: si querían evitar la subasta de las cuotas de pesca en el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo, debían llegar a acuerdo en un mes. Al cumplirse el mes, los miembros de la mesa alcanzaron un primer acuerdo: pedirle al ministro Longueira más plazo. El ministro accedió y el documento con el acuerdo final con 27 firmas de los 30 miembros de la mesa, se presentó el 26 de septiembre. Ese fue el día que Longueira calificó como “histórico”. Además de comprometerse a conseguir la sustentabilidad de los recursos y a recuperar las pesquerías en estado crítico (nueve de las 17 especies de peces con pesquería en el país están catalogadas por la Subpesca como sobreexplotadas), el acuerdo trató el tema de la distribución de las cuotas. A falta de actores que abogaran por la subasta de las cuotas individuales, la discusión se centró sobre en todo en la repartición de las cuotas industriales y artesanales. Si los primeros cedían en las demandas de los segundos, se ganaban su voto en contra de la licitación. Así fue que los artesanales obtuvieron un aumento en las principales pesquerías. Si los pescadores artesanales cuentan ahora con un 70% de la cuota global de sardina común, con el acuerdo quedarán con un 78% que les será vigente por los próximos 20 años a contar desde la promulgación de la ley. Ese mismo porcentaje obtuvieron en la pesquería de anchoveta en la zona centro sur, lo que les significó un aumento de un 39,3% en relación a lo que hasta ahora tienen reservado. Y en el caso del jurel, el premio mayor de toda la discusión, pasaron de un 5% a un 10% de la cuota global. El documento dice que los firmantes respetarán y mantendrán el acuerdo sobre el fraccionamiento y que efectuarán un llamado al Congreso para que igualmente lo valide y respete durante la discusión legislativa. Pero el gobierno lo rompió cuando Longueira anunció que el proyecto que enviará al Congreso incluirá la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas, y además un royalty similar al de la minería para las que no se subasten, que se suma a las patentes que ya pagan las empresas por los barcos. La guerra sigue abierta y apenas el Ejecutivo envíe el proyecto, el campo de batalla será el Parlamento. En todo caso, lo único que cambia el escenario actual es el royalty. Como ese impuesto es para recursos agotables, su implementación es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que los peces en Chile se están acabando y que, en definitiva, se van a acabar. Sobretodo si se aprueba el proyecto de ley que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia y que pretende reducir la talla mínima de jurel de 26 a 22 centímetros. Da lo mismo que los artesanales hayan aumentado un poco sus cuotas, ya que de todas formas esas capturas van a parar a la industria. Y como la licitación será de los excedentes y no tocará las cuotas individuales ya otorgadas a los industriales –muy similar a lo contemplado en la legislación vigente–, la propiedad del mar seguirá en manos de unos pocos gigantes pesqueros que se han ido comiendo a los pequeños hasta concentrar en nueve grupos económicos familiares la explotación de los principales recursos marinos del país. O mejor dicho, su sobreexplotación. multiplicado por el precio de venta del recurso extraído. Hasta ahora, lo único que han pagado las empresas pesqueras por funcionar es la patente de sus barcos autorizados para pescar de acuerdo a su capacidad de captura. Independiente de si estén o no operativas, los armadores deben desembolsar por cada tonelada de registro grueso (TRG) de sus naves: 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) para naves de hasta 80 TRG; de 0,5 UTM para barcos entre 81 y 100 TRG; de 1 UTM para embarcaciones de 101 a 1.200 TRG; y de 1,5 UTM para las que superen las 1.200 TRG. Por este concepto, el año pasado el Fisco percibió ingresos por poco más de US$ 30 millones. Con los cambios que propone el gobierno, a eso se le sumaría el royalty. En el Ministerio de Economía estiman que el cobro de ese impuesto representaría ingresos al Estado similares a los de las patentes y que en la próxima década debería incrementarse hasta los US$ 40 millones. Pero eso sólo se les cobraría a las empresas que ya tienen cuotas históricas de pesca. Las que obtengan cuotas a través de subastas, no deberán pagarlo. Las licitaciones que contempla el Ejecutivo sólo se considerarán para pesquerías que operen en condiciones aceptables de sustentabilidad y serán de dos tipos. La primera será por concesiones indefinidas para la explotación de recursos cuya sustentabilidad no se encuentre amenazada. Por lo tanto, ya quedan fuera de esa medida el jurel y las otras ocho especies consideradas por la Subpesca como sobreexplotadas. La segunda entregará permisos de pesca por sólo un año y se llevará a cabo sólo en pesquerías que han presentado mejorías en su biomasa, pero que siguen en riesgo. Ninguna de las empresas que se adjudiquen estas licitaciones pagará royalty, ya que el pago al Estado será el cobro por la concesión otorgada.

El imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores

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La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) convirtió un pilar del sistema de seguridad social en un millonario negocio. Por ley, su rol es prevenir riesgos laborales y asistir a los trabajadores que se accidenten. Con más de 100 empresas relacionadas, la ACHS hoy compite en el mercado de la salud privada. El modelo de negocios, subsidiado con las cotizaciones que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores, lo creó el mismo grupo que desde hace 40 años controla la mutual con una estructura intocable que se instaló en la cúpula de la red de empresas. Todo puede cambiar el martes 28 de junio, cuando los empresarios elijan al nuevo directorio. Vea además La gigantesca red de empresas de la ACHS Los sonidos al interior del yacimiento anticipaban lo que ocurriría. Durante esa mañana del 5 de agosto de 2010, varios de los mineros que trabajaban en la mina San José sintieron cómo las paredes crujían. Era un ruido que ya habían oído antes, algo así como un rugido. “La mina empezó a avisar que había problemas”, le diría unos meses después uno de los trabajadores al diputado Carlos Vilches, miembro de la comisión investigadora que indagó lo que allí pasó. Los mineros más experimentados sabían lo que significaba, así que a las 11:00 pidieron permiso a sus jefes para salir. No se los dieron. Tres horas después, el ruido se transformó en un estruendo. 33 hombres quedaron allí, encerrados a 700 metros bajo tierra. No fue uno, sino que tres derrumbes, todos simultáneos. Al mismo tiempo, a 800 kilómetros al sur, en Santiago, otra estructura también colapsaba. Como la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., dueña de la mina San José, es una de sus casi 40.000 empresas afiliadas, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) debía monitorear sus faenas para detectar posibles fallas de seguridad que atentaran contra la vida de sus trabajadores. También era su responsabilidad verificar que los propietarios de la mina modificaran las fallas para que no ocurrieran accidentes. Sin embargo, fallaron: los riesgos ya habían sido detectados y las señales que anticipaban un desastre estaban frescas. Sólo un mes antes, una roca se desprendió del techo de la misma faena y cayó sobre Gino Cortés, uno de los perforistas de la mina, destruyéndole su pierna izquierda. Tuvieron que amputársela. Y un mes antes de eso le había tocado a otro trabajador, Jorge Galleguillos, aunque él sólo se lesionó la parte baja de su espalda. Ambos tuvieron suerte: entre 1996 y 2007, siete trabajadores murieron en accidentes laborales en los yacimientos de esa compañía. Lo de Cortés y Galleguillos era sólo un accidente laboral más, como cualquiera de los 254.138 que ocurrieron el año pasado en el país. En cambio, lo de agosto fue distinto. No sólo porque se transformó en una noticia mundial, sino porque dejó en evidencia las falencias históricas que existen en materia de seguridad laboral en Chile, un área donde la ACHS es el principal referente, controla el 53% del mercado y recibe ingresos anuales por casi $204.000 millones (aproximadamente US$ 403 millones). En los días siguientes, mientras el gobierno hacía intentos desesperados para saber si los 33 mineros seguían vivos, la ACHS desplegaba un enorme mecanismo de control de daños y seguridad. Pero lo que ahora cuidaba era su propia supervivencia. Una enorme carpa, un policlínico, ambulancias y un contingente formado por médicos, psicólogos, prevencionistas y periodistas, todos con los símbolos de la ACHS, llegaron al campamento que se instaló afuera de la mina. Allí donde se concentró el foco de las cámaras con transmisión directa a todo el mundo, la ACHS posicionó su marca como sinónimo de excelencia en seguridad. En los tribunales, uno de sus abogados recogía antecedentes sobre las acciones legales que se preparaban. Había que blindarse ante lo que venía. La ACHS capitalizó la tragedia a través de un excelente manejo comunicacional, un área donde la mutual tiene gran experiencia. Aunque el de las mutuales es un mercado cerrado donde el ingreso de nuevos competidores está prácticamente bloqueado por ley desde fines de los ‘60, y su cartera de clientes es cautiva, en los últimos diez años la ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing. Entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad superó al monto que resulta de la suma de lo que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes. Pero fuera de cámaras, para la ACHS el colapso de la mina fue un punto de quiebre. Al mando de Eugenio Heiremans, un empresario que se mantuvo por más de medio siglo como presidente de la mutual, se configuró una estructura de poder que se ha perpetuado mediante influencias políticas, redes comerciales y elecciones de directorio manejadas completamente por su administración. Los hombres que lo acompañaron durante los últimos 40 años, son los mismos que hoy se encuentran al mando de un modelo de negocio que ha logrado mantenerse fuera de toda fiscalización y crecer en un mercado completamente alejado de su objetivo: prevenir riesgos laborales y cubrir la atención médica de los trabajadores que se accidenten. CIPER investigó la gigantesca red de empresas y sociedades que articularon directores y ejecutivos de la ACHS con los beneficios y capitales que les asegura la ley a las mutuales como administradoras de uno de los logros más importantes de la sociedad chilena en materia de seguridad social: el seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. De ese derecho de los trabajadores, la mutual ha creado una industria que en la última década le ha reportado ingresos por unos $1.464.030 millones (alrededor de US$ 3.101 millones), según sus balances oficiales. Como la ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya sea directa o a través de otras empresas relacionadas. La maraña de empresas es tan grande y enredada, que resulta difícil definir con certeza hasta dónde se extiende. Algunas son asociaciones comerciales; otras sólo son sociedades de fachada que persiguen beneficios tributarios, a través de las cuales la ACHS, exenta de pagar IVA y gravámenes aduaneros, recupera el IVA que de forma directa no podría. La estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores. Las mutuales son financiadas por el sector privado. Todas las empresas en Chile están obligadas a pagar mensualmente a la mutual que estén afiliadas una cotización general para cubrir en caso de accidentes de sus trabajadores los tratamientos, rehabilitación y el período de invalidez que corresponda. Ese monto actualmente corresponde al 0,9% del sueldo imponible de sus empleados. El fondo empresarial se complementa con una cotización adicional –que tiene un tope del 3,4% de los sueldos imponibles–, dependiendo del riesgo que signifique para sus trabajadores desempeñarse en una empresa. A ello se agrega una cotización extraordinaria, vigente desde 1998 y que corresponde al 0,05% del sueldo imponible de cada trabajador. La compañía propietaria de la mina San José estaba afiliada a la ACHS desde 1988. Todos los meses le transfería esos dineros para que velara por la protección de sus trabajadores. Como la mutual se hace cargo de una responsabilidad que para las empresas es una carga, prácticamente no se meten con ella. Ni siquiera cuando deben elegir cada tres años un nuevo directorio para la ACHS: aunque todas sus empresas afiliadas tienen poder de voto, en las elecciones el resultado siempre ha sido el mismo. Algo que podría cambiar el próximo martes 28 de junio. El derrumbe de la mina San José dejó en evidencia que la ACHS, responsable de la protección de más de dos millones de trabajadores, no cumple su función. Pero el martes 28 de junio sus empresas afiliadas podrán pedir cuentas. Ese día se realizará la elección para definir el directorio del próximo trienio. Si la maquinaria que se ha implementado durante las últimas elecciones –y que hoy está en plena marcha– funciona, el resultado ya está escrito. Al interior de la ACHS todo está dispuesto para que Jorge Matetic, el actual presidente, y los demás directores se mantengan en sus cargos. Así ha funcionado desde hace décadas. PODER FÁCTICO El 42% de las empresas en Chile paga mensualmente a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) las cotizaciones para velar por la prevención de riesgos en el trabajo y la cobertura de los accidentes que ocurran. Para eso fue concebida cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) la creó en 1958, época en que la tasa de accidentes laborales bordeaba el 35%. Pero la más grande de las mutuales hace ya varios años que dejó de ser sólo una mutual. Lo que partió en 1968 con la Ley 16.744 como uno de los puntos clave del sistema de seguridad social chileno, comenzó a mutar hacia un negocio en 1977. Para entonces, la ACHS ya contaba con cerca de 300.000 trabajadores afiliados e ingresos por poco más de $241 millones. Un año antes, “tras profundos estudios”, su directorio decidió abrir sus instalaciones para atender a pacientes particulares. Al principio, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) se lo prohibió. Como su rol exclusivo por ley era la prevención de accidentes laborales y prestar asistencia médica a los trabajadores que se accidenten en sus funciones, las mutuales no podían atender pacientes que no fueran beneficiarios del seguro. En sólo unos meses quedaría en evidencia que la opinión del presidente de la ACHS pesaba mucho más que la negativa de la SUSESO, fiscalizadora de las mutuales. Eugenio Heiremans fundó la ACHS y fue su presidente hasta 2010, cuando renunció un par de meses antes de morir. En una entrevista publicada en El Mercurio en 1993, el actual ministro de Defensa y entonces diputado de Renovación Nacional, Andrés Allamand, denunció que él era uno de los “poderes fácticos” del empresariado. El escándalo político fue enorme. Allamand pagó por su osadía. Pero lo que Heiremans hizo con la ACHS es una prueba de que sí lo era. Ya a fines de los años 50, Heiremans se tuteaba con el poder como presidente de la SOFOFA. Después del Golpe de Estado, según su relato, pasó dos semanas reactivando el sector industrial. Para mediados de los ‘70, no sólo era el vicepresidente de Pizarreño, directorio que encabezaba el ex presidente Jorge Alessandri, sino que además era miembro del Consejo de Estado de la Junta Militar. Por eso no le costó mucho revertir el veto de la SUSESO. En junio de 1977, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto ley que permite a las mutuales “extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello”. La norma también las faculta para “celebrar los convenios que sean necesarios”. A partir de este decreto, las mutuales tuvieron el campo libre para atender pacientes particulares utilizando instalaciones que han sido construidas, compradas y mantenidas gracias a las cotizaciones de los trabajadores afiliados, un fondo que por ser parte del régimen de prestaciones de previsión social, es público. Fue entonces que la ACHS dejó de ser sólo una entidad administradora del fondo empresarial destinado a proteger a los trabajadores de accidentes laborales. Lo que vino no sólo fue una ampliación del giro hacia la salud privada, sino que también el comienzo de un camino que le daría a las mutuales, y principalmente a la ACHS, completo control sobre una industria que actualmente le reporta a las tres mutuales (ACHS, Mutual de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajador) ingresos anuales por $405.144.000.000 (unos US$ 800 millones). De ese monto, el 53% ingresa a las arcas de la ACHS. CONTROL TOTAL -Déjennos manejar a nosotros el negocio y que no existan interferencias. Fiscalicen lo necesario, pero que entren a fiscalizar en la administración, no estoy de acuerdo. Si nos siguen molestando con controles y todo eso, bueno, pasará a manos del Estado y tendrá que administrarlos con la eficiencia que administran los hospitales –señaló Heiremans en una entrevista publicada en El Mostrador a mediados de 2004. Lo que dijo Heiremans en esa entrevista fue la filosofía que imperó en el sistema durante los 52 años que se mantuvo como presidente de la ACHS y cabeza de una estructura clave en el lobby que hizo de las mutuales una zona prácticamente intocable, tanto desde afuera como también en su concepción interna. El sistema para elegir el directorio de la ACHS es cualquier cosa menos democrático. Su estructura es paritaria y lo componen seis miembros titulares y seis suplentes. La idea es que allí tengan presencia las empresas afiliadas y sus trabajadores. Los directores que representan a los trabajadores surgen por votación directa de sus representantes en los comités paritarios. Los empresarios deben enviar un voto-poder para elegir a los miembros del directorio que los representarán por períodos de tres años. Pero en vez de poner un nombre en el documento, los empresarios suelen entregar su voto-poder a los agentes de la mutual, que antes de las elecciones se encargan de recogerlos por todo el país. En ese período, que culmina este fin de semana, la prevención queda relegada y las agencias se convierten en captadoras de votos en blanco. La orden que reciben los agentes es que induzcan el voto por la directiva vigente o, que en su defecto, los recopilen en blanco. Al final el efecto es el mismo: en la ACHS se inscribe el nombre que decidió la dirección. Así, la estructura de poder ha logrado perpetuarse por más de cuatro décadas, consolidando un grupo de ejecutivos que se ha adueñado de la enorme red de negocios que la ACHS ha acumulado a punta de beneficios y un capital asegurado por ley. De la mano de Heiremans, la ACHS adquirió completo control de su rubro. Aparte de atender pacientes privados en sus instalaciones y de quedar exentos de pagar parte de sus ingresos al sistema de salud público, distintas modificaciones legales de los últimos años de la dictadura dotaron a las mutuales de un enorme poder de negociación que les sirvió de base para hacer crecer su negocio. Una de ellas traspasó la responsabilidad de determinar el grado de incapacidad por accidente o enfermedad laboral desde el Compin a las mutuales. Después se las facultó para definir si sus empresas afiliadas cumplen o no los requisitos para acceder a una rebaja de la cotización adicional. Esto convirtió a las mutuales en juez y parte: con su propia evaluación podían determinar no sólo las pensiones que pagaban a los trabajadores con incapacidad, sino que también la tasa de cotización de las empresas. Ese poder no sería tocado por nadie. -La modificación de la ley que se hizo durante el régimen militar fue algo que a la larga demostró que no benefició al trabajador y sólo sirvió para engrosar las arcas de las mutuales –dijo a CIPER el ex diputado Patricio Cornejo, quien en 2003 presentó sin éxito un anteproyecto para modificar el sistema de mutuales. Si al comenzar los ’90 alguien pensó que el poder de Heiremans disminuiría, se equivocó. La ACHS ya contaba con casi un millón de trabajadores afiliados, ingresos anuales sobre los $23.000 millones, una tasa de accidentabilidad constantemente a la baja e inversiones en dos sociedades externas. Durante los siguientes 20 años, la SUSESO apenas la fiscalizó. Una fuente consultada por CIPER dice que ahí “a Heiremans todos le temían”. Para mantener su estructura y su posición, la ACHS integró a sus filas a distintas autoridades de la Concertación. Algunos se sumaron de forma directa a puestos de gerencia o plana ejecutiva, mientras que otros se instalaron en algunas de las más de cien empresas que forman el intrincado imperio de negocios que la mutual consolidó durante el último cuarto de siglo (ver infografía). Entre los nombres, se cuentan dos ex ministros de Salud de los gobiernos de la Concertación: Alex Figueroa Muñoz (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), fue auditor de unidades médicas de la ACHS; Jorge Jiménez de la Jara (Patricio Aylwin), fue presidente de Clínica Los Coihues S.A; y el ex director del INP, Ernesto Evans, que al dejar su cargo asumió un puesto ejecutivo dentro de la mutual. No son los únicos. En abril de 2005, el sindicato de trabajadores de la ACHS le envió una carta al entonces superintendente de seguridad social, Javier Fuenzalida Santander. En ese documento, los trabajadores le pedían a la SUSESO que investigara la creciente externalización de servicios que la ACHS venía implementando desde hacía algunos años. Para entonces ya había externalizado los servicios de aseo, lavandería, seguridad y alimentación, así como el transporte de pacientes. Esto último está a cargo de ESACHS S.A., una empresa creada a fines de 2004 donde el directorio y la gerencia están a cargo de ejecutivos de la mutual. Para los trabajadores, era “preocupante que se formen este tipo de empresas que nacen exclusivamente para burlar la ley y lucrarse a costa de un beneficio que deja todo a la lógica del mercado”. “Creo que es necesario recordarle que el artículo 12 de la Ley 16.744, señala claramente (sobre las mutuales) en su letra b) que dispongan de servicios médicos adecuados, propios…, y en su letra d) que no sean administrados directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro”, señala la carta del sindicato. La SUSESO nunca investigó y Javier Fuenzalida se mantuvo como superintendente de seguridad social hasta octubre de 2008. Tras cuatro años en el cargo, renunció e ingresó a la red de empresas que controla la ACHS. Ahora es gerente general de ESACHS S.A. LA SUSESO NO FISCALIZA Supuestamente, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sólo tiene autorización para atender pacientes particulares en “sus establecimientos”. De acuerdo a su memoria institucional de 2009, eso significaría que la ampliación de sus servicios solamente podría realizarse en las tres clínicas, 97 policlínicos y un hospital que tiene repartidos por el país y sólo cuando tenga el espacio disponible para hacerlo. Pero no es así. Como no hay ninguna ley ni reglamento que permita o impida a las mutuales crear sociedades anónimas o comprar acciones en clínicas privadas, la mutual considera todos los lugares donde posee acciones, es socia o tiene algún tipo de convenio como “sus establecimientos”. Bajo esa lógica fue que en 1986 la ACHS comenzó una ofensiva para impulsar un modelo de negocios que elude la fiscalización y rompe la regla básica que tiene como corporación: el principio de no lucro. -La creación de empresas relacionadas ha escapado de toda fiscalización. Por esa vía las mutuales se metieron en el campo de las clínicas privadas usando todos los recursos que vienen del seguro obligatorio. Pero no hay fiscalización efectiva. Casi no se sanciona a las mutuales y “desde arriba” llegan instrucciones de que ciertas áreas, como los gastos de administración o de prevención de riesgos, no sean pesquisadas –dice uno de los 18 funcionarios con que cuenta actualmente la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para fiscalizar a las mutuales. A diferencia de las mutuales, que como corporaciones están obligadas a reinvertir sus excedentes, las sociedades anónimas pueden repartir sus utilidades entre sus accionistas. Cada vez que una mutual constituye una sociedad, la SUSESO interviene para verificar el origen del capital inicial. Y ahí se acaba la fiscalización. Como las empresas que nacen son sociedades anónimas, la SUSESO no puede fiscalizarlas: pasan al ámbito de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero la ley de sociedades anónimas es clara al establecer que sólo son objeto de fiscalización las sociedades anónimas abiertas. Como todas las sociedades donde la ACHS tiene algún tipo de participación son cerradas, carecen de cualquier tipo de control. -La única forma en que una empresa relacionada con una mutual pueda ser fiscalizada por la SUSESO, es que la mutual posea más del 50% de la participación. Pero eso casi no ocurre –agrega el fiscalizador de la SUSESO. Muy pocos conocen la red de empresas que controla la ACHS. Mientras que la mayoría de los documentos de la mutual están en bases de datos, las escrituras de las sociedades son guardadas en un archivo aparte al que sólo tiene acceso Alfredo Grasset, fiscal de la ACHS durante los últimos 25 años. CIPER tuvo acceso a sus balances financieros entre 1975 y 2009, y en todos ellos sólo aparecen 31 sociedades donde la ACHS posee acciones en forma directa, con una inversión que en 2009 superó los $13.729 millones. Si se consideran las que figuran en el libro de empresas relacionadas que la mutual publicó el año pasado, la cifra de empresas vinculadas sube a 44. Pero tampoco son todas. Durante los últimos 25 años, la ACHS ha invertido millonarias sumas, incluso fuera de su giro, para constituir sociedades anónimas, las que a su vez han dado origen a otras sociedades, creando una maraña de relaciones comerciales que se extiende por todo el país. CIPER rastreó en el Diario Oficial todas las conexiones de negocio que se han creado en ese período. En total, en ese registro aparecen una fundación sin fines de lucro y 103 sociedades vinculadas. Algunas son empresas en sociedad con inversionistas privados que operan instalaciones independientes como clínicas particulares, donde se atiende con precios de salud privada. Otras son sociedades anónimas que funcionan en las mismas instalaciones de la ACHS, vendiendo sus servicios como empresa privada pero utilizando las dependencias de la mutual. Mientras que unas funcionan como asociaciones comerciales con socios reales, otras sólo persiguen beneficios tributarios, con socios que sólo sirven de fachada bajo un control exclusivo de la mutual. EXPANSION SIN LIMITE La mayoría de los servicios que presta la mutual han sido externalizados. Los exámenes de imagenología se han centralizado principalmente en Sorema S.A., que aparte de funcionar al interior del Hospital del Trabajador de Santiago, es una de las dos empresas donde la ACHS posee más del 50% de participación y a través de la cual ha extendido su presencia en al menos otras ocho sociedades anónimas. Los exámenes de laboratorio están a cargo de Bionet S.A., una sociedad que creó la ACHS junto al grupo controlador de la Clínica Arauco, donde además la mutual tuvo acciones al menos hasta 2006. Los servicios de ambulancias los controla ESACHS S.A., la empresa que actualmente dirige el ex superintendente Fuenzalida. En ésta última la ACHS también posee más de la mitad de las acciones, por lo que la SUSESO puede fiscalizarla: como el 99% de la acciones son de la ACHS y el 1% restante es de Sorema S.A., la ACHS es su única controladora. Entre las sociedades identificadas por CIPER figura un colegio, ocho inmobiliarias y al menos 23 sociedades creadas para ofrecer servicios de imagenología. Pero de estas últimas, no sólo la ACHS hace uso. También lo hacen las 34 clínicas y centros de salud privada donde la mutual comparte sociedad con su principal competidora (la Mutual de Seguridad), otras clínicas, Isapres o grupos de médicos. Para expandirse en el mundo de la salud privada, desde 1991 la ACHS ha invertido por varias vías. Una de ellas ha sido la compra de acciones en clínicas que ya existían. Así entró a Clínica Magallanes S.A., Corporación Médica de Arica S.A., Clínica El Loa S.A. y Clínica Los Andes S.A., entre otras. Eso mismo hizo con las empresas del médico y empresario Ernesto del Solar Benavente. A través de Interclínica S.A., Serviclínica S.A. y Servisalud S.A., la ACHS junto a Del Solar han creado en conjunto al menos otras 18 sociedades dedicadas a ofrecer prestaciones de salud a pacientes particulares. Pero la verdadera ofensiva vino de la mano de su principal competidora, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. En 1991 las dos mutuales se unieron para crear Hospitales de la Seguridad S.A. (Hoseg S.A.) con un capital inicial de $5.000 millones que aportaron en partes iguales. A través de ella sólo se crearon cuatro sociedades, entre las que se cuentan Clínica Los Coihues S.A. y Clínica Puerto Montt S.A. Aunque estuvo a punto de disolverse en 1999 por problemas entre las dos mutuales, la experiencia de esta primera sociedad terminó en 2006, cuando Hoseg fue absorbida junto a la totalidad de sus activos por la empresa Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. Pero el escenario no cambiaba: al igual que Hoseg, Inmobiliaria Clínicas Regionales era propiedad de la ACHS y la Mutual de Seguridad, y durante los años siguientes la usarían para expandirse aún más. Entre 2003 y 2011, Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. ha participado directa e indirectamente en la creación de otras 20 sociedades anónimas. Para diciembre de 2010, la empresa dirigida por el hijo de Eugenio Heiremans, Fernando Heiremans Bunster, ya contaba con un patrimonio de $28.151 millones (poco más de US$ 60,1 millones). Al principio, con la incursión de la ACHS en la salud privada parecía que se desataba una guerra. En 1993, la Asociación Gremial de Clínicas, Hospitales y Otros Establecimientos de Salud Privada solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que interviniera a las mutuales. Según la gremial, su ingreso al mercado de la salud privada violaba las leyes de libre competencia, ya que funcionaban como clínicas, pero con los beneficios de ser una mutual. Alegaban que las mutuales actuaban fuera de sus fines y que disponían de un patrimonio garantizado por ley llamado “de afectación”, el que debía administrarse restrictivamente. Pero la FNE, a cargo entonces del abogado Rodrigo Asenjo, rechazó al año siguiente la solicitud por falta de mérito. Según uno de los abogados que alegó contra las mutuales, fue debido a la influencia de Heiremans en el gobierno. Después las clínicas llevaron el juicio hasta la Corte Suprema, pero el fallo final fue a favor de las mutuales. Luego de la decisión de la Suprema, la agrupación de clínicas decidió no insistir. Seis años después, en 2000, la asociación gremial se dividió en dos: Clínicas de Chile A.G. y la Asociación de Clínicas y Prestadores de Salud Privados A.G. Actualmente, entre las empresas asociadas a la primera figuran Clínica Regional del Elqui S.A., Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Magallanes S.A. En la segunda, la lista incluye la Clínica San José de Arica –propiedad de Corporación Médica de Arica S.A.– y la red de laboratorios Bionet S.A. Estas cinco empresas forman parte de la red de negocios de la ACHS y en todas ellas figuran como directores o gerentes los mismos ejecutivos de la mutual que han conformado el núcleo de poder que encabezó Eugenio Heiremans durante los últimos 40 años. EL JUEGO DE LOS CAMBIOS DE SILLAS El 22 de octubre del año pasado, mientras los medios aún respiraban la efervescencia del dramático rescate de los 33 mineros de la mina San José, los principales diarios financieros del país titularon con una noticia que venía desde la cúpula de la ACHS: después de 52 años como presidente de la mutual, Eugenio Heiremans había renunciado. Tenía 87 años. Junto a él, también se fue el gerente general desde 1985 y segundo al mando, Eduardo Undurraga. Su salida significó el inicio de una pugna interna que, con la salida posterior de varios hombres clave en su estructura, se presentó como el fin del grupo de poder que se mantuvo desde los ’70. Pero sólo fue un movimiento de piezas para dejar a las mismas personas con el control del negocio. Unas semanas antes de los cambios, la ACHS contrató la asesoría de la consultora Virtus Partners para evaluar sus procesos y estrategias administrativas. La consultora llegó recomendada por el director suplente, Fernán Gazmuri. Entre los documentos que revisaron se cuentan sus balances financieros: todos hechos a la medida y sin ninguna observación que indicara alguna irregularidad. En los últimos años son dos empresas las que se han encargado de esa tarea. Una es KPMG. La otra es Price Waterhouse Coopers, la misma consultora hoy cuestionada por auditar los balances de La Polar. -Virtus llegó para evaluar la administración. Después de revisar una inmensidad de documentos, resultó que todo lo de atrás estaba mal y que había que cambiar por completo la dirección. Fue entonces que Virtus entró y lo que ahora hay en la ACHS es una doble administración. Y aunque se fueron algunos, lo cierto es que la mayoría de los que estaban desde hace años siguen allí –dijo a CIPER un alto ejecutivo de la mutual que pidió mantener su nombre en reserva. Por el estilo de dirección que siempre tuvo, la ACHS sin Heiremans era una institución sin cabeza. El mismo día que Heiremans y Undurraga presentaron su dimisión, los directores decidieron que al primero lo reemplazaría Jorge Matetic, uno de los miembros más antiguos del directorio. El cargo de Undurraga lo ocuparía interinamente el fiscal Alfredo Grasset hasta que llegara un nuevo gerente general. Al mismo tiempo, Fernán Gazmuri pasó a ser director titular de la mutual. Esos sólo fueron los primeros pasos en la reestructuración del organigrama. Los cambios siguieron con la entrada del ex ejecutivo de Corpbanca, Cristóbal Prado, como nuevo gerente general –recomendado por Virtus– y varios despidos. Entre otros, se fueron el gerente de asuntos corporativos, Ángel Mansilla; el gerente de personas, Juan Francisco Urmeneta; el gerente de planificación, Rodolfo Retamales; y el gerente prevención y yerno de Eugenio Heiremans, Martín Fruns. Con sus salidas, parecía que el equipo que acompañó por más de 40 años a Heiremans se alejaba definitivamente de la mutual. Pero los cambios son un mero maquillaje. Mientras que en el directorio siguen los mismos que han estado allí desde hace más de 10 años, tanto los ejecutivos desvinculados como los que siguen en la ACHS aún controlan la enorme máquina de negocios que consolidó la mutual. A medida que se iban creando sociedades, la ACHS fue instalando a varios de sus hombres en sus directorios y gerencias. En esa lista, el de Eduardo Undurraga fue uno de los nombres que más se repitió. Como una de sus tareas fue representar a la ACHS y algunas de sus empresas relacionadas en la constitución de distintas sociedades, Undurraga llegó a ocupar un asiento en al menos seis directorios. Aunque se fue de la ACHS, sigue ocupando esos cargos. Mansilla y Retamales tampoco se han desvinculado del todo. El primero aún comparte con Undurraga en el directorio de Clínica Magallanes S.A., además de participar en Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Regional de Curicó S.A. Por su parte, Retamales figura como director de dos de las clínicas relacionadas a la ACHS y de la Fundación Científica y Tecnológica de la ACHS (Fucyt), donde lo acompaña Martín Fruns. El cargo que Fruns dejó vacante ahora lo ocupa el antiguo gerente de la ACHS en la II Región, Pedro Cárdenas Olmos, quien además es uno de los directores de Clínica El Loa S.A. Pero Cárdenas no es el único de los ejecutivos de la ACHS que se repartieron en las empresas y que aún son parte de la estructura de la mutual. El ex senador UDI, Eugenio Cantuarias, entró a trabajar a la ACHS en 1988. El cargo que tiene como director de la empresa pública que controla el Puerto de Talcahuano (cuyo directorio está presidido por el recién renunciado vicepresidente de La Polar, Heriberto Urzúa) no le impide ser además gerente de empresas asociadas de la ACHS, director de Bionet S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Clínicas del Sur SpA y presidente de Fucyt y ESACHS S.A. En esta última empresa también aparece el nombre de Mario Bravo, ex gerente de Administración y Finanzas y ahora gerente de clínicas regionales en la mutual y director de otras 13 sociedades, entre las que está Sorema S.A. Además de ellos, al menos otros cinco gerentes de la ACHS poseen cargos directivos en sociedades relacionadas. El periodista Alejandro Pino Uribe también es director de tres sociedades vinculadas a la mutual. Por 24 años fue gerente de la ACHS en la región de Coquimbo, pero ahora se mudó más al norte. Cuando en agosto de 2010 colapsó la mina San José, Pino fue enviado a Copiapó para hacerse cargo de la gerencia en la III Región, el epicentro del desastre interno que se desató en la mutual. EL FANTASMA DE LA MINA SAN JOSÉ Muchos ya los daban por muertos. Incluso el ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que eran pocas las posibilidades de sacar con vida a los 33 desde el fondo de la mina San José. Pero el 22 de agosto de 2010, a dos semanas del derrumbe, la situación cambió. Ese día, una de las sondas que buscaban hacer contacto con los mineros llegó hasta donde estaban atrapados. Minutos más tarde, el Presidente Sebastián Piñera levantó en su mano una bolsa plástica con un mensaje: “Estamos bien el refugio los 33”, decía el papel con letras rojas. Cuatro días después, la ACHS entregó el informe que le solicitó la comisión investigadora del derrumbe de la Cámara de Diputados. En ese documento, la mutual indica que entre 2006 y el día del accidente se realizaron 88 actividades preventivas en las faenas de la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., de las cuales 17 se habían llevado a cabo durante 2010. La última fue dos días antes del derrumbe, el 3 de agosto, cuando se habría realizado un informe técnico sobre los niveles de presión sonora en la mina. CIPER le consultó a un grupo de mineros de la San José sobre esas actividades preventivas. Uno dijo que nunca vio “a nadie de la ACHS visitando la mina”. Otro indicó que “las charlas de seguridad eran todas arriba, afuera de la faena, en la oficina del jefe de turno”. Y una paramédico, que también trabajó en la ACHS, aseguró que la mutual “se dedicaba a hacer muestras de gases o equipos de protección personal, pero en cuanto a los trabajos internos de la mina, no tenía injerencia”. En enero de 2011 la comisión investigadora del Congreso despachó su informe final, donde responsabiliza principalmente a los dueños de la mina, “quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”. Pero el mismo documento señala que las responsabilidades también recaen en la ACHS. De acuerdo a la ley, el principal objetivo que debe tener la ACHS es la prevención de riesgos en el trabajo. Pero el verdadero foco de la mutual está en sus negocios. Y eso no sólo queda demostrado por lo que pasó en la mina San José, sino que por su funcionamiento normal con cualquiera de sus casi 40.000 empresas afiliadas, las que podrán cambiar la situación el próximo martes 28 de junio, cuando se realice la asamblea que definirá el nuevo directorio. -Muchos ejecutivos de empresas intentan reducir al mínimo la inversión en seguridad de faenas para incrementar sus utilidades. El sistema reacciona ante esta realidad entregando a entidades intermedias, denominadas “mutualidades”, la facultad de promover y supervigilar la adecuación de las faenas laborales de las empresas a la normativa vigente, a fin de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad laboral. La relación que existe entre la mutual y la empresa es una comercial, en que la empresa es el contratante y mandante de la mutual, razón por la cual un incremento de exigencias de seguridad laboral planteadas por la mutualidad respectiva podría motivar el cese de su relación contractual con la empresa exigida. Esta situación de “promoción contenida o consensuada” entre mutual y empresa apareja un efecto indeseado para los trabajadores, donde éstos sufren la peor parte: su desprotección –dice el informe final de los parlamentario

La historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel

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La irrupción de buques factoría extranjeros en el Pacífico Sur amenaza los intereses pesqueros chilenos. Para remediarlo, Chile ha sido uno de los principales impulsores de una Organización Regional de Pesca que regule la explotación de recursos en la zona sur del océano más grande del mundo, y que se reúne este 30 de enero en Santiago. Frente a la escasez crítica de jurel, la industria pesquera local le endosa la sobreexplotación a naves extranjeras. Pero con el 74% de las capturas registradas entre 2000 y 2010, la mayor parte de la culpa recae en las pesqueras y en las autoridades chilenas. Vea además: “El saqueo del mar chileno”, “Los nueve dueños del mar chileno” y “La pesca descontrolada del jurel en Perú”. Son las 10:20 del domingo 7 de agosto de 2011. En la cubierta del barco Santa María II, que navega a siete millas del puerto de Corral, sus tripulantes se afanan recogiendo la red que hace media hora echaron al agua. Asomado a la ventana de su cabina sigue los movimientos, con rostro serio y desanimado, el capitán de la nave: Eduardo Marzán. Hacia el oeste, se divisan otras 14 embarcaciones industriales que se desplazan lentamente buscando bancos de sardinas. Es lo mismo que viene haciendo desde hace cuatro días la nave que comanda Marzán. Según un informe que publicó la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de Chile en septiembre de 2010, la sardina común es una de las cuatro pesquerías de peces que en este país aún está en niveles seguros de conservación. Como las otras 13 están altamente explotadas o sobreexplotadas, algunos expertos señalan que la sardina es prácticamente la única pesquería de importancia que estaría quedando en abundancia en aguas chilenas. Pero aún así es difícil capturarla. El Santa María II zarpó de Lota el miércoles por la noche y navegó los dos días que siguieron sin encontrar nada. Recién ayer, al tercer día de búsqueda, la mancha en el sonar indicó que había peces. Durante esa jornada la tripulación arrojó la red tres veces al mar y aunque en la bodega caben unas 850 toneladas de pescado, ni siquiera con la pesca de la cuarta tirada, la que Marzán observa desde su cabina cuando es succionada y bombeada hacia las bodegas, lograron superar las 40 toneladas. -Me gusta embarcarme con usted, capitán, porque nunca pierde la esperanza –le dijo Mario Rodríguez, el motorista del barco, a Marzán hace un par de días durante la cena. Pero el capitán está desalentado: sabe que le queda poco tiempo, que la veda biológica anual de dos meses para la sardina común y la anchoveta se adelantó y comienza esta medianoche. Si el Santa María II no pesca una buena cantidad de sardinas hoy, deberá esperar dos meses para volver a intentarlo. La operadora del Santa María II es Lota Protein S.A., la empresa de capital noruego que desató el año pasado una guerra entre las pesqueras industriales chilenas al exigir al gobierno la licitación de las cuotas individuales a partir de 2013 y así conseguir más de lo que le corresponde hasta hoy. La compañía es titular del 1,5% de la cuota industrial chilena de jurel, 0,05% de anchoveta, 2,07% de merluza de cola y 2,39% de sardina común. Y aun con la garantía que le dan las cuotas individuales que se le asignaron en 2001, no ha logrado llenar sus bodegas en todo el año. Pasan las horas y no hay manchas en el sonar. Marzán da la orden a su tripulación: el barco emprende su regreso. Cuando se le pregunta al capitán si no les convendría volver a embarcarse, pero esta vez para pescar jurel, Marzán responde contando la historia de un lugar al que le decían “La Feria”, donde hasta hace unos años los pescadores de la Región del Biobío iban a buscar jurel, el principal recurso pesquero chileno. Cuenta que “La Feria” estaba a unas 30 millas al oeste de San Vicente, entre Punta Tumbes e Isla Santa Marta, a sólo un par de horas de navegación. Marzán recuerda que por las noches las luces de los barcos que allí pescaban parecían a lo lejos una pequeña ciudad que flotaba en el mar. El piloto de la nave que lo acompaña en la cabina, Mario Ulloa, complementa la descripción de Marzán: -Era cosa de llegar y hacer el lance. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto llenos de jurel. Lo hacíamos unas dos o tres veces al día. Teníamos mucha pesca, pero no la supimos cuidar –recuerda Ulloa. Hoy el jurel encabeza la lista de pesquerías sobreexplotadas de la Subpesca. Ya no existen ni “La Feria” ni los viajes de dos horas para llenar con un solo lance las bodegas. De acuerdo a los sondeos hidroacústicos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ya prácticamente no queda jurel en aguas chilenas. Marzán dice que se ha comunicado por radio con otros barcos chilenos que se encuentran afuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que le han dicho que allá también hay muy poco que pescar, que han pasado 15 días desde que zarparon y que sus bodegas siguen prácticamente vacías. Además, allá tienen que competir con las enormes naves-fábrica extranjeras en una zona que aún es terreno sin regulación. Todo ello impone a Marzán y a su tripulación la decisión: no vale la pena embarcarse por ahora para ir por jurel. LA SELVA DE ALLÁ AFUERA Lejos está la época en que la llegada de esos enormes barcos para pescar frente a la costa chilena, a más de 200 millas, en aguas internacionales, no representaba ningún problema. Había abundancia de sardinas, anchovetas y jurel, las tres especies pelágicas que representan el 70% de lo que capturan las pesqueras de Chile y que históricamente han estado dentro de la zona marítima nacional. Una industria local que fue en auge hasta consolidarse desde mediados de los ’80 como la segunda productora mundial de harina de pescado, y sin necesidad de salir a buscar los peces fuera de su ZEE. Pero todo aquello cambió. Como es una especie transoceánica, el jurel se ha convertido ya no sólo en el principal recurso marino de Chile, sino que de todo el Pacífico Sur. Donde más se concentra es frente a la zona centro sur chilena, donde desova, pero se le puede encontrar desde Nueva Zelanda hasta Ecuador. Por eso, pesqueras de todo el mundo llegan precisamente a esa franja de la costa chilena para capturarlo. De acuerdo a la información que publica la Subpesca en su sitio web, desde el año 2000 se ha observado un incremento importante en la presencia de naves extranjeras en la alta mar adyacente a Chile “sin sujeción a normas de conservación y manejo”. Desde entonces que la presencia del jurel ha ido disminuyendo. Comenzó así la amenaza internacional a los intereses pesqueros chilenos. -Los chinos están todos allá afuera. Fueron los primeros en llegar con ocho barcos factoría. Después vinieron los rusos, los peruanos y la Unión Europea a través de distintas banderas, como de Vanuatu o Islas Faroe; banderas de conveniencia –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, la asociación gremial que agrupa a las pesqueras más grandes de la zona centro sur. Las cuotas de captura sirven de poco en aguas internacionales. Cada embarcación que llega puede extraer lo que quiera, sin límite. Varios pescadores consultados por CIPER aseguran que la competencia es feroz. Marzán y sus tripulantes cuentan que en junio de 2011 el enorme buque factoría Maestro, una nave con bandera rusa operada por coreanos y con señal de llamada DTBX8, pasó sobre sus redes y las destruyó cuando intentaba sacarles el jurel que tenían en el cerco. Estaban a unas 600 millas de la costa. No les quedó más opción que volver a Lota. La primera medida que adoptó el gobierno ante la llegada de la flota internacional fue cerrar en 2004 el uso de puertos nacionales a barcos de bandera extranjera cuyos países no establezcan medidas de conservación similares a las chilenas. Más adelante se extendería esa prohibición a naves de abastecimiento. Pero la principal herramienta para intentar regular lo que pasa allá afuera sería jurídica y la impulsarían Chile, Australia y Nueva Zelanda. LA ORGANIZACIÓN DEL MAR DEL SUR A esos tres países los separa un océano completo, pero ese mismo territorio marítimo los une. La llegada de naves rusas, chinas y europeas a pescar en el Pacífico Sur, una zona que hasta 2006 no tenía ningún tipo de reglas, puso en jaque sus intereses pesqueros. Por eso fue que a principios de ese año organizaron un encuentro internacional para crear una convención para la conservación y manejo de los recursos pesqueros transzonales. La primera reunión de los interesados fue en Wellington, la capital neozelandesa. Así fue que comenzó a configurarse la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur (ORP). -Cuando se creó la ORP fue un consenso de países con interés e historia pesquera en el Pacífico Sur. Pero lo cierto es que aún no existe como tal. Todas las reuniones han sido para negociar su creación. La primera de las decisiones fue tomar medidas interinas hasta crear una convención, la que es vinculante según la Ley del Mar y las leyes internacionales. Mientras eso no ocurra, el cumplimiento de esas medidas es voluntario –explica Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la ORP. Desde entonces (2006), se han realizado diez reuniones donde han participado 32 países en las discusiones de las distintas medidas interinas que se implementarán para regular la pesca. Sobre las pesquerías pelágicas, en 2007 se limitó el esfuerzo de captura, se estableció que cada estado debe reportar las capturas que realiza y se abrieron espacios para que los países con historia pesquera, pero sin presencia efectiva, ingresaran a la pesquería a contar del año siguiente. En 2009, en Auckland, se obtuvo el texto de la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur, el que estableció las bases para una institucionalidad pesquera internacional. Al año siguiente, en la preconferencia de Lima, se acordó el texto, pero para que la ORP entre en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de al menos ocho estados. La posición de Chile durante todo el proceso ha sido defender su historia pesquera, o sea, que se le respete el derecho a pescar el 86% del jurel capturado en toda la región. Los industriales chilenos consideran que en las negociaciones, en las que han participado los subsecretarios de pesca liderados por la Cancillería, no se ha tenido la fuerza necesaria para imponerse. Según Moncada, como Chile no logró el congelamiento de las capturas -como si lo hicieron Australia y Nueva Zelanda con las pesquerías de profundidad-, sus negociaciones lograron el efecto inverso: agitó la campanilla para que todos los que quisieran pescar llegaran al Pacífico Sur. Recién en enero de 2011 las medidas interinas establecieron un límite de captura: todos los estados participantes podrán pescar sólo el 60% de lo capturado el año pasado y, a menos que se acuerde lo contrario, para el próximo año el límite será del 40% de lo que se pesque durante 2011. Pero como aún no ha sido ratificado, esas reglas siguen sin ser vinculantes. De lo que pase el 30 de enero de 2012, cuando la ORP se reúna en Santiago, dependerá el futuro de la organización regulatoria para la pesca industrial en el Pacífico Sur. Hasta el momento sólo lo han ratificado Nueva Zelanda, Islas Cook y Cuba. Aunque Chile, uno de los principales interesados en que la ORP avance, lo firmó en febrero de 2010, aún no lo ha ratificado. Mientras se espera la aprobación de la nueva normativa por el Congreso, las grandes pesqueras chilenas insisten en su tesis de que si el jurel se está acabando en el Pacífico Sur, es por culpa de la flota extranjera que pesca en aguas internacionales. Pero los datos del noveno grupo de trabajo científico para la ORP indican que entre 2000 y 2010 el 74% de las capturas registradas han sido hechas por naves chilenas. No han sido los peruanos ni los rusos ni los chinos; y si algún país tiene mayor responsabilidad en la sobreexplotación del jurel, ese es Chile. LA CULPA DE LOS CHILENOS El mercado pesquero chileno está altamente concentrado: el 93,71% del jurel que captura la industria se reparte entre nueve grupos económicos que han explotado durante décadas los recursos hasta llevarlos a niveles críticos. A eso se suma una serie de políticas implementadas por el Estado que no han ayudado casi nada a regular la sustentabilidad de la actividad extractiva. No sólo porque en el norte las empresas capturan jurel bajo la talla legal sin que se las sancione, sino también porque son las mismas empresas dueñas del mar chileno las que tienen la última palabra cada año en la discusión sobre cuánto se puede pescar. Los sondeos hidroacústicos que realiza el IFOP dan cuenta de una alarmante disminución del jurel en aguas chilenas. Si en 2001 había un stock de casi 6.000.000 de toneladas en la zona centro sur, en 2009 no se registró ninguna. Los resultados, que incluyen una propuesta de cuota global para cada una de las especies estudiadas, se los envían cada año a la Subpesca, la que los usa para presentar un informe técnico con una propuesta de cuota definitiva al Consejo Nacional de Pesca (CNP), que decide finalmente cuánto se pesca en Chile. -Pero el CNP hoy es una expresión del corporativismo: allí es donde están representados todos los intereses del sector –asegura un alto funcionario de la Subpesca que pide reserva de su identidad. De las 30 personas que componen el CNP, 17 representan los intereses del sector. Los otros cupos se reparten entre los seis que representan a las instituciones estatales ligadas al rubro y los siete consejeros nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso. Los únicos que no tienen un suplente en caso de no poder asistir a alguna sesión, son los de nominación presidencial. En definitiva, casi el 60% de sus miembros está vinculado al sector pesquero comercial. Y son ellos los que han mantenido o aumentado las cuotas, a pesar de que el IFOP viene desde hace años indicando en sus informes que el jurel está sobreexplotado. Un estudio realizado por la ONG Oceana en 2010 estableció que el CNP ha desconocido sistemáticamente las recomendaciones científicas hechas por el IFOP que solicitan disminuir las cuotas globales durante la última década. Su informe dice: “La diferencia entre la Cuota Global Anual y la recomendada por el IFOP varía entre un 10% (2004) y un 87% (2009)”. Si el IFOP consideró en 2008 que para una pesca sustentable era necesaria una cuota de 1.250.000 toneladas, el CNP aprobó una cuota de 1,6 millones. Como el jurel ya era escaso, sólo se pudo pescar el 81,4% de ese límite máximo. Entonces, al año siguiente, el IFOP propuso una cuota de 750.000 toneladas. El CNP aprobó 1,4 millones y por más que las empresas intentaron llegar a ese límite, las capturas reales no llegaron a las 900 mil toneladas. Los científicos indicaron que con 800.000 toneladas de jurel para 2010, aún se podría recuperar la especie. Pero el CNP cerró la cuota en 1,3 millones. De poco sirvió el aumento, porque se encontraron menos de 465 mil toneladas en el mar durante todo ese año. NEGOCIACIONES POR DEBAJO El biólogo marino de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, asegura que el CNP no tiene las atribuciones para modificar las cuotas propuestas por la Subpesca y que para comprobarlo están las actas de sus sesiones, que son de acceso público. Tarifeño forma parte del CNP desde 2005, cuando fue nominado por el Presidente Ricardo Lagos. Cuatro años después, fue ratificado en el cargo por el Senado por cuatro años más. Según explica, lo que hacen los consejeros es aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. En caso de rechazarla, automáticamente queda vigente el 80% de la cuota global del año anterior. “Pero lo cierto es que cuando nos llega el informe técnico de la Subpesca, las cosas ya vienen decididas”, afirma. -Antes de llegar la propuesta al CNP, los industriales hablan con el subsecretario, le preguntan cuánto es lo que se está pensando y le dicen que para mantener a la industria funcionando se requieren más toneladas. Entre los mismos industriales se ponen de acuerdo y conversan con los representantes sectoriales de los tripulantes o con los artesanales. Cuando la cosa llega a la sesión, está prácticamente todo conversado y cocinado. Hay un acuerdo previo porque en el fondo, todos quieren más pescado –cuenta Tarifeño. La muestra de que los empresarios quieren mantener la pesca a como de lugar, se manifestó a fines de diciembre pasado. Si bien la cuota global de jurel que propuso el gobierno y aprobó el CNP para el año pasado fue un 76% menor que la de 2010 y se cerró en 315.000 toneladas (aunque la pesca efectiva sólo pudo ser de 284.000, porque se descontaron las 31.000 toneladas usadas en 2010 después del terremoto en calidad de “cuotas de catástrofe”), este año no ocurrió lo mismo. Varios científicos, entre ellos Tarifeño, aseguran que la única forma de recuperar el jurel es estableciendo una veda total por al menos cinco años. Como ni el gobierno ni las pesqueras están dispuestos a asumir el costo de una medida tan radical, se esperaba que al menos se redujera considerablemente la cuota para 2012. Por eso la Subpesca propuso un límite máximo de captura global de 186.000 toneladas de jurel. Pero el CNP la rechazó. La cuota para este año quedó en 252.000, un 35% más de lo que propuso el gobierno. Que los empresarios quieran cada vez más pescado es algo lógico: a mayores capturas, mayores ganancias. En 2010, las exportaciones del sector extractivo alcanzaron los US$ 1.263 millones, más del doble de lo que Perú exportó sólo en los primeros 10 meses de ese mismo año. Y eso a pesar de que los peces en el mar chileno se están acabando. Por eso mismo fue que el gobierno anunció que, de aprobarse el proyecto de ley que envió al Congreso, desde 2013 las pesqueras deberán pagar un royalty, un impuesto específico para recurso agotables. Y también que desaparecería el CNP para crear un Comité de Expertos, dejando como criterio principal para la definición de cuotas las recomendaciones científicas del IFOP. La irrupción de un royalty para el sector pesquero fue el primer comunicado oficial de lo que todos saben: si todo sigue igual, al jurel y a los recursos pesqueros chilenos les queda poco tiempo.

Radiografía a la industria pesquera II: Los nueve dueños del mar chileno

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Radiografía a la industria pesquera II: Los nueve dueños del mar chileno por Juan Pablo Figueroa Miércoles, 25 de Enero de 2012 Publicado: 25.01.2012 Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer. Vea el multimedia: Mapa: Los dueños del mar chileno. Blumar S.A. es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola; pero de esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en el mapa de la pesca nacional. Así pasó a llamarse Pesquera Itata S.A. luego de fusionarse con Pesquera El Golfo S.A. y quedar con un capital de US$ 241.903.755 (poco más de $124 mil millones). Con esa fusión, las inversiones pesqueras de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz pasaron a ser una sola compañía, y de paso, a ser la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile. Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos. En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (de Jaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz. Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido. Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país. La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre los armadores que tienen una cuota asignada para 2012. La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia). UNA HISTORIA DE ERRORES Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar. Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera. Después, en 1991 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando. -La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva. El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla. Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”. LA DIVISIÓN DEL MAR Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre: Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA). Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio. La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel. Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados. -Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A. A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012). Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur. FAMILIAS DEL MAR El documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel ya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente. La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola. En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En el directorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A. La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel. Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas. El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades: Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca. En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio. El GIGANTE DEL NORTE En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país. El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte. El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú. “Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009. Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca. -De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010. Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas. LOS EXTRANJEROS DEL SUR La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva, aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras. Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella. La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%). Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá. González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado. Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río. Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado. Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ). *Fuente: CiperChile en Reportajes de investigació

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