Producción mundial de aceite de pescado disminuyó un 5% el primer semestre

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La producción mundial de aceite de pescado declinó el primer semestre del 2009. Alrededor de 365.000 t fueron producidas por los principales países exportadores de este producto, con una disminución de 20.000 t (5%) en comparación con el mismo período del 2008. Según el último informe de GlobeFish, Chile reportó una gran baja, mientras que los otros productores de importancia se mantuvieron relativamente estables.
El documento añade que los precios del aceite de pescado usualmente siguen la tendencia de los precios del petróleo. Por consecuencia, los precios en el segundo cuarto siguieron el alza del combustible. Asimismo, se prevén subidas para los meses que vienen.
De acuerdo con las estadísticas, Perú produjo 224 mil t de aceite de pescado en el primer semestre del 2009, un 11% más que el año anterior. Este incremento en la producción se debe, principalmente, al alto contenido graso, ya que los desembarques de anchoveta declinaron considerablemente el mismo período.
En los primeros seis meses del año, Perú exportó alrededor de 132 mil t de aceite de pescado, un 35% más que el mismo período del 2008. Los principales compradores de este producto fueron Bélgica, Dinamarca y China. Estos tres países representaron el 60% de los envíos peruanos. La crisis del salmón en Chile llevó a una reducción de las exportaciones de aceite a este país. Hasta junio, sólo 6.000 t fueron importadas.
Comparado con la producción peruana, las exportaciones de Estados Unidos de aceite de pescado fueron consideradas pequeñas. En el primer semestre, ellos alcanzaron las 22.000 t, levemente por debajo de lo alcanzado en el 2008.
Chile, en tanto, produjo 80 t en el primer semestre de este año, mientras que el año pasado generó 96 t.
Para mayor información, visitar: http://www.globefish.org/dynamisk.php4?id=4805.

Senador Muñoz rechaza flexibilizar normas laborales a proyecto acuícola

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El senador chileno, Pedro Muñoz (PS), se manifestó contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura. Reaccionó así a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales contenidos en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones.
El parlamentario socialista -según lo publicado por Radiopolar.com- fue enfático en afirmar que "en las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás." "Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse de los trabajadores", sentenció, recordando la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonicultora.
El parlamentario dijo que "la norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación".
"No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta" sostuvo, explicando que sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.
Muñoz expresó que, de registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiará recurrir al Tribunal Constitucional, pues señaló estar convencido de que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo expuso que, a su juicio, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.
En el mismo sentido, el legislador detalló que junto con organizaciones ambientales y sindícales podrían, además, aportar los antecedentes al Forum de la Organización para la Cooperación y e Desarrollo Económico (OCDE), señalando que con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero.
"Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos", concluyó.

Multas de $18 millones arriesgarían empresas que suscriban convenios discriminatorios con sectores de la comunidad

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Multas de hasta 500 UTM, es decir, más de $18 millones, arriesgarían las empresas chilenas que desarrollen proyectos que requieran una evaluación de impacto ambiental y que suscriban acuerdos discriminatorios con sectores de la comunidad para evitar su oposición.
Así lo establece la moción presentada por los senadores Pedro Muñoz y Alejandro Navarro y que apunta a prevenir que se repitan estrategias como las utilizadas en la caleta de Mehuín-Mississippi, donde la propia ciudadanía terminó enfrentada por el vertimiento de desechos industriales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión de Medio Ambiente, se fundamenta en que "ninguna empresa puede presionar indebidamente los estándares ambientales y entregar a determinados sectores de la ciudadanía condiciones y beneficios superiores al resto que no desea pactar con ellos, la renuncia a sus derechos".
Los senadores Muñoz y Navarro aseveraron que éste fue uno de los temas que se debatió en el marco de la iniciativa que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, en el texto legal sólo se contempló la obligación de las empresas de informar sobre los mencionados convenios, pero se fue taxativo respecto a impedir que se suscriban antes o durante los procesos de evaluación ambiental.
Los legisladores dijeron que "el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación es una garantía fundamental y la renuncia a este derecho implica aceptar la renuncia a la dignidad humana y una grave fisura a la institucionalidad ambiental".
Puntualizaron que todo lo anterior "implica aceptar una suerte de ‘coima privada", en la cual lo ciudadanos se ven tentados por sumas jugosas para no fiscalizar el medio ambiente, para aceptar la contaminación sin reproche alguno. Estas mordazas económicas, la permisión del silencio pagado, nos parecen inaceptables".
Caso Mehuín
Los senadores Muñoz y Navarro recordaron el episodio que se produjo el 2007 luego de que la empresa Celco eligiera como lugar alternativo al Río Cruces para derramar sus desechos, un sector cercano a la caleta de pescadores de Mehuín-Mississippi, tradicional ensenada de extracción de pesca a baja escala por parte del pueblo mapuche-lafkenche de la zona, y por pescadores artesanales.
Precisaron que "al intentar ejecutar los estudios de impacto ambiental en esta nueva zona, Celco enfrentó un nuevo revés, porque los pescadores artesanales y los pescadores indígenas se aliaron contra cualquier intento en este sentido".
Sin embargo, "la compañía recurrió a la firma de convenios económicos con algunos de los dirigentes de los pescadores artesanales que llegaban hasta los casi $40 millones por cada pescador que no se opusiera al vertimiento de residuos".
Esta situación derivó en violentos enfrentamientos entre los pescadores partidarios de Celco y los contrarios a este pago de aportes privados.
Los legisladores recalcaron que los hechos de violencia provocados por esta división en la ciudadanía local se han repetido constantemente. Así, en diciembre del 2008 se denunció la agresión en contra de Estanis Paillan Pacheco, un miembro del Comité de Defensa del Mar de la Caleta Mehuín, brutalmente golpeado por cuatro personas, frente a testigos.

Rebaja de cuota de pesca para Arica provocaría paralización y cesantía

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Con molestia y desagrado reaccionaron las directiva de Asociación de Armadores Pesqueros de Naves Menores de Arica (Asoarpes), y los sindicatos de Tripulantes Pescadores Artesanales Interempresas y de Tripulantes de Naves Pesqueras Especiales, al conocer la propuesta de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de rebajar en casi un 50% de la cuota global anual de captura para las unidades de pesquería de anchoveta y sardina española para las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta año 2010.
Ello significa que si hoy se cuenta con una cuota de 1.200.000 t de captura de los recursos señalados, para el próximo año dicha cuota bajaría a 630.000 t, conforme con lo publicado en www.elmorrocotudo.cl.
Esta situación, entre otros temas, se tratará en la próxima reunión del Consejo Zonal de Pesca, que se realizará en Arica hoy, lunes 23 de noviembre, a las 12:00 horas, con la presencia de todos consejeros representantes de los gremios y sindicatos del sector pesquero, como, asimismo, representantes del estamento público.
Los resultados de dicha reunión serán analizados en la próxima asamblea del Consejo Nacional de Pesca, que se efectuará en Valparaíso, cuyas decisiones tienen el carácter de resolutivo.
Paralización y cesantía
El presidente de la Asoarpes y consejero zonal de pesca, Manuel Guajardo, manifestó que esta situación provocará irremediablemente paralización, despidos y cesantía, tanto a nivel industrial como artesanal.
"Esta noticia nos llegó como un balde de agua fría. Si bien es cierto aún no solucionamos la problemática con el recurso jurel, paradojalmente nos anuncian la considerable disminución de la cuota de la anchoveta para el 2010, la que nos ocasionaría un grave daño al sector pesquero".
Agregó que insistirá reiterativamente en el hecho de que en esta zona fronteriza se requiere urgente de una política especial de la actividad como una manera de contrarrestar las políticas pesqueras del Perú, en virtud a que se comparte la misma biomasa de dichos recursos.
Guajardo manifestó su preocupación por los efectos que significa para su organización y empresas relacionadas estas medidas de la Subpesca.
"La cuota objetivo artesanal de anchovetas para las Regiones de Arica y Tarapacá del 2009 son de 96.954 t y para el año 2010 se están proponiendo 56.295 t. Eso significa una rebaja de 40.659 t, lo que nos llevaría a paralizar a mitad del próximo año", afirmó.
El dirigente comentó que con seguridad habrá una oposición sobre estas medidas, la que será planteada en la próxima reunión del Consejo Zonal de Pesca, como también en el Consejo Nacional.

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