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El senador chileno, Pedro Muñoz (PS), se manifestó contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura. Reaccionó así a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales contenidos en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones.
El parlamentario socialista -según lo publicado por Radiopolar.com- fue enfático en afirmar que "en las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás." "Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse de los trabajadores", sentenció, recordando la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonicultora.
El parlamentario dijo que "la norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación".
"No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta" sostuvo, explicando que sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.
Muñoz expresó que, de registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiará recurrir al Tribunal Constitucional, pues señaló estar convencido de que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo expuso que, a su juicio, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.
En el mismo sentido, el legislador detalló que junto con organizaciones ambientales y sindícales podrían, además, aportar los antecedentes al Forum de la Organización para la Cooperación y e Desarrollo Económico (OCDE), señalando que con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero.
"Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos", concluyó.
El parlamentario socialista -según lo publicado por Radiopolar.com- fue enfático en afirmar que "en las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás." "Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse de los trabajadores", sentenció, recordando la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonicultora.
El parlamentario dijo que "la norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación".
"No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta" sostuvo, explicando que sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.
Muñoz expresó que, de registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiará recurrir al Tribunal Constitucional, pues señaló estar convencido de que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo expuso que, a su juicio, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.
En el mismo sentido, el legislador detalló que junto con organizaciones ambientales y sindícales podrían, además, aportar los antecedentes al Forum de la Organización para la Cooperación y e Desarrollo Económico (OCDE), señalando que con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero.
"Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos", concluyó.
