Hombres y mujeres: A igual trabajo, igual remuneración

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Las empresas de más de 200 trabajadores tendrán la obligación de llevar registros de perfiles de cargos, funciones y nombres de trabajadores. Más que el tema de igualar remuneraciones entre hombres y mujeres, la discusión durante la tramitación la Ley N°20.348 promulgada este martes 2 de junio se centró en el registro y la actualización de todos estos ítems.27 de mayo 2009
Por Andrea L. Bustos B.

Estudios del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, señalan que las mujeres perciben, en promedio, sólo el 75,1% del ingreso de los hombres cuando realizan el mismo trabajo. La encuesta de remuneraciones y costos de la mano de la mano de obra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2001, la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres alcanza al 31,1%, por cada $ 1.000 que gana un hombre, una mujer gana $ 689 por igual trabajo.
La encuesta muestra que la relación de porcentaje de ingreso es menor, como en el comercio y los servicios de utilidad pública en que sólo llega a un 55,2% y 61,5%, respectivamente. La brecha salarial es sobre el 50% cuando se trata de niveles profesionales y con estudios superiores.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que a pesar que la tasa de participación femenina en el mundo laboral crece, existen discriminaciones. En el caso de las remuneraciones algunos de los argumentos para justificar la brecha salarial son el inferior capital humano de la mujer y las trayectorias intermitentes de la carrera profesional.
El informe de la OIT, “La hora de la igualdad en el trabajo”, explica que en América Latina los mayores avances los tiene Paraguay, con un 19% de mejoramiento; Colombia, con 14%; Chile, con 5%, y Ecuador con 1%.
Uno de los factores que afecta la contratación de mujeres según el estudio es que implica un costo alto, debido a las prestaciones de protección de la maternidad; el ausentismo mayor, menor disposición para trabajar horas extras, movilidad más restringida en relación con la de los hombres. etc.
Con este tipo argumentos es que el Congreso tramitó la Ley N° 20.348, que fue promulgada este martes 2 junio de 2009 y pronta a ser publicada en el Diario Oficial (Vea el proyecto) para igualar las remuneraciones entre hombres y mujeres.
La iniciativa fue iniciada poor una moción de la diputada Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados Pedro Araya Guerrero, Gabriel Ascencio Mansilla, Eduardo Díaz del Río, Jaime Mulet Martínez, Sergio Ojeda Uribe, Carlos Olivares Zepeda, Jorge Sabag Villalobos, Mario Venegas Cárdenas y Patricio Walker Prieto.
El principio de igualar las remuneraciones de hombres y mujeres está reconocido desde el Tratado de Versalles, de 1919, también en el Preámbulo del Tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1940 y posteriormente ha sido reconocido en otros tratados internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio N° 100 de la OIT y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En aspectos económicos y sociales se postula a que las capacidades primen ante los aspectos personales, sin embargo en el sector empresarial muchas veces esto no sucede.
El texto modifica el artículo 62 del Código del Trabajo, estableciendo un artículo 62 bis nuevo y señala que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
Las denuncias que se realicen invocando este artículo, se sustanciarán en conformidad al Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V de este Código, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa".
El Senado agregó al proyecto que las empresas de doscientos trabajadores o más, deberán tener un registro escrito con los cargos y funciones de sus trabajadores, con el número de personas que los desempeñan y nombres de quienes los ejercen. Este registro estará a disposición de los trabajadores y del inspector del trabajo competente en caso que lo requieran.
Los reclamos y respuestas que se efectúen deberán constar por escrito y ser fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro de un plazo no mayor a 30 días desde la fecha del reclamo realizado por el trabajador.
El Banco Mundial e Interamericano de Desarrollo, a través de un estudio efectuado en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, Serman, estimó que “la eliminación de la brecha de ingresos en razón de género en Chile podría implicar una reducción del 8 por ciento de la extrema pobreza y un aumento del 2 por ciento en el ingreso per cápita promedio”.

Opiniones de los parlamentarios

Para el senador Juan Pablo Letelier, “es un proyecto histórico, por cuanto fija en el Código del Trabajo un criterio para terminar con la brecha salarial existente entre hombres y mujeres que desempeñan un mismo trabajo, precisándose qué se entiende por “discriminaciones arbitrarias”.
El senador señaló que la discrepancia en la discusión del proyecto no se produjo en esa materia sino en que de acuerdo con el Código del Trabajo, las empresas con más de diez trabajadores están obligadas a disponer de un reglamento interno.
Uno de los aspectos discrepados fue qué tipo de empresas debe cumplir con el registro de trabajadores, "Como la abrumadora mayoría de ellas tiene menos de doscientos trabajadores, menos de cien trabajadores, menos de cincuenta trabajadores y, extremando un poco las cosas, probablemente el 80 por ciento, menos de treinta trabajadores, en la Comisión algunos nos declaramos partidarios de que la obligación de contar con un registro y descripción de las funciones que se cumplen al interior de un establecimiento recayera en las empresas de cincuenta o más trabajadores y no en aquellas de doscientos o más".
Para el senador la disposición propuesta dificultará en parte la aplicación de la ley. "Me parece que no hay ninguna razón de fondo para fijar una barrera tan alta de doscientos trabajadores con miras a establecer un registro que contemple una descripción de funciones. Nosotros éramos partidarios de no elevar el umbral a doscientos trabajadores, porque de esa forma quedaba fuera la gran mayoría de las empresas”, dijo Letelier.
Por su parte, el senador Andrés Allamand, explicó algunas complejidades: “hoy las empresas están permanentemente cambiando las modalidades y las funciones que desempeñan sus empleados. Yo en esto veo que hay cierto resabio en cuanto a tratar el tema como si se estuviera en presencia de una suerte de planta propia del sector público”, dijo.
En la actualidad, las empresas, por las dificultades que enfrentan, por los cambios en los mercados, por las variaciones de sus productos bajo los impulsos y tensiones de la competencia, están constantemente modificando sus estructuras y la forma en que operan. Gerentes de un área pasan a ser gerentes de otra, agregó.
“Uno podría decir que no quedó establecido adecuadamente en la normativa cada cuánto tiempo habrá que hacer una actualización. ¿Toda vez que se produzca un cambio organizativo en una empresa se deberá elaborar un nuevo registro de cargos? si uno mira el texto completo, verá que la norma es innecesaria”.
En tanto, para el senador Camilo Escalona, “todo lo que implique un reconocimiento a la actividad laboral de la mujer es prioritario, dado que su incorporación al trabajo presenta dificultades muy especiales.
Agregó que cuando se ha registrado una baja en el volumen productivo del sector de la industria del salmón por ejemplo, los trabajadores tienen una mayor capacidad para reemigrar, es decir, para volver a sus lugares originarios y retornar con mayor facilidad a su fuente laboral anterior no así las trabajadoras.
La senadora Evelyn Matthei se alegró por el avance de este proyecto de ley ya que “todos los informes y encuestas señalan que las mujeres son consistentemente peor pagadas, pese a hacer el mismo trabajo que los hombres. En efecto, con las mismas calificaciones e iguales responsabilidades, obtienen salarios que alcanzan entre 40 y 60 por ciento menos de lo que ganan aquellos. Y, muchas veces, las peores diferencias se presentan en el caso de las profesionales, quienes reciben el menor porcentaje de remuneraciones, lo cual es absolutamente inaceptable”.
Explicó que existe un problema adicional, debido a que las mujeres no solo perciben menores remuneraciones, sino que además, su acceso a los cargos superiores es muy restringido. “Tenemos pocas gerentas, pocas rectoras, pocas directoras de medios de comunicación, etcétera, y esta situación se da en todos los ámbitos”.
El senador Pedro Muñoz Aburto, recordó que el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres se estableció en el Tratado de Paz de Versalles, de 1919 y reiterado en otros pactos y convenciones, pero “nosotros estamos en el año 2009, terminando con la discriminación existente en esta materia, nos estamos poniendo a tono con la Constitución Política y el artículo 2° del Código del Trabajo, que señala los casos donde no debiera existir discriminación entre unos y otras”.
En cuanto al reglamento interno propuesto para las empresas con más de 200 trabajadores, Muñoz Aburto dijo que “con el senador señor Letelier lamentamos lo propuesto, porque queríamos que en aquellas empresas con 50 trabajadores o más se estableciera un registro para consignar las funciones de los trabajadores y trabajadoras”, dijo el senador.
Finalmente la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Serman, Laura Albornoz, señaló durante la sesión del Senado, en que se votó el proyecto de ley, que la nueva normativa será aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar el tamaño de la empresa, pasando a uniformar todas las relaciones laborales. “Las discriminaciones salariales en razón del género en Chile pasan a constituir prácticas ilegales”.

Ministro de Economía realizará gestión ante la Contraloría para acelerar el pago de beneficios adeudados a ex tripulantes pesqueros

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El secretario de Estado, Hugo Lavados, asistió a la Comisión de Pesca para discutir con los parlamentarios y los ex tripulantes afectados por la ley N° 19.137 -que establece el límite máximo de captura por armador- las soluciones que se pueden dar a una serie de beneficios prometidos que se les adeudan tras su salida de distintas empresas pesqueras al reducirse la flota industrial debido a la nueva legislación.
Para compensar a quienes tuvieron que dejar el sector pesquero se entregaron becas de estudio para los hijos y apoyo para el emprendimiento. Sin embargo, aun existen ex tripulantes que no han recibido estos beneficios, un problema que no ha resuelto el Fondo de Administración Pesquera (FAP).
Si bien se han creado varias mesas de trabajo para buscar una solución al problema, la discrepancia actualmente radica en que se han agregado nuevos requisitos para acceder a los beneficios. Por ello, queda definir cómo se certificará que las personas realmente son beneficiarias y que estuvieron en el periodo que la ley indica como tripulantes.
Ante esta demanda que viene haciendo el gremio durante años, el ministro Lavados señaló que “yo me comprometí en los próximos días a plantear cuál era el pronunciamiento formal de la Contraloría respecto a los criterios formales de asignación de beneficios para los ex tripulantes, porque nosotros no podemos autorizar la aprobación en el pago de personas que no están dentro de la norma”. De este modo, el ministro explicó que lo que se debe hacer en este caso es ver cómo se puede certificar a las personas realmente beneficiarias, es decir que realmente estuvieron en el periodo que la ley indica como tripulantes. Sin embargo, fue enfático en aclarar que además de ello “nos hemos planteado que es necesario apretar el acelerador lo máximo posible en algunos temas que ya están bastante resueltos”.
El diputado Iván Norambuena (UDI), presidente del grupo parlamentario, lamentó que las autoridades responsables del Gobierno no hayan cumplido durante tanto tiempo con el pago de estos beneficios contemplados por ley. “Llevamos muchos años en esta situación, hemos pasado por distintas instancias y desgraciadamente, según lo que nos han informado aquí, existen barreras para que se pueda cumplir con los ex tripulantes”, añadió.
Pese a ello, el parlamentario también destacó el compromiso del ministro por realizar una gestión en Contraloría para verificar la pertenencia de los ex trabajadores a empresas que ya no están funcionando, ya que hay algunos certificados que han presentado los ex trabajadores y que debieran ser validados. Apuntó sin embargo que “nos parece razonable el plazo que se ha establecido como último, para la primera semana de enero, en la que asistirán los mismos invitados de hoy para informar la fecha en que se van a cancelar”.
Oscar Morales, presidente del Sindicato de ex Tripulantes de Coronel, dijo que quedó conforme con el compromiso del ministro y añadió que “los decretos están pidiendo ciertas condiciones y hay que cumplirlas”. Junto con ello, sostuvo que no existen los documentos para certificar la pertenencia de algunos ex tripulantes a empresas porque desde 1996 hasta 2001 "hubo un ajuste pesquero, donde 300 embarcaciones se redujeron a 60, las empresas se fusionaron y al fusionarse se desaparecieron los documentos originales por lo que es muy difícil llegar a ellos”.
Viernes 18 de diciembre de 2009

Llaman al Gobierno a respetar fallo de la Contraloría sobre cuota del jurel

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Valparaíso 18/12/2009 Departamento de Prensa
Senador Carlos Cantero aseguró que el dictamen del organismo fiscalizador establece que la autoridad, deberá redistribuir la cuota global anual de captura de jurel del sector industrial, para el norte del país. Mil 300 familias podrían ser beneficiadas.
Un llamado a las autoridades a respetar el fallo de la Contraloría que estipula una cuota global de pesca de jurel exclusiva para la zona comprendida entre la XV y II regiones, formuló el senador Carlos Cantero.

El parlamentario junto a los senadores Jaime Orpis, Fernando Flores y José Antonio Gómez solicitó al Contralor, Ramiro Mendoza, un pronunciamiento relativo a las cuotas globales anuales de captura de este recurso, los cuales determinaron que sólo el 10 por ciento del total, es para el norte del país, mientras que el resto, es desde la región de Antofagasta al sur.

En esa línea emplazó al Gobierno a acatar el fallo de la Contraloría. "Quiero saber cuál es el real compromiso que tiene el Gobierno, con los pescadores artesanales del norte y fijar las cuotas por zona como corresponde. Basta de abusos y de recurrir a estudios sin fundamentos".

El legislador dijo que "la resolución del pasado 7 de diciembre, emitida por la Contraloría, reafirma nuestra posición en cuanto a que las cuotas de captura del jurel, no son globales, sino que por zona".

"Este dictamen va en la línea de lo que hemos realizado en dos ocasiones, junto a los senadores Orpis, Flores y Gómez, cuando presentamos un proyecto de ley, donde se puedan aumentar en 150 mil toneladas, la cuota de captura del jurel, sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los legisladores del sur del país", agregó el senador Cantero.

Por último aseveró que "tal como lo dice la Contraloría, la autoridad de pesca deberá redistribuir la cuota global anual de captura de jurel del sector industrial. Por eso espero que cuanto antes, el Gobierno, acate esta resolución para que esta medida pueda beneficiar a más de mil 300 familias de pescadores artesanales que viven en el norte del país".

CONTRALORíA

Cabe señalar que el fallo de la Contraloría General de la República sentenció que no se ajustó a derecho, lo resuelto en el decreto exento Nº 1.675, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuanto a la distribución de la cuota global anual de captura para el recurso jurel, realizado por la Subsecretaría de Pesca, el cual no concuerda con los criterios exigidos por la normativa que faculta a la autoridad competente para su dictamen.

El Contralor Ramiro Mendoza explicó en el informe "que no se efectuó la estimación individual y separada de la cuota global, que para cada unidad de pesquería, ordena el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sino que se realizó una evaluación del recurso a lo largo de la costa, desde la XV hasta la X Regiones, y que no consideró técnicamente, cada una de las anotadas unidades de pesquería, sino al recurso jurel como un sólo stock, que se distribuyó con posterioridad entre las zonas geográficas".

Comienza a regir ley de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres

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Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2006, las mujeres ganan en promedio un 76% del salario de los hombres y esta diferencia aumenta, cuando más nivel educacional se tiene, explicó la ministra del Sernam, Carmen Andrade.
Desde hoy comienza a regir la ley que establece la igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres, por lo que las empresas con más de 200 trabajadores deberán tener un registro con cargos y funciones, para evaluar el criterio en la asignación de salarios.

“Primera vez que los empleadores en el marco de la gestión de sus recursos humanos van a entrar a revisar su plantilla de trabajadores, lo que se paga, y hacer el análisis. Incluso preguntarse cuáles son los factores que finalmente fundamentan esa diferencia”, dijo la directora del Trabajo, Patricia Silva.

Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2006, las mujeres ganan en promedio un 76% del salario de los hombres y esta diferencia aumenta, cuando más nivel educacional se tiene, explicó la ministra del Sernam, Carmen Andrade.

“Es vergonzoso que tengamos un país donde las mujeres ganamos un tercio menos de lo que ganan los hombres por iguales trabajos, y lo más paradojal es que ha habido un aumento muy importante en los niveles educacionales de las mujeres”, sostuvo.

En tanto, para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, la ley es un gran avance que tiene que efectuarse a través de una organización sindical para evitar despidos.

Con esta nueva normativa, sólo se pueden justificar las diferencias en los salarios, de acuerdo a las capacidades, calificaciones, productividad y responsabilidad.

Gobierno decidirá la próxima semana si aplica Decreto 123 para el cierre de puertos

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Tras una reunión sostenida ayer jueves 17 de diciembre entre el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Federico Silva; el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha; y el ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, el Gobierno comunicó al gremio que la próxima semana decidirá si aplica el Decreto Supremos 123, sobre el uso de puertos nacionales por naves de bandera extranjera y que vela por la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
La petición de los pesquero se debe a los malos resultados obtenidos en la última reunión de negociación para formar una Organización Regional de Pesca (ORP) para el Pacífico Sur, realizada el mes pasado en Auckland (Nueva Zelanda), y las consecuencias negativas que esto traerá para el sector pesquero industrial.
La semana pasada, el líder de la Sonapesca, Federico Silva, dijo que si el Estado de Chile no aplica cabalmente el DS 123, en especial a las naves de apoyo que han sido consideradas como parte integrante de la operación pesquera, terminará por cooperar con la depredación que flotas extranjeras están haciendo del recurso jurel.

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