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El secretario de Estado, Hugo Lavados, asistió a la Comisión de Pesca para discutir con los parlamentarios y los ex tripulantes afectados por la ley N° 19.137 -que establece el límite máximo de captura por armador- las soluciones que se pueden dar a una serie de beneficios prometidos que se les adeudan tras su salida de distintas empresas pesqueras al reducirse la flota industrial debido a la nueva legislación.
Para compensar a quienes tuvieron que dejar el sector pesquero se entregaron becas de estudio para los hijos y apoyo para el emprendimiento. Sin embargo, aun existen ex tripulantes que no han recibido estos beneficios, un problema que no ha resuelto el Fondo de Administración Pesquera (FAP).
Si bien se han creado varias mesas de trabajo para buscar una solución al problema, la discrepancia actualmente radica en que se han agregado nuevos requisitos para acceder a los beneficios. Por ello, queda definir cómo se certificará que las personas realmente son beneficiarias y que estuvieron en el periodo que la ley indica como tripulantes.
Ante esta demanda que viene haciendo el gremio durante años, el ministro Lavados señaló que “yo me comprometí en los próximos días a plantear cuál era el pronunciamiento formal de la Contraloría respecto a los criterios formales de asignación de beneficios para los ex tripulantes, porque nosotros no podemos autorizar la aprobación en el pago de personas que no están dentro de la norma”. De este modo, el ministro explicó que lo que se debe hacer en este caso es ver cómo se puede certificar a las personas realmente beneficiarias, es decir que realmente estuvieron en el periodo que la ley indica como tripulantes. Sin embargo, fue enfático en aclarar que además de ello “nos hemos planteado que es necesario apretar el acelerador lo máximo posible en algunos temas que ya están bastante resueltos”.
El diputado Iván Norambuena (UDI), presidente del grupo parlamentario, lamentó que las autoridades responsables del Gobierno no hayan cumplido durante tanto tiempo con el pago de estos beneficios contemplados por ley. “Llevamos muchos años en esta situación, hemos pasado por distintas instancias y desgraciadamente, según lo que nos han informado aquí, existen barreras para que se pueda cumplir con los ex tripulantes”, añadió.
Pese a ello, el parlamentario también destacó el compromiso del ministro por realizar una gestión en Contraloría para verificar la pertenencia de los ex trabajadores a empresas que ya no están funcionando, ya que hay algunos certificados que han presentado los ex trabajadores y que debieran ser validados. Apuntó sin embargo que “nos parece razonable el plazo que se ha establecido como último, para la primera semana de enero, en la que asistirán los mismos invitados de hoy para informar la fecha en que se van a cancelar”.
Oscar Morales, presidente del Sindicato de ex Tripulantes de Coronel, dijo que quedó conforme con el compromiso del ministro y añadió que “los decretos están pidiendo ciertas condiciones y hay que cumplirlas”. Junto con ello, sostuvo que no existen los documentos para certificar la pertenencia de algunos ex tripulantes a empresas porque desde 1996 hasta 2001 "hubo un ajuste pesquero, donde 300 embarcaciones se redujeron a 60, las empresas se fusionaron y al fusionarse se desaparecieron los documentos originales por lo que es muy difícil llegar a ellos”.
Viernes 18 de diciembre de 2009
