Indefinición legal en industria pesquera aceleraría fusiones

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Luego de que las Pesqueras SPK, del grupo Angelini, y San José, de la familia Lecaros Menéndez, decidieran fusionar sus operaciones a raíz de los daños dejados por el terremoto en sus plantas, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, afirmó que dicha acción generaría desempleo y concentración en la industria.
No obstante, la visión de los empresarios pesqueros es distinta. Un importante actor de la industria afirmó que en la fusión de estas empresas juega un rol clave la falta de definición de la autoridad respecto a eventuales modificaciones al marco legal que rige a la industria. Es más, advirtió que "ello impulsa a las fusiones del sector y las acelera en el tiempo", según lo publicado en http://www.estrategia.cl/.
La fuente -que prefirió mantener su reserva- acusó además que "las compañías tienen destruida parte importante de sus plantas, no se han entregado los dineros de los seguros, sólo ha habido algunos adelantos, ha sido un proceso lento. Por lo cual, las firmas comienzan a mirar ‘al vecino", evaluando si sería mejor fusionarse con él y complementar operaciones, en vez de arriesgarse a invertir".
Así las cosas, la fuente subrayó que el escenario se va a estabilizar una vez que el Gobierno defina su posición sobre la renovación de los Límites Máximos de Captura, que vencen a fines del 2012. "El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, de hecho, ya dijo que eso sería de acá a fin de año, pero luego, cuando habló el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo ‘no, lo estamos estudiando". Por lo tanto, Galilea dejó de opinar. La autoridad no puede dejar así al tercer sector económico de Chile, quedando abierta la posibilidad, incluso, de licitar las cuotas de pesca", sentenció.

Subsecretario de Economía: "Los LMCA tienen impacto en el sector industrial y artesanal"

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El sector pesquero atraviesa días clave para la elaboración del proyecto de la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que el Gobierno presentará antes de fin de año al Parlamento. Los plazos se acortan y está en desarrollo una audiencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por el tema de las cuotas de captura, cuyos resultados no son vinculantes, pero sí se tomarán como señal por todos los agentes.
Este Tribunal hará recomendaciones, de acuerdo con los resultados, a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), según lo publicado en el diario El Sur.
El subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien estuvo el pasado martes 17 de agosto en la Región del Biobío, reconoció que el tema del proyecto de ley, específicamente en lo referido al modo de distribuir la captura, lo que ahora se llama Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), "es sumamente complejo y en el Ministerio lo estamos estudiando, en particular, debido a que tiene implicancias no sólo para el sector industrial, sino que también para el artesanal".
Sobre cómo ha funcionado el sistema de cuotas, el personero no se pronunció directamente, pero hizo ver que el primer test de evaluación es ver cuánto bien le ha hecho el sistema al recurso (jurel, en especial); acotó que la regulación antigua tenía problemas, como que generaba la carrera olímpica que "estaba haciendo colapsar la biomasa. El segundo test es ver si, afectivamente, la nueva regulación ha permitido cambiar conductas en términos de hacer la actividad más segura. Tenemos que evaluar para aprender de los buenos resultados y ver en cuáles aspectos no los ha habido y avanzar en ellos".
Consultado sobre su balance, dijo tenerlo, pero que, "dado lo delicado del tema, lo vamos a dar a conocer a cada uno de los implicados y con el proyecto de ley propiamente tal".
Respecto de las propuestas de que las cuotas se liciten, reconoció que "es algo que estamos mirando. Hay experiencia también sobre ello en otros países, así que queremos formarnos una buena idea antes de presentar en forma pública de qué manera vamos a avanzar".
Pero, ¿qué opina usted. Los peces son de todos o del que los pescan?
Jurídicamente, son bienes sobre los cuáles uno adquiere propiedad con la captura. Sin perjuicio de eso, es necesario establecer una regulación que no desemboque en una carrera olímpica, como antes, y corregir lo que no estaba dando buen resultado.

Asipes: TDLC podría no pronunciarse sobre discusión de LMCA

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Luego de realizada la audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en cuanto a los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) de la industria pesquera, la entidad antimonopolio podría dar sus recomendaciones a la autoridad.
No obstante, el gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, aseguró que existen altas probabilidades de que lo anterior no se efectúe, pues "el TDLC debe decidir si se pronuncia o no, no es un hecho que lo haga. De hecho, el mismo TDLC afirmó que la consulta que estaba haciendo Lota Protein era de carácter no contencioso, de modo que no tramitó el asunto".
Además, Moncada sostuvo -según lo publicado hoy en Estrategia- que la dificultad aumentaría para el TDLC, ya que "en la audiencia, de los ocho representantes que concurrieron, sólo cuatro argumentaron sobre aspectos referentes a la libre competencia, que es lo que compete al TDLC. Fundamentalmente, Lota Protein, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica. Muchos de los otros no tocaron siquiera el tema".
Igualmente, Moncada agregó que "el TDLC debe definir si realmente lo que se discutió tiene que ver con materias que afectan a la libre competencia del sector pesquero nacional. Es perfectamente posible que el TDLC decida no pronunciarse, como se están dando las cosas, y que reserve su opinión".

Presidente del Senado: “Cuando la Inspección del Trabajo emite informes son para cumplirse”

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El senador Jorge Pizarro aseguró que tras el lamentable accidente ocurrido en la mina San José lo que interesa es que “se garantice a los trabajadores de Chile que podrán ejercer sus labores con las normas de seguridad industriales correspondientes”.

Un llamado a las autoridades del Ministerio del Trabajo a actuar con "claridad y transparencia" realizó el Presidente del Senado, Jorge Pizarro tras conocer la información que revela que la Dirección del Trabajo elaboró un informe de fiscalización, el 9 de julio pasado, donde advertía sobre el peligro que significaba para los trabajadores, el yacimiento San José de Copiapó producto de las deficientes normas de seguridad.

El parlamentario aclaró que "cuando la Inspección del Trabajo emite informes son para cumplirse, por lo tanto, queremos saber qué pasó con ese informe y por qué la ministra del Trabajo no lo conocía o no se lo entregó a los familiares o a las autoridades en el momento oportuno".

Precisó que "estamos hablando de un informe del mes de julio... pocos días antes de la tragedia, así es que en esa materia nos interesa que exista claridad y transparencia total y absoluta. Y será la ministra del Trabajo o el ministro de Minería los que tendrán que explicar, por qué no se informó de eso oportunamente"

Asimismo, enfatizó que es fundamental que en materia de seguridad laboral actúen: "Sernageomin, más fiscalizadores, la Inspección del Trabajo y que la Enami empiece a jugar un papel de apoyo en la prevención de accidentes y no como ahora que sólo es un poder comprador".

Anunció que un equipo de parlamentarios de la Concertación "va a trabajar una propuesta que deje en claro, que la minería es una sola, independiente si es pequeña o grande, con garantías para todos los trabajadores".

ROYALTY

En tanto, respecto a una propuesta sobre royalty, el senador Pizarro comentó que el tema está muy avanzado y ese proceso se va a socializar con las bancadas.

"Este fin de semana vamos a tener una propuesta que nos permita conversar con el gobierno y con la derecha", agregó.

Además, puntualizó que lo que les interesa es que se construya un acuerdo de país que permita tener en el largo plazo un royalty que le otorgue estabilidad al desarrollo de la minería y permita al país avanzar en una educación pública de calidad y salud.

Gobierno y parlamentarios coinciden en establecer una autoridad social fuerte que contrapese la conducción económica

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Publicado el 17 de agosto del 2010

Autoridades del Ministerio de Planificación y parlamentarios coincidieron en la creación de una autoridad social fuerte que coordine y monitoree los programas públicos orientados a combatir la pobreza, en el marco de una jornada de reflexión política realizada en la sede de la Cámara de Diputados, en Santiago.


Una jornada de reflexión política denominada “La pobreza en Chile: desafíos de los nuevos proyectos legislativos sobre política social” se realizó este lunes en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago, con la participación de autoridades de Gobierno y parlamentarios, quienes concordaron en la necesidad de contar con una autoridad social fuerte que sirva de contrapeso a la autoridad económica y que coordine efectivamente las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza.


La jornada fue convocada para plasmar un diálogo político entre representantes del Ejecutivo y del Legislativo ante los resultados de la última encuesta CASEN, que proyectó un aumento de la pobreza en el periodo 2006-2009, y la anunciada propuesta gubernamental de crear un Ministerio de Desarrollo Social que coordine todos los programas públicos orientados a combatir la pobreza y la vulnerabilidad.


En la oportunidad, el ministro de Planificación, Felipe Kast, describió someramente las cifras de la última CASEN y recalcó que en este ámbito el Gobierno del Presidente Piñera quiere avanzar hacia la consolidación de una sociedad de seguridades y oportunidades, que incluye los objetivos prioritarios de terminar con la pobreza y reducir la vulnerabilidad de la clase media, así como promover la movilidad social y asegurar la inclusión.


En ese marco inscribió la propuesta de un Ministerio de Desarrollo Social que acompañe con una mirada social el proceso de discusión presupuestaria y monitoree los programas públicos en esta materia.


También intervino el director social del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien dijo que de la realidad surgida de la última CASEN a esa institución le preocupa la progresiva disminución de los ingresos autónomos de los más pobres, que las mujeres concentren la jefatura de los hogares en situación de pobreza, los avances en escolaridad de estas personas y la concentración territorial de los pobres en ciertas regiones.


Baranda propuso la separación de las funciones de planificación, ejecución y evaluación de las políticas sociales, así como una activa participación ciudadana en las estrategias antipobreza.


El diputado Fuad Chahín (DC) defendió las políticas de los gobiernos de la Concertación que significaron reducir la pobreza en los últimos lustros y aseguró que las políticas contracíclicas de la administración de la Presidente Bachelet ayudaron a mitigar una situación que podría haber sido peor a raíz de la última crisis financiera mundial.


El parlamentario enfatizó, sin embargo, que tan central como la lucha contra la pobreza debe ser combatir la abismante desigualdad de la distribución del ingreso.

En el ámbito estratégico subrayó que se debe promover una mayor equidad territorial y superar el asfixiante centralismo que aún impera en el país, así como otorgar un rol preponderante a los municipios en las políticas antipobreza. Aunque valoró el crecimiento económico y la creación de empleos como pasos fundamentales, hizo hincapié en que los empleos deben ser de calidad y con estabilidad, además de ir acompañados de buenas remuneraciones.


El diputado Pedro Browne (RN) llamó a hacer un “mea culpa” por los resultados de la última CASEN expresando que el aumento de la pobreza es responsabilidad de la sociedad y no sólo un gobierno o sector político, Puso énfasis en que este fenómeno debe ser abordado con una mirada de largo plazo y no sólo con políticas de mitigación sino que con estrategias globales que incluyan fomento del empleo y el emprendimiento, junto con poner el foco en la educación y buenos barrios en una mejor ciudad.


El diputado Osvaldo Andrade (PS) puso énfasis en que la lucha contra la pobreza requiere la creación de una fuerte autoridad social que sirva de contrapeso a la autoridad económica y que no sólo se dedique a coordinar las políticas sociales sino que imprima un sello social a todas las políticas públicas. En ese sentido consideró muy modesta e insuficiente la propuesta de un ministerio de desarrollo social como la que plantea el Gobierno. El parlamentario opinó que la lucha contra la pobreza no sólo requiere programas sociales bien focalizados sino que afianzar los ingresos que provienen del trabajo y en ese sentido también cuestionó la eficacia de la propuesta gubernativa de un Ingreso Ético Familiar, basado en transferencias estatales.


Sobre el mismo tema, el senador Pablo Longueira (UDI) llamó a no caer en un negativismo tras los resultados de la CASEN afirmando que en este ámbito el país ha avanzado una enormidad. Entre los desafíos pendientes destacó el fortalecimiento de la institucionalidad y el mejoramiento de los ingresos de los pobres, añadiendo que las propuestas de un Ministerio de Desarrollo Social y el Ingreso Ético Familiar apuntan eficazmente en esa dirección. El senador planteó la necesidad de forjar una “ética del gasto” que vele por la ejecución eficiente de los recursos públicos en este campo.


El senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo que la lucha contra la pobreza debe ser prioritariamente un “desafío moral” y en ese plano sugirió un pacto social de todos los sectores nacionales para abordar este asunto como una tarea de país; promover una reforma tributaria que favorezca el emprendimiento y la equidad; y perfeccionar el instrumento de medición actualizando la canasta de bienes y dando mayor periodicidad a la encuesta CASEN.

Pymepes solicitó mayor participación en nueva ley de pesca

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El 10% de participación en las cuotas de pesca de jurel, que actualmente maneja el sector industrial, solicitaron las pequeñas y medianas empresas pesqueras del Biobío (Pymepes) en el marco de la audiencia pública que realizó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que presentará indicaciones para la elaboración de la nueva ley de pesca del 2012.
Tras la citación que realizó a los distintos sectores que intervienen en el mercado nacional de la pesca, el TDLC podrá dar a conocer indicaciones y sugerencias al Gobierno, con el propósito de crear una nueva ley para el sector que otorgue garantías a todos los involucrados que logren equilibrio en el cuidado del recurso y la entrega de productos de calidad al mercado.
El proyecto de ley debería estar en elaboración de aquí a fin de año para convertirse en ley el año 2012.
El economista y presidente de Pymepes, Enrique González, manifestó que el sector que él representa, dedicado exclusivamente a los productos de consumo humano, solicitó al tribunal acceder a un 10% de la cuota de jurel, que actualmente goza el sector industrial, según lo informado por Radio Bío Bío.
La pesca industrial posee el 95% de la cuota de pesca del jurel, mientras el sector artesanal sólo el 5%.
Ante este adverso escenario para los pequeños productores, Pymepes resaltó su importancia en la necesidad de entrar al mercado, debido a que comprometen la creación de mil empleos directos para la actividad sólo para la Región del Biobío, que combatiría los despidos registrados en la zona.
A esto suma que, dentro de sus asociados, se encuentra la empresa Pescamar, que tiene los contratos con la Junaeb y entrega a diario el producto que consumen los niños chilenos.

Pescadores del Biobío alzaron la voz frente a los LMCA

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El Sindicato de Capitanes de Pesca de la Región del Biobío informó, a través de un comunicado de prensa, que los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) sólo benefician a ciertos titulares en perjuicio de los pescadores y que esta situación no se sustentaría en argumentos razonables.
El texto sostiene que "plantear el reconocimiento de derechos históricos en la pesca como un principio esencial sólo para aquellos que han invertido en la parte física y económica, supone a todas luces una violación del principio de igualdad. El derecho histórico de la pesca no se traduce en inversiones, buques, plantas y actividad económica; los derechos de captura sobre los peces son de los pescadores por esencia, por cultura, trabajo, vida y derecho adquirido".
El comunicado también agrega que la "futura Ley de Pesca no puede ser discriminatoria y debe cumplir con la propiedad de legislar de manera justa a quienes regula, porque la propiedad de los peces es de todos los chilenos".
Reunión con parlamentarios
Con la finalidad de discutir y dialogar sobre temas laborales relacionados con la pesca, tanto artesanal como industrial, el Sindicato de Capitanes y Patrones de Pesca de la Región del Biobío se reunió con los parlamentarios por esa región, Clemira Pacheco y Cristian Campos.
"La discusión de la futura Ley de Pesca está en la contingencia nacional y es nuestra intención participar activamente en el debate de ideas, propuestas y soluciones. Por ello, destacamos el interés, preocupación y disposición de los parlamentarios en propiciar y garantizar la seguridad laboral, protección social y permanencia en el tiempo del personal embarcado, gente de mar y pescadores", explicaron los representantes del gremio a través del mismo comunicado.
Los pescadores de Biobío agregaron en el texto que, "sin duda, se requiere de la subsistencia de la actividad económica pesquera, pero, por sobre todo, se necesita con urgencia la protección debida y garantizada de los recursos pesqueros, y es por ello que insistimos en que las Cuotas Individuales Trasferibles (CIT) deben ser asignadas a los pescadores, quienes de mejor manera pueden cuidar de los recursos, por ser la actividad misma la subsistencia propia y de sus familias".
Añadieron que los titulares actuales de los LMCA y los operadores industriales han registrado historia pesquera a través de los pescadores, quienes con su vida en el mar han aportado al desarrollo del país.
"Son los hombres de mar quienes cumplen a cabalidad con los requisitos para ser favorecidos con la asignación directa en las Cuotas Individuales Transferibles", dijeron.

Subsecretario de Pesca respondió a diputado René Alinco

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El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al enterarse de las declaraciones hechas por el diputado René Alinco, luego de la sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, lamentó que éste manifestara desconocimiento sobre los temas que pretende defender.
Según lo publicado por el Diario de Aysén, Galilea sostuvo que "como aysenino, al igual que él (Alinco), aspiro a lo mejor para los pescadores de la región y cuando hablé acerca de inmadurez, lo hice refiriéndome al proceso y no a los pescadores, como todos lo entendieron, a menos que tenga que pensar que hubo mala intención en sus palabras. Yo comprendo que él, como parlamentario de oposición, juega un rol político, pero esto debe hacerlo en buena lid, con responsabilidad y apegado a la verdad, pues de lo contrario sólo genera confusión. Yo lo invito a que cuando tenga una idea razonable que proponer, la plantee y encantados la acogeremos".
El subsecretario agregó que "respecto de sus alegatos, deseo aclarar que la indicación al proyecto de ley que enviaremos al Congreso relativo a la creación de una nueva herramienta de administración de las pesquerías artesanales, como son los planes de manejo, considera una norma permanente que es de aplicación general y una norma transitoria para establecerlos por ley en diversas pesquerías bentónicas y dos de peces, correspondientes a la zona norte y sur austral, las cuales se han manejado durante los últimos años con pescas de investigación de ordenamiento, dentro de las cuales se encuentra el congrio dorado y raya en Magallanes. Este es un proceso similar al que se hizo en Aysén con la merluza del sur, lo que finalmente derivó en la aplicación del RAE", afirmó Pablo Galilea.
Recordó su pasado como integrante del Poder Legislativo en la Cámara Baja y profundizó en el tema que discute.
"Todos saben que fui tres veces seguidas diputado por la Región de Aysén, por lo que nadie podría acusarme de no atender los problemas de esta zona, especialmente aquellos que tienen relación con la pesca artesanal", continuó Galilea, añadiendo que "durante mi gestión como subsecretario, la situación de Aysén ha sido ampliamente abordada. Sólo por poner algunos ejemplos, les puedo decir que los días 26 y 27 de agosto realizaremos en Puerto Cisnes un taller de trabajo con todos los dirigentes de la pesca artesanal de la región. Además, recientemente dimos solución a la grave situación económica y social que afecta al sector debido a las condiciones climáticas y del mercado de la merluza", acotó.
"Por otro lado, se están realizando gestiones para que privados reabran plantas procesadoras con el objetivo de establecer nuevos mercados para otros productos, como la jaiba y la merluza austral, entre otros. A ello, debemos agregar el apoyo que el Gobierno Regional ha brindado para que sindicatos de pescadores puedan procesar sus productos en sus propias plantas, como es el caso de Melinka", expresó Pablo Galilea.
"Por ello, no puedo quedarme tranquilo ante las declaraciones del diputado Alinco, especialmente, cuando estamos trabajando en un proyecto de ley que otorgue más atribuciones a los Consejos Zonales para avanzar hacia la descentralización, como también la creación del anhelado Consejo Zonal de Pesca de Aysén", finalizó el subsecretario de Pesca.

Fuego cruzado en audiencia del TDLC por cuotas de pesca

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Noticia publicada el: 16/08/10

Fuego cruzado surgió el jueves 12 de agosto en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en la audiencia por la asignación de los recursos pesqueros, donde abogados de cada una de las partes realizaron sus alegatos y réplicas.
Por Lota Protein estuvo Nicole Nehme, esgrimiendo que las cuotas de pesca no se asignaron de manera eficiente, pues "se utilizaron dos criterios con ponderación equivalente: 50% conforme a la pesca histórica en los tres años anteriores, y 50% capacidad de bodega corregida", detalló.
Igualmente, Nehme acusó que en la industria existe "integración vertical casi total con actividad de procesamiento". Asimismo, señaló que los gremios de pesca se contradicen, ya que "señalan que es irrelevante la concentración de los mercados finales de pescados, pero cuando buscan criticar las subastas, un argumento que invocan -equivocadamente por lo demás- es que las subastas llevarían a concentrar el mercado final".
A renglón seguido, Cristóbal Eyzaguirre, jurista de Asipes, precisó que "Lota Protein ha actuado de manera incoherente. Primero, alegó que el mercado de productos finales tendría un serio problema de libre competencia y, además, que la Subpesca y los Consejos Nacional y Zonales de Pesca habían infringido este principio. Luego, cambió de discurso alegando que el mercado de cuotas tendría problemas de costos de transacción. Y en un tercer documento, la compañía levantó otra tesis: la existencia de un gran potencial de recaudación en una subasta".
La noticia publicada por Estrategia aclaró que Álvaro Ortúzar, a nombre de la Sonapesca, indicó que al momento, el país cuenta con actores pesqueros que tienen permisos vigentes de extracción, cuyos derechos están protegidos por la Constitución actual. Así las cosas, si alguien quiere objetar esos derechos, no va a lugar hacerlo en el TDLC, sino más bien en el Congreso u otro organismo de carácter público.
Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica subrayó que lo sustantivo es el fortalecimiento del mercado secundario de cuotas, es decir, fomentar una mejor transferencia de las mismas y en lo posible, hacerlas indefinidas. El TDLC tendrá que pronunciarse sobre estos argumentos, los que serán considerados al decidir formular o no alguna recomendación de modificación, derogación y/o dictación de la norma a la autoridad. La entidad, en tanto, dio un plazo de cinco días a las partes para agregar más antecedentes al caso, si así lo estiman conveniente.

Pesquera Bío Bío desvinculó a 79 personas

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Noticia publicada el: 16/08/10


Un total de 79 personas fueron desvinculadas de la empresa Pesquera Bío Bío, propiedad de la familia Stengel, debido a la severa crisis por la que, aseguran, atraviesa la industria.
A través de un comunicado, la compañía informó que los desembarques de jurel son equivalentes a un 32% de lo registrado en 2009 y la planta de harina de pescado destruida por el terremoto aún está en reparaciones, razón por la que "Pesquera Bío Bío se vio en la obligación de reducir su gerencia y, por ende, desvincular a 79 de los 920 trabajadores de la compañía".
Agregaron que "conscientes de estar ante una de las peores crisis pesqueras que ha afectado a la zona centro sur, la empresa fundada en 1977 decidió adoptar la difícil de disminuir en un 8,5% su personal en distintas áreas, luego de haber implementado una serie de otras medidas para hacer frente a la nueva realidad del sector".

Trabajadores pesqueros del Biobío analizan coyuntura que enfrenta el sector

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Noticia publicada el: 16/08/10

Mientras parte de la flota pesquera esperaba por mejoras de las condiciones de tiempo, recientemente el presidente del Sindicato de Patrones de Pesca, Luís Reyes Reyes, organizó una reunión a bordo del pesquero San José del cual es Capitán, en la que se abordo el tema de la cohesión de los trabajadores pesqueros ante la coyuntura que enfrenta el sector.
Los capitanes de los doce barcos reunidos, se interiorizaron de las gestiones realizadas en relación a la discusión de la nueva ley de pesca y la designación de cuotas, y manifestaron el apoyo y conformidad por el trabajo realizado por esta agrupación.
Al mismo tiempo, su presidente llamó a unir al sector y focalizar los esfuerzos en una misma dirección. "Es el futuro de la pesca, de nosotros y nuestras familias lo que debe concentrar nuestro objetivo", señaló ante los asistentes.
El Sindicato de Patrones de Pesca propone un reordenamiento de la normativa pesquera que contemple la participación significativa de los pescadores que, por trayectoria histórica, son una voz autorizada a considerar en la discusión por la distribución de cuotas.
"Se demanda, el reconocimiento del derecho histórico de los pescadores en su incidencia como trabajador, en su labor de captura siendo este el aporte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la industria pesquera desde sus inicios, por ser nosotros el personal embarcado el primer eslabón en esta cadena productiva", expuso un comunicado entregado a PESCA al día.
"Se recomienda un porcentaje de la cuota asignada como patrimonio exclusivo del personal embarcado, destinado a ser distribuido como participación en términos de remuneración entre quienes participen en la faena de pesca", finalizó la información.

Comenzó veda de la merluza

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Ayer domingo 14 de agosto, desde las 15:00 hrs, comenzó a regir la veda biológica de la merluza, medida que rige hasta el 20 de septiembre a las 24.00 hrs.
La veda es anual, siempre en el mismo período, y dura ella se prohíbe la captura, comercialización, elaboración y almacenamiento de las especies vedadas y derivados.
En las plantas se autoriza el procesamiento hasta que se termina de elaborar con la materia prima capturada antes de la veda.

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