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Noticia publicada el: 16/08/10
Fuego cruzado surgió el jueves 12 de agosto en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en la audiencia por la asignación de los recursos pesqueros, donde abogados de cada una de las partes realizaron sus alegatos y réplicas.
Por Lota Protein estuvo Nicole Nehme, esgrimiendo que las cuotas de pesca no se asignaron de manera eficiente, pues "se utilizaron dos criterios con ponderación equivalente: 50% conforme a la pesca histórica en los tres años anteriores, y 50% capacidad de bodega corregida", detalló.
Igualmente, Nehme acusó que en la industria existe "integración vertical casi total con actividad de procesamiento". Asimismo, señaló que los gremios de pesca se contradicen, ya que "señalan que es irrelevante la concentración de los mercados finales de pescados, pero cuando buscan criticar las subastas, un argumento que invocan -equivocadamente por lo demás- es que las subastas llevarían a concentrar el mercado final".
A renglón seguido, Cristóbal Eyzaguirre, jurista de Asipes, precisó que "Lota Protein ha actuado de manera incoherente. Primero, alegó que el mercado de productos finales tendría un serio problema de libre competencia y, además, que la Subpesca y los Consejos Nacional y Zonales de Pesca habían infringido este principio. Luego, cambió de discurso alegando que el mercado de cuotas tendría problemas de costos de transacción. Y en un tercer documento, la compañía levantó otra tesis: la existencia de un gran potencial de recaudación en una subasta".
La noticia publicada por Estrategia aclaró que Álvaro Ortúzar, a nombre de la Sonapesca, indicó que al momento, el país cuenta con actores pesqueros que tienen permisos vigentes de extracción, cuyos derechos están protegidos por la Constitución actual. Así las cosas, si alguien quiere objetar esos derechos, no va a lugar hacerlo en el TDLC, sino más bien en el Congreso u otro organismo de carácter público.
Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica subrayó que lo sustantivo es el fortalecimiento del mercado secundario de cuotas, es decir, fomentar una mejor transferencia de las mismas y en lo posible, hacerlas indefinidas. El TDLC tendrá que pronunciarse sobre estos argumentos, los que serán considerados al decidir formular o no alguna recomendación de modificación, derogación y/o dictación de la norma a la autoridad. La entidad, en tanto, dio un plazo de cinco días a las partes para agregar más antecedentes al caso, si así lo estiman conveniente.
