Prometen crear mil empleos directos y permanentes en el sector pesquero

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Los pequeños y medianos empresarios de la pesca del Biobío (Pymepes), proyectan una creación de mil empleos directos entre sus asociados, una situación que ofrece dar nuevas oportunidades a los trabajadores del sector que han sido desvinculados por los industriales.
De cara a la discusión de la Ley de Límites Máximos de Captura, que caduca el 2012, donde Pymepes no tiene participación y aspira a contar con el 2% de las cuotas, comienzan las proyecciones laborales para la región.
Thomas Campbell, presidente de la agrupación gremial asegura que el sector Pyme hoy está siendo parte de la solución y no del problema. "Estamos luchando para ser escuchados por las autoridades, queremos proponer soluciones laborales y de crecimiento para nuestro sector y nuestra región", destacó.
Según se informó, los industriales pesqueros, que hoy cuentan con el 95% de las cuotas, argumentan que para dar garantías laborales al sector, es necesario mantener estas asignaciones al menos por diez años. Hecho que Campbell califica como una maniobra estratégica ya que "han despedido a 1.200 trabajadores en la región y no es coincidencia que esto ocurra justo cuando se comienza a discutir la reasignación de cuotas", reveló.
Refiriéndose al trabajo de las plantas de Pymepes, que procesan del recurso extraído, Campbell advierte que los Pymes destinan su producción 100% al consumo humano y que, "los industriales deberían hacer harina con los desechos, es decir: cabeza, vísceras y esquelones, pero usan el jurel entero", puntualizó.
La asociación gremial además muestra su preocupación por la forma indiscriminada en que se está extrayendo la merluza, ya que "esta debería tener una veda natural en los meses de desove, prohibiendo además la extracción con redes de arrastre lo que la tiene en serio peligro de extinción", aseveró Campbell.
Pymepes, espera reunirse en los próximos días con la Intendenta Jaqueline Van Rysselbergue y así poder poner sobre la mesa sus proyecciones laborales que darían trabajo estable y permanente a unas mil personas.

Proyectan aumento de despidos en industria pesquera por ausencia de jurel

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Los despidos en pesqueras como Mar Profundo, Camanchaca, Grimar y Food Corp llegarían a 1.200 en la Región del Biobío, de acuerdo a Luis Felipe Moncada, gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). "Se están produciendo por una carencia de materia prima, ya que el recurso jurel desapareció prácticamente hace unos 45 días, y es muy escasa su captura, la que sólo se logra demasiado lejos. También, muchos empleos temporales, que terminaban en agosto, y han adelantado su fin a julio. Nos pasa lo mismo que a un aserradero sin bosques que talar", precisó a Estrategia.
Así las cosas, Moncada advirtió que "puede que todavía los despidos y los ajustes de las compañías no hayan terminado, y pueden haber algunos despidos más en las semanas que vienen. Nadie puede pedirle a una empresa que esté teniendo tantos meses a una plantilla de trabajadores sin producir, desde el terremoto que golpeó a la industria. Aunque en esa materia estamos realizando una evaluación, y somos los primeros en lamentarlo".
De acuerdo a Moncada, la temporada de pesca ha sido negativa, incluso "para los barcos factoría, que están más allá de las 200 millas marítimas, que son unos 50 en total, buena parte de los cuales ha tenido una pésima temporada de capturas. Nosotros, en tanto, hemos extraído una baja proporción de lo que nos corresponde, no más allá del 20% o 30%".
Todo lo anterior, según Moncada, demostraría lo afectada que está la biomasa nacional de jurel, para lo cual "el Gobierno ha solicitado un informe técnico respecto al estado del recurso jurel, que estará listo a fines de mes, pues el stock es demasiado bajo".

Subsecretario de Pesca afirma que industria pesquera no ha tendido a la concentración

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El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, sostuvo que la industria pesquera no ha tendido a la concentración en los últimos diez años. "La Ley de Límites Máximos de Captura ordenó al sector, en un momento en que había un sobreesfuerzo pesquero, que estaba deteriorando los recursos en demasía. Con lo que quedaron los actores que se permitieron, y a partir de eso, no ha existido mayor concentración, ya que los participantes prácticamente son los mismos a la fecha. Prueba de ello es que cada uno tiene un porcentaje de la cuota que se entregó en el momento y se ha mantenido en estos diez años", comentó a Estrategia.

¿Cómo lo harán para distribuir las cuotas de pesca en las cuatro macrozonas que se delimitaron?

Estamos obligados a cumplir la ley dentro del plazo más breve posible, no obstante, los estudios por macrozona no existen, y al estar avanzado el año y otorgadas las cuotas de pesca, en 2010 es impracticable la asignación por cada una de ellas. De hecho, se generan problemas en la distribución de los recursos entre industriales y artesanales. Esto, porque a la fecha, de la cuota global, se reparte un 95% a los primeros y el resto a los segundos. Pero si eso lo llevamos a las macrozonas, se produce una distorsión salvaje. Sólo la primera macrozona mantendría dicha proporción.

¿Qué caminos seguirán al respecto?

Los caminos alternativos son mantener la posición de que el stock del jurel es uno solo, y por ello la distribución de las cuotas por macrozona puede realizarse sobre la base de un estudio, lo que obligaría a producir las modificaciones legales respectivas, para que no tengamos que hacer cuatro estudios distintos.

¿Por qué decidieron no modificar aún las cuotas del norte?

Las pretensiones de los pesqueros del norte, que son legítimas, deben ceñirse a lo que decidamos nosotros, desde el punto de vista técnico y científico. De acá a fin de mes, una vez terminados todos los estudios, debemos determinar la fijación de cuotas en las macrozonas, lo que debe hacerse bajo el criterio de cumplimiento de la talla mínima, de la talla de madurez sexual y del stock que hay. No podemos llegar y aumentar las cuotas porque los industriales lo necesitan, nada más. Así acordaron los del norte y sur, pues todo hace presumir que el stock del jurel está pasando por una crisis muy severa.

La ley que despacharán antes de fin de año al Congreso, ¿qué incluirá?

Hay muchas visiones respecto al tema, y no puedo adelantar nada todavía. Pero la idea es, aparte de buscar la sustentabilidad del recurso, que pueda otorgar riqueza al país mediante el uso de patentes o royalties en cada una de las pesquerías de las cuatro macrozonas existentes. En tanto, lo obvio para que podamos tener inversiones y estabilidad en el empleo, el marco jurídico debiera ser a más largo plazo que el actual. Eso sí, debe tener la máxima viabilidad política, pues hay muchos intereses involucrados, y no queremos demorar la tramitación legislativa.

La Fiscalía Nacional Económica señala que casi el 50% del jurel se concentra en tres actores. ¿Intentarán solucionar esa situación?

Sí, perfeccionando los mecanismos de transferibilidad, por ejemplo, del derecho que se asigne a cada armador, separarlo del derecho de la cuota de la nave que la extrae; permitiendo que las cuotas sean divisibles para la incorporación de nuevos actores; y dando facilidades a la asociatividad entre los armadores; entre otras cosas.

Se inician preparativos para la nueva ORP del Pacífico Sur

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Desde el 19 al 23 de julio próximo se realizará en Auckland (Nueva Zelanda) la primera Conferencia Preparatoria de la Organización Regional de Pesca (ORP) del Pacífico Sur, entidad que espera regular la pesca en alta mar.
El Ministerio de la Producción (Produce) de Perú autorizó el viaje de Luis García, asesor del despacho Viceministerial de Pesquería, para que participe en el inicio de trabajos conjuntos para la elaboración del proyecto de reglamento y otras cuestiones técnicas relativas al establecimiento de la ORP para esa región del Océano Pacífico.
El Produce destacó "la importancia asignada por Perú a las reuniones relativas al establecimiento, organización y funcionamiento de la ORP, porque los agentes económicos nacionales de la pesquería propia de la zona de alta mar han registrado 92 embarcaciones pesqueras destinadas a operar en dicha zona", informó la agencia Andina.
Según el Gobierno peruano, la ORP implica una relación costo-beneficio altamente provechosa para los intereses nacionales económicos, sociales y geopolíticos.
Este organismo, de acuerdo con lo informado, es fundamental para el sector pesquero de ese país, porque involucra el futuro de un potencial desarrollo de la pesca orientado al aprovechamiento responsable de varios recursos: jurel, caballa y calamar gigante o pota.
"También representa posibilidades reales de expandir sus zonas de pesca fuera de las aguas jurisdiccionales hacia la alta mar y proteger los intereses nacionales en dicha área", añadió el Ministerio.

FETRAPES, entrega propuesta para mitigar efectos de despidos del sector pesquero y pide a intendenta haga suya esta

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9 de julio de 2010
En momentos en que en Avenida Bernardo O'Higgins de concepción se realizaba juramento a la bandera y Con la intención de dar a conocer su postura frente a los despidos del sector pesquero de la VIII región llegaron hasta las puertas de la Intendencia la Federación de Trabajadores pesqueros “Fetrapes” encabezada por Juan Montenegro su presidente, directorio completo y dirigentes sindicales asociados a esta organización sindical y delegados y alrededor de 300 ex - trabajadores de la industria pesquera, trabajadores que recientemente fueron despedidos por la Pesquera Landes, Bio Bio y mar profundo, allí fueron recibidos por los Seremi de economía y trabajo Claudio Lapostos y Alejandro Reyes respectivamente.
La reunión se extendió por mas de una hora de donde le entregaron documento dirigido a la primera autoridad de la región del Bio Bio la intendenta Jacqueline van Rysselberghe en dicho documento solicitan que la intendenta haga suya la petición de que se cumpla la ley de pesca en su articulo 173 y se implemente un programa de apoyo social y de reconversión laboral para estos trabajadores, petición que fue realizada al subsecretario de pesca por la Fetrapes por el presidente Juan Montenegro.
Para saber la postura de la intendenta la próxima semana se gestionara reunión con esta además manifestaron que aceptaban la propuesta del gobierno regional en la incorporación a los programas sociales del gobierno pero que estos eran insuficientes Posteriormente se dirigieron en marcha hacia las oficinas de la asociación de industriales pesqueros Asipes, mientras los delegados entregaban una carta de repudio por las declaraciones del gerente de esta asociación gremial Luis Felipe Moncada en el sur del día 7 de julio, donde este justificaba los despidos del sector, los Ex trabajadores, dirigentes sindicales de la región con pitos y pancartas protestaban frente a estas oficinas.

Despiden a 30 trabajadores de sector pesquero

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Treinta trabajadores de la empresa SPI, que realiza labores para la compañía pesquera Corpesca, fueron cesados de sus funciones.
Así lo denunció el senador Fulvio Rossi en una conferencia de prensa donde explicó que lacompañía contrató a la empresa SPI para realizar labores que le correspondían exclusivamente a ella, vulnerando la ley de subcontratación. "De esa manera, Corpesca dispone de los trabajadores sin hacerles contrato, ahorrando recursos".
El parlamentario PS señaló que SPI ha trabajado para Corpesca durante cinco años sin ningún tipo de permiso, que en el caso de empresas pesqueras son otorgados por la Armada.
"La jueza que lleva el caso le pidió a la capitanía de puerto que le informara sobre SPI, organismo que aclaró que la compañía en cuestión no tiene ninguna autorización para desempeñar sus funciones".
sindicatos
Además, Rossi explicó que entre los despedidos hay miembros del sindicato de SPI, situación rechazada por la ley de fuero sindical.
A esto se suma el hecho que a los trabajadores no se les paga el bono correspondiente por pesca extraída. "Esta irregularidad está explícita en un informe de Sernapesca".
"Estamos hablando de diversas irregularidades, como son despido injustificado, prácticas antisindicales, no pago de bonos y vulneración de la ley de subcontratación", expresó el congresista.
Rossi aclaró que los hechos son graves, por lo que manifestó su voluntad de continuar investigando los hechos.
No fue posible conseguir una versión de la empresa.

Pesqueros urgidos por despidos en el sector

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estrella de concepcion
10 de julio 2010
Dirigentes sindicales piden a las autoridades revisión de la Ley de Pesca.

Los directivos de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) están desarrollando una serie de acciones destinadas a dar a conocer a las autoridades gubernamentales y a la opinión pública su preocupación por los despidos que han afectado a unos 300 trabajadores de la industria pesquera.

Cabe recordar que hace un par de días, estos dirigentes se reunieron con la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. En la oprtunidad, los trabajadores le entregaron un documento en el que solicitan el cumplimiento de la Ley de Pesca en su articulo 173 y que se implemente un programa de apoyo social y de reconversión laboral para estos trabajadores, petición que fue realizada al subsecretario de pesca por la Fetrapes por el presidente Juan Montenegro.

Pablo Galilea: “No me dejaré presionar por nadie”

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El subsecretario de Pesca detalla los proyectos de su repartición y se refiere al poder de la industria: “Tendremos independencia de cualquier actor del sector”.


El martes el subsecretario de Pesca dio un fuerte espaldarazo a la industria anunciando que estudian incluir en el proyecto de ley sobre la industria perpetuar las cuotas de pesca o asignarlas a largo plazo. A su vez hizo saber que este proceso podría llevarse a cabo sin licitación. “Con la licitación incluso podrían ser menos actores”, dice.



-¿Por qué se está pensando en entregarlas a perpetuidad?


-Lo de la perpetuidad está dentro de las alternativas a evaluar. Lo que es claro es que en la medida que se asignen las cuotas a largo plazo tendrás estabilidad en el desarrollo del sector y más y mejor empleo. Hoy al contrario: los anuncios de despidos masivos en la zona sur se deben en parte a este horizonte de inestabilidad.



-¿Cómo afectaría a los ingresos fiscales?



-No será gratis. No lo es hoy tampoco: en estos años el Estado ha recaudado a través de la patente pesquera única más de 300 millones de dólares.
-Pero eso es bastante bajo tomando en cuenta que sólo el año pasado el sector movió 2.337 millones de dólares…
-Si lo comparas con el royalty minero no es bajo. Es el sector que más impuestos paga en Chile.



-¿Entonces no se cuestiona dentro de este rediseño que los industriales paguen poco?



-Es un tema que se puede reevaluar.
Esta subsecretaría ha tenido diferencias de opinión con el mundo industrial. Ellos tienen voz importante, pero somos libres e independientes para tomar decisiones.
-También adelantó que consideran posible avanzar en la transferibilidad de las cuotas, permitiendo el ingreso de nuevos actores a las pesquerías, pero sin la necesidad de licitarlas. ¿Cómo se evalúa hacer estas transferencias?
-No está totalmente resuelto. La idea es que las cuotas puedan ser más fáciles de comprar y vender. Hoy es posible pero muy engorroso.
-Si esto fuera así, entonces la entrada de nuevos actores estaría sujeta a la “buena voluntad” de los actuales titulares de las concesiones…
-Operaría el mercado tal como operaría en la licitación. Si quiero entrar a tu barrio comprando tu casa yo ofrezco y tú veras si me la vendes o no. En la licitación quien más paga se queda con la cuota. Teniendo bondades, la licitación tiene en contra que podría tender a la concentración de la propiedad en vez de incorporar nuevos actores en el mediano y largo plazo.
-Hoy los actores son muy pocos. Menos de una decena dominan el mercado y de esos, por ejemplo cuatro tienen 59 por ciento de participación de mercado de las exportaciones de jurel.
-Hoy hay pocos. Con la licitación incluso podrían ser menos. En todo caso, todo esto se está evaluando en el ministerio de Economía, en la Cámara de Diputados. Hay mucha gente preocupada del tema. Por eso estamos evaluando distintas alternativas.
-¿Entonces la opción de licitar las cuotas está cerrada?-No. Estamos en período de evaluación.
-¿Como evalúa el desempeño de la industria bajo la ley vigente desde 2002?
-Se terminó con carrera olímpica por la pesca, así como con la mala administración de las pesquerías. Se logró dar estabilidad en el empleo. Se han hecho inversiones importantes, por lo que la entrada de esta ley desde el punto de vista del desarrollo del sector es positiva.
-Esta la creencia de que su subsecretaría ha impulsado un poder desmedido de las grandes pesqueras.
-No. Esta subsecretaría ha tenido diferencias de opinión más que con el mundo artesanal, con el industrial. Ellos tienen voz importante, pero somos libres e independientes para tomar decisiones y cumplir la misión de conservar los recursos. No me dejaré presionar por nadie y tendremos independencia de cualquier actor del sector. Para eso contamos con equipos profesionales.

Los profesionales de la industria pesquera que hoy deciden el futuro del rubro desde el Gobierno

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El mostrador 9 de julio 2010


Hasta el 11 de marzo trabajaron para las grandes pesqueras y ahora cumplen funciones estratégicas en el ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca. Sus casos podrían ser otros más en la lista de personeros que saltaron del mundo privado al sector público. De no ser por porque sus antiguos jefes, Grupo Angelini incluido, quieren mantener las concesiones pesqueras vigentes. El rechazo a licitar los cupos a partir de 2012, cuando expira la ley, ha tenido fuerte respaldo del subsecretario Pablo Galilea. Este anunció que se estudia que las concesiones sean entregadas a perpetuidad y sin necesidad de licitación. El negocio mueve US$ 2.000 millones al año.



Sobre las cuotas de pesca “no hay nada que debatir”, señaló el lunes pasado el empresario Roberto Angelini, quien a través de Corpesca, una de las compañías del holding que lidera, es uno de los actores más relevantes de la industria pesquera nacional.
La entrevista publicada por Estrategia va en la línea de la fuerte campaña impulsada por menos de una decena de empresas que controla el sector y que aboga por mantener las actuales condiciones de la Ley de Límites Máximos de Captura, que caduca en 2012.
La pelea es feroz. Si se concretara el sistema de subastas propuesto por la empresa de capitales noruegos Lota Protein, el exclusivo club de los industriales pesqueros tendría que abrir la puerta a “aparecidos”, como el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, calificó a las empresas que promueven las licitaciones.
Esto implicaría compartir los recursos que mueve el sector, que según datos entregados por la Subsecretaría de Pesca, ascendieron a 2.337 millones de dólares el año pasado. Algo que Lota Protein planteó en su consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre las barreras de entrada al rubro que finalmente fue rechazada por el Tribunal.
“Dar estabilidad a la industria”
Entre las empresas más importantes de los grandes industriales pesqueros, además de Corpesca, se encuentran Pesquera Itata, del también líder de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Rodrigo Sarquis; Alimar, ligada a Roberto Izquierdo y también San José, perteneciente a Coloso, socio de Corpesca.
La postura adoptada por este sector que, amparándose en el terremoto de febrero pasado, señaló que es necesario mantener las cuotas actuales al menos por diez años para dar garantías al sector, y rechaza una reforma, no es visto con buenos ojos por algunos actores. El economista Juan Manuel Cruzat es uno de ellos. Hijo de Manuel Cruzat, quien fuera el hombre más rico de Chile a fines de los años 70 y principios de los 80, considera que la argumentación va en dirección contraria al modelo económico del país.
Esta semana, la postura de los grandes del rubro recibió un fuerte espaldarazo del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, cuya repartición está estudiando un proyecto de ley para definir si se harán licitaciones o se mantendrá el actual sistema, entre otros puntos.
Galilea señaló que estudian incluir en el proyecto de ley sobre la industria, que enviarán a fin de año, perpetuar las cuotas de pesca o asignarlas a largo plazo. Esto para “dar estabilidad a la industria en el tiempo”.
Un ejemplo paradigmático es el de María Alicia Baltierra, encargada de asesorar a Galilea en el estudio, preparación y tramitación de los proyectos de ley referidos a la pesca artesanal e industrial.
Además, explicó que consideran posible avanzar en la transferibilidad de las cuotas, permitiendo el ingreso de nuevos actores a las pesquerías, pero sin la necesidad de licitarlas.
Asesores influyentes
Un cargo clave en estas decisiones es el de María Alicia Baltierra, encargada de asesorar al subsecretario Pablo Galilea en el estudio, preparación y tramitación de los proyectos de ley referidos a la pesca artesanal e industrial, así como en materias de regulación internacional pesquera y procesos de negociación de acuerdos multilaterales del área.
Antes de aterrizar en el cargo, en abril de este año, trabajó como abogada de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), poderoso gremio que coordina la labor de los empresarios pesqueros y defiende el actual sistema que regula a la industria. Baltierra dejó dicha función en Sonapesca al iniciar sus actividades en la subsecretaría en marzo pasado.
Un caso similar es el del jefe de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca, Maximiliano Alarma. La División es la que reparte las cuotas pesqueras y debido a su cargo, todas las decisiones pasan por el escritorio de Alarma, quien antes trabajó como encargado de estudios de la pesquera San José.
Al respecto, Galilea señala a El Mostrador tener “plena confianza en ambos profesionales”, recalcando que poseen una “vasta experiencia en la administración pública”. (Ver entrevista).
“Así como a ellos, también tengo asesores relacionados con la pesca artesanal, como Reinaldo Ortiz, hijo y nieto de pescadores artesanales, y que cumple una función relevante como asesor”, agrega.
“Hay mucha gente que se ha trasladado del mundo privado al público, lo que no implica que las decisiones y posturas que impulsen estén sujetas a conflicto de interés”, dice Galilea.
Según el subsecretario esto ayuda a garantizar objetividad e independencia: “Vinculaciones laborales anteriores no tendrían por qué impedir que se hagan buenas leyes. Hay mucha gente que se ha trasladado del mundo privado al público, lo que no implica que las decisiones y posturas que impulsen estén sujetas a algún conflicto de interés”.
Entre pesca y medioambiente
En el ministerio de Economía (Minecon), se desempeña la ingeniero comercial Mónica Ríos, encargada de asesorar al ministro Juan Andrés Fontaine, entre otros puntos, en la definición e implementación de políticas ministeriales relativas a temas de pesca, acuicultura y medio ambiente; elaborar minutas con elementos de diagnóstico y recomendaciones de políticas públicas en temas de pesca acuicultura y medio ambiente.
La profesional es esposa de Jorge Quiroz, dueño de Jorque Quiroz Consultores Asociados, que actualmente asesora a la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío (ASIPES) en el tema de las cuotas pesqueras. Mónica Ríos, también trabajó en la consultora.
Al respecto, desde el ministerio señalaron que las tareas principales de Ríos abarcaban una serie de otros temas, como “asuntos indígenas y uso del borde costero; pescadores artesanales y medio ambiente. En años anteriores ha trabajado en proyectos sobre acuicultura con el Cluster Acuícola y asesorías sobre medio ambiente”.
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín fue miembro del directorio de Antarchile, la principal sociedad del Grupo de Empresas Angelini, que incluye entre sus empresas a Corpesca.
Las acciones de los Zaldívar
No es la primera vez que los grandes industriales pesqueros están en pie de guerra en torno a las regulaciones del sector. En 1990, liderados por Anacleto Angelini, rechazaron la iniciativa de Patricio Aylwin de impulsar una nueva ley de pesca que reemplazara la norma vigente.
Para el empresario, según un reportaje de la época publicado en La Tercera, los cambios en las reglas del juego del sector significaban un “golpe mortal” a la extracción de recursos en el norte del país.
Luego los hermanos Zaldívar Larraín apoyaron el lobby de Angelini. Desde el Senado, Andrés y Adolfo iniciaron una fuerte campaña comunicacional pro industria. Sin revelar que ambos poseían títulos de la principal pesquera de Angelini y del holding que controla sus compañías, Antarchile. El vínculo bursátil de los Zaldívar fue revelado por la prensa y debieron reconocerlo públicamente. Mientras, el proyecto estuvo durmiendo en el Congreso diez años.
En 2002 se discutió la actual ley de pesca que prorrogó una ley temporal que duraría dos años. Esta ley buscaba enfrentar la situación de emergencia provocada por la fuerte depredación de las pesquerías que no tenían límites de explotación. Esa vez se cuestionó si el presidente del Senado, Andrés Zaldívar y su hermano, debían participar en la discusión de esta norma. A pesar de ello, ni el actual embajador en Argentina ni Andrés se inhabilitaron.
La ley fue aprobada argumentando que era imprescindible para evitar un retroceso en la administración de la pesquería nacional. De esta forma, se extendieron los permisos de pesca por 10 años, hasta 2012, y dejó condicionada la realización de las subastas a la dictación de un Reglamento, mecanismo de acceso que hasta el día de hoy no ha podido ser implementado.

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