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Multas de hasta 500 UTM, es decir, más de $18 millones, arriesgarían las empresas chilenas que desarrollen proyectos que requieran una evaluación de impacto ambiental y que suscriban acuerdos discriminatorios con sectores de la comunidad para evitar su oposición.
Así lo establece la moción presentada por los senadores Pedro Muñoz y Alejandro Navarro y que apunta a prevenir que se repitan estrategias como las utilizadas en la caleta de Mehuín-Mississippi, donde la propia ciudadanía terminó enfrentada por el vertimiento de desechos industriales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión de Medio Ambiente, se fundamenta en que "ninguna empresa puede presionar indebidamente los estándares ambientales y entregar a determinados sectores de la ciudadanía condiciones y beneficios superiores al resto que no desea pactar con ellos, la renuncia a sus derechos".
Los senadores Muñoz y Navarro aseveraron que éste fue uno de los temas que se debatió en el marco de la iniciativa que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, en el texto legal sólo se contempló la obligación de las empresas de informar sobre los mencionados convenios, pero se fue taxativo respecto a impedir que se suscriban antes o durante los procesos de evaluación ambiental.
Los legisladores dijeron que "el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación es una garantía fundamental y la renuncia a este derecho implica aceptar la renuncia a la dignidad humana y una grave fisura a la institucionalidad ambiental".
Puntualizaron que todo lo anterior "implica aceptar una suerte de ‘coima privada", en la cual lo ciudadanos se ven tentados por sumas jugosas para no fiscalizar el medio ambiente, para aceptar la contaminación sin reproche alguno. Estas mordazas económicas, la permisión del silencio pagado, nos parecen inaceptables".
Caso Mehuín
Los senadores Muñoz y Navarro recordaron el episodio que se produjo el 2007 luego de que la empresa Celco eligiera como lugar alternativo al Río Cruces para derramar sus desechos, un sector cercano a la caleta de pescadores de Mehuín-Mississippi, tradicional ensenada de extracción de pesca a baja escala por parte del pueblo mapuche-lafkenche de la zona, y por pescadores artesanales.
Precisaron que "al intentar ejecutar los estudios de impacto ambiental en esta nueva zona, Celco enfrentó un nuevo revés, porque los pescadores artesanales y los pescadores indígenas se aliaron contra cualquier intento en este sentido".
Sin embargo, "la compañía recurrió a la firma de convenios económicos con algunos de los dirigentes de los pescadores artesanales que llegaban hasta los casi $40 millones por cada pescador que no se opusiera al vertimiento de residuos".
Esta situación derivó en violentos enfrentamientos entre los pescadores partidarios de Celco y los contrarios a este pago de aportes privados.
Los legisladores recalcaron que los hechos de violencia provocados por esta división en la ciudadanía local se han repetido constantemente. Así, en diciembre del 2008 se denunció la agresión en contra de Estanis Paillan Pacheco, un miembro del Comité de Defensa del Mar de la Caleta Mehuín, brutalmente golpeado por cuatro personas, frente a testigos.
Así lo establece la moción presentada por los senadores Pedro Muñoz y Alejandro Navarro y que apunta a prevenir que se repitan estrategias como las utilizadas en la caleta de Mehuín-Mississippi, donde la propia ciudadanía terminó enfrentada por el vertimiento de desechos industriales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión de Medio Ambiente, se fundamenta en que "ninguna empresa puede presionar indebidamente los estándares ambientales y entregar a determinados sectores de la ciudadanía condiciones y beneficios superiores al resto que no desea pactar con ellos, la renuncia a sus derechos".
Los senadores Muñoz y Navarro aseveraron que éste fue uno de los temas que se debatió en el marco de la iniciativa que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, en el texto legal sólo se contempló la obligación de las empresas de informar sobre los mencionados convenios, pero se fue taxativo respecto a impedir que se suscriban antes o durante los procesos de evaluación ambiental.
Los legisladores dijeron que "el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación es una garantía fundamental y la renuncia a este derecho implica aceptar la renuncia a la dignidad humana y una grave fisura a la institucionalidad ambiental".
Puntualizaron que todo lo anterior "implica aceptar una suerte de ‘coima privada", en la cual lo ciudadanos se ven tentados por sumas jugosas para no fiscalizar el medio ambiente, para aceptar la contaminación sin reproche alguno. Estas mordazas económicas, la permisión del silencio pagado, nos parecen inaceptables".
Caso Mehuín
Los senadores Muñoz y Navarro recordaron el episodio que se produjo el 2007 luego de que la empresa Celco eligiera como lugar alternativo al Río Cruces para derramar sus desechos, un sector cercano a la caleta de pescadores de Mehuín-Mississippi, tradicional ensenada de extracción de pesca a baja escala por parte del pueblo mapuche-lafkenche de la zona, y por pescadores artesanales.
Precisaron que "al intentar ejecutar los estudios de impacto ambiental en esta nueva zona, Celco enfrentó un nuevo revés, porque los pescadores artesanales y los pescadores indígenas se aliaron contra cualquier intento en este sentido".
Sin embargo, "la compañía recurrió a la firma de convenios económicos con algunos de los dirigentes de los pescadores artesanales que llegaban hasta los casi $40 millones por cada pescador que no se opusiera al vertimiento de residuos".
Esta situación derivó en violentos enfrentamientos entre los pescadores partidarios de Celco y los contrarios a este pago de aportes privados.
Los legisladores recalcaron que los hechos de violencia provocados por esta división en la ciudadanía local se han repetido constantemente. Así, en diciembre del 2008 se denunció la agresión en contra de Estanis Paillan Pacheco, un miembro del Comité de Defensa del Mar de la Caleta Mehuín, brutalmente golpeado por cuatro personas, frente a testigos.
