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Grupo empresarial, propiedad de la familia Sahié y que edita el Diario La Tercera, La Cuarta y la Revista Qué Pasa, editorializó que "la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala", señala editorial de La Tercera . (En la foto Alvario Sahié, dueño de COPESA).
Santiago de Chile, 03 de octubre del 2011-- (Ecoceanos News). Bajo el título "Cuestionable acuerdo en sector pesquero", el principal diario del grupo empresarial Copesa rechaza frontalmente el reciente acuerdo pesquero impulsado por el ministro de economía Pablo Longueira. Señalando que "no corresponde que, como ocurrió en este caso, la definición de una política pública quede librada al resultado de la negociación de partes involucradas", la editorial del Diario La Tercera del 1 de octubre, fija su posición frente al comunicado del ministerio de Economía que ha informado que los grandes empresarios pesqueros industriales y dirigentes del sector artesanal llegaron a un acuerdo sobre fraccionamiento de las pesquerías.
Este acuerdo, calificado por Longueira como "una histórica transferencia al sector artesanal", cuyo monto ascendería a unos US$ 30 millones de dólares en valor actual, incluye pesquerías claves tales como las de jurel, merluza austral, congrio, sardinas y anchovetas. En lo político, evitaría la licitación del 50% de las cuotas de captura, como había advertido Longueira, si no se llegaba a un acuerdo, quedando asegurados los derechos pesqueros de la grandes empresas por 20 años.
BAJA LEGITIMIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El grupo Copesa alerta al gobierno sobre la marginación de los pequeños empresarios y un inversionista extranjero, y de que "parlamentarios han expresado que no está garantizada la aprobación del proyecto de ley, estando dispuestos a escuchar las demandas de los últimos".
La editorial de La Tercera indica que "el proceso que ha desembocado en el mencionado acuerdo es cuestionable, al dejar librada la definición de la política pública y la legislación que habrá de dictarse, al resultado de la negociación de los intereses de los involucrados.
La explicación que se ha dado es que sin este acuerdo no habría sido viable ninguna iniciativa legal, pero ello no puede justificar el que se haya abandonado todo intento por establecer una regulación que persiga mejorar el funcionamiento de una industria tan relevante para el país sobre bases técnicas y económicas sólidas.Más aún, todo indica que había una determinación de la autoridad de privilegiar al sector artesanal, sin fundamento en un criterio de eficiencia, sino más bien en uno político, que obligó a los industriales a ceder una porción de su actual participación, para asegurar por dos décadas el porcentaje que negociaron".
El grupo Copesa alerta que "el mecanismo empleado tampoco garantiza una aprobación expedita del proyecto de ley en el Congreso, donde pudiera prevalecer con mayor intensidad la lógica de protección de intereses parciales. Precisamente para neutralizar con eficacia este escenario, era particularmente importante que el gobierno tuviera una propuesta debidamente fundada. Las regulaciones basadas en acuerdos entre los intereses en juego suelen gozar de baja legitimidad y una reacción previsible en el Congreso será la tendencia a limitar la duración de los derechos pesqueros, lo que periódicamente agudizará los conflictos sobre el fraccionamiento de las pesquerías, lo que está lejos de entregar un horizonte de certeza para las inversiones y la explotación racional".
ELIMINAR CATEGORÍA DE "PESCADOR ARTESANAL" PARA UN AUTÉNTICO MERCADO DE CUOTAS DE PESCA
El editorial del diario del empresario Alvaro Sahie -recién incorporado como miembro del Consejo para la Conservación de América Latina de The Nature Conservancy, junto a Ricardo Lagos-, envía una sibilina señal al gobierno de Sebastián Piñera al indicarle que "la definición de derechos sólidos, susceptibles de ser transados, es fundamental para el desarrollo sustentable del sector pesquero. En este sentido, la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala".
Frente a esto, el Centro Ecocéanos señaló que "Una vez que los 6 grandes conglomerados pesqueros industriales aseguren sus pretendidos 'derechos históricos' y tengan las seguridades jurídicas en el parlamento sobre cerca del 90% de las pesquerías chilenas, excluyan cualquier competencia por 20 años y consoliden un mercado secundario de compra, venta y arriendo de cuotas de pesca, presionarán económica y políticamente para eliminar a la pesca artesanal como sector productivo y social relevante, conviertiendo a sus integrantes y familias en obra de mano temporera y barata, al servicio de la industria pesquera y de acuicultura y del sector turismo intensivo".
"Los pescadores artesanales, las comunidades costeras y los pueblos mapuche, lafkenches y huilliches deben reflexionar sobre este sinceramiento anticipado del gran empresariado",afirmó la organización ciudadana.
Santiago de Chile, 03 de octubre del 2011-- (Ecoceanos News). Bajo el título "Cuestionable acuerdo en sector pesquero", el principal diario del grupo empresarial Copesa rechaza frontalmente el reciente acuerdo pesquero impulsado por el ministro de economía Pablo Longueira. Señalando que "no corresponde que, como ocurrió en este caso, la definición de una política pública quede librada al resultado de la negociación de partes involucradas", la editorial del Diario La Tercera del 1 de octubre, fija su posición frente al comunicado del ministerio de Economía que ha informado que los grandes empresarios pesqueros industriales y dirigentes del sector artesanal llegaron a un acuerdo sobre fraccionamiento de las pesquerías.
Este acuerdo, calificado por Longueira como "una histórica transferencia al sector artesanal", cuyo monto ascendería a unos US$ 30 millones de dólares en valor actual, incluye pesquerías claves tales como las de jurel, merluza austral, congrio, sardinas y anchovetas. En lo político, evitaría la licitación del 50% de las cuotas de captura, como había advertido Longueira, si no se llegaba a un acuerdo, quedando asegurados los derechos pesqueros de la grandes empresas por 20 años.
BAJA LEGITIMIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El grupo Copesa alerta al gobierno sobre la marginación de los pequeños empresarios y un inversionista extranjero, y de que "parlamentarios han expresado que no está garantizada la aprobación del proyecto de ley, estando dispuestos a escuchar las demandas de los últimos".
La editorial de La Tercera indica que "el proceso que ha desembocado en el mencionado acuerdo es cuestionable, al dejar librada la definición de la política pública y la legislación que habrá de dictarse, al resultado de la negociación de los intereses de los involucrados.
La explicación que se ha dado es que sin este acuerdo no habría sido viable ninguna iniciativa legal, pero ello no puede justificar el que se haya abandonado todo intento por establecer una regulación que persiga mejorar el funcionamiento de una industria tan relevante para el país sobre bases técnicas y económicas sólidas.Más aún, todo indica que había una determinación de la autoridad de privilegiar al sector artesanal, sin fundamento en un criterio de eficiencia, sino más bien en uno político, que obligó a los industriales a ceder una porción de su actual participación, para asegurar por dos décadas el porcentaje que negociaron".
El grupo Copesa alerta que "el mecanismo empleado tampoco garantiza una aprobación expedita del proyecto de ley en el Congreso, donde pudiera prevalecer con mayor intensidad la lógica de protección de intereses parciales. Precisamente para neutralizar con eficacia este escenario, era particularmente importante que el gobierno tuviera una propuesta debidamente fundada. Las regulaciones basadas en acuerdos entre los intereses en juego suelen gozar de baja legitimidad y una reacción previsible en el Congreso será la tendencia a limitar la duración de los derechos pesqueros, lo que periódicamente agudizará los conflictos sobre el fraccionamiento de las pesquerías, lo que está lejos de entregar un horizonte de certeza para las inversiones y la explotación racional".
ELIMINAR CATEGORÍA DE "PESCADOR ARTESANAL" PARA UN AUTÉNTICO MERCADO DE CUOTAS DE PESCA
El editorial del diario del empresario Alvaro Sahie -recién incorporado como miembro del Consejo para la Conservación de América Latina de The Nature Conservancy, junto a Ricardo Lagos-, envía una sibilina señal al gobierno de Sebastián Piñera al indicarle que "la definición de derechos sólidos, susceptibles de ser transados, es fundamental para el desarrollo sustentable del sector pesquero. En este sentido, la mantención de la categoría de pescador artesanal otorga un estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala".
Frente a esto, el Centro Ecocéanos señaló que "Una vez que los 6 grandes conglomerados pesqueros industriales aseguren sus pretendidos 'derechos históricos' y tengan las seguridades jurídicas en el parlamento sobre cerca del 90% de las pesquerías chilenas, excluyan cualquier competencia por 20 años y consoliden un mercado secundario de compra, venta y arriendo de cuotas de pesca, presionarán económica y políticamente para eliminar a la pesca artesanal como sector productivo y social relevante, conviertiendo a sus integrantes y familias en obra de mano temporera y barata, al servicio de la industria pesquera y de acuicultura y del sector turismo intensivo".
"Los pescadores artesanales, las comunidades costeras y los pueblos mapuche, lafkenches y huilliches deben reflexionar sobre este sinceramiento anticipado del gran empresariado",afirmó la organización ciudadana.
