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La tercera: 30 10 2011
El anuncio de Economía de incluir subastas de excedentes no fue bien recibido por los industriales. Alegan que el tema no estuvo en la mesa de pesca convocada por el gobierno. Se muestran abiertos a discutir un royalty si se modifican las patentes.
Todo parecía resuelto. A fines de septiembre pasado, industriales pesqueros y artesanales llegaron a un acuerdo tras reunirse durante meses en torno de la llamada mesa de pesca convocada por el gobierno. Ahí se estableció un mayor fraccionamiento de las cuotas de extracción entre ambos sectores , excluyendo la opción de licitar parte de los derechos pesqueros históricos, una idea impulsada en origen por el Ejecutivo que genera resistencia en el sector industrial. En ese momento, se puso fin a las diferencias y se allanó el camino al proyecto de nueva Ley de Pesca que prepara el ministerio de Economía, y que debería ingresar al Parlamento el próximo mes. La nueva legislación busca reemplazar la norma de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), vigente desde 2002 y que expira en diciembre del próximo año.
Pero esto cambió de manera abrupta el 21 de octubre. Tras reunirse con representantes de la industria, el titular de la cartera, Pablo Longueira, anunció que la iniciativa legal sí incorporará la figura de la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas.
Las cuotas no subastadas cancelarán a cambio, un royalty, adicional a la actual patente que pagan las pesquerías por el derecho de extracción.
El anuncio de incorporar las licitaciones generó "sorpresa" y "molestia", confidencian los industriales, quienes admiten su inquietud sobre el escenario legislativo que se abre. "Estábamos todos muy motivados (con la mesa de pesca), porque el premio para nosotros era que no habría licitaciones. Por eso, este manto de dudas que se ha generado nos preocupa y desilusiona. No era lo que habíamos conversado", dice un dirigente de Asipnor, gremio de los industriales del norte del país. En el sector están, entre otros, los grupos Angelini, Yaconi-SantaCruz y la familia Sarquis.
En el caso del royalty, la industria se muestra abierta a los cambios, los que, creen, debiesen ir de la mano con una baja en el sistema de cobro de patentes. De hecho, los gremios industriales están elaborando una propuesta alternativa en la materia, coordinados por Sonapesca.
Sobre la decisión de incluir licitaciones en el proyecto, pese a lo acordado en la mesa de pesca, hay distintas visiones en el gobierno. Según fuentes cercanas a la elaboración del nuevo texto legal, el anuncio de Longueira obedece a una expresa instrucción del Presidente Piñera, quien siempre se ha mostrado partidario de facilitar la entrada de nuevos actores al sector.
Otras fuentes del Ejecutivo, sin embargo, aseguran que tanto la licitación de excedentes como el royalty nunca estuvieron fuera de la propuesta legislativa de la cartera y que no habrían sido incluidos en las negociaciones de la mesa pesquera con el objetivo de darle mayor viabilidad a ésta. Con ese mismo criterio, añaden, se habría decido no incluir licitaciones de cuotas históricas -como sí contemplaba el texto del anterior ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine-, ya que consideraron que ese esquema carecía de apoyo político.
Adicionalmente, hay quienes afirman que los cambios a la propuesta legal fueron abordados entre la cartera y representantes de la industria, al término de las negociaciones. Pero Roberto Izquierdo, presidente de Asipes, lo desestima: "No hay nada acordado. Lo único es lo que está en la mesa de pesca que suscribió el ministro (Longueira)". Ello podría aclararse este miércoles, cuando el ministro de Economía reciba a los representantes del sector industrial para tratar los contenidos centrales del proyecto de ley.
El presidente de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo (UDI), se muestra dispuesto a considerar los cambios propuestos por el Ejecutivo "en la medida que formen parte de un acuerdo entre las partes".
Tanto las licitaciones como el royalty estaban incluidos en el borrador elaborado por Fontaine. En el caso de las licitaciones se consideraba la subasta de entre un 30% y un 50% de las cuotas históricas, además de los excedentes, cuando éstos superasen en 50% el nivel de la cuota actual. La normativa vigente también contempla la posibilidad de licitar hasta un 50% de la cuota global, aunque el mecanismo nunca se ha utilizado, porque no hubo excedentes ni se dictaron los reglamentos respectivos.
LOS CAMBIOS
En esta línea, en Economía señalan que el nuevo proyecto, que está en su etapa final de elaboración y cuyos contenidos centrales ya habrían sido visados por La Moneda, establece la licitación de excedentes cuando éstos superen -en un rango que está por definirse- el nivel de la cuota global. En el caso del jurel, dicha cuota alcanza hoy las 284 mil toneladas, de las que se han extraído, a la fecha, 207 mil. Explican que se tratará de licitaciones anuales que operarán sobre la base del cálculo de "puntos críticos" para la disponibilidad de los diferentes recursos. Estos serán utilizados como criterio de referencia para cautelar la sustentabilidad de la actividad pesquera, dicen. Agregan que esto debiese permitir, a mediano y largo plazo, la generación de excedentes productivos.
Actualmente, países como Nueva Zelanda, donde se licita el 80% de la cuota global de pesca, y algunas zonas de Estados Unidos, utilizan el mecanismo de subastas para la asignación de cuotas. En el caso de EEUU, este año el estado de Maine compró permisos de pesca para licitar bancos de cuota anual de 14 tipos de recursos.
Susana Jiménez, de LyD, sostiene que el cálculo de excedentes productivos se debería estimar en relación con la biomasa y no sobre la cuota global. "No me parece conveniente determinar los excedentes respecto de la cuota global histórica, porque ésta ha variado y se ha reducido de manera importante en algunas pesquerías en los últimos años. Sería arbitrario establecer un año base o promedio de años, pues sería una decisión discrecional".
El proyecto de gobierno también consideraría un perfeccionamiento del mecanismo de transferencia de cuotas. Hoy éstas están sujetas al traspaso de las embarcaciones con sus respectivas autorizaciones de pesca, que son indivisibles, lo que haría más costosas las transacciones de derechos de pesca.
En relación con el royalty, en Economía argumentan que se encuentran afinando las características de su aplicación, tanto a nivel de la tasa específica como de la base sobre la que se aplicaría el tributo. En el caso de la minería, el royalty se aplica en una escala que va de 4% a 9% de los resultados operacionales. En la cartera dicen que está en estudio si el royalty pesquero se aplicará siguiendo el esquema de la minería o si se calculará sobre las ventas o sobre un nivel de captura valorizada. Agregan que ello incluirá un ajuste en el sistema de cobro de patentes. Este ítem, por el que el Fisco recaudó poco más de US$ 30 millones este año, se calcula sobre la base del tamaño de las embarcaciones, independiente del nivel de captura y de si las naves estén subutilizadas. Algunos industriales plantean reducir ese aporte a un monto fijo cercano a los US$ 10 millones.
Alberto Romero, vicepresidente de Blumar, firma que resultó de la fusión de pesqueras Itata y El Golfo, dice que "un royalty aplicado a los ingresos operacionales o de venta es más justo que una patente fija. El año pasado fue lamentable. Hubo empresas que no pudieron pescar en todo el año por el terremoto y pagaron igual una patente".
Mientras, los trabajadores artesanales reunidos en la Conapach, que el viernes eligieron a una nueva directiva, anunciaron desde ya que rechazarán los acuerdos de la mesa de pesca aprobados por la anterior directiva. "Ellos nos traicionaron al firmar un acuerdo con el ministro que no incluía las licitaciones", sostuvo el nuevo presidente, Nelson Estrada.
Pero esto cambió de manera abrupta el 21 de octubre. Tras reunirse con representantes de la industria, el titular de la cartera, Pablo Longueira, anunció que la iniciativa legal sí incorporará la figura de la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas.
Las cuotas no subastadas cancelarán a cambio, un royalty, adicional a la actual patente que pagan las pesquerías por el derecho de extracción.
El anuncio de incorporar las licitaciones generó "sorpresa" y "molestia", confidencian los industriales, quienes admiten su inquietud sobre el escenario legislativo que se abre. "Estábamos todos muy motivados (con la mesa de pesca), porque el premio para nosotros era que no habría licitaciones. Por eso, este manto de dudas que se ha generado nos preocupa y desilusiona. No era lo que habíamos conversado", dice un dirigente de Asipnor, gremio de los industriales del norte del país. En el sector están, entre otros, los grupos Angelini, Yaconi-SantaCruz y la familia Sarquis.
En el caso del royalty, la industria se muestra abierta a los cambios, los que, creen, debiesen ir de la mano con una baja en el sistema de cobro de patentes. De hecho, los gremios industriales están elaborando una propuesta alternativa en la materia, coordinados por Sonapesca.
Sobre la decisión de incluir licitaciones en el proyecto, pese a lo acordado en la mesa de pesca, hay distintas visiones en el gobierno. Según fuentes cercanas a la elaboración del nuevo texto legal, el anuncio de Longueira obedece a una expresa instrucción del Presidente Piñera, quien siempre se ha mostrado partidario de facilitar la entrada de nuevos actores al sector.
Otras fuentes del Ejecutivo, sin embargo, aseguran que tanto la licitación de excedentes como el royalty nunca estuvieron fuera de la propuesta legislativa de la cartera y que no habrían sido incluidos en las negociaciones de la mesa pesquera con el objetivo de darle mayor viabilidad a ésta. Con ese mismo criterio, añaden, se habría decido no incluir licitaciones de cuotas históricas -como sí contemplaba el texto del anterior ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine-, ya que consideraron que ese esquema carecía de apoyo político.
Adicionalmente, hay quienes afirman que los cambios a la propuesta legal fueron abordados entre la cartera y representantes de la industria, al término de las negociaciones. Pero Roberto Izquierdo, presidente de Asipes, lo desestima: "No hay nada acordado. Lo único es lo que está en la mesa de pesca que suscribió el ministro (Longueira)". Ello podría aclararse este miércoles, cuando el ministro de Economía reciba a los representantes del sector industrial para tratar los contenidos centrales del proyecto de ley.
El presidente de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo (UDI), se muestra dispuesto a considerar los cambios propuestos por el Ejecutivo "en la medida que formen parte de un acuerdo entre las partes".
Tanto las licitaciones como el royalty estaban incluidos en el borrador elaborado por Fontaine. En el caso de las licitaciones se consideraba la subasta de entre un 30% y un 50% de las cuotas históricas, además de los excedentes, cuando éstos superasen en 50% el nivel de la cuota actual. La normativa vigente también contempla la posibilidad de licitar hasta un 50% de la cuota global, aunque el mecanismo nunca se ha utilizado, porque no hubo excedentes ni se dictaron los reglamentos respectivos.
LOS CAMBIOS
En esta línea, en Economía señalan que el nuevo proyecto, que está en su etapa final de elaboración y cuyos contenidos centrales ya habrían sido visados por La Moneda, establece la licitación de excedentes cuando éstos superen -en un rango que está por definirse- el nivel de la cuota global. En el caso del jurel, dicha cuota alcanza hoy las 284 mil toneladas, de las que se han extraído, a la fecha, 207 mil. Explican que se tratará de licitaciones anuales que operarán sobre la base del cálculo de "puntos críticos" para la disponibilidad de los diferentes recursos. Estos serán utilizados como criterio de referencia para cautelar la sustentabilidad de la actividad pesquera, dicen. Agregan que esto debiese permitir, a mediano y largo plazo, la generación de excedentes productivos.
Actualmente, países como Nueva Zelanda, donde se licita el 80% de la cuota global de pesca, y algunas zonas de Estados Unidos, utilizan el mecanismo de subastas para la asignación de cuotas. En el caso de EEUU, este año el estado de Maine compró permisos de pesca para licitar bancos de cuota anual de 14 tipos de recursos.
Susana Jiménez, de LyD, sostiene que el cálculo de excedentes productivos se debería estimar en relación con la biomasa y no sobre la cuota global. "No me parece conveniente determinar los excedentes respecto de la cuota global histórica, porque ésta ha variado y se ha reducido de manera importante en algunas pesquerías en los últimos años. Sería arbitrario establecer un año base o promedio de años, pues sería una decisión discrecional".
El proyecto de gobierno también consideraría un perfeccionamiento del mecanismo de transferencia de cuotas. Hoy éstas están sujetas al traspaso de las embarcaciones con sus respectivas autorizaciones de pesca, que son indivisibles, lo que haría más costosas las transacciones de derechos de pesca.
En relación con el royalty, en Economía argumentan que se encuentran afinando las características de su aplicación, tanto a nivel de la tasa específica como de la base sobre la que se aplicaría el tributo. En el caso de la minería, el royalty se aplica en una escala que va de 4% a 9% de los resultados operacionales. En la cartera dicen que está en estudio si el royalty pesquero se aplicará siguiendo el esquema de la minería o si se calculará sobre las ventas o sobre un nivel de captura valorizada. Agregan que ello incluirá un ajuste en el sistema de cobro de patentes. Este ítem, por el que el Fisco recaudó poco más de US$ 30 millones este año, se calcula sobre la base del tamaño de las embarcaciones, independiente del nivel de captura y de si las naves estén subutilizadas. Algunos industriales plantean reducir ese aporte a un monto fijo cercano a los US$ 10 millones.
Alberto Romero, vicepresidente de Blumar, firma que resultó de la fusión de pesqueras Itata y El Golfo, dice que "un royalty aplicado a los ingresos operacionales o de venta es más justo que una patente fija. El año pasado fue lamentable. Hubo empresas que no pudieron pescar en todo el año por el terremoto y pagaron igual una patente".
Mientras, los trabajadores artesanales reunidos en la Conapach, que el viernes eligieron a una nueva directiva, anunciaron desde ya que rechazarán los acuerdos de la mesa de pesca aprobados por la anterior directiva. "Ellos nos traicionaron al firmar un acuerdo con el ministro que no incluía las licitaciones", sostuvo el nuevo presidente, Nelson Estrada.
