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El senador PRSD, Nelson Avila, aseguró que hay una responsabilidad moral del ex ministro Alejandro Ferreiro, por las anomalías sobre la gestión del Fondo de Administración Pesquera.
—¿Qué antecedentes lo llevaron a solicitar a la Contraloría General de la República que investigue la entrega de recursos del Fondo de Administración Pesquera (FAP)?
—Hay anomalías de distinta naturaleza. Hay sesiones del Consejo de Administración, sin todas las firmas exigidas y actas donde 13 acuerdos están sin la del subsecretario de Pesca anterior, Carlos Hernández. Existen irregularidades en el proceso de revisión de carpetas de postulantes, finiquitos fuera de plazo, no presentación de certificados para verificar vínculos y empleadores que no figuran en el registro correspondiente. Estas son cuestiones que deben cumplirse con rigor, para ayudar a quienes lo necesitan; de no ser así y si se entregan en forma discrecional estos recursos, podríamos entrar de lleno en toda clase de favoritismos de orden político y personal.
—¿Qué recursos solicitó indagar?
—Se deben investigar los pagos del FAP disponibles por $1.032 millones en 2007 y los $6.773 millones proyectados para 2008.
—¿Cuáles son los hechos específicos que pidió aclarar?
—Resoluciones de pago sin ingreso de toma de razón a la Contraloría. Hay tres casos, por un monto total del orden de los $150 millones, que debieron pasar este control, también reiteradas y groseras faltas a la probidad administrativa por parte del director del servicio, Ricardo Bravo. Se da el caso de uso de taxis en actividades privadas que se cancelan con recursos públicos. Si el jefe de un servicio no observa un manejo pulcro en todos los aspectos de su gestión, es el comienzo de un proceso de deterioro que puede alcanzar graves consecuencias.
—¿Quién es el principal responsable de esta situación?
—Cuando asumió el nuevo subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, y se enteró de estas situaciones, no tengo dudas que las consideró graves y dignas de ser sancionadas, dado que tomó en su momento la decisión de alejar del cargo a Ricardo Bravo, secretario ejecutivo del FAP. Pero curiosamente este fue confirmado en sus funciones por parte del actual ministro de Economía, Hugo Lavados, con lo que se genera un grave problema desde el punto de vista de la jerarquía, porque es el propio ministro quien debilita al segundo eslabón de mando de la cartera, le quita el piso a una decisión adoptada por el subsecretario acerca de un tema de máxima sensibilidad para la Presidenta Bachelet como es la probidad.Respecto del ex ministro (Alejandro)Ferreiro, este conocía perfectamente la situación y, por lo que tengo entendido, estos hechos le fueron informados por diversas vías. Sin embargo, hizo caso omiso de las advertencias y señales preocupantes que provenían de la gestión del FAP.
—¿Cómo se explica que ante todos estos cuestionamientos, Bravo siga al mando del Fondo?—
Es inexplicable. Si la Contraloría confirma todo lo que señalo, el ministro Lavados tendrá que explicarle a la Presidenta por qué le dio un espaldarazo a quien estaba desempeñándose en esta forma.
—¿Y en el caso de Ferreiro?
—Lo más que se podría conseguir será una responsabilidad moral, que quede de manifiesto que en el periodo en que se desempeñó en esa cartera venían produciéndose un conjunto de irregularidades de las cuales él conoció, pero no reaccionó como correspondía. Lamentablemente el concepto de la responsabilidad política en Chile es particularmente poco claro e ineficaz.
—¿Qué hará si se detecta malversación de fondos públicos?
—Lo mejor es esperar la investigación de la Contraloría, para saber con precisión las irregularidades y los pasos a seguir.
