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Jueves 9 de Junio 2011 20:47 hrs.
Rodrigo Alarcón
El Gobierno enviará en las próximas semanas la nueva ley que reemplazará a la actual normativa sobre Límite Máximo de Captura. Aunque aún no se conoce el texto, organizaciones gremiales y sindicales ya han manifestados sus reparos.
El proyecto de ley de pesca anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso del pasado 21 de mayo ha provocado controversia entre distintos actores.
La iniciativa reemplazará la actual ley de Límite Máximo de Captura por Armador, que vence a fines de 2012. Y en un sector que entre pesca industrial y artesanal vende unos mil 800 millones de dólares al año, mil 500 de los cuales son exportados, la nueva legislación causa polémica.
El pasado miércoles, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, presentó la propuesta a la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
El Gobierno pretende licitar hasta el 50 por ciento de las cuotas históricas de captura, en un sistema mixto que combine las subastas con el reconocimiento de los llamados “derechos históricos”, que hasta ahora han permitido asignar las cuotas para los grandes industriales.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) han manifestado sus reparos, argumentando que el sector privado posee derechos de uso que ya fueron asignados, por lo que suprimirlos constituiría una expropiación.
Además, sostienen que con las licitaciones se pueden entregar cuotas pesqueras a empresas extranjeras, crítica que ha sido compartida por organizaciones de pescadores artesanales.
Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, criticó la poca claridad sobre la nueva legislación y acusó al Gobierno de hacer leyes “a escondidas”.
Además, enfatizó las diferencias entre los motivos de la organización que preside con los grandes industriales, para oponerse a la ley.“La industria sólo le está dando un carácter a la licitación del punto de vista económico. Lo que estamos diciendo es que hay una complicada situación en curso que no amerita tener un proceso como este. Además el sector artesanal no está dispuesto a que le estén quitando un porcentaje para ser licitado. No estamos disponibles para que nuevamente entren a trabajar banderas de otros países que tienen intereses económicos que nos pueden perjudicar”, dijo Arancibia.
Por el contrario, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) ha respondido que los argumentos de los industriales no corresponden a la realidad pesquera chilena.
El gerente de Anapesca, Santiago Gacitúa, afirmó que los actuales dueños de las cuotas pesqueras son “los únicos beneficiados a costa de los recursos pesqueros de todos los chilenos”.
Rodrigo Vial, presidente de Anapesca, defendió la idea de licitar cuotas pesqueras propuesta por el Gobierno.“No nos parece justo que un recurso nacional quede en manos de un cierto número de personas y que nunca más o por mucho tiempo vuelva a ser posible acceder a estos recursos. No le estoy pidiendo a nadie que renuncie a tener recursos, sino que cada cierto tiempo se abra la posibilidad de licitarlos. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino una cosa perfectamente normal en todo régimen económico moderno y serio. Los títulos inmobiliarios se acabaron hace tiempo en este país”, sentenció Vial.
Por otra parte, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) cuestionó la iniciativa del Gobierno y subrayó la necesidad de preservar los recursos.“No estamos ni a favor de la licitación ni de los límites máximos de captura porque son cuotas individuales. Nuestra gente lo único que quiere es pescar y hoy las únicas pesquerías que están sanas son las que tienen los artesanales. Nos extraña que esté hablando de cuotas, de 25 años o más, perpetuar la ley de límites máximos o de licitar, pero no sabemos qué van a entregar o de qué manera van a asegurar que los recursos perduren en el tiempo. De eso estamos preocupados los artesanales, más que de traspasar o vender papeles”, aseguró la dirigente.
Se espera que el Gobierno envíe el proyecto definitivo durante las próximas semanas, y desde ya se anticipa un duro debate parlamentario.
