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Este miércoles 1 de diciembre, en sesión especial del Senado, se hicieron presentes el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea; el director nacional del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Félix Inostroza; el director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Jorge Toro; y representantes del Consejo Nacional de Pesca (CNP), para analizar junto a los senadores las dimensiones legales, productivas, sociales y ambientales de la actual crisis que está afectando a las diversas pesquerías a lo largo del país.
Durante el debate intervinieron los senadores Alejandro Navarro, Antonio Horvath, Hosain Sabag, Hernán Larraín, Fulvio Rossi, Baldo Prokurica, Ximena Rincón, Jaime Orpis, Ricardo Lagos Weber, Camilo Escalona, Francisco Chahuán, Patricio Walker y Juan Pablo Letelier.
El ministro de Economía, quien expuso en primer término sobre la preocupación del Gobierno respecto a la drástica disminución del recurso pesquero, puntualizó que "varias pesquerías están en estado de sobreexplotación y su sustentabilidad está en riesgo".
Por ello, detalló las políticas de reducción significativa de cuotas para este año, y de mitigación del desempleo en el sector. Según lo publicado por el Senado, anunció que en marzo del 2011 enviará al Congreso el proyecto de ley que plantea una reforma más amplia a la Ley General de Pesca de Acuicultura (LGPA) y genera insumos científicos para que la toma de decisiones sea de buena calidad.
Fontaine añadió que también se propondrá la división de la pesca artesanal en grande y pequeña ya que "en el primer caso queremos otorgar límites de captura individuales y pedir posicionadores satelitales; mientras que para los pequeños se entregarían límites de captura individuales y colectivos, pero mejorando la fiscalización". De igual manera, el titular de la cartera recalcó que el interés del Ejecutivo es avanzar en las negociaciones internacionales para proteger el jurel.
Visión parlamentaria
El senador Alejandro Navarro comentó que los anuncios de Fontaine le parecían insuficientes y efectuó un análisis crítico de la LGPA, manifestando que le preocupa que "vaya a haber un debate legislativo sin una evaluación exhaustiva sobre la delicada situación de las pesquerías y de la ley de cuotas o de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) que tiene una profunda responsabilidad sobre la actual situación". Navarro además lamentó que el Consejo Nacional de Pesca adopte decisiones sobre la base de intereses empresariales y no sobre bases científicas.
Por su parte, el senador Antonio Horvath precisó que "la actividad pesquera tiene cuatro pilares: pesca industrial; la pesca artesanal; acuicultura; y la pesca deportiva y áreas protegidas". Sin embargo, enfatizó que "la discusión sobre sustentabilidad de los recursos se ha mezclado con temas sociales, laborales y ambientales con un uso y abuso de los recursos naturales". Por ello insistió en avanzar en temas de fiscalización, zonificación, enfrentar el endeudamiento de los pescadores artesanales y en agregar valor a lo poco que tenemos.
En tanto, el senador Hosaín Sabag afirmó que las dificultades que han enfrentado las pesquerías en Chile son un problema que trasciende nuestras fronteras y que se explican por: "la sobreexplotación de los recursos pesqueros, exceso de capacidad de pesca de la flota y el efecto dañino de los subsidios de algunos países. Además se cuenta el aumento de los precios de los productos pesqueros lo que incentiva a los industriales a pescar en aguas internacionales". Basado en estos planteamientos, Sabag solicitó al Ejecutivo que adopte una postura de Estado para la protección de los recursos, fundamentalmente, el jurel. Además comentó que no hay que descartar la existencia de un royalty pesquero.
A su turno, el senador Hernán Larraín valoró las medidas adoptadas por el Ejecutivo y reconoció que las medidas de reducción de cuotas, si bien son problemáticas son una "señal de madurez".
Según Larraín, esta situación tiene que llevar a una revisión del sistema y hacer los cambios que se proponen, incluyendo el Consejo Nacional de Pesca. Respecto a la merluza común, dijo que el problema que afecta a la Región del Maule tiene que ver "no con la sobre captura sino con el sistema de asignación porque las cuotas están mal distribuidas, ya que el recurso se trasladó al sur y se sigue entregando más a los del norte".
Por otro lado, el senador Fulvio Rossi aseveró que "el recurso pesquero expresa un valor económico pero también social y por eso todos los derechos que de su explotación deriven debe referirse a ese ámbito". El parlamentario sostuvo que "tras la aprobación del sistema de administración de cuotas el 2001, cualquier incremento o disminución de cuotas afectan a quienes deciden sobre ellas. Es decir, el Consejo Nacional de Pesca adopta resoluciones sobre materias que les afectan". Recordó, además, el estudio de la Universidad Arturo Prat que demuestra que el recurso jurel en el norte ha ido aumentando su biomasa desde el 2002 al 2010 y por eso reiteró la necesidad de asignar las cuotas bajo criterios científicos y técnicos.
Estudios y análisis
Sobre los estudios y análisis que se han efectuado en el sector y la necesidad de continuar en esa línea, el senador Baldo Prokurica valoró la posibilidad de analizar la realidad de las pesquerías a nivel nacional y manifestó que "es evidente que hay que hacer más y mejores estudios para tomar decisiones" y evitar la depredación de los fondos marinos. Mencionó que la Región de Atacama es un buen ejemplo, porque la industria vendió sus naves y le pidió a los artesanales que sacaran su cuota, terminado así con la discusión histórica entre ambos sectores. "Hoy, los artesanales de Caldera tienen una realidad mucho mejor y cuidan las especies", recalcó Prokurica.
A su vez, la senadora Ximena Rincón expresó que "no podemos dejar de mirar la evolución social de las miles de familias que dependen de la cuota de pesca". Analizó la situación de recursos como la merluza y el jurel; su biomasa y el ataque de la jibia. "Los resultados de evaluaciones técnicas evidencian que la biomasa total del jurel ha declinado en un 79% desde el 2001 (2010 = 2,1 millones de toneladas), al más bajo nivel histórico de la pesquería". Rincón expresó su preocupación por la situación internacional y dijo que "es absolutamente indispensable negociar un nuevo protocolo de cooperación internacional".
Por su parte, el senador Jaime Orpis hizo suya la investigación del biólogo marino, Carlos Merino, miembro del Consejo Nacional de Pesca sobre la zona norte. "El profesor Merino asevera que en general, se puede concluir que, en el caso de la zona norte, no existe crisis pesquera que se pueda diagnosticar", aludiendo así al aumento del recurso. Añadió que "no hay que tener temor a que se investigue" para adoptar decisiones técnicas.
En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber, se enfocó en la figura del Consejo Nacional de Pesca y criticó su composición porque "la autoridad debería generar instancias para fiscalizar correctamente". Éste ha sido un tema complejo porque deben pronunciarse sobre materias que les competen y consultó al Ejecutivo sobre cuál es la revisión que se propone para este organismo.
Por otro lado, el senador Camilo Escalona comentó que "como sociedad no hemos hecho la autocrítica que corresponde porque hemos hecho una depredación del mar" y se refirió a las consecuencias sociales de la crisis de las pesquerías. Por eso solicitó al Gobierno "generar un fondo de estabilización del empleo para los trabajadores que sufren las consecuencias del cierre de plantas y un fondo de compensación para la pesca artesanal de modo que pueda financiar un seguro vida, la cotización previsional y en salud porque ellos tienen que trabajar hasta los 80 años porque no tienen jubilación y cuando mueren en el mar sus familias quedan en la indigencia", enfatizó el legislador por la Región de Los Lagos.
El senador Francisco Chahuán coincidió con las políticas de ajuste a las cuotas y destacó que "la actividad pesquera artesanal juega un rol fundamental en la creación de empleo y el arraigo de población sobre todo en el borde costero". Enfatizó que "desde que se promulgó la ley general de Pesca en 1992 hemos tenido más de 20 modificaciones a su texto pero solo en situaciones muy coyunturales". Por eso dijo que se requiere rediseñar todo el marco legal que esta actividad necesita de modo integral, puntualizó Chauán.
A su turno, el senador Patricio Walker afirmó que en la Región de Aysén la principal preocupación es el desempleo porque se ha reducido la capacidad de captura de la merluza austral. "La realidad evidencia que de 16 plantas pesqueras hoy subsisten solo tres y es importante privilegiar a las empresas que están trabajando". Anunció que se opondrá a "una visión economicista de una eventual licitación amplia de las cuotas y que no privilegie a las empresas de la región (de Aysén) y que dan trabajo". Walker concluyó pidiendo una definición sobre las zonas contiguas porque hay pescadores que sólo van a capturar los recursos.
Finalmente, el senador Juan Pablo Letelier sostuvo que "hace falta realizar una nueva evaluación de la LGPA, cuyo eje era la conservación de los recursos y la explotación racional". Sin embargo, adelantándose a esa evaluación dijo que "creo que fracasamos. No hemos sido capaces de conservar adecuadamente el recurso. Si uno ve informes oficiales el esfuerzo que se ha hecho sobre el recurso ha sido excesivo y perjudicial". Por ello, enfatizó que "el cambio de institucionalidad es esencial y generar un mecanismo para que los trabajadores no tengan que pagar con cesantía lo que hemos hecho mal".
