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Por Alejandro Navarro, senador por la Región del Biobío
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Soy de los que sostiene, hace más de una década, que en el diagnóstico de nuestras pesquería tenemos que hacer caso de la opinión científica y no obedecer a un criterio económico. Cuando se aprobó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, fui de los que votó en contra y coincidí con la opinión de los pescadores artesanales y de organizaciones ambientales.
Hoy valoro que el gobierno haya reconocido esta realidad, sin embargo, persiste mi inquietud cuando se anuncia que se propondrá al debate legislativo una modificación a la mencionada ley ante la caducidad de los límites máximos de captura el 2012, que "se basará en cuatro factores: el terremoto del pasado 27 de febrero, la incertidumbre que genera la negociación de la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur (ORP), la delicada situación de las principales pesquerías del país y la fuerte reducción de cuotas que ello implicará".
Es decir, nada se dice sobre la necesaria e imprescindible evaluación de lo que han sido estos años de aplicación de los Límites Máximos de Captura.
No podemos legislar sólo sobre el negocio pesquero, sino sobre una actividad económica de la que dependen no sólo los dueños de las pesqueras, sino también miles de hombres y mujeres de esfuerzo.
Se deben proteger los recursos para que la actividad sobreviva, es algo en que estamos todos de acuerdo. Sobre lo que no tenemos acuerdo es la forma en que el Estado y las propias industrias se comprometen en la protección social de quienes -ya estamos advertidos- perderán sus puestos de trabajo.
Tampoco queremos que los trabajadores desvinculados de la industria terminen engrosando los registros artesanales para luego decir que los artesanales son muchos y el Estado debe "ordenarlos".
A la luz de los resultados de impacto en la biomasa y en la sustentabilidad de los recursos a lo largo del país, nadie podría sostener que es exitosa una normativa y un sistema de administración de pesquerías que al cabo de diez o doce años termina con el jurel casi extinguido, con sólo 370 mil toneladas desembarcadas, para una cuota aprobada por el Consejo Nacional de Pesca de 1 millón 300 mil toneladas, casi el doble de las 700 mil toneladas propuestas por el IFOP.
En la misma situación crítica está la raya, el congrio dorado, la merluza común, la merluza del sur y la anchoveta. Entonces, sobran razones para que pesquerías como el jurel y la merluza común pasen del régimen de plena explotación al régimen de pesquerías en recuperación, tal cual lo establece la ley. Ese es el debate de hoy.
¿Por qué nunca se implementó lo establecido en el Artículo 27 de la Ley General de Pesca respecto a que la Subsecretaría de Pesca pudiera adjudicar anualmente, mediante subasta pública, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al cinco por ciento de la cuota global anual de captura industrial?.
La respuesta nunca dicha es, sin embargo, por todos conocida: porque para hacer esa licitación anual la Subsecretaría requería el acuerdo por mayoría absoluta de los miembros presentes de los Consejos Nacional y Zonal de Pesca correspondientes.
Ese acuerdo nunca existió y nunca iba a existir, porque tenemos un Consejo Nacional de Pesca donde los beneficiarios de sus decisiones son los mismos que las toman. En todo caso, hay que decir que ninguno de los Subsecretarios anteriores de Pesca tampoco planteó siquiera la posibilidad de cumplir con lo que la ley establece. Es decir, ese artículo fue letra muerta desde el primer día.
No deja de ser curioso que quienes somos sindicados de ser "estatistas", seamos los más empeñados en que exista verdadera competencia en la pesca industrial y que el mercado funcione.
La verdad es que para que a la pesca industrial le vaya bien no debe ser sólo la autoridad la que debe velar por la conservación de los recursos, sino también quienes toman decisiones que afectan esa conservación, como quienes integran el Consejo Nacional de Pesca, que son muchos de los mismos "afectados" de hoy, aumentando sin ninguna consideración ni criterio científico las cuotas de captura de diversas especies.
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Soy de los que sostiene, hace más de una década, que en el diagnóstico de nuestras pesquería tenemos que hacer caso de la opinión científica y no obedecer a un criterio económico. Cuando se aprobó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, fui de los que votó en contra y coincidí con la opinión de los pescadores artesanales y de organizaciones ambientales.
Hoy valoro que el gobierno haya reconocido esta realidad, sin embargo, persiste mi inquietud cuando se anuncia que se propondrá al debate legislativo una modificación a la mencionada ley ante la caducidad de los límites máximos de captura el 2012, que "se basará en cuatro factores: el terremoto del pasado 27 de febrero, la incertidumbre que genera la negociación de la Organización Regional de Pesca para el Pacífico Sur (ORP), la delicada situación de las principales pesquerías del país y la fuerte reducción de cuotas que ello implicará".
Es decir, nada se dice sobre la necesaria e imprescindible evaluación de lo que han sido estos años de aplicación de los Límites Máximos de Captura.
No podemos legislar sólo sobre el negocio pesquero, sino sobre una actividad económica de la que dependen no sólo los dueños de las pesqueras, sino también miles de hombres y mujeres de esfuerzo.
Se deben proteger los recursos para que la actividad sobreviva, es algo en que estamos todos de acuerdo. Sobre lo que no tenemos acuerdo es la forma en que el Estado y las propias industrias se comprometen en la protección social de quienes -ya estamos advertidos- perderán sus puestos de trabajo.
Tampoco queremos que los trabajadores desvinculados de la industria terminen engrosando los registros artesanales para luego decir que los artesanales son muchos y el Estado debe "ordenarlos".
A la luz de los resultados de impacto en la biomasa y en la sustentabilidad de los recursos a lo largo del país, nadie podría sostener que es exitosa una normativa y un sistema de administración de pesquerías que al cabo de diez o doce años termina con el jurel casi extinguido, con sólo 370 mil toneladas desembarcadas, para una cuota aprobada por el Consejo Nacional de Pesca de 1 millón 300 mil toneladas, casi el doble de las 700 mil toneladas propuestas por el IFOP.
En la misma situación crítica está la raya, el congrio dorado, la merluza común, la merluza del sur y la anchoveta. Entonces, sobran razones para que pesquerías como el jurel y la merluza común pasen del régimen de plena explotación al régimen de pesquerías en recuperación, tal cual lo establece la ley. Ese es el debate de hoy.
¿Por qué nunca se implementó lo establecido en el Artículo 27 de la Ley General de Pesca respecto a que la Subsecretaría de Pesca pudiera adjudicar anualmente, mediante subasta pública, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al cinco por ciento de la cuota global anual de captura industrial?.
La respuesta nunca dicha es, sin embargo, por todos conocida: porque para hacer esa licitación anual la Subsecretaría requería el acuerdo por mayoría absoluta de los miembros presentes de los Consejos Nacional y Zonal de Pesca correspondientes.
Ese acuerdo nunca existió y nunca iba a existir, porque tenemos un Consejo Nacional de Pesca donde los beneficiarios de sus decisiones son los mismos que las toman. En todo caso, hay que decir que ninguno de los Subsecretarios anteriores de Pesca tampoco planteó siquiera la posibilidad de cumplir con lo que la ley establece. Es decir, ese artículo fue letra muerta desde el primer día.
No deja de ser curioso que quienes somos sindicados de ser "estatistas", seamos los más empeñados en que exista verdadera competencia en la pesca industrial y que el mercado funcione.
La verdad es que para que a la pesca industrial le vaya bien no debe ser sólo la autoridad la que debe velar por la conservación de los recursos, sino también quienes toman decisiones que afectan esa conservación, como quienes integran el Consejo Nacional de Pesca, que son muchos de los mismos "afectados" de hoy, aumentando sin ninguna consideración ni criterio científico las cuotas de captura de diversas especies.
