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En total desacuerdo con los dichos de Jaime Acuña, presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de Pesca Industrial (Agopesi), se manifestó el principal dirigente de los artesanales, Cristián Miranda.
A juicio del timonel de la Coordinadora, todos los argumentos que se puedan utilizar en contra de la acción de los grandes productores, se quedan pequeños al lado del daño que provocan en los ámbitos sociales y de daño al medio ambiente, dijo a modo de resumen.
Según lo relatado al Líder de San Antonio, no sólo estaría en operaciones el barco Don Enrique, sino que también el Saint Jaque. "Este último llega a sacar unas 200 toneladas, es decir, unas cuatro mil cajas de merluza, cantidad insuperable por los artesanales".
A parte de la lucha que a diario deben enfrentar para encontrar recursos en sus recaladeros históricos, Miranda argumentó que, además, deben enfrentar la temática de la comercialización, donde no pueden competir en precios, por los costos que implica salir a alta mar.
"Por eso vamos a luchar hasta el final, porque no es justa la acción que llevan a cabo, no sólo en el litoral, sino que también en toda la línea del 33, que corresponde a Rapel. De brazos cruzados no nos vamos a quedar", anunció.
Legislación
Respecto de la legislación vigente, el representante de los pescadores sostuvo que "es claro que los industriales tienen libertad sobre el territorio marítimo, pero la idea es que no nos vengan a quitar el poco recurso que nos queda y lo que más tarde se traduce en el pan para nuestras familias".
Si bien la normativa es clara en dirimir las superficies y áreas protegidas para cada sector, la aspiración central de la Coordinadora se centra en extender el territorio exclusivo a más de 18 millas, cuestión que les parece justa.
"En la anterior promulgación, no fuimos escuchados ni por el poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, donde presentamos varias instancias de protección, sin encontrar apoyo, por tanto ahora tenemos que ver las malas consecuencias de un marco regulatorio que está pensado para los grandes", concluyó Miranda.
A juicio del timonel de la Coordinadora, todos los argumentos que se puedan utilizar en contra de la acción de los grandes productores, se quedan pequeños al lado del daño que provocan en los ámbitos sociales y de daño al medio ambiente, dijo a modo de resumen.
Según lo relatado al Líder de San Antonio, no sólo estaría en operaciones el barco Don Enrique, sino que también el Saint Jaque. "Este último llega a sacar unas 200 toneladas, es decir, unas cuatro mil cajas de merluza, cantidad insuperable por los artesanales".
A parte de la lucha que a diario deben enfrentar para encontrar recursos en sus recaladeros históricos, Miranda argumentó que, además, deben enfrentar la temática de la comercialización, donde no pueden competir en precios, por los costos que implica salir a alta mar.
"Por eso vamos a luchar hasta el final, porque no es justa la acción que llevan a cabo, no sólo en el litoral, sino que también en toda la línea del 33, que corresponde a Rapel. De brazos cruzados no nos vamos a quedar", anunció.
Legislación
Respecto de la legislación vigente, el representante de los pescadores sostuvo que "es claro que los industriales tienen libertad sobre el territorio marítimo, pero la idea es que no nos vengan a quitar el poco recurso que nos queda y lo que más tarde se traduce en el pan para nuestras familias".
Si bien la normativa es clara en dirimir las superficies y áreas protegidas para cada sector, la aspiración central de la Coordinadora se centra en extender el territorio exclusivo a más de 18 millas, cuestión que les parece justa.
"En la anterior promulgación, no fuimos escuchados ni por el poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, donde presentamos varias instancias de protección, sin encontrar apoyo, por tanto ahora tenemos que ver las malas consecuencias de un marco regulatorio que está pensado para los grandes", concluyó Miranda.
