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A continuación reproducimos una editorial publicada por el diario El Sur, donde se analiza la posibilidad de licitar las cuotas de captura:
"A raíz de la escasez de recursos, el Consejo Nacional de Pesca (CNP) aprobó en Valparaíso la anunciada reducción de las cuotas globales de captura para 2011. La medida contribuirá a frenar el colapso de especies como el jurel, depredado en alta mar y capturado bajo talla mínima legal en el norte. Sin embargo, traerá aparejado un nuevo golpe al empleo en una industria pesquera devastada por el terremoto y que ya suma cerca de dos mil despidos en el año.
Por desgracia, la incertidumbre laboral no termina ahí. Ha trascendido que el proyecto de ley para renovar los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) comprendería la asignación de un 50% de las cuotas individuales a los operadores con historia extractiva, como ocurre en los 22 países con dicho régimen pesquero. Sin embargo, el 50% restante se adjudicaría mediante subasta, caso inédito a nivel mundial.
El informe "Hacia dónde debiera ir la regulación pesquera", despachado hace unos días por el Programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo (LyD), concluyó que una subasta total o parcial de las cuotas individuales no facilitaría el ingreso de nuevos actores, sino que por el contrario, concentraría la actividad en menos operadores. Además, deterioraría la calidad de los derechos de explotación, afectando las decisiones de inversión y de manejo sustentable de las especies; aumentaría los costos para la industria, quitándole competitividad internacional, y limitaría los recursos para investigar o agregar valor a la materia prima.
Desde el punto de vista jurídico, en los países con cuotas individuales transferibles -como Chile desde 2001- éstas se han asignado a los actores con autorizaciones de pesca; es decir a quienes registran una historia de capturas comprobable, cautelando que el reparto respete la participación de cada actor por especie y región. Al subastar las cuotas se pasaría por sobre el derecho a pescar de los titulares de esos permisos; por ende, el Ejecutivo se expondría a demandas por expropiación.
Menos atendible es la posición de las plantas de pequeña y mediana envergadura que no poseen barcos ni autorizaciones de pesca, las que han pedido que se les entregue cuota por el solo hecho de procesar materia prima o prometer empleo. Por lo mismo, durante el seminario "Bio Bio: Región pesquera por excelencia" fue el propio subsecretario de Pesca quien instó a dichas firmas a no generarse falsas expectativas.
La asignación de cuotas mediante licitación sólo es aplicable sobre recursos nuevos, donde no hay autorizaciones de pesca y por ende historia de capturas; no tenerlo en cuenta sentaría un pésimo precedente para los demás rubros ligados al uso de recursos naturales. Si a ese hecho se agrega el nuevo escenario al que se enfrenta el sector, con una cuota global de jurel que caerá un 76%, entre otras especies que disminuyen, es claro que cualquier experimentación perjudicará aún más a la zona y el país en su conjunto".
"A raíz de la escasez de recursos, el Consejo Nacional de Pesca (CNP) aprobó en Valparaíso la anunciada reducción de las cuotas globales de captura para 2011. La medida contribuirá a frenar el colapso de especies como el jurel, depredado en alta mar y capturado bajo talla mínima legal en el norte. Sin embargo, traerá aparejado un nuevo golpe al empleo en una industria pesquera devastada por el terremoto y que ya suma cerca de dos mil despidos en el año.
Por desgracia, la incertidumbre laboral no termina ahí. Ha trascendido que el proyecto de ley para renovar los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) comprendería la asignación de un 50% de las cuotas individuales a los operadores con historia extractiva, como ocurre en los 22 países con dicho régimen pesquero. Sin embargo, el 50% restante se adjudicaría mediante subasta, caso inédito a nivel mundial.
El informe "Hacia dónde debiera ir la regulación pesquera", despachado hace unos días por el Programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo (LyD), concluyó que una subasta total o parcial de las cuotas individuales no facilitaría el ingreso de nuevos actores, sino que por el contrario, concentraría la actividad en menos operadores. Además, deterioraría la calidad de los derechos de explotación, afectando las decisiones de inversión y de manejo sustentable de las especies; aumentaría los costos para la industria, quitándole competitividad internacional, y limitaría los recursos para investigar o agregar valor a la materia prima.
Desde el punto de vista jurídico, en los países con cuotas individuales transferibles -como Chile desde 2001- éstas se han asignado a los actores con autorizaciones de pesca; es decir a quienes registran una historia de capturas comprobable, cautelando que el reparto respete la participación de cada actor por especie y región. Al subastar las cuotas se pasaría por sobre el derecho a pescar de los titulares de esos permisos; por ende, el Ejecutivo se expondría a demandas por expropiación.
Menos atendible es la posición de las plantas de pequeña y mediana envergadura que no poseen barcos ni autorizaciones de pesca, las que han pedido que se les entregue cuota por el solo hecho de procesar materia prima o prometer empleo. Por lo mismo, durante el seminario "Bio Bio: Región pesquera por excelencia" fue el propio subsecretario de Pesca quien instó a dichas firmas a no generarse falsas expectativas.
La asignación de cuotas mediante licitación sólo es aplicable sobre recursos nuevos, donde no hay autorizaciones de pesca y por ende historia de capturas; no tenerlo en cuenta sentaría un pésimo precedente para los demás rubros ligados al uso de recursos naturales. Si a ese hecho se agrega el nuevo escenario al que se enfrenta el sector, con una cuota global de jurel que caerá un 76%, entre otras especies que disminuyen, es claro que cualquier experimentación perjudicará aún más a la zona y el país en su conjunto".
