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Vicepresidente del Senado, Carlos Ominami, presentó una moción que apunta a consagrar el deber preferente del Estado a garantizar el acceso de todos los habitantes a recibir prestaciones básicas uniformes
Una reforma constitucional para garantizar a los trabajadores el derecho a optar entre un sistema público y uno privado de previsión social presentó el Vicepresidente del Senado, Carlos Ominami, quien explicó que “al igual como ocurre en el sistema de salud deben coexistir ambas modalidades para que sean las personas las que opten por la de su conveniencia”.
Mediante esta enmienda, que será analizada por la Comisión de Trabajo, el senador Ominami pretende “abrir la posibilidad para modificar la actual legislación de pensiones a fin de que el Estado, a través de una Administradora Pública de Pensiones o de un sistema de reparto corregido, pueda proteger la libertad de elección de los trabajadores chilenos”.
Cabe señalar que, hace pocas semanas, el Congreso despachó la reforma al sistema previsional donde uno de los temas de debate fue la participación del Estado a través de la creación de una AFP pública, lo que finalmente no concitó el respaldo mayoritario.
El parlamentario señaló que “la regulación del derecho a la seguridad social presenta enormes similitudes con la del derecho a la salud, existiendo cotizaciones obligatorias y un sistema de seguro a cargo de instituciones públicas y privadas”.
Sin embargo, en el caso de la previsión social, no existe un sistema público abierto a la afiliación de los trabajadores, los que quedan, entonces, obligados a incorporarse y mantenerse en el régimen de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuestión anómala incluso para otras naciones que replicaron el sistema privado de pensiones de nuestro país.
A juicio del senador Ominami no “existe una razón lógica o jurídica que justifique que el Estado abandone el rol que le corresponde, más aún cuando este tipo de mecanismos redistributivos no se encuentra agotado en el país, sino que sobrevive con las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que constituye una grave inequidad que afecta la igualdad ante la ley que debe existir entre los chilenos”.
Recalcó que es plenamente factible - e incluso necesario - que el sistema privado coexista con el público, tal como lo señala la experiencia internacional y, más aún, que tal convivencia sea dinámica, como lo demuestra la medida dispuesta recientemente por el parlamento argentino de permitir el retorno al antiguo sistema a los trabajadores, abriendo un lapso para ejercer esta opción.
Por ello, esta reforma constitucional explicita el deber del Estado de adoptar un rol activo en la materia, asegurando a los habitantes un sistema previsional justo e igualitario; garantiza la libertad de elección de los trabajadores chilenos, tal como sucede con el derecho a la salud; y protege este derecho a optar a través del recurso de protección.
Mediante esta enmienda, que será analizada por la Comisión de Trabajo, el senador Ominami pretende “abrir la posibilidad para modificar la actual legislación de pensiones a fin de que el Estado, a través de una Administradora Pública de Pensiones o de un sistema de reparto corregido, pueda proteger la libertad de elección de los trabajadores chilenos”.
Cabe señalar que, hace pocas semanas, el Congreso despachó la reforma al sistema previsional donde uno de los temas de debate fue la participación del Estado a través de la creación de una AFP pública, lo que finalmente no concitó el respaldo mayoritario.
El parlamentario señaló que “la regulación del derecho a la seguridad social presenta enormes similitudes con la del derecho a la salud, existiendo cotizaciones obligatorias y un sistema de seguro a cargo de instituciones públicas y privadas”.
Sin embargo, en el caso de la previsión social, no existe un sistema público abierto a la afiliación de los trabajadores, los que quedan, entonces, obligados a incorporarse y mantenerse en el régimen de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuestión anómala incluso para otras naciones que replicaron el sistema privado de pensiones de nuestro país.
A juicio del senador Ominami no “existe una razón lógica o jurídica que justifique que el Estado abandone el rol que le corresponde, más aún cuando este tipo de mecanismos redistributivos no se encuentra agotado en el país, sino que sobrevive con las Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que constituye una grave inequidad que afecta la igualdad ante la ley que debe existir entre los chilenos”.
Recalcó que es plenamente factible - e incluso necesario - que el sistema privado coexista con el público, tal como lo señala la experiencia internacional y, más aún, que tal convivencia sea dinámica, como lo demuestra la medida dispuesta recientemente por el parlamento argentino de permitir el retorno al antiguo sistema a los trabajadores, abriendo un lapso para ejercer esta opción.
Por ello, esta reforma constitucional explicita el deber del Estado de adoptar un rol activo en la materia, asegurando a los habitantes un sistema previsional justo e igualitario; garantiza la libertad de elección de los trabajadores chilenos, tal como sucede con el derecho a la salud; y protege este derecho a optar a través del recurso de protección.
