Pacto Social: el llamado a generar un acuerdo nacional

La Comisión para la Equidad Social tendrá la difícil misión de acercar posiciones políticas con el fin de elaborar propuestas laborales orientadas a la justicia social.

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La propuesta de propiciar un pacto social realizada por el cardenal Errázuriz, vino a consolidar el debate del sueldo ético surgido hace unas semanas. El llamado a generar un acuerdo nacional y la necesidad de ocuparse de las desigualdades económicas, ha movilizado tanto al Gobierno como a la Concertación y la Alianza. En la siguiente minuta de contingencia, se contextualiza la propuesta del pacto social y los eventos que se han suscitado tras ésta.
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La idea de un pacto social En la homilía del Te Deum Ecuménico del pasado 18 de septiembre, el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, hizo referencia a la necesidad de efectuar un “amplio pacto social que logre articular el crecimiento económico y sus ventajas con el aumento de la productividad y de los lugares de trabajo, y con el crecimiento en justicia social”. Asimismo, enfatizó la importancia de generar acuerdos entre empresarios y trabajadores; y entre la Alianza y el Oficialismo. Es más, felicitó al Gobierno por buscar “condiciones necesarias para generar otros consensos” y a la Oposición por elaborar proyectos de ley y otras propuestas “con las que quiere perfeccionar las iniciativas enviadas al Congreso”. Así, la idea del pacto social implica:
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Generar un nuevo trato laboral
Alcanzar un acuerdo político
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Cabe recordar que a principios de agosto, el obispo de Rancagua y presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, planteó la necesidad de instaurar un sueldo justo, en el marco de las protestas que protagonizaron sub-contratistas de Codelco. Desde allí, una serie de reacciones se suscitaron, las que terminaron con la conformación del “Consejo Asesor Presidencial Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social: Hacia un Chile más justo”.

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Asimismo, en el III Foro Parlamentario Iberoamericano, realizado en Valparaíso recientemente, sus integrantes firmaron un documento en que declaran la necesidad de impulsar nuevos pactos sociales. En esa oportunidad, los legisladores reconocieron la urgencia de contruir una sociedad más equitativa y solidaria.

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Nuevo trato laboral

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Durante este año, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ha puesto énfasis en una serie de áreas esenciales relativas al plan de protección social de la actual administración. En este sentido, ha impulsado una agenda laboral, cuyo principal desafío es la promulgación de la Reforma Previsional.

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La contingencia ha influido en la generación de nuevas iniciativas y en la agilización de otras. Este ha sido el caso de propuestas relativas al sindicalismo y la negociación coletiva. De allí que temas como el “sueldo ético” y “el crecimiento económico con justicia social”, instalados en el debate por la Iglesia Católica, han impulsado la agilización de estos proyectos.

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Tras la propuesta del cardenal Errázuriz, el titular de la Segpres, el ministro José Antonio Viera-Gallo, informó que la Comisión de Equidad Social, se hará cargo de concretar una institucionalidad que sirva como marco para la elaboración del pacto social. Por lo que resulta altamente probable que esta instancia sea la encargada de estudiar la mejor fórmula para generar un diálogo social entre trabajadores y empresarios.

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Acuerdo político

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El pacto social también está orientado a establecer las bases de un acuerdo político que aglutine fuerzas antagónicas. Es así como este llamado se presenta como una oportunidad para que la Concertación y la Oposición acerquen posiciones en torno a un tema en que existe consenso general: la justicia social. Las dificultades se presentan a la hora de definir la estrategia para lograr este objetivo.

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El último antecedente que da cuenta de un entendimiento entre ambos bloques data de 2003, ocasión en que el presidente de la UDI de aquel tiempo, Pablo Longueira, y el entonces Ministro del Interior, José Miguel Insulza, firmaron un acuerdo de modernización del Estado. Esto luego de conocerse diversos episodios de corrupción como fueron los casos Coimas, Mop-Gate, y Sobresueldos.

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Durante la actual administración, las comisiones asesoras presidenciales han sido el instrumento para analizar determinadas temáticas. En estas instancias han participado expertos y representantes de ambas colectividades, aunque sea ha enfatizado que el carácter de éstas es técnico, no político.

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Ahora bien, el trabajo del Comité Político Legislativo para la Ley General de Educación, ha marcado cierta diferencia de las comisiones asesoras presidenciales, debido a que en el Comité se encuentran trabajando legisladores y técnicos de la Oposición y el Oficialismo en función de la tramitación de esta iniciativa, luego que ambos conglomerados presentaran sendas propuestas. Dada la participación de parlamentarios, el tenor político ha quedado mucho más en evidencia.

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Hasta ahora, representantes de la Alianza y la Concertación han manifestado su interés por alcanzar un acuerdo nacional en función del pacto social, aunque no desconocen las dificultades que aparecen cuando se busca generar consenso en una temática tan compleja como son las relaciones entre empresarios y trabajadores.

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Habrá que ver si la comisión de equidad social logra transformarse en la instancia de acercamiento político orientada a elaborar propuestas laborales. Un desafío complejo cuando se trata de poner el bien común por sobre los intereses particulares (el de los partidos políticos, el de los empleadores, y el de los empleados) La eterna demanda de las sociedades democráticas.