Defensa soberana

La demanda marítima contra Chile presentada por Perú ante la Corte de La Haya involucra un área rica en especies pelágicas, como la anchoveta, razón por la cual los industriales pesqueros de ambos países están muy atentos a la determinación del organismo internacional.
Por Ximena García C.

Tal como se presumía, el pasado 16 de enero del 2008 el Gobierno peruano presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (en Holanda) una demanda que dio inicio a un proceso que pretende resolver la controversia marítima de naturaleza jurídica que dicho país dice sostener con Chile. Este tema ha movilizado al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien, a través de la Cancillería, inició acciones tendientes a defender la soberanía nacional sobre el territorio cuestionado.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el recurso se ampara en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como Pacto de Bogotá, mediante el cual peruanos y chilenos reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte de La Haya.
La controversia jurídica se refiere a la delimitación de los espacios marítimos de Perú y Chile, tomando como partida el punto en la orilla del mar denominado Concordia, en conformidad con el Tratado de Lima firmado en 1929. Al respecto, el país vecino solicitó que la Corte determine el límite marítimo sobre la base de los principios y normas de la costumbre internacional, tal como ésta ha sido recogida en las convenciones sobre derecho del mar y aplicada en la jurisprudencia en diferentes casos de delimitación.

La demanda comprende el área de mar peruano que se extiende más allá de las 200 millas marinas del territorio de Chile y que Perú considera alta mar. En vista de eso, el país vecino pidió que la Corte reconozca los derechos soberanos exclusivos que posee sobre dicha área denominada “triángulo externo”.

El argumento peruano

Perú sostiene que las zonas marítimas entre Perú y Chile nunca han sido establecidas por acuerdo alguno, y que por ello la delimitación correspondiente tendrá que ser realizada por La Haya. De ese modo, solicitó a la mencionada Corte que determine el límite marítimo entre los dos Estados conforme con el derecho internacional, solicitando además que se reconozca y declare que Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de las 200 millas de su costa y fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y de la plataforma continental de Chile.

Como respuesta, el Gobierno chileno formó un Consejo Asesor para el Límite Marítimo integrado por especialistas nacionales en materia de derecho y prácticas internacionales, el cual ha sido establecido como cuerpo permanente del equipo de la Cancillería para aportar antecedentes, información y, sobre todo, ayudar a esclarecer los argumentos que se están llevando a La Haya.
Luego de la reunión que sostuvo este consejo el pasado 23 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, dijo que “el denominador común que han argumentado los especialistas es que el país tiene un caso muy sólido desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, no vamos a caer en una actitud autocomplaciente. Vamos a estar permanentemente afinando el planteamiento del Gobierno”.

Tema país

El pasado 14 de marzo se realizó la primera audiencia en la que se oficializó la designación de los agentes representantes de Chile y Perú, en las personas del vicecanciller Alberto Van Klaveren, y el ex ministro Allan Wagner, respectivamente, para fijar los primeros procedimientos relacionados con la demanda marítima.

En la ocasión, los países coincidieron en considerar un plazo prudencial para abordar la demanda que presentó el Gobierno del Presidente Alan García ante La Haya, definiendo un cronograma y los procedimientos del proceso, sin que se haya tocado ningún tema de fondo, según lo informado en ese momento.

En Chile, este asunto ha sido considerado un tema país, existiendo total acuerdo entre todos los actores políticos y empresariales en la necesidad de defender el territorio marítimo chileno que está en debate y que posee un enorme potencial en materia pesquera.

El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Camilo Escalona, expresa que “por cierto que estoy con Chile” y que considera peligrosa la demanda peruana, ya que “puede generar acciones fronterizas que estaban superadas y con eso no se puede jugar”. Agrega que si bien su comisión no ha presentado acciones al respecto, existe acuerdo en el Congreso para respaldar al Gobierno chileno y aceptar que éste tenga una sola voz en esta materia. “Todos los políticos están informados y son consultados en lo que se refiere a este proceso”, dice Escalona.

Valor pesquero

El gerente de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, sostiene que “se trata de un tema diplomático y confiamos en que nuestra Cancillería sabrá representar nuestros intereses soberanos”. Respecto de la relevancia en términos pesqueros del área en disputa, el ejecutivo declara que “es sumamente importante”, debido a que allí se encuentran pesquerías dinámicas, como la anchoveta (Engraulis ringens), especie de alta movilidad y cuyo stock se encontraría en un 90% en Chile y el resto en el sur de Perú.

De ese modo, si la demanda peruana fuera acogida, las capturas pesqueras pelágicas chilenas podrían verse fuertemente afectadas, ya que la zona norte –XV, I y II Región– representa aproximadamente un tercio de los desembarques del país, que en el 2007 alcanzaron un total de 4,1 millones de t. De ese modo, se podrían perder alrededor de 1,4 millones de t, si es que se mantuvieran las condiciones del año pasado.

Como se puede suponer, el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, está preocupado por lo que está pasando. Su compañía posee dos plantas reductoras en Arica (XV Región) y 22 naves industriales operando en el norte. Además, recibe pesca de unas 40 embarcaciones artesanales y de pequeños armadores independientes. El ejecutivo es enfático en manifestar que “si a nuestro país no se le reconoce su límite marítimo, se verá gravemente afectada la actividad económica de toda Arica. No sólo desde la perspectiva pesquera, sino que en el contexto general”. Explica que el impacto podría reflejarse en el “cierre de plantas pesqueras, astilleros y de actividades relacionadas con el tráfico marítimo”.

Mujica agrega que “Chile dejaría de pescar una cantidad significativa de recursos que habitan en las aguas que hoy Perú reclama”. También manifiesta que “el límite marítimo chileno en el norte está definido, reconocido y aceptado por ambos países y por la comunidad internacional por más de 50 años. Ello se fundamenta en los tratados suscritos en 1952 y 1954 y en la práctica de ambos países que así lo han reconocido”.

Consultado respecto del desempeño de las autoridades chilenas frente a esta situación, el ejecutivo de Corpesca dice que “en un primer momento pareció que el problema los hubiera tomado por sorpresa. No obstante, después se designó un equipo diplomático y jurídico de primer nivel para hacer valer nuestros derechos, por lo que podemos esperar salir exitosamente de la disputa que se inicia”.

Asegura que “no es posible que mientras en el sur de Perú se estén dando todas las facilidades para la extracción de recursos marinos, en la franja limítrofe chilena se estén poniendo trabas para la explotación de especies compartidas con los vecinos, como el jurel (Trachurus murphyi), para el cual en los últimos años se limitó la cuota a la mitad del su promedio histórico. Eso debilita nuestra posición al momento de un fallo, por lo que urge actuar con celeridad y legislar con medidas que potencien nuestra soberanía marítima en la franja limítrofe”, concluye el máximo ejecutivo de la compañía ligada al grupo Angelini.

En este momento, Perú estaría preparando una memoria con todos los documentos que avalen su reclamo. Luego, Chile tendrá que hacer lo mismo; todo con el fin de que la Corte de La Haya resuelva finalmente, en un plazo que aún no está definido, quién tiene la razón.