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Tras un arduo debate que estuvo cruzado por la discusión sobre el carácter jurídico de las concesiones acuícolas y las garantías medioambientales y laborales que deberán cumplir la industria para evitar que se repitan crisis como la que golpeó a la salmonicultura, el Senado despachó en su totalidad el articulado del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), y que daría un nuevo impulso a la industria del salmón, afectada fuertemente por el virus ISA.
De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados, con la petición formal del senador Camilo Escalona para que el Ejecutivo retire las disposiciones que, a su juicio, anulan el criterio original de las causales de caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.
Por acuerdo de los Comités del Senado y, considerando que esta era la tercera jornada de votación del proyecto, la Sala acordó pronunciarse por los 15 capítulos temáticos sobre el articulado de la iniciativa que fueron definidos previamente por la Secretaría.
Los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro dejaron constancia de que lamentaban este procedimiento ya que hubiesen preferido que la votación siguiera separadamente artículo por artículo.
No obstante, el presidente del Senado, Jovino Novoa aclaró que se optó por esta fórmula porque el acuerdo de los Comités era concluir ayer mismo el despacho de la iniciativa y "se propuso votar por capítulos ya que es un procedimiento distinto que permite el Reglamento cuando el proyecto es extenso o se trata de un Código".
Hipotecas
Uno de los temas más polémicos del proyecto fue el capítulo relativo a la hipoteca o garantía que se podrá constituir sobre las concesiones acuícolas, el que finalmente se aprobó por 21 votos a favor siete en contra y dos abstenciones.
Durante el debate intervinieron los senadores Alejandro Navarro, Evelyn Matthei, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Hosaín Sabag, Antonio Horvath, Guillermo Vásquez, Adolfo Zaldívar, Carlos Ominami y Hernán Larraín, además del ministro de Economía (s), Jean Jaques Duhart.
Los senadores Alejandro Navarro, Guido Girardi y Carlos Ominami insistieron en que estas disposiciones permitirán una privatización del mar y calificaron dichas normas como "discriminatorias y excepcionales" por que permiten a los privados constituir garantías sobre un bien nacional de uso público.
A su turno, los senadores Evelyn Matthei, Antonio Horvath, Hosaín Sabag y Hernán Larraín recalcaron que "lo que se está hipotecando no es la columna de agua ni el fondo marino sino el derecho para hacer acuicultura". Añadieron que este mecanismo es similar al que se utiliza en el sistema actual de concesiones de obras públicas.
El senador Juan Pablo Letelier, aseveró que si bien hay un modelo de concesión donde se entregan los derechos de uso y goce, advirtió que "el Estado es débil para fiscalizar el cumplimiento de las normas y llegamos a esta crisis de la salmonicultura porque el sector privado no cumplió con las regulaciones previstas".
En tanto, el senador Adolfo Zaldívar manifestó que el tema de fondo es si existe voluntad para que "esta industria pueda desarrollarse", porque para ello se requiere que exista "certeza jurídica", es decir, que sea una actividad estable en el tiempo y, en ese sentido "la propiedad y la hipoteca tienen una lógica incuestionable".
Por su parte, el senador Guillermo Vásquez, precisó que "lamentablemente el texto legal incurre en varios errores jurídicos" porque se aplica en forma inadecuada el concepto hipoteca. Precisó que en todo caso "no hay colisión de intereses con otras actividades productivas en las aguas porque el derecho del concesionario no alcanza ni a la actividad artesanal ni a otras".
El ministro subrogante de Economía, Jean Jacques Duhart explicó que el interés del Ejecutivo es permitir la posibilidad de que "las empresas accedan al financiamiento para reiniciar las operaciones en el sector acuícola y para que puedan incorporar nuevas tecnologías".
Aspectos laborales y nuevas sanciones
Un cariz distinto tuvieron las normas que establecen la obligación de regular mediante una normativa especial los efectos laborales que se produzcan por la aplicación de esta ley y de destinar por parte de la Subsecretaría del Trabajo hasta el 20% del programa escuela de formación sindical a la capacitación y desarrollo de los trabajadores del sector.
El Senado aprobó por 23 votos a favor y dos abstenciones este capítulo y los senadores Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier destacaron la importancia de estas disposiciones que obedecen a una sentida aspiración de los distintos sindicatos. Sin embargo, el senador Alejandro Navarro consideró débiles las normas laborales que se contemplan en el proyecto y señaló que se le da incluso, más importancia al cumplimiento de las regulaciones medioambientales.
Por otro lado, el capítulo de normas que establecen nuevas sanciones por el incumplimiento de los requisitos para mantener y renovar las concesiones motivaron un arduo debate y se aprobó por 13 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. No obstante y pese a que se aprobó la disposición que flexibilizó la causal de caducidad por prácticas antisindicales, el senador Camilo Escalona pidió expresamente al Ejecutivo corregir esta norma en la Cámara de Diputados.
El texto legal aprobado establece que las concesiones no se renovarán si una empresa tiene tres sentencias ejecutoriadas por prácticas antisindicales en tres periodos productivos. Pese a esto, se contempla la posibilidad de renovación si "previo informe de la Dirección del Trabajo se constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad a los hechos que motivaron las sanciones".
Al respecto, el senador Escalona junto a sus pares Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri y Guido Girardi coincidieron en que este artículo "será letra muerta" porque en la práctica va a ser difícil aplicar la causal de caducidad por prácticas antisindicales que fueron las que incidieron en la grave crisis del salmón.
A su turno, el senador Roberto Muñoz Barra expresó sus dudas sobre "si el Ejecutivo estaba consciente de que esta causal no se va a aplicar nunca".
Mientras tanto, el senador Antonio Horvath recalcó que "el compromiso del Ejecutivo es entregarnos un estatuto laboral especial para el sector" y recordó que en lo fundamental se aumentaron fuertemente las sanciones por prácticas desleales o antisindicales y también las multas que irán entre las 50 a 150 unidades tributarias mensuales.
Normas polémicas
En ese sentido, se aprobó por 21 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones todas las normas que regulan el otorgamiento de las concesiones de acuicultura que tendrán un plazo de 25 años y se renovarán por igual periodo, siempre y cuando no tengan informes medioambientales negativos ni hayan incurrido en alguna de las causales de caducidad que establece el proyecto.
Además se establece que, desde la publicación de la presente ley se suspende en las regiones de Los Lagos y Aysén el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura, cuyo proyecto técnico considere peces, salvo las que a dicha fecha cuenten con proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría de Pesca.
Por otro lado, el Senado respaldó por 22 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones el capítulo de normas relativas a la transferencia de las concesiones. Los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Juan Pablo letelier argumentaron que se establece un fast track para realizar las transferencias de concesiones ya que se elimina el requisito de la autorización de la Subsecretaría de Marina y de Pesca.
Los senadores Evelyn Matthei, Baldo Prokurica y Antonio Horvath defendieron la iniciativa porque significa un avance respecto a las concesiones perpetuas. Además señalaron que este proyecto obliga a los titulares de la concesión a ocuparla a través de una operación mínima y se disponen descansos obligatorios por cada uno de los barrios, de modo de prevenir la propagación de virus. Por lo tanto, "en esos periodos no se aplicará la causal de caducación", dijeron.
En tanto, por 21 votos a favor y dos abstenciones, la Sala despachó todas las regulaciones para adquirir y administrar dichas concesiones señalando que ninguna persona natural o jurídica ni personas vinculadas a ellas podrán solicitar concesiones de acuicultura que representen más del 20% del total de la superficie concesible de una región.
Finalmente el capítulo que establece las normas sanitarias y medioambientales que deberán cumplir los concesionarios acuícolas fue aprobado por 23 votos a favor y dos abstenciones, con lo cual se incluye un completo paquete de medidas para prevenir la propagación de virus y enfermedades que afecten a las especies en cultivo
