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Esta columna del periodista argentino Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil, fue escrita el 23 de agosto pasado. Fue premonitoria. Adelantó la estrategia de los Kirchner: terminar con la jubilación privada y con ello acarrear recursos frescos -el dinero de los aportantes- a las menguadas arcas fiscales.
Por Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil.
Cuando el gobierno estigmatizó la jubilación privada, fomentó el traspaso de los afiliados de las AFJP al Estado y dispuso que todos los nuevos aportantes -salvo que expresamente se opongan- vayan directamente para el Estado, logró que esos ingresos le permitieran maquillar un superávit fiscal que ya venía reduciéndose: lo que a largo plazo es una deuda que el Estado deberá pagar a esas personas cuando se jubilen, en el corto plazo le suma caja por los aportes de esos trabajadores. Por ejemplo, de los 4 mil millones del superávit del mes de junio, anunciado con bombos y platillos por Cristina Kirchner esta semana, 2 mil millones obedecen a la caja de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
Si esos fondos quedaran en la Anses y se invirtieran de forma que se asegurara la mantención y el rendimiento de ese capital a largo plazo -y no para financiar al gobierno-, los futuros jubilados no correrían la suerte de varias generaciones de argentinos que, a la hora de jubilarse, cobraron una ínfima parte de lo que les correspondía porque sus aportes habían sido usados por gobiernos anteriores para financiar sus déficits.
Pero por desgracia, el gobierno -y de manera creciente- viene retirando dinero de la Anses a cambio de bonos de deuda del Estado, porque el superávit fiscal no resulta suficiente para pagar la deuda pública que, al vencer, no tiene cómo renovar porque ya nadie le presta, salvo los insuficientes mil millones de dólares de Chávez. Casi ningún país del mundo podría pagar íntegramente su deuda al vencimiento si no contara con la posibilidad de renovar una parte, salvo que la deuda fuera muy pequeña o se contara con un superávit fiscal excepcional.
Para pagar la deuda que vence en 2009, muy probablemente el gobierno tendrá que apelar a parte de las reservas del Banco Central y venderle a la Anses varios miles de millones de dólares en bonos de deuda del propio Estado. Con la misma elegancia lingüística del voto "no positivo" de Cobos, los técnicos llaman a esas operaciones "emisión de deuda no voluntaria".
Y ya en 2008, para financiar el déficit de 3 mil millones de pesos de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli promueve una reforma en la legislación previsional que le permita a su gobierno apelar a los fondos del Instituto de Previsión Social, que incluye las cajas de jubilación de los empleados públicos bonaerenses: docentes, servicio penitenciario, agentes municipales y empleados de la administración central. El modelo sería el mismo que ya se aplica a nivel nacional: el Instituto de Previsión Social recibiría bonos de la propia Provincia "garantizados en un 100% con fondos de la coparticipación federal".
La situación financiera de las provincias es mucho más estrecha que la de la Nación, y esta vez no por su culpa: reciben apenas el 26% del total de la recaudación nacional contra el 33% que dispuso el acuerdo Nación-provincias, porque, como se sabe, los ingresos por retenciones y el impuesto al cheque no son coparticipables. Si la Nación tiene cerrado el acceso al crédito, más aún las provincias. Sumado a que las propias restricciones de fondos del gobierno nacional hacen que gire menos dinero incluso a los gobernadores amigos.
Algunas provincias tienen situaciones tan acuciantes que hasta recrean impuestos de la época en que existían aduanas internas, y si el estrangulamiento financiero en 2009 se agravara y el gobierno nacional no saliera en su auxilio, podría no quedarles más alternativa que su propia "emisión de deuda no voluntaria" bajo otras formas, como lo fueron las cuasi monedas. Las posibilidades de que esto suceda son remotas, pero a algunos gobernadores el solo recuerdo de aquellos años no los deja dormir.
El uso de los aportes de los futuros jubilados para cubrir necesidades del presente muestra cómo gobiernos ideológicamente opuestos son igualmente cortoplacistas: unos endeudándose y vendiendo activos, otros consumiendo el ahorro de los ciudadanos, pero todos gastando más hoy y que la cuenta la pague el que sigue.
