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La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, se reunió con el coordinador de la campaña de Greenpace, Samuel Leiva, con quien analizó el estado actual de la pesca artesanal y otros temas medioambientales y relacionados con las reformas a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).
"El Gobierno debe retirar en forma inmediata el proyecto que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura, ya que no es posible que se siga apoyando a una industria que ha causado mucho daño, no solo a nivel medioambiental, sino que también laboral y social", sostuvo Leiva.
El representante de Greenpeace explicó que "lamentablemente la actitud de la industria salmonicultora ha sido bastante negativa y creemos que el Gobierno no ha tenido los pantalones para fiscalizar a estos empresarios de la debida manera y por el contrario, con estas reformas a la ley de pesca, sólo se trata de agregar un nuevo integrante a esta historia: la banca, y obviamente se pueden pronosticar las funestas conclusiones que traerá esta situación".
Según informa la Conapach, para el encargado de campaña de Greenpace, la desconfianza generada por la empresa de salmonicultura "es tremenda y ahora tiene que existir un trabajo para recomponer esa confianza, sin embargo nosotros creemos que por inyectarle más dinero no se mejorará la sustentabilidad".
Samuel Leiva agregó que "nos parece bastante negativo las declaraciones que realiza uno de los principales empresarios y vocero de los salmonicultores, Cesar Barros, quien aparece declarando que su empresa no es la más mala de todas y obviamente eso también genera desconfianzas".
Finalmente, el activista de Greenpeace insistió en que se debía retirar el proyecto que reforma la ley de pesca, "y de una vez por todas el Gobierno debe abocarse a los grandes temas, como es la sustentabilidad de la empresa de salmonicultura en el tiempo y no pensar en el corto plazo, ya que los resultados ya han sido vistos por todos: crisis medioambiental, crisis laboral y crisis social".
"El Gobierno debe retirar en forma inmediata el proyecto que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura, ya que no es posible que se siga apoyando a una industria que ha causado mucho daño, no solo a nivel medioambiental, sino que también laboral y social", sostuvo Leiva.
El representante de Greenpeace explicó que "lamentablemente la actitud de la industria salmonicultora ha sido bastante negativa y creemos que el Gobierno no ha tenido los pantalones para fiscalizar a estos empresarios de la debida manera y por el contrario, con estas reformas a la ley de pesca, sólo se trata de agregar un nuevo integrante a esta historia: la banca, y obviamente se pueden pronosticar las funestas conclusiones que traerá esta situación".
Según informa la Conapach, para el encargado de campaña de Greenpace, la desconfianza generada por la empresa de salmonicultura "es tremenda y ahora tiene que existir un trabajo para recomponer esa confianza, sin embargo nosotros creemos que por inyectarle más dinero no se mejorará la sustentabilidad".
Samuel Leiva agregó que "nos parece bastante negativo las declaraciones que realiza uno de los principales empresarios y vocero de los salmonicultores, Cesar Barros, quien aparece declarando que su empresa no es la más mala de todas y obviamente eso también genera desconfianzas".
Finalmente, el activista de Greenpeace insistió en que se debía retirar el proyecto que reforma la ley de pesca, "y de una vez por todas el Gobierno debe abocarse a los grandes temas, como es la sustentabilidad de la empresa de salmonicultura en el tiempo y no pensar en el corto plazo, ya que los resultados ya han sido vistos por todos: crisis medioambiental, crisis laboral y crisis social".
