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Hoy, la industria del jurel está viviendo lo que para algunos es el momento más complicado en las tres décadas que llevan trabajando. Por un lado está la negociación que busca regular la pesca en alta mar, en la que Chile está trabajando con 21 países y que tiene resultados inciertos. Además, la cantidad de barcos extranjeros pescando en el Pacífico Sur casi se ha quintuplicado en los últimos años y hoy están extrayendo cerca de 500 mil toneladas de jurel al año.
Para sumar otro factor, se espera que Chile por primera vez en su historia sólo pesque el 60% de la cuota de 1,6 millones de toneladas que tiene establecida por ley."Hay un cóctel de situaciones que hacen que este sector esté viviendo un minuto de mucha incertidumbre. Este año nos ha tocado bailar con la fea", aseguró a El Mercurio el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Rodrigo Sarquis.
Acercar posturas
Mientras la Ley de Pesca nacional regula, entre otras cosas, el tamaño de los barcos y la cuota de extracción de las empresas, en aguas internacionales lo que opera es la ley de la selva.
Un desorden que el Gobierno chileno decidió ordenar junto a Australia y Nueva Zelanda al patrocinar la creación de una Organización Regional de Pesca (ORP) hace poco más de dos años. Es que a diferencia de lo que ocurre fuera de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la mayoría de los países costeros, en el Pacífico Sur nunca ha existido un acuerdo de regulación, y grandes barcos factoría provenientes de Rusia, la Unión Europea y otros países llegan aquí porque ven una buena oportunidad de negocio.
Un negocio que a Chile no puede dejar indiferente. Sólo para hacerse una idea: la industria extrae cerca de 1,5 millón de toneladas de jurel anualmente, el año pasado exportó más de US$ 700 millones, da trabajo directo a 11.500 trabajadores y a más de 45 mil de forma indirecta, y es productor de uno de los insumos más importantes para la industria del salmón: la harina de pescado.
Pero no sólo eso. Chile además es el país que según cifras oficiales se lleva más del 80% de las extracciones de jurel en el mundo. "Del jurel vive gente de muchas regiones y comunidades costeras a lo largo del país; por lo tanto, al país no le da lo mismo cómo resulte esta negociación", agregó Sarquis.
De ahí la importancia de las negociaciones para Chile y la molestia que hicieron ver al Gobierno en julio de este año desde el sector privado por la "falta de liderazgo y fuerza" con la que se estaba defendiendo al tercer sector más importante de la economía nacional.
¿Mal paso?
Es que poco más de un año de negociaciones terminaron con un acuerdo y medidas provisionales, que según los pesqueros industriales lo único que hicieron fue perjudicarlos. Lo que más complicó al sector fue que se diera un plazo de más de seis meses para que los países inscribieran los barcos tenían pescando en la zona. "Hubo ignorancia de parte de los negociadores y las medidas no cumplieron con el objetivo de frenar el número de naves", aseguró Federico Silva, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Fue tanto el plazo de inscripción, que se pasó de tener siete embarcaciones extranjeras pescando en alta mar a más de 30 este año.
Pero hoy las cosas son distintas. El subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, tomó personalmente el liderazgo del tema para llevar al ámbito internacional lo que Chile ha defendido internamente y que busca lograr la sustentabilidad del recurso en el tiempo a través de, por ejemplo, cuotas de extracción a nivel mundial.
"Quería ser mucho más proactivo porque tenemos la obligación de dar satisfacción a los intereses del país. Al tomar esta posición para liderar la parte técnico-científica, hemos logrado una cohesión muy grande que a lo mejor es lo que faltaba antes", cuenta el subsecretario Chocair.
Reuniones mañana y tarde entre el sector público y el privado ya tienen lista la defensa que Chile va a presentar en la sexta reunión que se realizará en Canberra, Australia, entre el 6 y el 10 de octubre. Eso sí, el camino no ha estado exento de problemas. Incluso el miércoles pasado algunos de los industriales estaban evaluando sus participación en la reunión. Una información emanada desde la subsecretaría de Pesca y que echaba pie atrás en parte a la posición chilena, los hizo dudar. Pero el jueves y en la última reunión en la Cancillería antes de que parte del equipo volara a Australia, el subsecretario de RR.EE., Alberto Van Klaveren, fijó la posición chilena exactamente en lo que se había trabajado en las últimas semanas.
Pero éste no ha sido el único cambio de último minuto. A principios de septiembre se supo que el embajador Cristián Maqueira, que desde el inicio había guiado las negociaciones, iba a ser reemplazado por Fernando Danús, subdirector de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos de la Cancillería. El 9 de septiembre Danús tomó el control pero ya tiene claro que en la negociación lo que más importa es que se "respete nuestra actividad histórica". Eso sí, desde el sector privado tienen claro que en esta negociación "habrá un precio que pagar".
Barcos pequeños usan a Chile para surtir a buques factorías pese a que está prohibido por ley
Grandes barcos factoría que permiten procesar el jurel y congelarlo han comenzado a llegar en masa al Pacífico Sur. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, y con las firmas de las entonces ministras de Defensa y Relaciones Exteriores, Michelle Bachelet y Soledad Alvear, se cerraron los puertos a todas aquellas flotas pesqueras que no cooperaran con Chile en la conservación de la pesquería.
Sin embargo, hoy las cosas son distintas. Embarcaciones salen de puertos como Valparaíso y Talcahuano con alimento, combustible y trabajadores para surtir a los grandes buques que permanecen meses en alta mar. Este año, y según datos de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), se estima que son 4 las naves de avituallamiento que han llegado a puertos chilenos.
Una realidad que la mayoría de los actores involucrados tiene clara. "Hoy día, los barcos de avituallamiento que deberíamos haber parado salen desde el puerto de Valparaíso a vista y paciencia de las autoridades. Tenemos un malestar extremo que hemos expresado, pero todavía no vemos ninguna intención de cumplir con el espíritu y la letra del Decreto 123", sostiene Rodrigo Sarquis, presidente de Asipes.
Sin embargo, en los primeros días de septiembre se realizó la primera reunión de trabajo para elaborar una política y afrontar el tema. Durante los primeros días de octubre se realizará la segunda.
