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El soldador Héctor Segovia debe apartar todos los meses cerca de 170 mil pesos para los gastos de universidad de sus tres hijos, dos de los cuales estudian con crédito, sin embargo, su sueldo en estos días no pasa de los 280 mil pesos, porque no está haciendo las horas extras habituales que permiten asegurar la formación profesional de su familia.
El obrero de 55 años de la Planta 3 de Corpesca tiene 20 años en el rubro, que ha dedicado principalmente a esta empresa y a la desaparecida Igemar, que en 1999 se fusionó con Coloso y Eperva para formar la primera, dando término a una de las crisis más potentes que recuerde el sector pesquero regional.
"Está difícil, porque, con los niños estudiando, hay que pagar cosas adicionales, que son agua, luz, gas, que es lo principal y salgo para atrás. O sea, no hay como para darse un gusto, no se puede. Uno tiene que moverse en las casas comerciales, más ahora que no tenemos sobretiempo", expresa.
El caso de este obrero se repite entre varios de los 600 trabajadores directos de Corpesca, que en su conjunto suman 155 hijos cursando estudios superiores.
La planta atraviesa por un momento de casi nula producción de harina y aceite de pescado. De hecho, los trabajadores han debido invertir el tiempo principalmente en labores menores de mantención de maquinaria, para capear la jornada laboral, en plena crisis por el agotamiento de la cuota del jurel y la veda de la anchoveta.
Entre otros efectos inmediatos y devastadores, los empleados directos de la industria del pescado sufren un fuerte recorte en sus sueldos por la incapacidad del sector de generar horas extraordinarias; dejaron de almorzar en la empresa que busca mecanismos para abaratar los costos de producción y temen que la crisis termine por desatar despidos masivos.
El problema afecta a 3.430 trabajadores ariqueños, que se mueven en torno a esta industria, en calidad de empleados directos (600), pequeños armadores o pescadores artesanales (880), contratistas (720), astilleros (180), surveyors o analistas de laboratorio de la pesca (45), agentes navieros (60), servicios de transporte (130) y plantas de consumo humano (815).
Pese a la crisis, el presidente del Sindicato de la planta, Ramón Morales, destacó el esfuerzo que hace Corpesca para mantener el contrato de sus trabajadores. "Despedir a unos cuantos sería el camino más fácil", sostiene.
Un cálculo del gremio indica que la cesantía regional podría llegar a 14,5%, la más alta a nivel nacional, con 12.039 personas desempleadas (el INE hablaba de 8.609 desocupados en la región), en caso que no se amplíe la cuota de extracción del jurel.
CONFLICTO
El sector norte del país (XV, I y II Región) tiene una cuota anual de extracción de jurel de 104 mil toneladas que se agotó en junio.
El déficit impuso al Consejo Nacional de Pesca la necesidad de aprobar 28 mil 500 toneladas de investigación (extracción) adicionales, de las cuales sólo restan 23 mil. Estas no quieren extraerlas, sin embargo, por temor a agotar completamente el recurso de este año y por el riesgo de captura de anchoveta, especie que está en veda hasta el 5 de septiembre y que comparte hábitat con el jurel.
Los pesqueros esperan contar pronto con 20 mil toneladas más -sujetas a un estudio de la Universidad Arturo Prat- y solicitan una cuota de 70 mil toneladas al Gobierno.
Sin embargo, el rubro pesquero de la VIII Región se opone terminantemente a esta medida, que pone en riesgo su negocio, argumentando que Corpesca en Arica y Camanchaca en Iquique usan métodos de captura que comprometen la preservación de la especie en el sur.
Esto ha sido terminantemente desmentido por los productores locales de harina y aceite de pescado, que alegan que la biomasa local no tiene nada que ver con la de Talcahuano y alrededores. Uno y otro bando cifran sus esperanzas en una decisión de la Presidenta Bachelet.
El obrero de 55 años de la Planta 3 de Corpesca tiene 20 años en el rubro, que ha dedicado principalmente a esta empresa y a la desaparecida Igemar, que en 1999 se fusionó con Coloso y Eperva para formar la primera, dando término a una de las crisis más potentes que recuerde el sector pesquero regional.
"Está difícil, porque, con los niños estudiando, hay que pagar cosas adicionales, que son agua, luz, gas, que es lo principal y salgo para atrás. O sea, no hay como para darse un gusto, no se puede. Uno tiene que moverse en las casas comerciales, más ahora que no tenemos sobretiempo", expresa.
El caso de este obrero se repite entre varios de los 600 trabajadores directos de Corpesca, que en su conjunto suman 155 hijos cursando estudios superiores.
La planta atraviesa por un momento de casi nula producción de harina y aceite de pescado. De hecho, los trabajadores han debido invertir el tiempo principalmente en labores menores de mantención de maquinaria, para capear la jornada laboral, en plena crisis por el agotamiento de la cuota del jurel y la veda de la anchoveta.
Entre otros efectos inmediatos y devastadores, los empleados directos de la industria del pescado sufren un fuerte recorte en sus sueldos por la incapacidad del sector de generar horas extraordinarias; dejaron de almorzar en la empresa que busca mecanismos para abaratar los costos de producción y temen que la crisis termine por desatar despidos masivos.
El problema afecta a 3.430 trabajadores ariqueños, que se mueven en torno a esta industria, en calidad de empleados directos (600), pequeños armadores o pescadores artesanales (880), contratistas (720), astilleros (180), surveyors o analistas de laboratorio de la pesca (45), agentes navieros (60), servicios de transporte (130) y plantas de consumo humano (815).
Pese a la crisis, el presidente del Sindicato de la planta, Ramón Morales, destacó el esfuerzo que hace Corpesca para mantener el contrato de sus trabajadores. "Despedir a unos cuantos sería el camino más fácil", sostiene.
Un cálculo del gremio indica que la cesantía regional podría llegar a 14,5%, la más alta a nivel nacional, con 12.039 personas desempleadas (el INE hablaba de 8.609 desocupados en la región), en caso que no se amplíe la cuota de extracción del jurel.
CONFLICTO
El sector norte del país (XV, I y II Región) tiene una cuota anual de extracción de jurel de 104 mil toneladas que se agotó en junio.
El déficit impuso al Consejo Nacional de Pesca la necesidad de aprobar 28 mil 500 toneladas de investigación (extracción) adicionales, de las cuales sólo restan 23 mil. Estas no quieren extraerlas, sin embargo, por temor a agotar completamente el recurso de este año y por el riesgo de captura de anchoveta, especie que está en veda hasta el 5 de septiembre y que comparte hábitat con el jurel.
Los pesqueros esperan contar pronto con 20 mil toneladas más -sujetas a un estudio de la Universidad Arturo Prat- y solicitan una cuota de 70 mil toneladas al Gobierno.
Sin embargo, el rubro pesquero de la VIII Región se opone terminantemente a esta medida, que pone en riesgo su negocio, argumentando que Corpesca en Arica y Camanchaca en Iquique usan métodos de captura que comprometen la preservación de la especie en el sur.
Esto ha sido terminantemente desmentido por los productores locales de harina y aceite de pescado, que alegan que la biomasa local no tiene nada que ver con la de Talcahuano y alrededores. Uno y otro bando cifran sus esperanzas en una decisión de la Presidenta Bachelet.
