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Dos caras de una misma moneda. Las palabras de hace unos días del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, dieron cierta tranquilidad a los pesqueros industriales de la zona centro sur.
El secretario de Estado confirmó que se está evaluando -entre varias alternativas- extender la vigencia de las actuales cuotas de capturas, para dar un horizonte a más largo plazo y motivar millonarias inversiones, en especial aquellas relacionadas con la reconstrucción de las factorías dañadas por el maremoto.
Al otro lado, en el mismo Gobierno, los dichos del funcionario despertaron preocupación, debido a los tiempos y urgencias que le impone este anuncio a las carteras de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, para dar con la fórmula que ayude a salvar a las pesqueras, especialmente, de la bahía de Talcahuano.
Fuentes gubernamentales explicaron al Diario Financiero que aún no se ha optado por ningún mecanismo para que las inversiones de reconstrucción, estimadas en US$ 300 millones por los mismos industriales, sean aseguradas y, por ende, no se produzcan pérdidas de empleo.
Y, tal como relataron, si bien la alternativa de extender la vigencia de las actuales cuotas de captura está en sobre la mesa, no se ha decidido si será mediante un decreto o a través de un nuevo proyecto de Ley, por lo que calificaron de "generadoras de expectativas" las declaraciones de Galilea.
A la espera de las señales correctas
Independiente de la ocasión o quién debió dar el anuncio, en el sector reconocen que el tiempo corre y millones de dólares, y cientos de empleos, están en juego.
Con una ley de límites máximos de captación por armador en operatividad hasta el 2012, muchas de las inversiones proyectadas para levantar la pesca industrial podrían no realizarse.
Según el gerente general de El Golfo, Alberto Romero, hay al menos dos empresas, Alimar y Landes, que resultaron con importantes daños, que, de no asegurarles un mayor horizonte en las cuotas de captura, "podrían no realizar inversiones, lo cual es bastante natural, porque nadie hará un millonario gasto, que demorará uno o dos años, para no tener tiempo para rentabilizar esa inversión", dijo Romero.
Según el ejecutivo, ambas empresas -que concentran casi el 20% de las cuotas de captura de la zona-, son parte de un complejo escenario en la industria, donde todos requieren tener certeza sobre qué sucederá con el marco legal.
Es por ello que el gerente general de los pesqueros agrupados en Asipes, Luis Felipe Moncada, expresó que había "concordancia en el sector en el diagnóstico del subsecretario", y se está a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Economía en este punto.
Venta de cuotas
A la espera del pronunciamiento de la autoridad, en el sector ya comienzan a rondar alternativas que podrían tomar algunas de las compañías afectadas.
Además de la desinversión y no volver a operar aquellas plantas, algunos ejecutivos de pesqueras de la zona sur comentaron que una salida posible sería la venta de parte de las cuotas de captura de aquellas firmas que decidan no reinvertir.
Esta alternativa beneficiaría a aquellas empresas menos dañadas por el terremoto, ya que podrían pagar menos del precio "pre terremoto", considerando que quedan pocos años para el término del actual período, sería también negativo para el empleo. Según explicaron en la industria, los compradores de las cuotas tratarían de explotarlas con sus recursos -técnicos y humanos-, no beneficiando ello a la contratación de mano de obra.
El secretario de Estado confirmó que se está evaluando -entre varias alternativas- extender la vigencia de las actuales cuotas de capturas, para dar un horizonte a más largo plazo y motivar millonarias inversiones, en especial aquellas relacionadas con la reconstrucción de las factorías dañadas por el maremoto.
Al otro lado, en el mismo Gobierno, los dichos del funcionario despertaron preocupación, debido a los tiempos y urgencias que le impone este anuncio a las carteras de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, para dar con la fórmula que ayude a salvar a las pesqueras, especialmente, de la bahía de Talcahuano.
Fuentes gubernamentales explicaron al Diario Financiero que aún no se ha optado por ningún mecanismo para que las inversiones de reconstrucción, estimadas en US$ 300 millones por los mismos industriales, sean aseguradas y, por ende, no se produzcan pérdidas de empleo.
Y, tal como relataron, si bien la alternativa de extender la vigencia de las actuales cuotas de captura está en sobre la mesa, no se ha decidido si será mediante un decreto o a través de un nuevo proyecto de Ley, por lo que calificaron de "generadoras de expectativas" las declaraciones de Galilea.
A la espera de las señales correctas
Independiente de la ocasión o quién debió dar el anuncio, en el sector reconocen que el tiempo corre y millones de dólares, y cientos de empleos, están en juego.
Con una ley de límites máximos de captación por armador en operatividad hasta el 2012, muchas de las inversiones proyectadas para levantar la pesca industrial podrían no realizarse.
Según el gerente general de El Golfo, Alberto Romero, hay al menos dos empresas, Alimar y Landes, que resultaron con importantes daños, que, de no asegurarles un mayor horizonte en las cuotas de captura, "podrían no realizar inversiones, lo cual es bastante natural, porque nadie hará un millonario gasto, que demorará uno o dos años, para no tener tiempo para rentabilizar esa inversión", dijo Romero.
Según el ejecutivo, ambas empresas -que concentran casi el 20% de las cuotas de captura de la zona-, son parte de un complejo escenario en la industria, donde todos requieren tener certeza sobre qué sucederá con el marco legal.
Es por ello que el gerente general de los pesqueros agrupados en Asipes, Luis Felipe Moncada, expresó que había "concordancia en el sector en el diagnóstico del subsecretario", y se está a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Economía en este punto.
Venta de cuotas
A la espera del pronunciamiento de la autoridad, en el sector ya comienzan a rondar alternativas que podrían tomar algunas de las compañías afectadas.
Además de la desinversión y no volver a operar aquellas plantas, algunos ejecutivos de pesqueras de la zona sur comentaron que una salida posible sería la venta de parte de las cuotas de captura de aquellas firmas que decidan no reinvertir.
Esta alternativa beneficiaría a aquellas empresas menos dañadas por el terremoto, ya que podrían pagar menos del precio "pre terremoto", considerando que quedan pocos años para el término del actual período, sería también negativo para el empleo. Según explicaron en la industria, los compradores de las cuotas tratarían de explotarlas con sus recursos -técnicos y humanos-, no beneficiando ello a la contratación de mano de obra.
