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La Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes) informó a través de un comunicado de prensa que al día de hoy, las empresas socias del gremio tienen 14 plantas destruidas y 5.500 personas con contratos de trabajo realizando labores no productivas. Además, estiman que los daños infraestructurales ascienden a US$ 300 millones, mientras que los ocasionados por pérdidas de stock y cese de operaciones suman cerca de US$ 450 millones.
Asipes realizó estas afirmaciones luego de tomar conocimiento de las declaraciones del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, en el sentido que el Gobierno habría decidido posponer el proyecto de ley para discutir la renovación de los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).
No obstante, Asipes recalcó que ha informado al Gobierno respecto de los graves problemas ocurridos producto del terremoto y posterior maremoto en la Región del Biobío y, especialmente, en la zona del borde costero donde se encuentra ubicada la industria pesquera.
"Ante las declaraciones del subsecretario, las compañías administrarán en la forma que le sea posible la difícil situación que atraviesan, intentando minimizar los costos para el sector, los trabajadores, pescadores artesanales, y la región en su conjunto", concluyó esta organización gremial.
