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A continuación reproducimos una carta enviada a La Tercera por la senadora Isable Allende:
"El vencimiento de la Ley de límites máximos de captura -diciembre de 2012- ha abierto un debate sobre cómo Chile administra sus recursos del mar. Los grandes industriales del sector pretenden, con la anuencia del gobierno y amparados en los daños del terremoto, perpetuar sus inmejorables condiciones de mercado mediante la renovación automática de los derechos de uso, goce y usufructo de los recursos entregados hace una década. El terremoto se ha convertido en una excusa para promover políticas que garantizarán ganancias a empresas que no están dispuestas a competir. De este modo, se corre el riesgo de afectar gravemente los ingresos que genera para el Estado un proceso de licitación de cuotas, pues se entrega la explotación de los recursos marinos a unos pocos, a precio cero y pasando por encima de la legalidad vigente.
La competencia en el sector pesquero hoy está limitada por un sistema de cuotas que beneficia a los grandes, quienes no están dispuestos a aceptar nuevos actores en el negocio, impidiendo una mayor competitividad en el sector.
Es tiempo de preguntarnos sobre la justicia y equidad de una decisión del Ejecutivo que privilegia a unos pocos, en desmedro de, por ejemplo, los pescadores artesanales, quienes no cuentan con seguros ni mayor protección de sus inversiones. La necesaria licitación de las cuotas permite tanto el ingreso de nuevos actores, como una mejor competencia y la redistribución de beneficios dentro del sector pesquero".
"El vencimiento de la Ley de límites máximos de captura -diciembre de 2012- ha abierto un debate sobre cómo Chile administra sus recursos del mar. Los grandes industriales del sector pretenden, con la anuencia del gobierno y amparados en los daños del terremoto, perpetuar sus inmejorables condiciones de mercado mediante la renovación automática de los derechos de uso, goce y usufructo de los recursos entregados hace una década. El terremoto se ha convertido en una excusa para promover políticas que garantizarán ganancias a empresas que no están dispuestas a competir. De este modo, se corre el riesgo de afectar gravemente los ingresos que genera para el Estado un proceso de licitación de cuotas, pues se entrega la explotación de los recursos marinos a unos pocos, a precio cero y pasando por encima de la legalidad vigente.
La competencia en el sector pesquero hoy está limitada por un sistema de cuotas que beneficia a los grandes, quienes no están dispuestos a aceptar nuevos actores en el negocio, impidiendo una mayor competitividad en el sector.
Es tiempo de preguntarnos sobre la justicia y equidad de una decisión del Ejecutivo que privilegia a unos pocos, en desmedro de, por ejemplo, los pescadores artesanales, quienes no cuentan con seguros ni mayor protección de sus inversiones. La necesaria licitación de las cuotas permite tanto el ingreso de nuevos actores, como una mejor competencia y la redistribución de beneficios dentro del sector pesquero".
