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A continuación, reproducimos una editorial publicada el domingo por El Sur:
"En Chile, al igual que los principales países pesqueros, existe un mercado de cuotas transferibles eficiente y sostenible, construido sobre la base de derechos históricos de captura.
La filial del grupo noruego Koppernaes, Lota Protein S.A., pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se pronuncie sobre la posibilidad de subastar las cuotas globales de pesca, contenida en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), Nº 18.892 (1991). Por esta vía, la firma extranjera aspira a aumentar su cuota de 1,8% de jurel cuando expire la Ley 19.713 de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), el 31 de diciembre del 2012.
La iniciativa de Lota Protein ha generado ruido, ya que se produjo a semanas de que el terremoto y maremoto dejaran a las demás compañías de la Región del Biobío con diversos daños en plantas y descargas avaluados en cerca de US$ 300 millones, valor que sumado a los US$ 450 millones por pérdidas de bodega y detención temporal de operaciones, ha puesto puntos suspensivos a la reconstrucción del sector, cifrada en 18 meses.
El riesgo de un cambio en las reglas del juego dentro de dos años desincentiva la reinversión y deja en la incertidumbre a cerca de 12 mil trabajadores en Talcahuano y Coronel. Si a ello se añade el lobby por la licitación, el peligro es una crisis sectorial y social aún más profunda que la derivada del 27 de febrero.
Hammersmith Marketing, agencia de informaciones del rubro alimentario, anunció esta semana que grandes corporaciones pesqueras instaladas en Perú estudian introducir barcos en desuso en nuestro país si hay licitación; algo parecido a lo que ocurre con los factorías extranjeros que llegan a capturar jurel cerca de la Zona Económica Exclusiva. Tan explosivo interés se explica porque Chile es la única potencia pesquera en que se está planteando una reasignación de este tipo.
A partir de mediados del siglo XX, los países costeros -incluido el nuestro- reconocieron a los operadores existentes mediante permisos de pesca con carácter indefinido. Después de la década del 70, algunas naciones comenzaron a restringir el acceso de nuevos operadores a especies en plena explotación y, más tarde, fijaron cuotas individuales transferibles en función de los porcentajes de participación histórica de los titulares de esos permisos.
Por ello, quien hoy quiera ingresar a la actividad en Noruega, Islandia, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Australia, entre otros, sólo puede hacerlo comprando cuotas. En Chile, esta transferibilidad opera desde el 2001, a través de la Ley 19.713, permitiendo el desarrollo de un mercado de cuotas sostenible y eficiente para recursos en plena explotación, como el jurel.
Si bien el mecanismo de transferencia de cuotas se puede perfeccionar en el país, sus favorables resultados aquí y en el resto de mundo lo validan como el más idóneo. En cambio, las licitaciones no sólo se revelan inapropiadas porque el artículo que las consagra data de 1991, sino también porque activarlas sobre especies ya asignadas supondría reescribir la historia pesquera del mundo industrial y, por antonomasia, también del artesanal".
