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Discrepancias imperan en el sector pesquero. Pero hay coincidencia en que tienen que haber discusión franca sobre "ley corta".
Algo más calmas están las aguas en el sector pesquero nacional, después de una agitada semana.
En días previos, el sector pesquero industrial había insistido en la necesidad de prolongar la vigencia de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (Lmca) que regula la cuotas de pesca y que termina en agosto de 2012. Ello, con el argumento de que permitiría la reconstrucción del sector tras los serios daños, por US$300 millones, que les generó el terremoto y tsunami del 27/F.
El gobierno dijo que había plazo para ello y que se discutiría más adelante.
En esos días, la empresa de capitales noruegos Lota Protein, levantó una tormenta al declarar, a través de su abogada, Riola Solano, que las cuotas debían ser licitadas y no se otorgadas por asignación gratuita, postura que presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia.
La profesional dijo que el sector, "ha gozado gratuitamente de recursos que les pertenecen a todos los chilenos, sin posibilidad de competencia. Por lo demás, una licitación bien diseñada no genera más concentración ni amenaza la sustentabilidad del recurso".
Como sea, la situación hoy es que el principal gremio pesquero, Asipes, dejó la discusión de lado. "Si el gobierno señaló que no lo hará no tiene sentido seguir discutiendo, tiene que haber un diálogo abierto y racional. Creo que a esa conclusión llegaron los socios, accionistas o empresarios que forman la Asipes", dijo Alberto Romero, gerente general de Pesquera El Golfo.
hay decepción
El ejecutivo no obstante se mostró decepcionado por la situación de la Región. "Hay industrias que están colapsadas, pero que han decidido no invertir en la VIII Región, lo que es una pena porque la actividad económica que genera la pesca es alta", precisó.
En este sentido, manifestó que hoy, cuando la región más necesita de inversión se pone una serie de trabas que alejan el interés por desarrollar nuevos proyectos. Hay discusiones muy radicales, todo es blanco o negro, no hay incentivos para atraer la inversión a la zona sin conflicto. Es una región dura.
¿Hay concentración?
Alberto Romero descartó tajantemente la idea de que exista concentración en el sector pesquero industrial, producto de la Lmca. "El más grande tiene entre el 11 y el 13% de la cuota global, por el contrario".
Explicó que hasta antes de la aplicación de la ley, en 2001, existía la carrera olímpica, donde el único control era la veda, y cuando se levantaba todos salían a pescar 4 millones de toneladas disponibles. La ley ordenó el sistema, que permite el control del Estado y del desembarque y hoy se pesca 1 millón de toneladas y tenemos el mismo nivel de empleo, por lo tanto, no veo donde está la concentración. Este ordenamiento fue una gran solución, tenemos el mismo empleo, no en el mar sino en la tierra".
Tampoco comparte la visión Hugo Arancibia, presidente de la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales, Confepach, quien coincide en que si bien esto permitió un ordenamiento de la industria, produjo una fuerte concentración del sector sobre el manejo del recurso, principalmente el jurel, la sardina y la anchoveta, pero no cumplió el principal propósito de proteger los recursos, porque el jurel igual se agotó.
Arancibia dijo que en el año 2001 las empresas pesqueras de la región eran unas 40 y hoy no son más de 18.
origen de la ley
El dirigente explicó que la autoridad, los industriales y los artesanales, concordaron un instrumentos que apuntaba a terminar con la llamada "carrera olímpica". De allí nació la ley 19.713, que estableció un sistema de cuotas máximas en función de la historia real de captura de cada una. Para ello se estableció un promedio de las capturas reales históricas de cada una de las empresas en los últimos tres años, vale decir, el año 1998,1999 y 2000. En base a esto se les otorgó un porcentaje de pesca anual cuya vigencia termina en agosto de 2012.
Las empresas más grandes fueron comprando esos derechos a las más chicas, lo que significó que unas 2.000 personas perdieran su fuente laboral al cerrarse las empresas que trabajaban normalmente.
En este mismo sentido, dijo que no se justifica la solicitud del sector industrial de extender el plazo de vencimiento de esta ley bajo el argumento de los daños en las instalaciones industriales.
"Es un aprovechamiento que los industriales digan que para poder pararse necesitan extender la ley. Hay que es esperar los momentos y discutir el instrumento en base a la disponibilidad de recursos".
Y así lo hizo saber el martes recién pasado, en Valparaíso, al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
