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Con la presencia del destacado experto en temas pesqueros de la Universidad de Islandia, Ragnar Arnason y con una
masiva concurrencia, se desarrolló ayer jueves 29 de julio el seminario internacional "Sistemas de asignación de cuotas pesqueras", donde también se conocieron las visiones locales de cara a la caducación de la ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) en el 2012.El Salón de Honor del Congreso Nacional fue el escenario donde se dio el "puntapié inicial" al debate sobre la denominada ley de cuotas. Así lo manifestó el diputado y presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Jorge Ulloa Aguillón, quien también ofició de anfitrión. Las opciones son: prorrogar el sistema actual de LMCA, regresar al método anterior donde imperaba la ‘carrera olímpica" o licitar el porcentaje de las asignaciones.
El primer panel de análisis estuvo a cargo del ex ministro del Gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Rodríguez Grossi, quien mencionó los logros de esta iniciativa que rige la captura de especies marinas desde 1991. Entre ellos destaca una mejor flota pesquera, un reordenamiento del modo de pesca y de sus materias primas para elaborar un producto de mejor valor. Desde el año 2000 que la normativa cerró el ingreso a nuevos actores, con el fin de "hacer el milagro", de acuerdo con las estadísticas del ex secretario de Estado; pues al "disminuir el volumen de la pesca, se gana mayor valor agregado. Así se produjo una mengua del empleo en flota, pero un alza en los puestos de trabajo en planta", afirmó.
Desde el punto de vista medioambiental intervino el representante de Greenpeace, Samuel Leiva, quien dijo que "las cuotas tienen costos muy elevados y en algunos casos son necesarios estudios científicos que son externos a la pesca y que los entes involucrados en las decisiones directas tienen conflictos de intereses en relación con la competencia y la sustentabilidad".
La World Wildlife Fund (WWF), representada por Marcelo Gálvez, fue más allá: "sin peces no hay cuotas". Es que su entidad asegura que este sistema sólo se encarga de la esfera económica y que por lo tanto no hay garantía de administración sustentable de los recursos. Toca someramente el ámbito social, pero no indaga en el ecológico.
Por otro lado, Samuel Leiva coincidió en la sobre explotación de recursos y agregó que las Cuotas Individuales Transferibles (CIT) sólo pretenden "privatizar recursos públicos". Además, sugirió que se integre a esa discusión a todos los sectores involucrados, como ONG"s y pescadores artesanales.
Una discusión necesaria
Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), se manifestó confundida con las exposiciones de los logros de las CIT, pues su agrupación conoce mejor que nadie "que los recursos de los pescadores artesanales están colapsados". Para ello hizo hincapié en la decadencia de las pesqueras, donde los despidos sólo en la Región del Biobío suman 1.200 funcionarios. "El día de mañana ni siquiera los que tienen las grandes cuotas van a poder pescar, porque peces en el agua no van a haber", sentenció la dirigente.
La Conapach está en contra de la prorrogación del sistema actual, y -continúa Bustamante- "del aprovechamiento del terremoto de febrero como bandera de lucha para poder levantar la mayor parte de las empresas que llevan trabajando mucho tiempo con seguros comprometidos. De esos recursos deberían establecerse y no utilizar un desastre natural de la magnitud que todos conocemos", culminó.
Para el segundo panel de análisis se indagó en la experiencia internacional extraída de la asignación de cuotas pesqueras, en la voz del ingeniero pesquero Andrés Couve, quien apuntó a que el "Estado debe tomar un papel más activo en esta discusión" y destacó que la Cámara de Diputados se haga cargo de esa "pelota que estaba dando bote y plantee una debate serio al respecto".
Andrés Couve detalló cómo ha ido evolucionando la industria pesquera nacional, desde la década de los 80, desde el libre acceso a las asignaciones, pasando por los propios LMCA y las Cuotas Globales. Actualmente, 25 países regulan la pesca de esta forma y ya "no hay vuelta atrás", enfatizó. Finalmente, planteó que ahora es tiempo de discutir cómo consolidar el sistema y también como perfeccionarlo. Coincidió plenamente con Rodríguez Grossi, quien considera que los beneficios de los LMCA son "indiscutibles y sería un error volver atrás".
En representación del Gobierno de Sebastián Piñera, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, llamó a que exista una "sana convivencia entre el sector industrial y los pescadores artesanales" y se comprometió a que antes de fin de año ingresará un proyecto de ley al Congreso para que ambos sectores salgan favorecidos.
El factor "Arnason"
El panel principal estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Islandia y experto en temas pesqueros, Ragnar Arnason, quien hizo hincapié en el derecho de propiedad individual -conocido en nuestro país como las CIT- por sobre la propiedad común. Con vasta experiencia en la materia, defendió su postura tras conocer muchos casos a nivel mundial y enfatizó que si en algún momento la incorporación de las CIT ha fallado es "sólo porque no ha habido un correcto sentido a la hora de implementarlas".
El simposio se realizó el jueves 29 de julio en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso (Región de Valparaíso) y contó con el diputado, Jorge Ulloa, como anfitrión, además de sus colegas integrantes también de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Clemira Pacheco y Patricio Melero, para moderar el debate.
