Opinión: Algo huele mal en el proyecto de concesiones acuícolas

Noticia publicada el 23/07/2009

A continuación reproducimos una columna de opinión del Diario Financiero elaborada por Luis Larraín:
"Nos olvidamos a veces que estamos en un gobierno socialista y de golpe alguien se encarga de recordárnoslo. A raíz de la crisis de la industria salmonera se discute en el Congreso un proyecto de ley que incide en la regulación del sector, al modificar las normas de la Ley de Pesca y Acuicultura. La mayoría de sus disposiciones apuntan a resolver cuestiones que no están normadas en la legislación actual y es necesario cautelar. Así, se introducen conceptos nuevos, tales como la agrupación de concesiones, que contribuirán a un mejor manejo de los problemas sanitarios propios de esta industria; se establecen ciertas restricciones en materia de transporte y manejo a la actividad por razones ambientales. Se legisla, por otra parte, para permitir amplia información pública sobre las condiciones en que se encuentran los cultivos.
Otra innovación importante que introduce este proyecto está relacionada con el sistema de propiedad y registro de las concesiones. Se fortalece el derecho de propiedad sobre éstas al facilitar su transferencia, la que no requerirá la autorización previa de las autoridades como sucede hoy. También se norma el arriendo de concesiones y se contempla la posibilidad de constituir hipotecas sobre ellas. Todas estas modificaciones le otorgan mayor seguridad jurídica a las concesiones acuícolas, lo que viene a ser de gran ayuda para el momento que vive la industria del salmón, pues permite a las empresas entregar en garantía bienes que antes no podía, mejorando de esta manera su posición frente a los acreedores y contribuyendo a una solución global para la crisis del sector.
Se supone que todos estos cambios son buenos para la actividad y son también de interés público, de allí la necesidad de legislar. Sin embargo, como alguien en el gobierno se dio cuenta que aquí se estaba favoreciendo a un sector empresarial, surgió la idea, mediocre, de que había que pedir algo a cambio. Así, se introdujeron al proyecto disposiciones que hacen depender la continuidad de las concesiones al cumplimiento de ciertas obligaciones laborales, en particular a la no existencia de prácticas antisindicales. La legislación laboral debe cumplirse y hacerse exigible a todas las empresas, no en particular a las salmoneras. La introducción de estas disposiciones lo único que viene a hacer es entregar un arma de extorsión a ciertos grupos, que podrían utilizarlas para obtener un "valor económico" de una denuncia por prácticas antisindicales. La cosa mediocre y pequeña ha surgido entonces en el proyecto del gobierno.
Pero lo que ya no es tan pequeño (por sus consecuencias) y refleja muy bien el alma socialista de quienes nos gobiernan, es la pretensión de que los actuales titulares de concesiones acuícolas renuncien a la calidad de indefinidas que tienen en la actualidad, a cambio de que puedan optar al instrumental de fomento del Estado. Si bien no se conoce un texto sobre el particular, ya hay declaraciones de autoridades que avalarían esta idea. En otras palabras, se utilizaría al Estado como instrumento para lograr objetivos políticos, ya que se condiciona el apoyo crediticio a la renuncia a derechos de propiedad sobre las concesiones, porque algo que es mío para siempre se tendría que transformar en otra cosa, que es mía sólo por un número determinado de años. Hay al menos tres cosas que decir sobre esta pretensión.
Lo primero es que sería abiertamente inconstitucional por afectar el derecho de propiedad, como quedó demostrado el año 1992 en la ley que modificó las concesiones radioeléctricas, que sólo pudo imponer un límite a las nuevas concesiones.
Lo segundo, es que aparece acá la intención de mantener siempre el poder en manos de los políticos. Cuando llegue el momento de renovar las concesiones habrá una oportunidad de ejercer el poder que ello implica. Habrá, por qué no decirlo, una oportunidad más para la corrupción, para el tráfico de influencias. Es en definitiva el mismo instrumental que ha utilizado Hugo Chávez para acallar la libertad de expresión en Venezuela.
Lo tercero, es que es feo aprovechar la situación de debilidad de la industria por la existencia de un virus como el ISA, para inducirlos a renunciar a derechos con tal de obtener la ayuda del Estado. El método parece propio de otros ámbitos, no el de las políticas públicas ni el ejercicio sano y correcto de la autoridad. El mal olor ha venido a contaminar la tramitación de la nueva legislación acuícola".