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Por su parte, el fiscal Sergio Coronado confirmó que sólo había una autorización y "el resto se realizaron en forma voluntaria", aseveró. Fuerte respaldo a dirigentes.
Sólo un allanamiento estaba autorizado por el Tribunal de Garantía, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el caso del atentado incendiario a las oficinas de Salmonchile.
Esta situación generó una fuerte polémica, que incluso terminó en una presentación en el mismo juzgado para aclarar bajo qué situación se encuentran las personas, cuyos domicilios fueron revisados por Carabineros la noche del jueves.
En total, fueron 8 los inmuebles allanados en Puerto Montt, Alerce Histórico, Sur, Norte y Puerto Varas.
Sólo un allanamiento estaba autorizado por el Tribunal de Garantía, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el caso del atentado incendiario a las oficinas de Salmonchile.
Esta situación generó una fuerte polémica, que incluso terminó en una presentación en el mismo juzgado para aclarar bajo qué situación se encuentran las personas, cuyos domicilios fueron revisados por Carabineros la noche del jueves.
En total, fueron 8 los inmuebles allanados en Puerto Montt, Alerce Histórico, Sur, Norte y Puerto Varas.
APOYO
Lo primero, en la mañana de ayer, fue entregar, por parte de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la provincia de Llanquihue, un cerrado apoyo a los directivos y trabajadores afectados por este procedimiento, quienes criticaron duramente al fiscal que lleva el caso, Sergio Coronado.
Jorge Cumming acompañó a los dirigentes sindicales Jaime Bustamante y Ricardo Casas.
Bustamante añadió que esperaba que "sus computadores no sean cargados; es decir, que no le vayan a introducir cualquier tipo de información. Nosotros somos inocentes en un 100 por ciento", recalcó. El abogado Jorge Vásquez asumió la defensa de Jaime Bustamante, Ricardo Casas y René Rubilar. Este último estaría siendo seguido, apuntó el abogado.
"Vamos a hacer una presentación para que el Juez de Garantía ordene al fiscal jefe y que éste informe en qué condición están estas personas. Si tienen la calidad de imputados en alguna causa y si es así para que se formalicen y nosotros podamos hacer ejercicio de los derechos pertinentes en la causa", argumentó Vásquez.
Jorge Cumming acompañó a los dirigentes sindicales Jaime Bustamante y Ricardo Casas.
Bustamante añadió que esperaba que "sus computadores no sean cargados; es decir, que no le vayan a introducir cualquier tipo de información. Nosotros somos inocentes en un 100 por ciento", recalcó. El abogado Jorge Vásquez asumió la defensa de Jaime Bustamante, Ricardo Casas y René Rubilar. Este último estaría siendo seguido, apuntó el abogado.
"Vamos a hacer una presentación para que el Juez de Garantía ordene al fiscal jefe y que éste informe en qué condición están estas personas. Si tienen la calidad de imputados en alguna causa y si es así para que se formalicen y nosotros podamos hacer ejercicio de los derechos pertinentes en la causa", argumentó Vásquez.
AUTORIZACIÓN
Sin embargo, durante la jornada de ayer, el magistrado Patricio Rondini confirmó que sólo un allanamiento estaba autorizado por este juzgado.
"De los 8 ó 9 domicilios sobre lo cual se solicitó a la magistrado Marcela Araya, sólo se resolvió la entrada y registro de uno de ellos, facultando la incautación si procede; por lo tanto, los restantes domicilios no tenían autorización", aseveró el juez Rondini.
"Posteriormente, cuando se materializó esta entrada y registro, se solicitó, respecto de otro domicilio, y yo no di lugar, de forma tal que solamente por este tribunal se encontraba autorizado un domicilio. Sin embargo, atendido a la información que yo recibí, autoricé incautar un pendrive y un notebook. No obstante, el dueño de casa había dejado ingresar a la policía", añadió el magistrado.
"De los 8 ó 9 domicilios sobre lo cual se solicitó a la magistrado Marcela Araya, sólo se resolvió la entrada y registro de uno de ellos, facultando la incautación si procede; por lo tanto, los restantes domicilios no tenían autorización", aseveró el juez Rondini.
"Posteriormente, cuando se materializó esta entrada y registro, se solicitó, respecto de otro domicilio, y yo no di lugar, de forma tal que solamente por este tribunal se encontraba autorizado un domicilio. Sin embargo, atendido a la información que yo recibí, autoricé incautar un pendrive y un notebook. No obstante, el dueño de casa había dejado ingresar a la policía", añadió el magistrado.
