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Noticia publicada el 11/08/2009
El senador y candidato a la Presidencia de Chile, Alejandro Navarro, tiene una postura bastante crítica al proyecto reformula la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) ya que asegura que "se está vulnerando el principio esencial, que es proteger y resguardar los intereses de la pesca artesanal".
El parlamentario manifestó que "los trabajadores del sector salmonicultor de la Región de Los Lagos han quedado cesantes y en muchos hogares comienza a haber hambre, comienza a haber preocupación: cómo pagar el colegio, cómo subsistir. Pero el Senado no debe aceptar discutir sobre la base del chantaje de concesiones por empleo, porque este proyecto no garantiza empleo alguno. ¿Cuáles son las condiciones que se imponen? ¿Dónde está el contrato social? ¿Dónde está el compromiso social de la empresa respecto del empleo?".
Según lo informado por la Conapach, Navarro ha cuestionado duramente esta reforma y fue quien realizó el mayor número de indicaciones. El senador manifestó que "habría que preguntarle al señor ministro y al Gobierno, que han enviado este proyecto, cuál será el compromiso de la empresa respecto de los miles de cesantes en Puerto Montt, en Chiloé. ¿Les va a devolver sus ocupaciones? ¿Cuál será el nivel de salarios que va a implementar, en circunstancias de que está claro que un trabajador salmonicultor puede recibir en Chile hasta dieciocho veces menos que uno que labora en Noruega?".
El actual candidato a la Presidencia de Chile dijo que "si la industria salmonicultora pretende capitalizar y Víctor Hugo Puchi, particularmente, hace una oferta para que los bancos ingresen al negocio, yo pregunto: ¿por qué el Estado no puede ser socio de esta industria? ¿Por qué no puede tener uno, dos o tres directores, de tal manera que el desarrollo de ella cumpla con los parámetros acordados, hasta su total recuperación? La verdad es que el sector ya está quebrado, y la quiebra se va a pagar, por cierto, con el capital del Estado. Porque si la industria no sobrevive, no logra romper la barrera del virus ISA, va a sobrevenir la quiebra. Y como las concesiones serán hipotecables, los bancos o quienes sean los acreedores se harán propietarios de ellas. Es decir, se pagará con plata del Estado la transferencia de la propiedad".
Frente a las tareas que hay que realizar, Alejandro Navarro dijo que "hay que ordenar el territorio real, no sólo pensando en la productividad y en la manera de enfrentar el virus ISA, sino, especialmente, adoptando medidas que den cuenta de los impactos ambientales y sociales. También hay que relevar la necesidad de implementar medidas orientadas a recuperar las fuentes laborales y ello requiere una estrategia o alianza público-privada. Eso no se encuentra en el proyecto, que yo voy a votar en contra mientras no observe en él, primero, un Estado capaz de cautelar sus propios recursos, así como el cumplimiento de las normas laborales".
