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Noticia publicada el 21/08/2009
El despacho del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) desde la comisión de pesca del Senado, generó inquietud en el sector.
¿La razón? Las empresas de capitales nacionales manifestaron que la iniciativa que exige a las salmonicultoras renunciar a la condición indefinida de las concesiones ya otorgadas, acogiéndose al régimen de 25 años -bajo el cual también se otorgarán los nuevos permisos- como exigencia para poder ser objeto de garantías o acceder a los créditos con aval de Corfo, generarán "desventajas" a las empresas nacionales frente a las multinacionales.
El gerente general de Itata, Gerardo Balbontín, manifestó al Diario Financiero que esta medida "perjudica principalmente a las compañías nacionales, porque las multinacionales se financian afuera y, por lo tanto, no necesitan estos beneficios. Las empresas nacionales van a quedar con concesiones definidas, mientras que las internacionales van a quedar con concesiones indefinidas".
En esa línea, hace algunas semanas el presidente de Empresas AquaChile, Víctor Hugo Puchi, durante una entrevista con este matutino, afirmó que "de hacerse estos cambios, las empresas que tendríamos que elegir este acorte de plazos serían las que pasan por dificultades financieras, no así las que no tienen necesidad de entregar como garantía sus concesiones, y, en ese caso, se produciría una discriminación a favor de las empresas extranjeras". Agregó que "se produciría una concentración de las salmonicultoras a favor de los extranjeros y nos parece que eso es injusto para todos los que hemos invertido más de 25 años en desarrollar esta industria".
Problemas para barrios
Paralelamente, la iniciativa considera que las concesiones que quieran ser "relocalizadas", es decir, cambiarse de zona o área sanitaria, deberán dejar de ser indefinidas.
Al respecto, Balbontín dijo que la relocalización de concesiones "buscaba poder mejorar la condición de los barrios, poder mover las concesiones para crear barreras biosanitarias, pero en el fondo se va a producir un desincentivo para hacer el traslado de una concesión a un lugar ambientalmente mejor."
En esa línea, el presidente de la Asociación de Productores de Coho y Trucha, Julio Traub, manifestó que "los barrios van a ser absolutamente inconducentes y se va a tener que revertir esta situación".
El secretario ejecutivo de la mesa del salmón, Felipe Sandoval, desestimó las críticas de las empresas y dijo que todas las salmonicultoras van a hacer una evaluación ambiental, productiva y económica antes de relocalizar sus concesiones. "Ningún empresario va a querer relocalizarse porque es mejor ambientalmente y no ganar más plata. Ellos van a hacer una evaluación y van a ponderar", dijo.
