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La diputada por el distrito 57, Marisol Turres, busca aclarar el destino y la eficiencia de los fondos públicos que han sido transferidos, durante el último tiempo, a distintas empresas consultoras que trabajan con la pesca artesanal. "Queremos que se aclare cuántos son los recursos supuestamente invertidos a favor de la pesca artesanal en los últimos cinco años de gobiernos de la Concertación y hasta la fecha. Por ello, usando los mecanismos de la Ley de Probidad, he solicitado que el Gobierno Regional, Corfo, Sercotec y Sence informen sobre los recursos públicos transferidos", informó la parlamentaria.
Turres adelantó que, una vez recibida esta información, en conjunto con los pescadores artesanales se revisarán uno a uno dichos programas, pues "tenemos la convicción de que quienes han salido de la pobreza a costa de los pescadores y sus familias son sólo los dueños o administradores de las consultoras, tanto públicas como privadas".
"Contraloría ya detectó, en el 2009, irregularidades por más de $5 mil millones, como anticipos al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) sin boletas de garantía; la falta de informes de avance de los estudios; proyectos terminados fuera de plazo; la ausencia de controles que permitieran identificar el destino efectivo de recursos del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) y del Fondo de Administración Pesquera (FAP), entre otros", destacó la diputada Turres.
Por otro lado, la parlamentaria sostuvo que, desde mediados de la década de 1990 a la fecha, Fundación Chile se ha adjudicado proyectos para el cultivo y estudio de la merluza austral por montos que superan los $ 1.000 millones. "Los pescadores artesanales, supuestos beneficiarios de estos estudios, desconocen sus resultados", aseveró.
"Además, los pescadores me informaron que el 2008 se habrían financiado, entre otros, dos proyectos por más de $950 millones a favor de socios de organizaciones de pescadores de la región en el marco de un convenio Sence-Gore, y que habrían sido ejecutados por Fundación Chinquihue ó Chinquihue Capacitaciones Ltda. Éstos comprendían capacitación en actividades cotidianas de los pescadores e incluían inversiones directas a favor de cada pescador por unos $300.000 en implementos, que no se habrían entregado en todos los casos", explicó la parlamentaria. En el 2009, en tanto, el CORE aprobó $ 280 millones para homologar normas sanitarias, ambientales y de seguridad de los mitilicultores de Palena, proyecto que también habría ejecutado la Fundación Chinquihue.
A su juicio, el Gobierno Regional y demás instituciones públicas involucradas no pueden seguir administrando políticas fracasadas, que siguen distintas líneas de acción, mal diseñadas y mal ejecutadas. "Para obtener soluciones, es necesario romper la inercia", dijo, agregando que "no es aceptable que los pescadores artesanales y sus familias se alimenten en una olla común se han pagado cifras millonarias a las consultoras, con impactos muy cuestionables".
Preocupación de los pescadores
En las reuniones sostenidas por la diputada con dirigentes de distintas organizaciones y con pescadores artesanales, ha quedado claro que, pese a que durante los gobiernos de la Concertación se anunciaron y aprobaron todo tipo de proyectos y acciones a favor de este importante sector de la economía local, aún no existen productos tangibles que justifiquen los miles de millones de fondos públicos invertidos, supuestamente, en los pescadores y sus familias.
Según la parlamentaria, es imprescindible velar por el buen uso de los recursos públicos destinados a la pesca artesanal, con el fin de que éstos puedan llegar a sus beneficiarios directos. "Los pescadores artesanales y sus familias necesitan medidas de apoyo concretas para fortalecer su labor y dejar atrás la pobreza. Los pescadores creen que ya es suficiente de ‘estudios" que han beneficiado a unos pocos. Esto debe cambiar, y espero que la auditoria de Contraloría ayude a ello", finalizó la diputada Marisol Turres.
Turres adelantó que, una vez recibida esta información, en conjunto con los pescadores artesanales se revisarán uno a uno dichos programas, pues "tenemos la convicción de que quienes han salido de la pobreza a costa de los pescadores y sus familias son sólo los dueños o administradores de las consultoras, tanto públicas como privadas".
"Contraloría ya detectó, en el 2009, irregularidades por más de $5 mil millones, como anticipos al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) sin boletas de garantía; la falta de informes de avance de los estudios; proyectos terminados fuera de plazo; la ausencia de controles que permitieran identificar el destino efectivo de recursos del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) y del Fondo de Administración Pesquera (FAP), entre otros", destacó la diputada Turres.
Por otro lado, la parlamentaria sostuvo que, desde mediados de la década de 1990 a la fecha, Fundación Chile se ha adjudicado proyectos para el cultivo y estudio de la merluza austral por montos que superan los $ 1.000 millones. "Los pescadores artesanales, supuestos beneficiarios de estos estudios, desconocen sus resultados", aseveró.
"Además, los pescadores me informaron que el 2008 se habrían financiado, entre otros, dos proyectos por más de $950 millones a favor de socios de organizaciones de pescadores de la región en el marco de un convenio Sence-Gore, y que habrían sido ejecutados por Fundación Chinquihue ó Chinquihue Capacitaciones Ltda. Éstos comprendían capacitación en actividades cotidianas de los pescadores e incluían inversiones directas a favor de cada pescador por unos $300.000 en implementos, que no se habrían entregado en todos los casos", explicó la parlamentaria. En el 2009, en tanto, el CORE aprobó $ 280 millones para homologar normas sanitarias, ambientales y de seguridad de los mitilicultores de Palena, proyecto que también habría ejecutado la Fundación Chinquihue.
A su juicio, el Gobierno Regional y demás instituciones públicas involucradas no pueden seguir administrando políticas fracasadas, que siguen distintas líneas de acción, mal diseñadas y mal ejecutadas. "Para obtener soluciones, es necesario romper la inercia", dijo, agregando que "no es aceptable que los pescadores artesanales y sus familias se alimenten en una olla común se han pagado cifras millonarias a las consultoras, con impactos muy cuestionables".
Preocupación de los pescadores
En las reuniones sostenidas por la diputada con dirigentes de distintas organizaciones y con pescadores artesanales, ha quedado claro que, pese a que durante los gobiernos de la Concertación se anunciaron y aprobaron todo tipo de proyectos y acciones a favor de este importante sector de la economía local, aún no existen productos tangibles que justifiquen los miles de millones de fondos públicos invertidos, supuestamente, en los pescadores y sus familias.
Según la parlamentaria, es imprescindible velar por el buen uso de los recursos públicos destinados a la pesca artesanal, con el fin de que éstos puedan llegar a sus beneficiarios directos. "Los pescadores artesanales y sus familias necesitan medidas de apoyo concretas para fortalecer su labor y dejar atrás la pobreza. Los pescadores creen que ya es suficiente de ‘estudios" que han beneficiado a unos pocos. Esto debe cambiar, y espero que la auditoria de Contraloría ayude a ello", finalizó la diputada Marisol Turres.
