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Miercoles: 08 de Agosto de 2007.
De acuerdo con el boletín publicado por el Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad Gabriela Mistral, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Federico Silva, estima que Chile está entrando en una fase decisiva para una de las más importantes negociaciones marítimas que ha enfrentado el país. A continuación el texto en su forma íntegra.
Luego de una reunión celebrada en Chile hace algunas semanas, ha entrado en una fase decisiva una de las grandes negociaciones marítimas que ha enfrentado el país. Se trata de una Organización Regional de Pesca (ORP) para la alta mar del Pacífico Sur, comprensiva de sus dos cuencas. Comprenderá, en esa inmensa área, todos los recursos no reglamentados en otros acuerdos y congregará a los costeros de ambas orillas y a las grandes potencias del mundo, en condición de pesqueros distantes.
En la negociación están comprendidos muchos recursos chilenos. El principal de ellos en el jurel, especie transzonal que se desplaza entre la Zona Económica de 200 millas (ZEE) y la alta mar. Este recurso representa aproximadamente la mitad de la pesca tradicional y es el principal insumo del salmón. Por tanto, junto a los demás recursos parte de la negociación de esta ORP, pone en juego en cierto modo a toda la pesca chilena, tercera actividad económica del país, responsable de ciento veinte mil puestos de trabajo y de más del diez por ciento de nuestras exportaciones. La pesquería chilena del jurel cubre el noventa por ciento de la misma en todo el Pacífico Sur y es, así, la mayor en la negociación de la ORP. Tenemos, pues, un claro interés nacional, no sólo por la pesca sino por la generalidad de la actividad económica y por nuestra condición misma, como país marítimo.
En los problemas del derecho del mar y la cooperación internacional marítima y pesquera, el eje ha pasado de la jurisdicción nacional a la alta mar. Consolidadas las 200 millas de ZEE -que Chile creó y llevó a la consagración internacional- los problemas de la pesca se desplazaron a la alta mar. Es en ese espacio marítimo en donde se presenta el problema de la sobrepesca y la pesca no reglamentada e ilegal. Para regular la pesca de alta mar existen en casí todos los océanos Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs) conformadas por los países costeros de una región y los pesqueros de las especies que se quiere regular.
En el Pacífico Sudeste, luego de la paralización del Acuerdo de Galápagos, hay un vacío de reglamentación. En cambio, existe una creciente presencia de flotas de alta mar, que llevan a cabo una pesca creciente de especies transzonales o migratorias, sin reglamentación ni sujeción a reglas de conservación en contraste con la muy exigente administración en nuestra ZEE. Este problema nos ha afectado en la alta mar vecina a nuestra jurisdicción y amenazado a la riqueza pesquera dentro de ella. Así ha ocurrido con el pez espada y, recientemente, con el jurel. Ello hizo imperativo aceptar la invitación de Nueva Zelanda y Australia para poner en marcha esta ORP, que ha tenido tres reuniones: en el 2006, en Nueva Zelanda y Australia; este año, en Reñaca, en el mes de abril.
Se prepara un proyecto de Convención, sobre la base del texto del presidente, Mansfield. Hay que asegurar en ella los derechos que nos corresponden dentro de la ZEE, que son soberanos; que se aplique a la alta mar, y que lo que se resuelva para ella sea compatible con nuestra administración en la ZEE; que existan mecanismos de decisiones que nos permitan una participación significativa en las mismas; que se tenga en cuenta la historia pesquera y se cautele la movilidad de la flota; en fin, que se logre una ORP conservacionista, moderna y eficaz. Hay medidas interinas, de una congelación de esfuerzo, para las especies pelágicas tales como el jurel, que es perfeccionable y que necesita que consolidemos presencia de alta mar; y de un cierre total - inexplicablemente convenido por nuestras autoridades- para la pesca de fondo, la que debe ser atenuada. Existe urgencia en actuar en ambos ejercicios, pues median tres meses para la próxima reunión en Nueva Caledonia.
La defensa del interés nacional comprometido exige una alta prioridad del estado, actuación política, medios. Supone la definición de una posición nacional, siempre actualizada. Exige una acción mancomunada de los sectores público y privado, y equipos de trabajo operativos. Todo ello ha de traducirse en la preparación de textos y documentos detallados de posición, trabajos pesqueros y científicos, consultas y acciones diplomáticas ante terceros países. Dichas prioridades, coordinación y trabajo conjunto de los actores del proceso, afinamiento de posiciones nacionales conocidas, trabajo y acción diplomática, han sido insuficientes para el desafío que enfrenta el país. Es necesario y urgente que ellos se perfeccionen y se actúe con la intensidad y urgencia que son indispensables, como una tarea nacional y de estado.
Conviene negociar y poner en pie una ORP para el Pacífico Sur, pero es preciso que ella sea, al final del camino, conveniente para Chile y susceptible de que formemos parte de ella".
En la negociación están comprendidos muchos recursos chilenos. El principal de ellos en el jurel, especie transzonal que se desplaza entre la Zona Económica de 200 millas (ZEE) y la alta mar. Este recurso representa aproximadamente la mitad de la pesca tradicional y es el principal insumo del salmón. Por tanto, junto a los demás recursos parte de la negociación de esta ORP, pone en juego en cierto modo a toda la pesca chilena, tercera actividad económica del país, responsable de ciento veinte mil puestos de trabajo y de más del diez por ciento de nuestras exportaciones. La pesquería chilena del jurel cubre el noventa por ciento de la misma en todo el Pacífico Sur y es, así, la mayor en la negociación de la ORP. Tenemos, pues, un claro interés nacional, no sólo por la pesca sino por la generalidad de la actividad económica y por nuestra condición misma, como país marítimo.
En los problemas del derecho del mar y la cooperación internacional marítima y pesquera, el eje ha pasado de la jurisdicción nacional a la alta mar. Consolidadas las 200 millas de ZEE -que Chile creó y llevó a la consagración internacional- los problemas de la pesca se desplazaron a la alta mar. Es en ese espacio marítimo en donde se presenta el problema de la sobrepesca y la pesca no reglamentada e ilegal. Para regular la pesca de alta mar existen en casí todos los océanos Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs) conformadas por los países costeros de una región y los pesqueros de las especies que se quiere regular.
En el Pacífico Sudeste, luego de la paralización del Acuerdo de Galápagos, hay un vacío de reglamentación. En cambio, existe una creciente presencia de flotas de alta mar, que llevan a cabo una pesca creciente de especies transzonales o migratorias, sin reglamentación ni sujeción a reglas de conservación en contraste con la muy exigente administración en nuestra ZEE. Este problema nos ha afectado en la alta mar vecina a nuestra jurisdicción y amenazado a la riqueza pesquera dentro de ella. Así ha ocurrido con el pez espada y, recientemente, con el jurel. Ello hizo imperativo aceptar la invitación de Nueva Zelanda y Australia para poner en marcha esta ORP, que ha tenido tres reuniones: en el 2006, en Nueva Zelanda y Australia; este año, en Reñaca, en el mes de abril.
Se prepara un proyecto de Convención, sobre la base del texto del presidente, Mansfield. Hay que asegurar en ella los derechos que nos corresponden dentro de la ZEE, que son soberanos; que se aplique a la alta mar, y que lo que se resuelva para ella sea compatible con nuestra administración en la ZEE; que existan mecanismos de decisiones que nos permitan una participación significativa en las mismas; que se tenga en cuenta la historia pesquera y se cautele la movilidad de la flota; en fin, que se logre una ORP conservacionista, moderna y eficaz. Hay medidas interinas, de una congelación de esfuerzo, para las especies pelágicas tales como el jurel, que es perfeccionable y que necesita que consolidemos presencia de alta mar; y de un cierre total - inexplicablemente convenido por nuestras autoridades- para la pesca de fondo, la que debe ser atenuada. Existe urgencia en actuar en ambos ejercicios, pues median tres meses para la próxima reunión en Nueva Caledonia.
La defensa del interés nacional comprometido exige una alta prioridad del estado, actuación política, medios. Supone la definición de una posición nacional, siempre actualizada. Exige una acción mancomunada de los sectores público y privado, y equipos de trabajo operativos. Todo ello ha de traducirse en la preparación de textos y documentos detallados de posición, trabajos pesqueros y científicos, consultas y acciones diplomáticas ante terceros países. Dichas prioridades, coordinación y trabajo conjunto de los actores del proceso, afinamiento de posiciones nacionales conocidas, trabajo y acción diplomática, han sido insuficientes para el desafío que enfrenta el país. Es necesario y urgente que ellos se perfeccionen y se actúe con la intensidad y urgencia que son indispensables, como una tarea nacional y de estado.
Conviene negociar y poner en pie una ORP para el Pacífico Sur, pero es preciso que ella sea, al final del camino, conveniente para Chile y susceptible de que formemos parte de ella".
