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La directiva del Sindicato de Patrones y Capitanes de la Región del Biobío emitió recientemente una declaración pública donde expresa que, ante la contingencia nacional relacionada con la administración pesquera, "resulta penoso ver las declaraciones de políticos y dirigentes que no tienen autoridad para darlas, aunque en el Estado de Derecho de nuestro país están en libertad de manifestar sus opiniones".
Según la declaración, algunos políticos hablan de cómo aumentar cuotas y bajar tallas del jurel para solucionar problemas de índole social, "como si conocieran de cerca la verdadera realidad de los pescadores". Añade que "hablan de 40 mil t y ayer hablaban de 70 mil t; mañana, cuando ya prácticamente no quede nada, ¿de cuánto van a hablar?".
La carta adiciona que dirigentes, que desde hace mas de una década no navegan y gozan del beneplácito de la industria pesquera no asistiendo a sus trabajos -recibiendo sueldos que contemplan los promedios de pesca de la flota por el sólo hecho de validar el discurso de la industria-, se arrojan el derecho de opinar como los mas eruditos con relación a estos temas.
"Lo que ante este escenario resulta irrefutable, es que la actual forma de administrar los recursos no resulta ser la más indicada. Es obvio que la actual ley requiere de cambios drásticos que consideren aspectos relacionados con la protección social de los trabajadores y una mejor distribución de los bienes e ingresos. El actual sistema ha dado manga ancha a los actuales administradores de la pesca y el resultado de esto es que la única forma de que nuestro trabajo se haga rentable es sobreexplotando los recursos. A la larga, los únicos que ganan en esta forma de operar son los inversionistas y esto va en desmedro y en franca y opuesta dirección a la sustentabilidad de los recursos. Si el sistema de remuneraciones cambiara radicalmente y se trabajara porcentualmente, como es en gran parte de la comunidad pesquera internacional, ya no habría que aumentar cuota ni tampoco bajar tallas, y podríamos hablar con propiedad y autoridad de que somos una nación que se preocupa de hacer sustentables los recursos, al tiempo que la distribución de los ingresos es justa y no se requiere sacar hasta el último pez de nuestro mar para poder subsistir", acota la declaración.
Concluye diciendo que hoy todo el mundo esgrime derechos de propiedad sobre los recursos haciendo alusión a derechos históricos y justificando inversiones para solucionar problemas de carácter social, pero nadie habla de cómo generar una forma de salvar la grave crisis en la cual está la mayor parte de las pesquerías del país.
"Somos hombres de mar. Es aquí donde durante toda nuestra vida nos hemos desarrollado laboralmente. El Estado, a través del Gobierno de turno, debe hacerse cargo de las decisiones que nos han arrastrado a esta situación. No cabe ninguna duda de que son ellos quienes deberán hacerse responsables de nosotros, mandándonos a nuestros hogares tranquilos y sin preocupaciones, otorgándonos una salida digna a quienes toda una vida hemos sido el primer eslabón de esta cadena productiva".
Según la declaración, algunos políticos hablan de cómo aumentar cuotas y bajar tallas del jurel para solucionar problemas de índole social, "como si conocieran de cerca la verdadera realidad de los pescadores". Añade que "hablan de 40 mil t y ayer hablaban de 70 mil t; mañana, cuando ya prácticamente no quede nada, ¿de cuánto van a hablar?".
La carta adiciona que dirigentes, que desde hace mas de una década no navegan y gozan del beneplácito de la industria pesquera no asistiendo a sus trabajos -recibiendo sueldos que contemplan los promedios de pesca de la flota por el sólo hecho de validar el discurso de la industria-, se arrojan el derecho de opinar como los mas eruditos con relación a estos temas.
"Lo que ante este escenario resulta irrefutable, es que la actual forma de administrar los recursos no resulta ser la más indicada. Es obvio que la actual ley requiere de cambios drásticos que consideren aspectos relacionados con la protección social de los trabajadores y una mejor distribución de los bienes e ingresos. El actual sistema ha dado manga ancha a los actuales administradores de la pesca y el resultado de esto es que la única forma de que nuestro trabajo se haga rentable es sobreexplotando los recursos. A la larga, los únicos que ganan en esta forma de operar son los inversionistas y esto va en desmedro y en franca y opuesta dirección a la sustentabilidad de los recursos. Si el sistema de remuneraciones cambiara radicalmente y se trabajara porcentualmente, como es en gran parte de la comunidad pesquera internacional, ya no habría que aumentar cuota ni tampoco bajar tallas, y podríamos hablar con propiedad y autoridad de que somos una nación que se preocupa de hacer sustentables los recursos, al tiempo que la distribución de los ingresos es justa y no se requiere sacar hasta el último pez de nuestro mar para poder subsistir", acota la declaración.
Concluye diciendo que hoy todo el mundo esgrime derechos de propiedad sobre los recursos haciendo alusión a derechos históricos y justificando inversiones para solucionar problemas de carácter social, pero nadie habla de cómo generar una forma de salvar la grave crisis en la cual está la mayor parte de las pesquerías del país.
"Somos hombres de mar. Es aquí donde durante toda nuestra vida nos hemos desarrollado laboralmente. El Estado, a través del Gobierno de turno, debe hacerse cargo de las decisiones que nos han arrastrado a esta situación. No cabe ninguna duda de que son ellos quienes deberán hacerse responsables de nosotros, mandándonos a nuestros hogares tranquilos y sin preocupaciones, otorgándonos una salida digna a quienes toda una vida hemos sido el primer eslabón de esta cadena productiva".
