+de+abogados.jpg)
Publicado diario financiero 27 de agosto de 2007
Pese a que la idea no ha sido incluida en el texto final, algunos diputados buscarán este miércoles que se acuerde una participación activa del Estado en el negocio previsional.
Este miércoles el proyecto estrella de la administración de Michelle Bachelet, la reforma al sistema previsional, se juega sus primeras cartas para sobrevivir ante los 120 diputados del Congreso Nacional y continuar avanzando de acuerdo al cronograma previsto, que tiene como objeto que la pensión básica universal comience a pagarse a mediados del próximo año. El escenario no será fácil para el gobierno: por una parte, está el riesgo de que no logre los votos para aprobar el ingreso de los bancos al negocio previsional; y, por otro lado, hay toda una corriente de parlamentarios concertacionistas empecinados en que se inscriba la idea de crear una AFP estatal.Esta segunda idea ha rondado la discusión desde que la iniciativa inauguró su camino en marzo de 2006, cuando se anunció la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional -o Comisión Marcel-, instancia que entregó a la mandataria las bases para los cambios que buscan mejorar el nivel de las jubilaciones en el país y aumentar su cobertura.Y si bien al final no se incluyó en el proyecto de ley respectivo, es un hecho que hay sectores políticos que no lo han olvidado. Y los últimos en recordarlo fueron los integrantes de la Comisión Económica y Social (CES) de la Democracia Cristiana, encabezados por el economista Ricardo Ffrench-Davis, quienes expresaron su apoyo a la necesidad de incluir en la reforma la creación de una AFP ligada a BancoEstado. La misma senadora y presidenta del partido, Soledad Alvear, argumentó que esta posibilidad traería una baja en las comisiones que cobran las AFP -un tema siempre polémico- y que si los bancos participan, BancoEstado tendría el mismo derecho.Precisamente, la citada entidad financiera se ha convertido en un actor clave en esta discusión. Y es lógico. En la medida que la administración Bachelet dio luz verde a que los bancos se sumaran a la industria previsional -un perfeccionamiento cuestionado por las actuales AFP-, se entendió que la reforma era sinónimo de una administradora estatal.Si bien no hubo nada explícito de parte del gobierno e, incluso, las señales parecieron -en más de una ocasión- en un sentido contrario, en círculos de la Concertación hoy se percibe un matiz. El planteamiento de una AFP estatal es más firme, va más allá de BancoEstado y se estima que debe existir incluso si se rechaza el ingreso de los bancos al sector. Sí o sí, tal como lo refleja la posición del diputado de la DC, Jaime Mulet, que junto con un grupo de diputados vinculados al sector “colorín” y apoyados por el senador Adolfo Zaldívar, presentaron una serie de indicaciones al proyecto.“Una AFP estatal puede cumplir un rol regulador de la industria, puede ser un termómetro para que no se produzcan abusos. Permitiría al ejecutivo tener un conocimiento más cercano de la industria, un papel parecido al que es BancoEstado, además de convertirse en una alternativa para las personas”, explica el parlamentario. Pero el diputado no quiere nada con los bancos, lo que reafirma la sensación de que buscará la constitución de una figura absolutamente independiente y diferente a la que representa BancoEstado.Esto mismo le da más viabilidad a la idea de la DC -que también comparten otros como los diputados Carlos Olivares, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Ascencio y Carolina Goic-, puesto que el artículo que permite a los bancos crear filiales de AFP fue aprobado con una votación de apenas siete a cinco en la última sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.Negocio de privadosAnte la propuesta de los parlamentarios de la Concertación, unánime es el rechazo de los principales actores de la industria a la entrada del Estado con una AFP. Y su preocupación se debe a la mayor intromisión del sector público en un mercado que en sus 26 años de existencia ha sido protagonizado por privados. Pero lo peor es que le dan factibilidad a que la iniciativa se concrete, sobre todo por las señales emitidas en el primer año y cinco meses de gobierno de Bachelet, donde el Estado -por ejemplo, a través de ENAP- ha reforzado su perfil empresarial en el plano propio del privado. Entre las administradoras existe coincidencia respecto a que la participación de una AFP estatal desincentivaría la entrada de nuevos actores, pues éstos se encontrarían con un “gigante” participando tanto en la gestión de los ahorros previsionales voluntarios, en la administración del pilar solidario y en la fiscalización de las empresas del sector. Esta intromisión alcanzaría a las empresas privadas, donde esta nueva AFP sería accionista. La “politización” en la elección de directores y privilegiar intereses del gobierno de la época que los de la empresa son parte de los temores de darle más facultades al Estado de las que actualmente posee. Otro rechazo a la medida pasa por las inversiones, factor de relevancia a la hora de aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones. El Estado, a través del Banco Central y la Tesorería General de la República, son importantes emisores de instrumentos financieros donde las AFP invierten. A esto, se suman las distintas empresas estatales, como Codelco o Metro, las que emiten bonos con una alta demanda institucional. Los reparos, en este sentido, están en cómo la administradora estatal podría comprar títulos emitidos por empresas relacionadas y si las decisiones de adquirir o vender estos instrumentos tendrán una base financiera o política.Estas preocupaciones tienen expectantes a muchos de los actores de la industria que rechazan tanto esta medida como el ingreso de la banca al sistema. Y aunque muchos se sienten confiados en que la mayoría de los parlamentarios no ven beneficio alguno en una AFP estatal, no descartan que esto último pueda ser utilizado como “moneda de cambio” para aprobar o rechazar el ingreso de los bancos al negocio. Esta serie de argumentos para una propuesta que aún no es incluida en el proyecto final, demuestran la importancia que puede llegar a tener la AFP estatal en la discusión y mientras el gobierno no defina su postura al respecto, seguirá siendo un “fantasma” que rondará la discusión de la reforma previsional.
Este miércoles el proyecto estrella de la administración de Michelle Bachelet, la reforma al sistema previsional, se juega sus primeras cartas para sobrevivir ante los 120 diputados del Congreso Nacional y continuar avanzando de acuerdo al cronograma previsto, que tiene como objeto que la pensión básica universal comience a pagarse a mediados del próximo año. El escenario no será fácil para el gobierno: por una parte, está el riesgo de que no logre los votos para aprobar el ingreso de los bancos al negocio previsional; y, por otro lado, hay toda una corriente de parlamentarios concertacionistas empecinados en que se inscriba la idea de crear una AFP estatal.Esta segunda idea ha rondado la discusión desde que la iniciativa inauguró su camino en marzo de 2006, cuando se anunció la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional -o Comisión Marcel-, instancia que entregó a la mandataria las bases para los cambios que buscan mejorar el nivel de las jubilaciones en el país y aumentar su cobertura.Y si bien al final no se incluyó en el proyecto de ley respectivo, es un hecho que hay sectores políticos que no lo han olvidado. Y los últimos en recordarlo fueron los integrantes de la Comisión Económica y Social (CES) de la Democracia Cristiana, encabezados por el economista Ricardo Ffrench-Davis, quienes expresaron su apoyo a la necesidad de incluir en la reforma la creación de una AFP ligada a BancoEstado. La misma senadora y presidenta del partido, Soledad Alvear, argumentó que esta posibilidad traería una baja en las comisiones que cobran las AFP -un tema siempre polémico- y que si los bancos participan, BancoEstado tendría el mismo derecho.Precisamente, la citada entidad financiera se ha convertido en un actor clave en esta discusión. Y es lógico. En la medida que la administración Bachelet dio luz verde a que los bancos se sumaran a la industria previsional -un perfeccionamiento cuestionado por las actuales AFP-, se entendió que la reforma era sinónimo de una administradora estatal.Si bien no hubo nada explícito de parte del gobierno e, incluso, las señales parecieron -en más de una ocasión- en un sentido contrario, en círculos de la Concertación hoy se percibe un matiz. El planteamiento de una AFP estatal es más firme, va más allá de BancoEstado y se estima que debe existir incluso si se rechaza el ingreso de los bancos al sector. Sí o sí, tal como lo refleja la posición del diputado de la DC, Jaime Mulet, que junto con un grupo de diputados vinculados al sector “colorín” y apoyados por el senador Adolfo Zaldívar, presentaron una serie de indicaciones al proyecto.“Una AFP estatal puede cumplir un rol regulador de la industria, puede ser un termómetro para que no se produzcan abusos. Permitiría al ejecutivo tener un conocimiento más cercano de la industria, un papel parecido al que es BancoEstado, además de convertirse en una alternativa para las personas”, explica el parlamentario. Pero el diputado no quiere nada con los bancos, lo que reafirma la sensación de que buscará la constitución de una figura absolutamente independiente y diferente a la que representa BancoEstado.Esto mismo le da más viabilidad a la idea de la DC -que también comparten otros como los diputados Carlos Olivares, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Ascencio y Carolina Goic-, puesto que el artículo que permite a los bancos crear filiales de AFP fue aprobado con una votación de apenas siete a cinco en la última sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.Negocio de privadosAnte la propuesta de los parlamentarios de la Concertación, unánime es el rechazo de los principales actores de la industria a la entrada del Estado con una AFP. Y su preocupación se debe a la mayor intromisión del sector público en un mercado que en sus 26 años de existencia ha sido protagonizado por privados. Pero lo peor es que le dan factibilidad a que la iniciativa se concrete, sobre todo por las señales emitidas en el primer año y cinco meses de gobierno de Bachelet, donde el Estado -por ejemplo, a través de ENAP- ha reforzado su perfil empresarial en el plano propio del privado. Entre las administradoras existe coincidencia respecto a que la participación de una AFP estatal desincentivaría la entrada de nuevos actores, pues éstos se encontrarían con un “gigante” participando tanto en la gestión de los ahorros previsionales voluntarios, en la administración del pilar solidario y en la fiscalización de las empresas del sector. Esta intromisión alcanzaría a las empresas privadas, donde esta nueva AFP sería accionista. La “politización” en la elección de directores y privilegiar intereses del gobierno de la época que los de la empresa son parte de los temores de darle más facultades al Estado de las que actualmente posee. Otro rechazo a la medida pasa por las inversiones, factor de relevancia a la hora de aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones. El Estado, a través del Banco Central y la Tesorería General de la República, son importantes emisores de instrumentos financieros donde las AFP invierten. A esto, se suman las distintas empresas estatales, como Codelco o Metro, las que emiten bonos con una alta demanda institucional. Los reparos, en este sentido, están en cómo la administradora estatal podría comprar títulos emitidos por empresas relacionadas y si las decisiones de adquirir o vender estos instrumentos tendrán una base financiera o política.Estas preocupaciones tienen expectantes a muchos de los actores de la industria que rechazan tanto esta medida como el ingreso de la banca al sistema. Y aunque muchos se sienten confiados en que la mayoría de los parlamentarios no ven beneficio alguno en una AFP estatal, no descartan que esto último pueda ser utilizado como “moneda de cambio” para aprobar o rechazar el ingreso de los bancos al negocio. Esta serie de argumentos para una propuesta que aún no es incluida en el proyecto final, demuestran la importancia que puede llegar a tener la AFP estatal en la discusión y mientras el gobierno no defina su postura al respecto, seguirá siendo un “fantasma” que rondará la discusión de la reforma previsional.
