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Con guiños a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y al empresariado, pero también con un mensaje político claro para que el oficialismo mida sus fuerzas en el Congreso, el gobierno comenzó a dar forma al proyecto de negociación colectiva comprometido por la Presidenta Bachelet.
Tras casi dos años no libres de polémica interna, el Ejecutivo ya tomó decisiones claves para la propuesta final. Por un lado, descartó uno de los cambios más temidos por los privados como era terminar con el reemplazo de trabajadores en huelga. Pero tan o más relevante que eso aun, se abrió a incluir la mentada flexibilidad laboral que de acuerdo al diagnóstico transversal de los economistas -incluidos los de la Concertación- tanto requiere la economia chilena para mejorar su competitividad y productividad.
Además, propondrá restringir el uso de múltiples razones sociales en las empresas por estimar que merman la capacidad negociadora de los trabajadores más pobres. Además, el ministerio prepara un proyecto para modificar la norma sobre gratificaciones y terminar con el uso de éstas para construir los sueldos.
Así lo adelantó a La Tercera el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien explicó que en el caso de la negociación colectiva la decisión "es enviar al Parlamento un proyecto políticamente viable y equilibrado entre los intereses de trabajadores y empresarios. Hay renuncias, pero nos hacemos cargo de plantear avances muy poderosos en temas que como gobierno estimamos fundamentales".
Entre las "renuncias" que plantea Andrade, está la mayor flexibilidad laboral. Se trata de una aspiración de larga data por parte del empresariado y cuya propuesta, para no herir las susceptibilidades políticas que genera en la CUT, irá bajo el rótulo de "adaptabilidad laboral" y supeditada a que esa flexibilidad -para modificar jornadas de trabajo o ajustar sueldos- sea el resultado de la negociación colectiva.
El texto será enviado al Congreso en octubre o noviembre próximo. Sus contenidos responden a lo que Bachelet prometió el 21 de mayo pasado: limitar los grupos negociadores, subir el aporte de los no sindicalizados con beneficios del contrato colectivo y ampliar los temas negociables.
Temas polémicos
El proyecto combinará dos elementos clave para los gremios de trabajadores y empresarios y que, a la larga, expresan las visiones que Andrade y el titular de Hacienda, Andrés Velasco, tienen sobre el tema.
Primero, se establecerá la titularidad sindical como único referente de negociación, con lo cual se prohibirán las tratativas con grupos de trabajadores, e irá acompañado de mecanismos para fortalecer la sindicalización. Ya está decidido que se subirá la cuota sindical para los trabajadores adherentes desde el actual 75% del valor al 100%, pero hay dos fórmulas adicionales que se barajan: una es poner por ley que el sindicato negocia por todos los trabajadores o, al contrario, que las empresas que no lo acepten quedarían impedidas de extender los beneficios de la negociación a todo su personal. Segundo, si se cumple lo anterior se planteará la ampliación de las materias propias de la negociación colectiva, lo que supone instalar un modelo de adaptabilidad pactada de las normas sobre jornadas, salarios y hasta gratificaciones.
De llegar a prosperar esto en el Congreso, el empresariado habrá logrado su mayor aspiración en materia de normativa laboral. El abogado, Álvaro Pizarro, jefe del área laboral del Instituto Libertad, explica que lo anterior "reemplaza lo que en un inicio se llamó flexibilidad laboral. El Código del Trabajo presupone que todas las empresas son iguales y por eso la ley es uniforme.
La adaptabilidad pactada se basa en que si bien la ley no se puede cambiar, sí se abre un espacio en ella, mediante la figura de rangos, por ejemplo, para que empresa y trabajadores puedan aprovechar esos rangos mediante un acuerdo colectivo". Agrega que eso es clave para el éxito de las negociaciones colectivas, pues asegura que el Código actual impide muchas veces que se puedan lograr buenos acuerdos, pues la uniformidad de reglamentos contrasta con la realidad de distintas empresas. Otro punto de nivelación es que si bien no se fijará por ley el piso de negociación, que consiste en que el contrato colectivo anterior es la base para una nueva negociación, sí se buscará explicitar en el Código la noción de que un piso de reajustabilidad de beneficios y salarios es la base.
