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También quedó en suspenso una norma relativa a ciertas inhabilidades para tales entidades. No obstante, Senado aprobó por mayoría el resto del proyecto que crea un sistema nacional de certificación de competencias laborales.
Para una segunda discusión quedaron dos normas de las más de 40 disposiciones contenidas en el proyecto que crea un sistema nacional de certificación de competencias laborales. Esto, luego que el Senado aprobara por mayoría dicha iniciativa, pero pospusiera el debate sobre el financiamiento público que tendrán los centros de certificación y algunas inhabilidades para los mismos.
Cabe recordar que el proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema público-privado, orientado a reconocer y certificar, formalmente las competencias laborales de los trabajadores, independiente de la forma en que las adquirieron, como una forma de estimular la formación continua.
Para ello, las personas podrán, voluntariamente, solicitar la certificación de sus competencias laborales, sin que ésta constituya obligación o requisito para desempeñar una determinada actividad económica u ocupacional. La certificación será otorgada mediante entidades acreditadas a través de un marco metodológico común aceptado por los distintos sectores productivos.
En lo fundamental, la iniciativa crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, con el objetivo de contribuir a la empleabilidad de los trabajadores, al aumento de la productividad de las empresas y a la inserción de Chile en una economía abierta y competitiva.
La idea es favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización, por lo que el sistema permitirá reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas.
La Comisión Nacional tendrá una integración tripartita de nueve miembros: tres designados por el Ejecutivo, tres por el sector de las organizaciones empresariales y tres nombradas por las organizaciones de trabajadores que estén adscritas al sistema.
Además, existirán Centros de Evaluación y de Certificación de las Competencias Laborales, a las que se podrán someter, voluntariamente, los trabajadores.
No obstante, los senadores optaron dejar para una segunda discusión la norma que señala que los centros que no estén acreditados “no podrán optar a los mecanismos de financiamiento público establecidos en esta ley”.
Asimismo también postergaron el debate de la norma que establece que “no podrán desempeñarse como centros las instituciones que desarrollen actividades de capacitación o de formación las vinculadas a la Ley Orgánica Constitucional de enseñanza, a excepción de las entidades de educación superior que renuncie a la función de capacitación”.
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