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El gerente general de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar A.G. (Anapesca), Santiago Gacitúa, expuso que se necesita una reforma a la institucionalidad de la industria pesquera, ya que la actual "está obsoleta". A continuación, una entrevista publicada en el diario Estrategia.
¿Por qué son contrarios a la extensión de la Ley de Límites Máximos de Captura?
Porque el sistema que se adjudicó con la ley del 2001 es una medida económica para asegurar a las empresas beneficiarias la exclusividad de pesca. En teoría, la pesca es una actividad libre, pero con la ley se pasó a llevar por completo, por lo que las firmas pequeñas y medianas quedaron bastante desmejoradas.
¿Cuál es el beneficio que lograron las grandes compañías, entonces?
En un cálculo simple, descontados los gastos de captura, operación, proceso y venta, deja un margen de alrededor de entre US$150 y US$300 por t, y si eso se multiplica por las casi dos millones de t que se capturan al año, en el caso del jurel, que es el promedio de los últimos doce años, da entre US$300 millones y US$600 millones anuales en margen de ganancias. Imagínese si se renueva la Ley de Límites Máximos de Captura, siendo que la Asipes siempre lo ha querido a perpetuidad.
¿Propone alguna solución al respecto?
La solución principal es una reforma a la institucionalidad pesquera. Si bien se creó la Ley de Pesca en 1991, ya está obsoleta. Se necesita un instituto de investigación público y referente técnico para todas las decisiones, desde el punto de vista biológico. No se saca nada con entregar cuotas infladas que no se pueden pescar. También, hay que licitar las cuotas, de manera obligada, no como lo señala la ley, pues impide que haya concentración, con ella se pueden dictar normas para que cada actor no acumule más de cierto porcentaje, y hoy existen firmas que tienen más del 20%, en cuanto al jurel.
¿Por qué son contrarios a la extensión de la Ley de Límites Máximos de Captura?
Porque el sistema que se adjudicó con la ley del 2001 es una medida económica para asegurar a las empresas beneficiarias la exclusividad de pesca. En teoría, la pesca es una actividad libre, pero con la ley se pasó a llevar por completo, por lo que las firmas pequeñas y medianas quedaron bastante desmejoradas.
¿Cuál es el beneficio que lograron las grandes compañías, entonces?
En un cálculo simple, descontados los gastos de captura, operación, proceso y venta, deja un margen de alrededor de entre US$150 y US$300 por t, y si eso se multiplica por las casi dos millones de t que se capturan al año, en el caso del jurel, que es el promedio de los últimos doce años, da entre US$300 millones y US$600 millones anuales en margen de ganancias. Imagínese si se renueva la Ley de Límites Máximos de Captura, siendo que la Asipes siempre lo ha querido a perpetuidad.
¿Propone alguna solución al respecto?
La solución principal es una reforma a la institucionalidad pesquera. Si bien se creó la Ley de Pesca en 1991, ya está obsoleta. Se necesita un instituto de investigación público y referente técnico para todas las decisiones, desde el punto de vista biológico. No se saca nada con entregar cuotas infladas que no se pueden pescar. También, hay que licitar las cuotas, de manera obligada, no como lo señala la ley, pues impide que haya concentración, con ella se pueden dictar normas para que cada actor no acumule más de cierto porcentaje, y hoy existen firmas que tienen más del 20%, en cuanto al jurel.
