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Junto con revisar, debatir y mejorar la legislación pesquera, que no puede ser sólo una discusión economicista o jurídica sobre la pretendida propiedad de las cuotas, hay que revisar los impactos sociales y laborales que tendrá esta nueva crisis, dijo el legislador.
Afirmando no compartir las razones que ha entregado la Asipes para explicar la escasez de jurel, el senador Alejandro Navarro dijo que no se puede ahora pretender culpar de todo a la Subpesca alegando discrecionalidad y eludiendo las responsabilidades que el propio sector industrial ha tenido en las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Pesca (CNP) donde son mayoría, caracterizadas por siempre aumentar los volúmenes de captura propuestos por el IFOP, tanto en el jurel como en otras pesquerías .
El parlamentario señaló que los científicos hace demasiado tiempo que vienen advirtiendo la crisis de diversas pesquerías y no han sido escuchados, pues se han puesto por delante los intereses económicos de los beneficiarios de las decisiones del CNP. El propio Informe Técnico N 82 que presentó la Subpesca ante el CNP hace pocas semanas, dice que el jurel está en una situación crítica debido a una declinación de biomasa total y desovante desde 2003, porque han disminuido los reclutamientos en los últimos seis años, y porque entre el 2001 y 2007 han existido elevados niveles de captura que han sobrepasado el nivel recomendado .
Entonces -agregó- no se puede siempre buscar razones ajenas a las decisiones que se han tomado para explicar esta crisis: con la merluza fue la jibia, o los fenómenos de El Niño y La Niña, ahora con el jurel se quiere usar de chivo expiatorio a los barcos que pescan fuera de la ZEE chilena y a las industrias del norte. Hay que asumir que aunque se ha pretendido convertir a la ley de límites máximos de captura por armador en una norma sustentable , la verdad es que ello no es así. Los LMC son un método de asignación económica pero no tienen nada que ver con la sustentabilidad y las cifras de de biomasa de las principales pesquerías así lo demuestran. En el caso del jurel, las cifras de consumo de cuota hasta agosto no se completan en nuestra zona, evidenciando con ello que no hay jureles .
Navarro añadió que por eso entonces no sirve hoy día rasgar vestiduras contra una Subpesca que desde hace años lo único que ha venido haciendo es utilizar las cuotas como herramientas de lucro por una parte y de contención social por otra, sacrificando la sustentabilidad de los recursos marinos. Por eso, antes que seguir tesis como las de Rodríguez Grossi que buscan que las cuotas de pesca para el sector industrial sean perpetuas, lo que el Estado debe hacer es una evaluación de la ley, porque en el discurso todos dicen que la ley de LMCA se preocupa de la conservación de los recursos, pero en los hechos queda claro que las distintas especies se reproducen cada vez menos y han disminuido su biomasa ostensiblemente .
Pero al mismo tiempo -prosiguió- tal como ya lo dijimos ante la crisis del jurel que se produjo el año 2000, junto con revisar, debatir y mejorar la legislación pesquera, que no puede ser sólo una discusión economicista o jurídica sobre la pretendida propiedad de las cuotas, hay que revisar los impactos sociales y laborales que tendrá esta nueva crisis, porque para las industrias es fácil decir ahora que están de acuerdo en que se reduzcan las cuotas cuando no hay peces, ya que eso significará automáticamente la salida de miles de trabajadores de las naves y las plantas pesqueras, pero ese es un tema del que no hablan .
Navarro dijo que en el marco de la tramitación del proyecto que ha anunciado el gobierno, debe incorporarse el componente laboral y el impacto social que significaría incrementar brutalmente la tasa de cesantía, cuando tenemos una región aún golpeada productivamente por el terremoto y el tsunami, cuando hay empresas emblemáticas que han ido cerrando y cuando se habla de privatizar Enap. Cualquier rebaja de cuotas debe ir acompañada de medidas que aseguren la reinserción productiva efectiva de esos trabajadores, para que no volvamos a vivir el fracaso de la reconversión del carbón .
El legislador sostuvo que el tema no se resuelve con la ley que debe reemplazar a la de LMCA antes del 2012, pues el propio Informe Técnico de la Subpesca dice que, en el caso del jurel, esta situación crítica en los niveles de capturas se prolongará por al menos diez años, lo que nos muestra el largo horizonte de dificultades que tenemos por delante. Hay que actuar ahora, antes de que sea más tarde. Este no es un tema entre norte y sur, entre artesanales e industriales o entre oficialistas y opositores. En el caso de la Región del Bío-Bío es un tema que tiene que ver con el desarrollo económico, pero sobre todo, con el sustento y la calidad de vida de miles de familias y con la responsabilidad que le cabe al gobierno central y regional para anticipar las consecuencias de la cesantía que esta situación generará .
