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Así lo afirmó el senador Antonio Horvath quien explicó que el Ejecutivo está elaborando una fórmula que permita destrabar el proyecto que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura.
A la espera de que el Ejecutivo concuerde un estatuto especial para los trabajadores de la acuicultura se encuentra la Comisión de Hacienda que preside la senadora Evelyn Matthei, con el fin de destrabar la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Pesca, en materia de acuicultura.
Así lo manifestó el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Pesca quien explicó que "el Ejecutivo, representado por los Ministerios de Economía y Hacienda, tiene que hacer algunos ajustes al proyecto que cumple su segundo trámite, para asegurar -de alguna manera- que las medidas laborales que se incorporaron en la Cámara de Diputados no se conviertan en un escollo".
Cabe recordar que el punto más polémico de la iniciativa es el que permite la posibilidad de caducar las concesiones acuícolas por infracciones laborales, ya que mientras algunos senadores respaldan la inclusión de cláusulas de respeto a los derechos laborales, otros señalan que esto inhibirá la inversión.
El proyecto amplía las sanciones de caducidad de las concesiones a las empresas subcontratistas, de modo que si ellos incurren en prácticas antisindicales y son sancionados 3 veces en 3 años por los tribunales laborales también pierden la concesión.
"Estas medidas afectan los derechos laborales no solo de los trabajadores acuícolas directos sino también de los subcontratistas y proveedores, entonces el Ejecutivo está tratando de elaborar una fórmula que evite que una situación laboral de un subcontratista ponga en riesgo al concesionario que sí cumple con las normas", explicó el senador Horvath.
Aseveró que "la idea es evitar que todo el proceso de la acuicultura se vea truncado porque un proveedor o subcontratista hace algo indebido".
Puntualizó que "éste es uno de los temas que hay que definir mediante un estatuto especial en un proyecto aparte, de modo de equilibrar los derechos de los trabajadores y permitir la aprobación de la iniciativa que establece un nuevo marco regulatorio para la acuicultura".
El parlamentario indicó que "la Comisión de Pesca hizo todo lo que podía respecto a consensuar los temas ambientales, sanitarios, de zonificación y fiscalización y la idea es que el Ejecutivo pueda lograr un acuerdo con los empresarios, los trabajadores y la Comisión de Hacienda, antes de fin de año, en lo relativo al estatuto especial laboral".
Respecto a los tiempos legislativos, el senador Horvath fue enfático en señalar que "el Senado sigue trabajado igual y el tema de fondo es que el Ejecutivo llegue a un acuerdo con los sectores involucrados y si hay que citar a sesiones especiales habrá que hacerlo con el fin de despachar esta ley".
Por otro lado, manifestó que la Comisión de Hacienda deberá votar hoy, a partir de las 15 horas, el proyecto crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente que también servirán como un marco regulatorio para la actividad acuícola.
MARCO PARA LA ACUICULTURA
En lo fundamental, la iniciativa que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura establece la zonificación del borde costero y dispone que las áreas apropiadas para la acuicultura deberán ser compatibilizadas y se suspenderá el otorgamiento de concesiones en las áreas que la zonificación declare incompatibles con la acuicultura.
Asimismo se indica que la relocalización deberá cumplir con los demás requisitos de una solicitud, y someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respectivo.
Además con el sólo mérito del informe de la Autoridad Marítima se modificarán las áreas apropiadas para la acuicultura excluyendo los sectores que correspondan al acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos o áreas de seguridad de embarcaciones menores.
De este modo, ya no existirán áreas de manejo sanitario sino agrupaciones de concesiones y se establece que ellas no limitarán otras actividades como la pesca, las áreas de manejo de recursos bentónicos, la libre navegación, el turismo ni los derechos de los pueblos originarios.
El proyecto establece que en ningún caso las concesiones de acuicultura otorgan dominio sobre las aguas ni el fondo marino y la actividad deberá desarrollarse en forma armónica y sustentable con otras actividades en el borde costero.
Por otra parte, se dispone una limitación del 20% para acceder al otorgamiento de concesiones por una misma persona a fin de evitar la concentración.
A la espera de que el Ejecutivo concuerde un estatuto especial para los trabajadores de la acuicultura se encuentra la Comisión de Hacienda que preside la senadora Evelyn Matthei, con el fin de destrabar la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Pesca, en materia de acuicultura.
Así lo manifestó el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Pesca quien explicó que "el Ejecutivo, representado por los Ministerios de Economía y Hacienda, tiene que hacer algunos ajustes al proyecto que cumple su segundo trámite, para asegurar -de alguna manera- que las medidas laborales que se incorporaron en la Cámara de Diputados no se conviertan en un escollo".
Cabe recordar que el punto más polémico de la iniciativa es el que permite la posibilidad de caducar las concesiones acuícolas por infracciones laborales, ya que mientras algunos senadores respaldan la inclusión de cláusulas de respeto a los derechos laborales, otros señalan que esto inhibirá la inversión.
El proyecto amplía las sanciones de caducidad de las concesiones a las empresas subcontratistas, de modo que si ellos incurren en prácticas antisindicales y son sancionados 3 veces en 3 años por los tribunales laborales también pierden la concesión.
"Estas medidas afectan los derechos laborales no solo de los trabajadores acuícolas directos sino también de los subcontratistas y proveedores, entonces el Ejecutivo está tratando de elaborar una fórmula que evite que una situación laboral de un subcontratista ponga en riesgo al concesionario que sí cumple con las normas", explicó el senador Horvath.
Aseveró que "la idea es evitar que todo el proceso de la acuicultura se vea truncado porque un proveedor o subcontratista hace algo indebido".
Puntualizó que "éste es uno de los temas que hay que definir mediante un estatuto especial en un proyecto aparte, de modo de equilibrar los derechos de los trabajadores y permitir la aprobación de la iniciativa que establece un nuevo marco regulatorio para la acuicultura".
El parlamentario indicó que "la Comisión de Pesca hizo todo lo que podía respecto a consensuar los temas ambientales, sanitarios, de zonificación y fiscalización y la idea es que el Ejecutivo pueda lograr un acuerdo con los empresarios, los trabajadores y la Comisión de Hacienda, antes de fin de año, en lo relativo al estatuto especial laboral".
Respecto a los tiempos legislativos, el senador Horvath fue enfático en señalar que "el Senado sigue trabajado igual y el tema de fondo es que el Ejecutivo llegue a un acuerdo con los sectores involucrados y si hay que citar a sesiones especiales habrá que hacerlo con el fin de despachar esta ley".
Por otro lado, manifestó que la Comisión de Hacienda deberá votar hoy, a partir de las 15 horas, el proyecto crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente que también servirán como un marco regulatorio para la actividad acuícola.
MARCO PARA LA ACUICULTURA
En lo fundamental, la iniciativa que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura establece la zonificación del borde costero y dispone que las áreas apropiadas para la acuicultura deberán ser compatibilizadas y se suspenderá el otorgamiento de concesiones en las áreas que la zonificación declare incompatibles con la acuicultura.
Asimismo se indica que la relocalización deberá cumplir con los demás requisitos de una solicitud, y someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respectivo.
Además con el sólo mérito del informe de la Autoridad Marítima se modificarán las áreas apropiadas para la acuicultura excluyendo los sectores que correspondan al acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos o áreas de seguridad de embarcaciones menores.
De este modo, ya no existirán áreas de manejo sanitario sino agrupaciones de concesiones y se establece que ellas no limitarán otras actividades como la pesca, las áreas de manejo de recursos bentónicos, la libre navegación, el turismo ni los derechos de los pueblos originarios.
El proyecto establece que en ningún caso las concesiones de acuicultura otorgan dominio sobre las aguas ni el fondo marino y la actividad deberá desarrollarse en forma armónica y sustentable con otras actividades en el borde costero.
Por otra parte, se dispone una limitación del 20% para acceder al otorgamiento de concesiones por una misma persona a fin de evitar la concentración.
